EL GOBIERNO CANARIO INSISTE EN EXPULSAR DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS A MILES DE ANCIANAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Hasta un 80% de los mayores que cursan la Formación Básica Inicial, que este año tiene 4.825 personas matriculadas en las Islas divididas en 213 grupos, podría ser expulsado de este sistema educativo por la nueva normativa que pretende imponer la consejería Educación del Gobierno de Canarias.

     La situación es tan grave, que tanto el alumnado como el profesorado de estos CEPAs se ha movilizado, porque temen que, en efecto, estas miles de personas mayores tenga que abandonar sus estudios si se aplica la nueva orden de la Consejería de Educación de organización de estos centros, cuyo mayor cambio es acotar a cuatro -cinco por decisión del equipo educativo- los años de permanencia en la Formación Básica Inicial, hasta ahora sin límite. El tiempo empezaría a contar a partir del próximo curso.

   Así lo advertían, en una denuncia de la que nos hacíamos eco en este mismo diario digital a finales del pasado mes de enero, los propios responsables de los 31 Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs), que rechazan dicha normativa, que consistiría en limitar a cuatro los años para cursar esta Formación Básica Inicial.

   Se trata, en su mayor parte, de personas muy mayores, y principalmente de mujeres que en su día no tuvieron la oportunidad de estudiar, y para quienes esta formación representa hoy no sólo esa segunda oportunidad sino también, en muchos casos una de las pocas actividades de socialización a las que tienen acceso.

  Para justificar la medida que trata de imponer, la consejera Manuela Armas ha aducido que  «no parece razonable que una persona repita once, diez veces, porque el objetivo es preparar a este alumnado para que puedan graduarse en la ESO, y lo razonable es preguntarse qué está fallando".

   Este martes, el sindicato STEC-IC volvía denunciar, a través comunicado remitido a la redacción de Canarias semanal, que la consejería de educación dirigida por Armas "se ha empecinado" en llevar adelante esta medida, "obstaculizando así la formación de las personas mayores de Canarias".

   Esta organización sindical explica que el alumnado afectado, en su mayoría mujeres, "tiene como objetivo alcanzar unos niveles de aprendizaje funcionales que en su momento no tuvieron la oportunidad de conseguir, por lo que no pretenden necesariamente obtener una titulación académica".

    "Algo -afirman- que la estrecha mente y escasez de miras de las autoridades educativas no es capaz de aceptar".

   El sindicato apunta que "para impedir la vulneración del derecho a la formación a lo largo de la vida, que es la razón de ser de los centros de adultos, legítimamente las direcciones de los CEPA han tenido la valentía de salir en defensa de su alumnado, suscribiendo un comunicado de apoyo, e incluso han acudido a la Diputación del Común para que mediase en el tema".

   "Atendiendo a su demanda -continúa exponiendo- esta institución propició una reunión entre Consejería de Educación y directoras/es de los CEPA".

   "El encuentro tuvo lugar el pasado mes de diciembre, y en él, la Consejería asumió el compromiso a abrir una mesa de diálogo con la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre el tema".

   Sin embargo -dicen- "dos meses después la Administración no ha convocado mesa de diálogo alguna, por lo que este compromiso, ni de lejos, tiene visos de cumplirse".

   El STEC-IC "exige que la comunidad educativa de la Formación Básica Inicial sea tratada con el respeto y consideración que merecen tanto la profesionalidad de su profesorado y equipos directivos, como el esfuerzo que hace su alumnado por seguir formándose".

    "Reiteramos -concluyen- nuestro apoyo a los CEPA de Canarias, a la vez que, de nuevo, exigimos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que entre en razón, sepa rectificar, y derogue la Orden de 27 de octubre de 2021".