JAVITCHU: "ME HAN PARTIDO LA VIDA POR LA MITAD"

DE VILLAWEB.CAT

     Javier Aijón, conocido como "Javitxu", fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por su participación en una manifestación antifascista en Zaragoza en 2019. Desde la prisión de Zuera, donde cumple condena junto a otros dos compañeros, Javitxu denuncia lo que considera una injusticia basada en pruebas inconsistentes, bajo un proceso judicial que, en sus palabras, buscó criminalizar a los participantes de la protesta.

Experiencia en prisión y sus efectos en el entorno familiar

    Javitxu describe con franqueza los difíciles primeros momentos tras su ingreso en prisión. La impotencia de no poder abrazar a su familia y el dolor de ver su vida detenida fueron, según cuenta, los momentos más duros de su experiencia. A pesar de estas dificultades, intenta mantenerse fuerte y positivo, convencido de que la prisión es incluso más dura para quienes lo esperan afuera, especialmente su madre, su pareja y su abuela.

      El activista relata, además, las tensiones y malos tratos que ha experimentado de parte de algunos funcionarios, quienes, en ocasiones, actúan en abierta simpatía con posturas de extrema derecha y provocan o castigan a los detenidos por motivos políticos. Javitxu también denuncia las condiciones de vida en prisión, donde enfrentan carencias como la comida en mal estado, situaciones de discriminación y actos de censura, como la dificultad que tiene para integrarse en actividades del centro a causa de su perfil político.

Un proceso judicial cargado de irregularidades

     Durante el juicio, Javitxu y sus compañeros fueron acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, pero su defensa presentó pruebas y testimonios que, a su juicio, demostraban su inocencia, aunque sin éxito. El tribunal, presidido por el juez Carlos Lasala, ignoró testimonios favorables y permitió que el único "testimonio" en su contra fuera el de los agentes de policía, quienes proporcionaron relatos contradictorios. En uno de los ejemplos mencionados, un policía afirmaba haberlo identificado por una supuesta cresta amarilla, a pesar de que en ese momento Javitxu llevaba el cabello largo.

     Una de las pruebas clave para la defensa eran unas grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza, el lugar donde se produjeron los enfrentamientos. Sin embargo, los agentes de policía decidieron no presentar dichas grabaciones, a pesar de que un testigo declaró que el material estaba disponible y que lo había ofrecido. Según Javitxu, este testimonio de los policías fue suficiente para los jueces, quienes parecen haber actuado bajo un sesgo evidente, ignorando otras pruebas y testimonios que podrían haber inclinado el caso a su favor.

La criminalización de la protesta y la "Síndrome de Sherwood"

  Javitxu enmarca su caso en un contexto mayor de represión y criminalización de la protesta en España, una situación que, según sus palabras, busca "atemorizar" a quienes se oponen a la ideología de extrema derecha. Para él, su condena no es únicamente contra su persona, sino contra todo el movimiento antifascista. Explica que el uso del testimonio policial como única "prueba" para condenar a manifestantes es una técnica estratégica para deslegitimar a los movimientos sociales y facilitar la represión de sus miembros.

    Menciona el “Síndrome de Sherwood”, un concepto que hace referencia a la estrategia de crear enemigos internos o “cabezas de turco” dentro del Estado, lo cual permite justificar el uso de la fuerza contra movimientos de protesta. En su caso, considera que los prejuicios estéticos y las identidades de los detenidos —muchos con rastas, piercings o estéticas alternativas— facilitaron esta criminalización y manipulación de la opinión pública.

Complicidad entre fuerzas de seguridad y extrema derecha

    En la entrevista, Javitxu expresa su preocupación por el auge y la impunidad de la extrema derecha en España, señalando que la policía y el sistema judicial actúan en complicidad con estos sectores. Según sus declaraciones, existen intereses compartidos y apoyo mutuo entre el aparato judicial y policial y los partidos de extrema derecha, como Vox, que buscan consolidar una base de poder que, en su opinión, es una continuación del franquismo.

     Recordó también que en 2019, cuando Santiago Abascal, líder de Vox, visitó Zaragoza, alentó a la policía a cargar contra los manifestantes. Ese día, comenta, él y otros participantes fueron agredidos sin provocación previa, en un claro intento de sofocar la protesta social. Esta situación de represión policial, añade, se ha visto repetida en otros puntos del país donde se producen movilizaciones contra la extrema derecha.

 Una condena a la protesta que moviliza el apoyo social

     A pesar de la falta de apoyo mediático en medios de comunicación convencionales, Javitxu agradece el respaldo de varias figuras públicas y medios alternativos como VilaWeb, AraInfo, El Salto y otros, que han dado visibilidad a su caso y a la versión de los acusados. Este apoyo social se extiende, además, a numerosos colectivos de izquierda, organizaciones sindicales y personalidades, quienes han mostrado su solidaridad con “Los Seis de Zaragoza”, como se ha denominado al grupo.

    Para Javitxu, su proceso no es un simple caso aislado, sino un ataque estructural a la libertad de expresión y al derecho de protesta de la clase trabajadora y los movimientos sociales. Sin embargo, afirma que no ha perdido la esperanza y que mantiene sus principios intactos, convencido de que el pueblo es quien debe hacer frente a la represión.