
ESTALLAN LAS PROTESTAS CONTRA LA ESPECULACIÓN CON LA VIVIENDA
El 15% de los 1.263 muertes que se han producido en el Archipiélago por coronavirus desde el 13 de marzo de 2020
La crisis de la vivienda en España ha alcanzado niveles insostenibles, con precios de compra y alquiler fuera del alcance de la mayoría. Canarias, especialmente afectada por la especulación turística, se enfrenta a una situación crítica que refleja un problema a nivel estatal. Las recientes manifestaciones en Madrid subrayan la necesidad de un cambio urgente en las políticas de vivienda.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El acceso a una vivienda digna, un derecho reconocido en la Constitución española, se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Tanto en Canarias como en el resto del Estado, los precios de las viviendas y los alquileres han alcanzado niveles desorbitados, empujando a la población a una situación de vulnerabilidad habitacional. Este problema ha sido objeto de protestas recientes, como la manifestación del pasado 7 de octubre en Madrid, que reunió a miles de personas clamando por soluciones urgentes frente a la crisis habitacional.
Una crisis que no cesa: la situación en Madrid
El impacto de la crisis habitacional es evidente en Madrid, donde los precios de alquiler han alcanzado niveles históricos. Según datos recientes, el precio medio por metro cuadrado en la capital ha llegado a los 20,4 euros, lo que significa que un piso de tamaño medio (unos 75 metros cuadrados) se oferta por alrededor de 1.530 euros al mes.
Esta escalada ha dejado a muchos trabajadores, especialmente jóvenes, sin la posibilidad de independizarse o de formar una familia, una realidad que se replica en otras ciudades como Barcelona y Málaga.
El pasado sábado, bajo el lema "Se acabó. Bajemos los alquileres", la movilización en Madrid evidenció la creciente preocupación social. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, junto a sindicatos y plataformas ciudadanas, denunciaron la inacción de las administraciones y exigieron medidas drásticas, como la regulación de los alquileres, la prohibición de desahucios sin alternativas habitacionales y la limitación del uso de viviendas para pisos turísticos.
El malestar no solo es económico. Los manifestantes subrayaron que la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado. El aumento del coste del alquiler está muy por encima del incremento de los salarios. Mientras que el alquiler subió un 8,6% en el último año, los sueldos solo lo hicieron en un 4,7%, lo que provoca que cada vez más personas destinen más del 60% de sus ingresos mensuales solo para cubrir el coste de su vivienda.
Canarias: un escenario complejo y agravado
En Canarias, la situación habitacional presenta un matiz especial. El auge del turismo y la especulación inmobiliaria, que ya tuvo un primer "boom" antes de la crisis de 2008, ha generado un encarecimiento desmesurado de las viviendas en venta y alquiler. Las consecuencias de este fenómeno no solo son sociales, sino también medioambientales.
Tras el parón provocado por la pandemia, la actividad constructiva se ha retomado con fuerza en el archipiélago, pero el crecimiento se ha producido sin una regulación adecuada, lo que ha generado problemas urbanísticos y medioambientales graves. La Ley del Suelo, aprobada en 2017, fue presentada como una herramienta para gestionar de forma sostenible los recursos territoriales. Sin embargo, ha abierto la puerta a numerosas irregularidades, permitiendo la construcción en suelo rústico bajo condiciones ambiguas que fomentan la especulación.
El resultado ha sido un aumento alarmante de las infracciones urbanísticas y delitos medioambientales. Solo en 2022, se registraron 1.691 expedientes sancionadores relacionados con la construcción ilegal, vertidos y parcelaciones ilegales en las islas. Los movimientos ecologistas señalan que esta falta de control es en parte responsable de la precarización del acceso a la vivienda. La construcción desmesurada, en lugar de resolver el problema habitacional, ha empeorado las condiciones de vida de la población, expulsando a los residentes locales en beneficio del turismo y la inversión especulativa.
La vivienda como negocio: el papel de los fondos de inversión
Un fenómeno que ha agravado la crisis de la vivienda en toda España es la intervención de grandes fondos de inversión, conocidos como "fondos buitres", que han encontrado en el mercado inmobiliario español un espacio para maximizar beneficios. Estos fondos compran edificios enteros, elevan los precios de alquiler y venden a precios exorbitantes, profundizando la desigualdad y la exclusión habitacional.
En Canarias, la combinación de este fenómeno con el incremento de los pisos turísticos ha tenido un impacto devastador. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, el número de viviendas destinadas al alquiler turístico ha crecido de manera exponencial, reduciendo la oferta de vivienda disponible para residentes permanentes y disparando los precios de alquiler. Esta dinámica ha expulsado a muchas familias de los centros urbanos, obligándolas a buscar vivienda en zonas periféricas donde, sin embargo, los precios también siguen aumentando.
La lucha por una vivienda digna
Las movilizaciones como la de Madrid y los esfuerzos por regular el mercado inmobiliario reflejan una creciente conciencia social sobre la necesidad de abordar la vivienda como un derecho y no como un lujo o un producto de mercado. Sin embargo, el reto es enorme, ya que las políticas actuales no han logrado detener la especulación ni ofrecer soluciones a la altura de la crisis.
En Canarias, los movimientos sociales y ecologistas reclaman no solo una regulación más estricta del mercado de la vivienda, sino también un mayor control sobre la actividad constructiva y un enfoque más sostenible. La destrucción medioambiental y la falta de acceso a una vivienda asequible son dos caras de una misma moneda que está lastrando el futuro del archipiélago.
