AL REY EMÉRITO, JUAN CARLOS I, LA DECLARACIÓN DE LA RENTA LE SALE "A DEVOLVER"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La pasada semana, aprovechando la fantástica cortina de humo que siempre representa una guerra, la Fiscalía española - dependiente del Gobierno central -anunciaba el archivo de todas las investigaciones que, supuestamente, estaba realizando acerca de los (presuntos) delitos cometidos por el rey emérito Juan Carlos de Borbón.

   La propia fiscalía, reconoce que el Emérito defraudó a la Hacienda pública cantidades muy superiores a las necesarias para que esta actividad sea considerada un delito.    Sin embargo, todo lo referente a estos delitos ha quedado "atado y bien atado" gracias a la acción conjunta de la prescripción de aquello que jamás fue investigado en su momento y la "inviolabilidad" que la Constitución española le confiere al jefe del Estado.

  De esta forma, los delitos cometidos por Juan Carlos de Borbón entre el año 2008 y 2012 se consideran prescritos, mientras que los registrados entre los años 2011 y 2012 quedarían sencillamente sin ningún tipo de castigo, gracias a la "inviolabilidad" real.

   La Fiscalía se refiere, entre otras cosas, a un ingreso de 100 millones de dólares realizado por sus amigos saudíes al rey emérito en el año 2008. Supuestamente, la fiscalía investigó si este pago correspondió algún tipo de comisión ilegal por la adjudicación del contrato del Ave a la Meca, pero en el archivo de la causa sostiene que "no se puede realizar ningún tipo de vinculación" entre ambas cosas.

   La Fiscalía, en cualquier caso, reconoce que este pago podría haber sido "un regalo" que Juan Carlos I recibió en consideración a ser el jefe del Estado, lo que sería susceptible de un delito de cohecho que, sin embargo, estaría prescrito.

  La fiscalía también da por probado que entre los años 2014 y 2018 el Borbón, cuando ya no era rey, recibió de una fundación a nombre de su primo lejano, Álvaro de Orleans-Borbón  cuantiosos ingresos para el pago  de aviones privados y servicios de alojamiento originados por Juan Carlos de Borbón y sus allegados.  Pero como el Emérito corrió a regularizar estos ingresos a toda prisa, haciendo uso del privilegio de que se le informarade que estaba siendo investigado por la Fiscalía, tampoco en este caso habría delito.

   Entre los presuntos delitos que, también presuntamente, investigó la Fiscalía se encuentra, igualmente, la responsabilidad de Juan Carlos I por ser el único beneficiario de dos fondos en el paraíso fiscal de Jersey hasta la año 2004. Fondos creados  mediados de los años 90, con 5 millones de euros. La fiscalía, no obstante, resuelve también este problema asegurando que, "como no existen documentos, no se conoce el origen de este dinero".

   De esta forma, todo quedará archivado y bien archivado.

  Pero la cosa podría no quedar ahí, porque resulta que, en otra de las regularizaciones ad hoc realizadas por el rey comisionista para justificar otro dinero procedente de un empresario mexicano, a través de un testaferro, los equipos legales de Juan Carlos I habrían terminado ingresando  16.700 € de más. en relación al importe de dicho obsequio irregular.

   Como consecuencia de ello, y según han confirmado distintos expertos en materia fiscal, el rey emérito podría reclamar este dinero porque, en definitiva, y pese a todo lo que en estos años se ha podido conocer tras estallar la Ley del Silencio impuesta durante décadas por los medios de comunicación españoles para proteger al monarca, resulta que a Juan Carlos I la declaración de la renta le ha salido "a devolver".