
"LA REGULACIÓN DEL ALQUILER VACACIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA FAVORECER A LAS GRANDES EMPRESAS"
Reclaman la retirada del anteproyecto de ley:
El colectivo tinerfeño Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha hecho pública su reclamación de moratoria indefinida al alquiler vacacional, la retirada del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y el cese o dimisión de la consejera de Turismo (...).
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el colectivo tinerfeño Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha hecho pública su reclamación de moratoria indefinida al alquiler vacacional, la retirada del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y el cese o dimisión de la consejera de Turismo.
El colectivo denuncia que el Gobierno canario está promoviendo un anteproyecto de ley que, aunque en su exposición de motivos parece apostar por un desarrollo sostenible del turismo, en la práctica "desarrolla una hoja de ruta que apunta en la dirección contraria".
"En las más de 40 páginas del anteproyecto se menciona la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y asequible, la protección del medio ambiente y la promoción de la convivencia social".
Sin embargo, deade la AR Lolo Dorta sostienen que el articulado de la ley no solo no cumple con estos principios, sino que podría agravar aún más la crisis de acceso a la vivienda y el impacto ambiental en Canarias.
"Este anteproyecto - afirman - ya ha generado una ola de críticas, recibiendo más de 3.000 alegaciones, muchas de ellas presentadas por instituciones de renombre como la Fundación César Manrique, que ha solicitado la enmienda a la totalidad del texto legal y su retirada inmediata".
En línea con esta postura, la Acampada Lolo Dorta advierte que el anteproyecto "es un engaño manifiesto a la ciudadanía" y denuncia nueve puntos específicos que consideran especialmente graves en la normativa propuesta.
Nueve motivos de preocupación
El colectivo AR Lolo Dorta detalla nueve aspectos clave que - dicen - revelan lo que consideran "irresponsabilidades graves" del anteproyecto de ley. En primer lugar, alertan sobre los altos límites permitidos para las viviendas vacacionales: hasta un 10% del total de viviendas en islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y hasta un 20% en las Islas Verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro). Esto, según el colectivo, podría llevar a duplicar las más de 61.000 viviendas vacacionales que ya existen en Canarias, una situación que califican de "insostenible social y ecológicamente".
Otro de los puntos denunciados es que la ley se centra en la legalización del stock existente de viviendas vacacionales en lugar de buscar reducir su número. Además, critican que se eliminan muchos de los requisitos de calidad que garantizaban un nivel mínimo en la oferta turística canaria, lo que podría devaluar aún más el sector. A esto se suma la falta de medios de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, tras la aprobación de la ley, bastará con presentar una declaración responsable para seguir operando como vivienda vacacional sin una verdadera verificación sobre el terreno.
Los riesgos legales y económicos
La Acampada Lolo Dorta también advierte sobre el riesgo económico que implica la aprobación del anteproyecto. Según ellos, varios ayuntamientos y propietarios de viviendas vacacionales han advertido que la ley podría generar una ola de denuncias y reclamaciones de indemnizaciones por parte de los propietarios. Esto, aseguran, representaría un peligro financiero para las arcas públicas, que tendrían que hacer frente a estos pagos.
La normativa también plantea la posibilidad de cambiar el uso de suelo residencial a turístico, algo que el colectivo considera contradictorio con el discurso de sostenibilidad que se menciona en la ley. Esta medida, advierten, podría dar pie a la expansión del alquiler vacacional a zonas rurales y áreas protegidas, afectando negativamente a la población local y los recursos naturales.
Una normativa que favorece a grandes empresas
Otro punto de preocupación para AR Lolo Dorta es que la ley parece estar diseñada para favorecer a las grandes empresas y grandes tenedores frente a los pequeños propietarios. La introducción de nuevos requisitos, aunque mínimos, será más fácil de asumir para las empresas con mayor capital, mientras que los pequeños propietarios podrían quedar fuera del negocio turístico. De hecho, el colectivo señala que algunas disposiciones transitorias parecen estar específicamente diseñadas para mantener a las grandes empresas en el mercado, mientras que los pequeños propietarios tendrán dificultades para adaptarse a la nueva normativa.
El impacto del alquiler vacacional en todo el archipiélago
Finalmente, AR Lolo Dorta denuncia que el anteproyecto de ley plantea una expansión masiva del modelo vacacional a todo el archipiélago canario, incluyendo zonas rurales, núcleos agrícolas y áreas de montaña, lo que podría tener un impacto devastador en la población y los recursos locales. El colectivo destaca que muchas áreas de Canarias ya están saturadas por el alquiler vacacional, y extender este modelo a más zonas solo agravará los problemas de acceso a la vivienda y la sostenibilidad en el archipiélago.
Exigen una moratoria y la retirada de la ley
Ante este panorama, la Acampada Lolo Dorta exige una moratoria urgente e indefinida a la concesión de nuevas licencias de alquiler vacacional, la retirada inmediata del anteproyecto de ley y la dimisión o dimisión de la Consejera de Turismo. Durante la rueda de prensa que celebrarán este miércoles frente al Parlamento de Canarias, el colectivo presentará estas demandas de forma pública y llamará a la ciudadanía a sumarse a la causa.
