ONGS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO MINTIÓ SOBRE LA LEY MORDAZA (VÍDEO)

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En noviembre del pasado año 2021, Enrique Santiago, Secretario de Estado, Secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar, a bombo y platillo, el supuesto "proceso de derogación de la Ley Mordaza".

    Según Santiago, "con esta derogación se cumplía parte del acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, recuperándose el pleno ejercicio del derecho de reunión y manifestación, tal y como ordena la constitución española y es lo propio en cualquier país democrático".

   "El ejercicio de la manifestación o la reunión sólo será sancionable -aseguró Enrique Santiago- cuando provoque actos de violencia o desórdenes públicos".

   Sin embargo, tras realizar un análisis de la reforma propuesta, la ONG Amnistía Internacional "lamentó", mediante un comunicado público, que la misma "siga suponiendo una “mordaza frente a la protesta pacífica”.

   Según expresó esta ONG:

   "la reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la coalición de gobierno está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información".

  Ahora, las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y No Somos Delito han venido a reafirmar que, efectivamente, la llamada "Ley Mordaza" no solo no ha sido derogada, sino que "su proceso de reforma Ciudadana apenas ha avanzado desde que culminara el plazo de enmiendas".

   Estas entidades exigen a los partidos políticos que forman parte tanto del gobierno, como al resto de grupos parlamentarios, "que retomen las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita avanzar en derechos y libertades la ciudadanía y revertir el retroceso que implicó la reforma de 2015".

   Las ONGS  denuncian que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana,  lleva seis años de bloqueo parlamentario y exigen que las negociaciones se desarrollen con prontitud y alineando el texto con los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.

   Las entidades insisten en que se retomen las negociaciones teniendo en cuenta que, en el actual borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesto por los partidos de gobierno, coinciden a identificar ocho elementos de especial preocupación:

– “Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4). Estos dos artículos han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.

– No se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información.

– No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones.

– El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.

– No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales

– No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abuso.

– Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

– Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.

     Las ONGs  entienden que, en el caso de que no se avance en las negociaciones y en la tramitación parlamentaria para transformar sustancialmente el proyecto de ley en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar.

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