EL GOBIERNO "FEMINISTA" DESAMPARA A LAS MENORES EXPLOTADAS SEXUALMENTE EN CENTROS DE ACOGIDA

   Por TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Baleares, Valencia, Canarias y Madrid son las Comunidades Autónomas donde recientemente se han destapado casos de abusos sexuales a niñas tuteladas, aunque hay antecedentes, como la red de pornografía infantil que en 2015-16 se detectó en un centro de menores al cuidado de la Generalitat catalana.

   No es, en efecto, un fenómeno nuevo. Un informe de UNICEF publicado en 2017 alertaba de que había casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve Comunidades Autónomas analizadas, sin especificar cuáles.

   Sin embargo, ni en el pasado, ni en la actualidad, se han depurado responsabilidades políticas; más bien se ha intentado tapar y barrer asunto tan turbio bajo la alfombra. Ante la batería de casos que la prensa ha dado a conocer en los últimos meses, el gobierno central no ha convocado ningún gabinete de crisis. Tampoco ha emitido una declaración institucional al respecto, ni siquiera por parte de las titulares de las carteras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente.

   Atajar el abuso de niñas, niños y adolescentes no parece ser una prioridad política. Y esto es más grave en el caso de las y los menores bajo tutela pública, buena parte de los cuales provienen de familias -cuando las hay- conflictivas o con recursos económicos y habitacionales insuficientes para suplir las necesidades básicas de los menores, aunque no siempre la retirada de custodia a sus padres o tutores responde a criterios justos y objetivos.

   Hablamos, en cualquier caso, del sector más vulnerable de la población, presa fácil de pedófilos y redes de trata de personas con fines de explotación sexual, donde las niñas son mayoría.

   El hecho de que la seguridad y protección de estas menores no sea prioridad política no solo constituye una clara manifestación de sexismo, sino también de patente clasismo.

   El gobierno central puede alegar que las competencias sobre los centros de menores tutelados están transferidas a las distintas Comunidades Autónomas. Pero desde 2015 hay una Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que es de ámbito estatal y es, por tanto, el Estado el responsable en última instancia de hacerla cumplir.

   Claro que, como otras muchas Leyes Orgánicas, la referida nació sin dotación presupuestaria. El sistema de protección a la infancia se sostiene en España con serios problemas de financiación y de recursos. Es más, en algunas Comunidades, como Madrid, se han destruido servicios básicos para la protección de menores, como son pisos, albergues y educadores de calle.

   Los menores tutelados se hacinan en centros que las Administraciones contratan con entidades privadas (asociaciones, fundaciones, empresas) para las cuales acoger menores es un negocio. Algunos de estos centros, llamados “concertados”, llegan a tener 70 o 90 plazas, con lo que es prácticamente imposible realizar un seguimiento individualizado, por mucho que -nos consta- se esfuercen en ello la mayoría de educadores, trabajadores especializados pero mal pagados, con turnos a veces extenuantes, teniendo que lidiar a menudo con jóvenes muy conflictivos.

   De los 50.000, aproximadamente, menores tutelados que hay actualmente en el Estado español, el 55% convive en estos centros, que más se asemejan a los antiguos hospicios que a instalaciones modernas. El restante 45% vive en familias de acogida.

   No olvidemos que entre los menores tutelados -algunos, repetimos, de manera injusta, ya que en este capítulo también hay abusos de los Servicios Sociales- hay un número considerable que llega a los centros con un historial de haber sufrido distintos tipos de violencia en sus entornos de origen; violencia que es de carácter sexual especialmente en el caso de las niñas.

   A estas y estos menores se les debería dispensar una protección especial, teniendo en cuenta, además, que es frecuente entre las jóvenes captadas por las redes de trata para la prostitución haber padecido desde pequeñas este tipo de abusos, como fue el caso de Amelia Tiganus y tantas otras.

   Esto lo atestigua asimismo Rocío Mora, directora de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), que posee uno de los pocos centros especializados en abusos sexuales a menores, ubicado en la Comunidad de Madrid. Según sus informes, casi el 60% de las 1.600 mujeres que rescatan de las redes de la prostitución anualmente sufrieron abusos sexuales en la infancia.