El mensaje de las manifestaciones, tanto en el archipiélago como en Madrid, es claro: es necesario un cambio profundo en las políticas habitacionales que ponga fin a la especulación y garantice el acceso a una vivienda digna para todas las personas, no solo en Canarias, sino en todo el Estado.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El acceso a una vivienda digna, un derecho reconocido en la Constitución española, se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Tanto en Canarias como en el resto del Estado, los precios de las viviendas y los alquileres han alcanzado niveles desorbitados, empujando a la población a una situación de vulnerabilidad habitacional. Este problema ha sido objeto de protestas recientes, como la manifestación del pasado 7 de octubre en Madrid, que reunió a miles de personas clamando por soluciones urgentes frente a la crisis habitacional.
Una crisis que no cesa: la situación en Madrid
El impacto de la crisis habitacional es evidente en Madrid, donde los precios de alquiler han alcanzado niveles históricos. Según datos recientes, el precio medio por metro cuadrado en la capital ha llegado a los 20,4 euros, lo que significa que un piso de tamaño medio (unos 75 metros cuadrados) se oferta por alrededor de 1.530 euros al mes.
Esta escalada ha dejado a muchos trabajadores, especialmente jóvenes, sin la posibilidad de independizarse o de formar una familia, una realidad que se replica en otras ciudades como Barcelona y Málaga.
El pasado sábado, bajo el lema "Se acabó. Bajemos los alquileres", la movilización en Madrid evidenció la creciente preocupación social. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, junto a sindicatos y plataformas ciudadanas, denunciaron la inacción de las administraciones y exigieron medidas drásticas, como la regulación de los alquileres, la prohibición de desahucios sin alternativas habitacionales y la limitación del uso de viviendas para pisos turísticos.
El malestar no solo es económico. Los manifestantes subrayaron que la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado. El aumento del coste del alquiler está muy por encima del incremento de los salarios. Mientras que el alquiler subió un 8,6% en el último año, los sueldos solo lo hicieron en un 4,7%, lo que provoca que cada vez más personas destinen más del 60% de sus ingresos mensuales solo para cubrir el coste de su vivienda.
Canarias: un escenario complejo y agravado
En Canarias, la situación habitacional presenta un matiz especial. El auge del turismo y la especulación inmobiliaria, que ya tuvo un primer "boom" antes de la crisis de 2008, ha generado un encarecimiento desmesurado de las viviendas en venta y alquiler. Las consecuencias de este fenómeno no solo son sociales, sino también medioambientales.
Tras el parón provocado por la pandemia, la actividad constructiva se ha retomado con fuerza en el archipiélago, pero el crecimiento se ha producido sin una regulación adecuada, lo que ha generado problemas urbanísticos y medioambientales graves. La Ley del Suelo, aprobada en 2017, fue presentada como una herramienta para gestionar de forma sostenible los recursos territoriales. Sin embargo, ha abierto la puerta a numerosas irregularidades, permitiendo la construcción en suelo rústico bajo condiciones ambiguas que fomentan la especulación.
El resultado ha sido un aumento alarmante de las infracciones urbanísticas y delitos medioambientales. Solo en 2022, se registraron 1.691 expedientes sancionadores relacionados con la construcción ilegal, vertidos y parcelaciones ilegales en las islas. Los movimientos ecologistas señalan que esta falta de control es en parte responsable de la precarización del acceso a la vivienda. La construcción desmesurada, en lugar de resolver el problema habitacional, ha empeorado las condiciones de vida de la población, expulsando a los residentes locales en beneficio del turismo y la inversión especulativa.
La vivienda como negocio: el papel de los fondos de inversión
Un fenómeno que ha agravado la crisis de la vivienda en toda España es la intervención de grandes fondos de inversión, conocidos como "fondos buitres", que han encontrado en el mercado inmobiliario español un espacio para maximizar beneficios. Estos fondos compran edificios enteros, elevan los precios de alquiler y venden a precios exorbitantes, profundizando la desigualdad y la exclusión habitacional.
En Canarias, la combinación de este fenómeno con el incremento de los pisos turísticos ha tenido un impacto devastador. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, el número de viviendas destinadas al alquiler turístico ha crecido de manera exponencial, reduciendo la oferta de vivienda disponible para residentes permanentes y disparando los precios de alquiler. Esta dinámica ha expulsado a muchas familias de los centros urbanos, obligándolas a buscar vivienda en zonas periféricas donde, sin embargo, los precios también siguen aumentando.
La lucha por una vivienda digna
Las movilizaciones como la de Madrid y los esfuerzos por regular el mercado inmobiliario reflejan una creciente conciencia social sobre la necesidad de abordar la vivienda como un derecho y no como un lujo o un producto de mercado. Sin embargo, el reto es enorme, ya que las políticas actuales no han logrado detener la especulación ni ofrecer soluciones a la altura de la crisis.
En Canarias, los movimientos sociales y ecologistas reclaman no solo una regulación más estricta del mercado de la vivienda, sino también un mayor control sobre la actividad constructiva y un enfoque más sostenible. La destrucción medioambiental y la falta de acceso a una vivienda asequible son dos caras de una misma moneda que está lastrando el futuro del archipiélago.
El mensaje de las manifestaciones, tanto en el archipiélago como en Madrid, es claro: es necesario un cambio profundo en las políticas habitacionales que ponga fin a la especulación y garantice el acceso a una vivienda digna para todas las personas, no solo en Canarias, sino en todo el Estado.
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