"EL GOBIERNO CANARIO TIENE UN CONVENIO CON UNA EMPRESA QUE EJECUTA DESALOJOS EXTRAJUDICIALES"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria ha denunciado a través de sus redes sociales que el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias tiene un convenio de prácticas no laborales con Desokupa Canarias.  "Una empresa -dicen-que ejecuta desalojos extrajudiciales".

   El Sindicato de Inquilinas hace referencia, para fundamentar su denuncia,  a la siguiente notificación oficial:

 “Según el BOC nº 228 del 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez (PSOE), aprobó un convenio con esta empresa dentro del denominado programa PRACTÍCATE”, un programa “dirigido —según la propia web del Gobierno de Canarias—  a empresas privadas interesadas en acoger personas jóvenes desempleadas, con titulación, para realizar prácticas no laborales en sus centros de trabajo, con el fin de darles la oportunidad de adquirir su primera experiencia profesional en la actividad para la cual han realizado su formación, y así tener una mayor posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo”.

     La organización sindical critica, en este sentido, que “tras conceder una subvención pública de los fondos europeos Feder a esta empresa por valor de 12.000€, la consejería que dirige Máñez financie las prácticas de trabajadoras jóvenes, con formación pero sin experiencia, en una empresa que ejecuta desalojos extrajudiciales”.

   El sindicato rechaza que el denominado “Pacto de las Flores”, conformado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera esté "regando con fondos públicos a este tipo de empresas, cuyos métodos podrían implicar presuntos delitos, entre ellos ejecución arbitraria del derecho o coacciones”.

    La organización sindical recuerda se produjeron a los partidos que forman el gobierno regional que a lo largo del último trimestre se produjeron 700 desahucios pesar de la supuesta moratoria, y acusa al ejecutivo autonómico de empeorar esta situación "regalando fondos públicos a matones para que desalojen familias vulnerables saltándose el procedimiento judicial”.

   "También el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo Insular -añaden- firman contratos con empresas que tienen servicio de "desokupación", como Grupo Power Canarias”.

    "Llevamos 3 semanas esperando por declaraciones de algún responsable de estos partidos. Y particularmente -concluyen- una respuesta consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos)", a la que recuerdan que “no se ha pronunciado en público”, ni ella ni su partido, y que “lleva estas tres semanas para averiguar una información que está a golpe de clic” sobre la financiación, con dinero público canario, de organizaciones dedicadas a desocupar viviendas".