   Las redes de trata de personas -comercio humano que opera a nivel internacional y es parte sustancial de esa cara oculta de la acumulación capitalista- saben que los centros de menores son uno de los filones de captación de niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual, ya sea prostitución, pornografía infantil o ambas. El mismo informe de UNICEF arriba referido advertía que en alguno de los centros estudiados “podría haber indicios de que [los menores] son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".

   Ante este hecho, conocido, analizado y perseguido policialmente en todo el mundo, en España, todas las Administraciones miran para otro lado, cuando no tratan de ocultarlo. Recordemos que en el caso de la pornografía infantil detectada en un centro de menores de la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Trabajo, Acción Social y Familia nunca explicó qué actuaciones había emprendido al respecto; ni consta se depuraran responsabilidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

   En el caso de Baleares, la Fiscalía de Menores archivó la investigación sobre una supuesta red organizada de explotación sexual de jóvenes tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Aquí se supo que las víctimas habían sido al menos 16 menores al cuidado del Consell Insular de Mallorca, gobernado por PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, que se limitó a emitir un informe con vagas recomendaciones para la creación de un centro especializado.

   En Valencia, hemos conocido el caso del ex-marido de la vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, condenado a 5 años de prisión por haber abusado sexualmente de una menor tutelada, que en el momento de los hechos tenía 13 años, mientras era educador en el centro donde aquélla residía. La joven, que ya es mayor de edad, ha manifestado que, aunque Oltra no es responsable de los actos de su ex-marido, lo es de haber hecho caso omiso a su denuncia. Esto en una comunidad donde se sospecha que los casos de abusos sexuales en los centros de menores asciende a unos 170.

   El oscurantismo con el que los responsables políticos tratan estos casos lo hemos visto también en el más reciente destapado en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Cuando el 3 de diciembre saltó la noticia de la detención de una red de narcotraficantes que explotaban sexualmente a diez niñas tuteladas, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, salió enseguida a afirmar que era falso que hubiese menores tuteladas en dicha red. Dos días después, reconocía que tres de ellas estaban en centros de menores y aseguró que la Delegada del Gobierno la había informado mal.

   Al final, el tan cacareado “interés superior del menor” queda sepultado en disputas políticas, cuando no en vergonzoso silencio. Y, si bien en algunos de los casos referidos se publican los detalles de los abusos, a veces brutales, padecidos por las menores, así como la identidad de los proxenetas y pedófilos cuando son detenidos, siempre quedan en la sombra del anonimato los cientos si no miles de “clientes” -en realidad puteros violadores- que abusan de estas menores sabiendo que lo son. Estos no solo merecen el más absoluto desprecio, sino también ser identificados y puestos a disposición judicial.  

   Entre los proxenetas los hay tanto de altos como de bajos vuelos. Los descubiertos en Madrid son narcotraficantes de medio pelo que, además, drogaban a las chicas para hacerlas dependientes. En el caso de Gran Canaria, conocido como 18 Lovas (nombre de la agencia de azafatas, gogós y animadoras mediante la cual se captaba a menores y adultas), se trata de empresarios, entre ellos, el hotelero y presidente del Grupo Lopesan, Eustasio López -la 58ª mayor fortuna de España según la revista Forbes.

   Esta investigación comenzó en 2016, cuando una de las víctimas –entonces menor de edad– se quedó embarazada mientras era prostituida. Tras cinco años, los seis empresarios han sido procesados. La Red Feminista de Gran Canaria ha manifestado que espera se haga justicia, que se dé respuesta a las víctimas y un acompañamiento adecuado para que no se vean revictimizadas durante el proceso, además de la reparación del daño.

   Sin embargo, nuestras flamantes ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, tan adictas, como su colega de Trabajo, Yolanda Díaz, a prodigar "cuidados" y "amor", no han dado ningún comunicado oficial sobre este y el resto de casos dados a conocer en los últimos meses de menores -tuteladas o no- víctimas de explotación sexual.

   Se ve que el “cuidar” y la defensa de los derechos humanos, que tanto parece preocuparles, se limitan a ciertos colectivos y no alcanzan a los sectores socialmente más vulnerables y desprotegidos. Estas entre otras son, en palabras de la ministra Yolanda Díaz, las "cosas chulísimas" que hace el gobierno -uno autodenominado progresista y feminista-, pero que "no sabe comunicar a la ciudadanía".