CONTUNDENTE INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA: HAN CONVERTIDO EL DERECHO A LA VIVIENDA EN UNA MERCANCÍA SUJETA A LA LÓGICA DEL MERCADO

POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     El informe publicado por el Banco de España sobre la situación de la vivienda revela una crisis de acceso que afecta especialmente a los jóvenes y a las clases trabajadoras, quienes enfrentan enormes dificultades para emanciparse y encontrar un lugar digno donde vivir.

    Lo que debería ser un derecho básico, el acceso a la vivienda, se ha transformado en una mercancía sujeta a la lógica del mercado, donde grandes actores del capital financiero, como los fondos de inversión, inmobiliarias y bancos, maximizan sus beneficios sin que existan medidas gubernamentales eficaces para corregir esta tendencia.

EL MERCADO DEL ALQUILER EN ESPAÑA: UNA TRAMPA DE POBREZA

      Una de las conclusiones más alarmantes del informe citado es que casi la mitad de las personas que viven de alquiler en el Estado Español (45%) están en riesgo de pobreza, una cifra que no tiene parangón en Europa.

    Para poner en contexto, la media de la Unión Europea es del 33%, y en países como Polonia, solo un 23% de los inquilinos enfrentan este riesgo. Esto refleja una profunda precarización de las condiciones de vida, donde el acceso a una vivienda digna depende del nivel de ingresos, y aquellos con rentas más bajas son quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago del alquiler.

     Además, el informe destaca que un 40% de los inquilinos en España destina más del 40% de su renta al alquiler, una cifra muy superior a la media europea (26%). Este dato refleja el esfuerzo desproporcionado que deben hacer miles de familias y personas jóvenes para mantener un techo sobre sus cabezas, lo que impacta negativamente en su capacidad para cubrir otras necesidades básicas.

   De hecho, esta situación genera una trampa de pobreza: el dinero destinado al alquiler impide el ahorro, y la precariedad laboral, sumada a los bajos salarios, cierra la puerta a la compra de vivienda, perpetuando el círculo de la pobreza y la exclusión social.

DESIGUALDAD TERRITORIAL EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

     El acceso a la vivienda en España también muestra grandes desigualdades territoriales. Los datos revelan que la situación es particularmente crítica en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, donde el coste de la vida es mucho más elevado. En regiones como Andalucía y Madrid, más del 60% de los inquilinos que viven en el centro de áreas urbanas destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que en zonas rurales de Aragón, solo el 32% de los inquilinos se encuentran en esta situación.

     Esta diferencia pone de relieve cómo la urbanización y la concentración de la población en zonas metropolitanas generan presiones inflacionarias en el precio del suelo y la vivienda, lo que se agrava por la creciente demanda de alquiler, especialmente entre los jóvenes. A medida que las áreas rurales se despueblan y los jóvenes buscan oportunidades laborales en las ciudades, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas en alquiler, lo que eleva los precios de manera desproporcionada.

EL IMPACTO EN LOS JÓVENES Y LA EMIGRACIÓN FORZADA

     Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la crisis de la vivienda en España. Desde 2006, el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 29 años que viven de alquiler se ha duplicado, pasando del 30% al 58%. Esta cifra refleja la creciente dificultad para acceder a la compra de vivienda, producto de la combinación de salarios bajos, empleo precario y el encarecimiento constante del precio del alquiler. Aunque los salarios han crecido un 25% de media para los jóvenes desde 2015, el precio de la vivienda ha subido un 40%, una discrepancia que hace inviable la emancipación para una gran parte de esta población.

    Además, la precariedad laboral sigue siendo un problema estructural para los jóvenes en España. La tasa de temporalidad es del 25%, el doble de la media nacional, lo que implica que una cuarta parte de los jóvenes no tiene estabilidad en el empleo. Esta inestabilidad dificulta enormemente su capacidad para planificar a largo plazo y acceder a créditos hipotecarios, empujándolos al mercado del alquiler, donde enfrentan un panorama aún más hostil.

      La consecuencia de esta situación es que muchos jóvenes se ven forzados a vivir con sus padres más allá de los 30 años. En 2022, el 66% de los jóvenes de entre 18 y 34 años seguían viviendo con sus progenitores, un aumento considerable desde el 51% en 2008. Esta cifra solo es superada por Italia, y está muy por encima de la media europea del 49%. Esta tendencia, que refleja una profunda crisis social, no solo implica una pérdida de independencia, sino también una limitación de las oportunidades de desarrollo personal y profesional, generando una juventud atrapada en una prolongada adolescencia económica.

VIVIENDA PROTEGIDA: UNA SOLUCIÓN AUSENTE

     Uno de los principales problemas estructurales que agrava la crisis de la vivienda en España es la escasa oferta de vivienda protegida. Según el informe, entre 2015 y 2023 solo se calificaron 80.000 viviendas como protegidas, una cifra muy baja en comparación con las 550.000 que se crearon entre 1991 y 1999. Esta reducción drástica en la oferta de viviendas asequibles ha contribuido a la especulación y al encarecimiento del mercado del alquiler.

     En este sentido, España está a la cola de Europa en cuanto a vivienda protegida se refiere, con solo un 1% del parque habitacional destinado a este tipo de vivienda, muy lejos del promedio europeo del 7%. Este déficit de vivienda protegida, junto con la pérdida de muchas viviendas que han salido del mercado de protección en los últimos años, pone de relieve la ausencia de una política pública eficaz que garantice el acceso a una vivienda digna para las personas con menos recursos.

UNA REALIDAD INSOSTENIBLE

    El informe del Banco de España es un llamado de atención sobre una realidad insostenible. La vivienda, un derecho fundamental, ha sido convertida en un negocio lucrativo para el capital especulativo, mientras que las clases trabajadoras, especialmente los jóvenes, sufren las consecuencias de esta dinámica.

    La falta de políticas públicas que protejan a los inquilinos y promuevan la vivienda asequible ha exacerbado una crisis que tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Solo con una intervención decidida que priorice el derecho a la vivienda sobre los intereses del capital se podrá revertir esta situación y garantizar que todos, independientemente de su nivel de ingresos, puedan acceder a un hogar digno.