LA ONU DENUNCIA LA IMPUNIDAD DE MARRUECOS EN LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL
El rol cómplice del Gobierno de España y el gobierno de Canarias
Un informe reciente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) denuncia la impunidad de Marruecos en el Sáhara Occidental y el uso sistemático de desapariciones forzadas como método de represión. Mientras tanto, el gobierno español de Pedro Sánchez y el presidente canario, Fernando Clavijo, apoyan el plan marroquí de autonomía, lo que ha sido visto como una traición al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha emitido un informe contundente sobre la impunidad que mantiene Marruecos en el Sáhara Occidental, ocupación que comenzó en 1975. En este informe, se denuncia el uso sistemático de desapariciones forzadas como herramienta de represión contra el pueblo saharaui y la falta de responsabilidad del régimen marroquí, que permite que los responsables de estos crímenes ocupen puestos de poder, perpetuando un clima de miedo e intimidación. Sin embargo, la cuestión va más allá del gobierno de Marruecos, e incluye la complicidad de otros actores clave, como el gobierno de España y el de Canarias.
España y Canarias: cómplices de la represión saharaui
El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, una propuesta que busca enterrar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y consolidar la ocupación marroquí. En marzo de 2022, Sánchez dio un giro radical a la política exterior española, respaldando oficialmente el plan marroquí y abandonando la postura neutral que España había mantenido durante décadas. Este cambio se ha considerado una traición histórica a las obligaciones de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, y ha sido denunciado por varios sectores políticos y sociales en España y en la comunidad internacional.
El apoyo a la política de Marruecos también ha encontrado eco en el Gobierno de Canarias, cuyo presidente, Fernando Clavijo, se pronunció la pasada semana para respaldar la postura de Sánchez, defendiendo el plan marroquí como la "mejor solución" para el conflicto en el Sáhara Occidental. Este alineamiento con Marruecos, que continúa violando los derechos humanos en el territorio ocupado, ha sido criticado por asociaciones y movimientos que defienden los derechos del pueblo saharaui. Además, la relación de proximidad geográfica entre Canarias y el Sáhara Occidental hace que el apoyo de Clavijo se perciba como especialmente problemático.
La represión de Marruecos y el silencio cómplice
El informe de la ONU pone de relieve cómo Marruecos, desde su invasión del Sáhara Occidental, ha recurrido a las desapariciones forzadas para eliminar la disidencia y destruir cualquier intento del pueblo saharaui de ejercer su derecho a la autodeterminación. La ocupación ha sido acompañada por un sistema de apartheid que reprime sistemáticamente a los saharauis, mientras la comunidad internacional, con España y Canarias a la cabeza, mira hacia otro lado.
El apoyo de España al plan marroquí es visto por muchos como un intento de normalizar la ocupación, ignorando las violaciones de derechos humanos y legitimando las prácticas represivas del régimen de Marruecos. En esta línea, el respaldo de Clavijo añade una dimensión preocupante, ya que la cercanía histórica y geográfica de Canarias al Sáhara Occidental implica una responsabilidad mayor. Organizaciones como la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui han denunciado este apoyo, considerando que traiciona los principios de solidaridad con una población que ha sido perseguida y sometida durante décadas.
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Las víctimas saharauis siguen buscando justicia
El informe del CED subraya la falta de investigaciones por parte de Marruecos sobre las desapariciones forzadas cometidas entre 1956 y 1999, muchas de las cuales afectaron directamente a activistas saharauis. La sociedad civil saharaui ha acogido el informe con satisfacción, pero insta a que se tomen medidas más firmes, como la exhumación de tumbas y la realización de pruebas de ADN para identificar a los desaparecidos. Ghalia Djimi, ex víctima de desaparición forzada y miembro del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Sáhara Occidental, sigue exigiendo justicia para las familias saharauis, muchas de las cuales permanecen en un limbo perpetuo, incapaces de saber el destino de sus seres queridos.
Una ocupación que continúa sin rendición de cuentas
Durante el examen de Marruecos en la 27ª sesión del CED en Ginebra, los expertos de la ONU interrogaron a la delegación marroquí sobre la responsabilidad penal individual y las reparaciones colectivas, pero no obtuvieron respuestas. En lugar de ello, Marruecos continuó negando la existencia del pueblo saharaui, refiriéndose a ellos como marroquíes y defendiendo su ocupación. Esto no solo es un desafío al Derecho Internacional, sino que también representa un ataque a la identidad del pueblo saharaui.