Además, en su línea habitual de fomentar la participación ciudadana, el colectivo distribuirá a través de redes sociales una carta tipo que los ciudadanos podrán enviar a las instituciones canarias para expresar su rechazo a la ley y solicitar las mismas medidas que exigen colectivos como la Fundación César Manrique y AR Lolo Dorta.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el colectivo tinerfeño Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha hecho pública su reclamación de moratoria indefinida al alquiler vacacional, la retirada del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y el cese o dimisión de la consejera de Turismo.
El colectivo denuncia que el Gobierno canario está promoviendo un anteproyecto de ley que, aunque en su exposición de motivos parece apostar por un desarrollo sostenible del turismo, en la práctica "desarrolla una hoja de ruta que apunta en la dirección contraria".
"En las más de 40 páginas del anteproyecto se menciona la necesidad de garantizar el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y asequible, la protección del medio ambiente y la promoción de la convivencia social".
Sin embargo, deade la AR Lolo Dorta sostienen que el articulado de la ley no solo no cumple con estos principios, sino que podría agravar aún más la crisis de acceso a la vivienda y el impacto ambiental en Canarias.
"Este anteproyecto - afirman - ya ha generado una ola de críticas, recibiendo más de 3.000 alegaciones, muchas de ellas presentadas por instituciones de renombre como la Fundación César Manrique, que ha solicitado la enmienda a la totalidad del texto legal y su retirada inmediata".
En línea con esta postura, la Acampada Lolo Dorta advierte que el anteproyecto "es un engaño manifiesto a la ciudadanía" y denuncia nueve puntos específicos que consideran especialmente graves en la normativa propuesta.
Nueve motivos de preocupación
El colectivo AR Lolo Dorta detalla nueve aspectos clave que - dicen - revelan lo que consideran "irresponsabilidades graves" del anteproyecto de ley. En primer lugar, alertan sobre los altos límites permitidos para las viviendas vacacionales: hasta un 10% del total de viviendas en islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y hasta un 20% en las Islas Verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro). Esto, según el colectivo, podría llevar a duplicar las más de 61.000 viviendas vacacionales que ya existen en Canarias, una situación que califican de "insostenible social y ecológicamente".
Otro de los puntos denunciados es que la ley se centra en la legalización del stock existente de viviendas vacacionales en lugar de buscar reducir su número. Además, critican que se eliminan muchos de los requisitos de calidad que garantizaban un nivel mínimo en la oferta turística canaria, lo que podría devaluar aún más el sector. A esto se suma la falta de medios de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, tras la aprobación de la ley, bastará con presentar una declaración responsable para seguir operando como vivienda vacacional sin una verdadera verificación sobre el terreno.
Los riesgos legales y económicos
La Acampada Lolo Dorta también advierte sobre el riesgo económico que implica la aprobación del anteproyecto. Según ellos, varios ayuntamientos y propietarios de viviendas vacacionales han advertido que la ley podría generar una ola de denuncias y reclamaciones de indemnizaciones por parte de los propietarios. Esto, aseguran, representaría un peligro financiero para las arcas públicas, que tendrían que hacer frente a estos pagos.
La normativa también plantea la posibilidad de cambiar el uso de suelo residencial a turístico, algo que el colectivo considera contradictorio con el discurso de sostenibilidad que se menciona en la ley. Esta medida, advierten, podría dar pie a la expansión del alquiler vacacional a zonas rurales y áreas protegidas, afectando negativamente a la población local y los recursos naturales.
Una normativa que favorece a grandes empresas
Otro punto de preocupación para AR Lolo Dorta es que la ley parece estar diseñada para favorecer a las grandes empresas y grandes tenedores frente a los pequeños propietarios. La introducción de nuevos requisitos, aunque mínimos, será más fácil de asumir para las empresas con mayor capital, mientras que los pequeños propietarios podrían quedar fuera del negocio turístico. De hecho, el colectivo señala que algunas disposiciones transitorias parecen estar específicamente diseñadas para mantener a las grandes empresas en el mercado, mientras que los pequeños propietarios tendrán dificultades para adaptarse a la nueva normativa.
El impacto del alquiler vacacional en todo el archipiélago
Finalmente, AR Lolo Dorta denuncia que el anteproyecto de ley plantea una expansión masiva del modelo vacacional a todo el archipiélago canario, incluyendo zonas rurales, núcleos agrícolas y áreas de montaña, lo que podría tener un impacto devastador en la población y los recursos locales. El colectivo destaca que muchas áreas de Canarias ya están saturadas por el alquiler vacacional, y extender este modelo a más zonas solo agravará los problemas de acceso a la vivienda y la sostenibilidad en el archipiélago.
Exigen una moratoria y la retirada de la ley
Ante este panorama, la Acampada Lolo Dorta exige una moratoria urgente e indefinida a la concesión de nuevas licencias de alquiler vacacional, la retirada inmediata del anteproyecto de ley y la dimisión o dimisión de la Consejera de Turismo. Durante la rueda de prensa que celebrarán este miércoles frente al Parlamento de Canarias, el colectivo presentará estas demandas de forma pública y llamará a la ciudadanía a sumarse a la causa.
Además, en su línea habitual de fomentar la participación ciudadana, el colectivo distribuirá a través de redes sociales una carta tipo que los ciudadanos podrán enviar a las instituciones canarias para expresar su rechazo a la ley y solicitar las mismas medidas que exigen colectivos como la Fundación César Manrique y AR Lolo Dorta.
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