HOTEL RIU OLIVA BEACH: EL "MAMOTRETO" CONTRA EL PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE CORRALEJO
Intereses privados contra los derechos públicos y la preservación ambiental
El hotel Riu Oliva Beach, construido en los años 70 dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, lleva décadas envuelto en una batalla legal. A pesar de los múltiples fallos que ordenan su derribo por incumplir normativas ambientales, su futuro sigue en disputa. Mientras el Gobierno canario defiende los intereses económicos del turismo, organizaciones ecologistas luchan por la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos de Fuerteventura.
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El hotel Oliva Beach fue construido en la década de los años 70, antes de que las Dunas de Corralejo fuesen declaradas Parque Natural en 1982. A pesar de su ubicación en un entorno protegido, el Gobierno central otorgó una concesión en 2003 para regularizar su situación, que fue prorrogada en 2007 y 2016. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha denunciado que el hotel ha excedido lo permitido en la concesión, realizando obras ilegales y cerrando áreas públicas, lo que llevó a declarar la caducidad de la concesión.
En 2023, con la transferencia de competencias de gestión del litoral al Gobierno de Canarias, se abrió un nuevo capítulo en el conflicto. El Gobierno canario, bajo los mandatos de Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, ha sostenido que le corresponde decidir sobre el futuro del hotel. El Tribunal Constitucional, sin embargo, dictaminó que las decisiones sobre el hotel, al estar en dominio público marítimo-terrestre, siguen siendo competencia del Ministerio de Transición Ecológica.
Intereses en juego
Los intereses que se encuentran detrás de este prolongado conflicto son múltiples y complejos. Desde el punto de vista económico, el hotel cuenta con el respaldo de los sectores empresariales y políticos de la isla. De hecho, en 2023, recibió un premio del Gobierno canario por su "contribución al Turismo y al empleo local", que fue duramente criticado por los grupos ecologistas que consideran que si a algo a contribuido esta infraestructura es al deterioro de un entorno natural protegido.
RIU Hotels, la empresa que gestiona el hotel, defiende enérgicamente la legalidad de su concesión y ha recurrido a todas las vías judiciales posibles para evitar el derribo. Argumentan que las obras realizadas "no han violado la concesión y que el hotel no está directamente dentro del espacio natural protegido".
En el ámbito ambiental, organizaciones como Ben Magec-Ecologistas en Acción han sido firmes opositores del hotel, acusándolo de contribuir a la degradación del Parque Natural y de fomentar un modelo turístico insostenible. Consideran que su permanencia perpetuaría el uso privado de un bien público y abogan por su demolición inmediata para restaurar el entorno natural.
Y es que, en efecto, la presencia del hotel en medio de un Parque Natural ha tenido un impacto significativo en el medioambiente. Las Dunas de Corralejo son un ecosistema único que alberga especies protegidas, y la ocupación de suelo público por parte del hotel también ha restringido el acceso a áreas que deberían estar abiertas al uso público. Además, las obras denunciadas, como la construcción de carreteras y cerramientos, han alterado el paisaje natural y la funcionalidad ecológica de las dunas.
La prolongación de este conflicto también ha generado incertidumbre sobre la protección de los espacios naturales en las islas, y cómo las disputas entre distintos niveles de gobierno, así como los intereses económicos de los grandes grupos hoteleros, a menudo tienen como resultado la degradación de territorios protegidos incluso mediante una vulneración flagrante de la ley.
Mientras los intereses empresariales y turísticos presionan para mantener en pie este tipo de infraestructuras, los ecologistas y algunos sectores políticos destacan la necesidad de proteger estos enclaves frente a la explotación excesiva.
El derribo del hotel Riu Oliva Beach ha sido un proceso bloqueado por una compleja maraña de intereses económicos, legales y políticos. La empresa hotelera busca defender su posición a través de recursos judiciales, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica sostiene que las infracciones justifican su demolición. Al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias defiende su autoridad sobre la gestión de la costa, creando un enfrentamiento jurisdiccional. En medio de esta batalla, el hotel continúa impactando sobre el frágil ecosistema de las Dunas de Corralejo y puede considerarse un ejemplo más del insostenible y depredador modelo turístico impuesto en el Archipiélago canario.