El informe de la ONU es un recordatorio de que la impunidad de Marruecos continúa siendo un problema grave en el Sáhara Occidental, y que el apoyo de España y Canarias a las políticas marroquíes no hace más que agravar la situación. Sin una intervención firme de la comunidad internacional, las violaciones de derechos humanos seguirán sin rendir cuentas y las familias saharauis continuarán buscando justicia sin respuestas.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha emitido un informe contundente sobre la impunidad que mantiene Marruecos en el Sáhara Occidental, ocupación que comenzó en 1975. En este informe, se denuncia el uso sistemático de desapariciones forzadas como herramienta de represión contra el pueblo saharaui y la falta de responsabilidad del régimen marroquí, que permite que los responsables de estos crímenes ocupen puestos de poder, perpetuando un clima de miedo e intimidación. Sin embargo, la cuestión va más allá del gobierno de Marruecos, e incluye la complicidad de otros actores clave, como el gobierno de España y el de Canarias.
España y Canarias: cómplices de la represión saharaui
El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, una propuesta que busca enterrar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y consolidar la ocupación marroquí. En marzo de 2022, Sánchez dio un giro radical a la política exterior española, respaldando oficialmente el plan marroquí y abandonando la postura neutral que España había mantenido durante décadas. Este cambio se ha considerado una traición histórica a las obligaciones de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, y ha sido denunciado por varios sectores políticos y sociales en España y en la comunidad internacional.
El apoyo a la política de Marruecos también ha encontrado eco en el Gobierno de Canarias, cuyo presidente, Fernando Clavijo, se pronunció la pasada semana para respaldar la postura de Sánchez, defendiendo el plan marroquí como la "mejor solución" para el conflicto en el Sáhara Occidental. Este alineamiento con Marruecos, que continúa violando los derechos humanos en el territorio ocupado, ha sido criticado por asociaciones y movimientos que defienden los derechos del pueblo saharaui. Además, la relación de proximidad geográfica entre Canarias y el Sáhara Occidental hace que el apoyo de Clavijo se perciba como especialmente problemático.
La represión de Marruecos y el silencio cómplice
El informe de la ONU pone de relieve cómo Marruecos, desde su invasión del Sáhara Occidental, ha recurrido a las desapariciones forzadas para eliminar la disidencia y destruir cualquier intento del pueblo saharaui de ejercer su derecho a la autodeterminación. La ocupación ha sido acompañada por un sistema de apartheid que reprime sistemáticamente a los saharauis, mientras la comunidad internacional, con España y Canarias a la cabeza, mira hacia otro lado.
El apoyo de España al plan marroquí es visto por muchos como un intento de normalizar la ocupación, ignorando las violaciones de derechos humanos y legitimando las prácticas represivas del régimen de Marruecos. En esta línea, el respaldo de Clavijo añade una dimensión preocupante, ya que la cercanía histórica y geográfica de Canarias al Sáhara Occidental implica una responsabilidad mayor. Organizaciones como la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui han denunciado este apoyo, considerando que traiciona los principios de solidaridad con una población que ha sido perseguida y sometida durante décadas.
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Las víctimas saharauis siguen buscando justicia
El informe del CED subraya la falta de investigaciones por parte de Marruecos sobre las desapariciones forzadas cometidas entre 1956 y 1999, muchas de las cuales afectaron directamente a activistas saharauis. La sociedad civil saharaui ha acogido el informe con satisfacción, pero insta a que se tomen medidas más firmes, como la exhumación de tumbas y la realización de pruebas de ADN para identificar a los desaparecidos. Ghalia Djimi, ex víctima de desaparición forzada y miembro del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Sáhara Occidental, sigue exigiendo justicia para las familias saharauis, muchas de las cuales permanecen en un limbo perpetuo, incapaces de saber el destino de sus seres queridos.
Una ocupación que continúa sin rendición de cuentas
Durante el examen de Marruecos en la 27ª sesión del CED en Ginebra, los expertos de la ONU interrogaron a la delegación marroquí sobre la responsabilidad penal individual y las reparaciones colectivas, pero no obtuvieron respuestas. En lugar de ello, Marruecos continuó negando la existencia del pueblo saharaui, refiriéndose a ellos como marroquíes y defendiendo su ocupación. Esto no solo es un desafío al Derecho Internacional, sino que también representa un ataque a la identidad del pueblo saharaui.
El informe de la ONU es un recordatorio de que la impunidad de Marruecos continúa siendo un problema grave en el Sáhara Occidental, y que el apoyo de España y Canarias a las políticas marroquíes no hace más que agravar la situación. Sin una intervención firme de la comunidad internacional, las violaciones de derechos humanos seguirán sin rendir cuentas y las familias saharauis continuarán buscando justicia sin respuestas.
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