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El hotel Oliva Beach fue construido en la década de los años 70, antes de que las Dunas de Corralejo fuesen declaradas Parque Natural en 1982. A pesar de su ubicación en un entorno protegido, el Gobierno central otorgó una concesión en 2003 para regularizar su situación, que fue prorrogada en 2007 y 2016. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha denunciado que el hotel ha excedido lo permitido en la concesión, realizando obras ilegales y cerrando áreas públicas, lo que llevó a declarar la caducidad de la concesión.
En 2023, con la transferencia de competencias de gestión del litoral al Gobierno de Canarias, se abrió un nuevo capítulo en el conflicto. El Gobierno canario, bajo los mandatos de Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, ha sostenido que le corresponde decidir sobre el futuro del hotel. El Tribunal Constitucional, sin embargo, dictaminó que las decisiones sobre el hotel, al estar en dominio público marítimo-terrestre, siguen siendo competencia del Ministerio de Transición Ecológica.
Intereses en juego
Los intereses que se encuentran detrás de este prolongado conflicto son múltiples y complejos. Desde el punto de vista económico, el hotel cuenta con el respaldo de los sectores empresariales y políticos de la isla. De hecho, en 2023, recibió un premio del Gobierno canario por su "contribución al Turismo y al empleo local", que fue duramente criticado por los grupos ecologistas que consideran que si a algo a contribuido esta infraestructura es al deterioro de un entorno natural protegido.
RIU Hotels, la empresa que gestiona el hotel, defiende enérgicamente la legalidad de su concesión y ha recurrido a todas las vías judiciales posibles para evitar el derribo. Argumentan que las obras realizadas "no han violado la concesión y que el hotel no está directamente dentro del espacio natural protegido".
En el ámbito ambiental, organizaciones como Ben Magec-Ecologistas en Acción han sido firmes opositores del hotel, acusándolo de contribuir a la degradación del Parque Natural y de fomentar un modelo turístico insostenible. Consideran que su permanencia perpetuaría el uso privado de un bien público y abogan por su demolición inmediata para restaurar el entorno natural.
Y es que, en efecto, la presencia del hotel en medio de un Parque Natural ha tenido un impacto significativo en el medioambiente. Las Dunas de Corralejo son un ecosistema único que alberga especies protegidas, y la ocupación de suelo público por parte del hotel también ha restringido el acceso a áreas que deberían estar abiertas al uso público. Además, las obras denunciadas, como la construcción de carreteras y cerramientos, han alterado el paisaje natural y la funcionalidad ecológica de las dunas.
La prolongación de este conflicto también ha generado incertidumbre sobre la protección de los espacios naturales en las islas, y cómo las disputas entre distintos niveles de gobierno, así como los intereses económicos de los grandes grupos hoteleros, a menudo tienen como resultado la degradación de territorios protegidos incluso mediante una vulneración flagrante de la ley.
Mientras los intereses empresariales y turísticos presionan para mantener en pie este tipo de infraestructuras, los ecologistas y algunos sectores políticos destacan la necesidad de proteger estos enclaves frente a la explotación excesiva.
El derribo del hotel Riu Oliva Beach ha sido un proceso bloqueado por una compleja maraña de intereses económicos, legales y políticos. La empresa hotelera busca defender su posición a través de recursos judiciales, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica sostiene que las infracciones justifican su demolición. Al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias defiende su autoridad sobre la gestión de la costa, creando un enfrentamiento jurisdiccional. En medio de esta batalla, el hotel continúa impactando sobre el frágil ecosistema de las Dunas de Corralejo y puede considerarse un ejemplo más del insostenible y depredador modelo turístico impuesto en el Archipiélago canario.
Miguel | Lunes, 14 de Abril de 2025 a las 12:08:26 horas
En este país, y en el mundo global, siempre han primado intereses económicos, protegidos por la fuerza bruta o por tribunales y políticas poco transparentes, este tema en Fuerteventura se puede trasladar a cualquier parte del mundo, olvidan estos ecologistas que en Nuadibu, el desguase de la flota de pesca fue un desastre d carácter mundial, si destruyen el hotel, todas las obras que hay detrás de las dunas no afectan al vuelo natural de la arena?, rasgamos vestiduras en un mundo que se cae a pedazos y como siempre los más perjudicados son el hombre común, cuyo acceso a la influencia se queda en el barrio o la comunidad en que vive, y ni eso
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