ÁNGEL VÍCTOR TORRES BAJO LA LUPA POR SU PRESUNTA IMPLICACIÓN EN EL "CASO KOLDO"
¿Cómo llegó un ex asesor de Ábalos a mediar en contratos millonarios en Canarias?
El escándalo del caso Koldo ha sacudido a la política española y, en especial, al Gobierno de Canarias. La trama, que involucra la adjudicación irregular de contratos durante la pandemia, ha puesto bajo el foco a Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial. Mientras las investigaciones avanzan, la sombra de la corrupción amenaza con comprometer aún más al PSOE.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El llamado caso Koldo se ha consolidado como uno de los mayores escándalos de corrupción del Estado español, con ramificaciones que alcanzan a las más altas esferas del poder político.
La trama, que se desató a raíz de la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19, implica a figuras claves del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas, Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
El entramado corrupto y los contratos exprés en Canarias
La presunta implicación de Torres en la trama ha salido a la luz gracias a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En dichos informes se destaca la intervención de Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, como mediador para facilitar contratos públicos a empresarios afines.
Uno de los más destacados es Ignacio Díaz Tapia, quien actuaba como representante de la empresa Eurofins Megalab, la cual se benefició con contratos por 5,3 millones de euros otorgados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la realización de pruebas PCR a residentes en la península.
Los informes revelan intercambios de mensajes entre Díaz Tapia y Torres, donde se menciona la planificación de reuniones y contratos relacionados con la pandemia.
Aunque Torres ha negado haber dado órdenes directas para adjudicar contratos a empresas específicas, la UCO ha encontrado pruebas de que su equipo y otras figuras clave del Gobierno canario, como el consejero de Sanidad Blas Trujillo, podrían haber estado involucrados en el proceso.
La sombra de la corrupción sobre Ángel Víctor Torres
Uno de los aspectos más delicados de este escándalo tendría que ver, justamente, con la presunta implicación de Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que su único objetivo era garantizar el suministro de material sanitario durante la crisis del COVID-19.
Torres afirmó ante la Comisión de Investigación del Congreso que la situación de emergencia en 2020 justificaba las decisiones rápidas para adquirir mascarillas y otros productos esenciales.
Sin embargo, los informes de la UCO sugieren que las decisiones sobre los contratos estaban, en algunos casos, influenciadas por Koldo García y otros intermediarios vinculados a la trama.
Las conversaciones reveladas por la UCO también muestran que Torres mantenía contacto con Díaz Tapia, incluso facilitándole el teléfono del consejero de Sanidad Blas Trujillo para agilizar la contratación de pruebas PCR.
La publicación de las comprometedoras conversaciones captadas por la UCO ha generado un comprensible revuelo y ha puesto a Torres en el centro de las críticas, especialmente por parte de la oposición en Canarias, que ha pedido explicaciones sobre su papel en las adjudicaciones y su relación con los empresarios implicados.
Contratos millonarios y sospechas de irregularidades
Uno de los aspectos más sangrantes de esta trama tiene que ver con la forma en la que se adjudicaron contratos millonarios en un contexto de urgencia sanitaria.
La empresa Soluciones de Gestión, vinculada también a la trama, obtuvo contratos para la venta de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros.
La adjudicación de estos contratos levantó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso, pero las investigaciones aún no han determinado con claridad el alcance de las mismas. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que figuras clave del Gobierno de Canarias, como el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, jugaron un papel en la aprobación de estos contratos.
La trama no solo afectó a Canarias, sino también a otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Baleares y La Rioja, donde Koldo García y otros empresarios lograron contratos similares.
En todos estos casos, la figura de García como intermediario entre las empresas y los gobiernos regionales fue determinante.
Haciéndose ricos con la tragedia: La gravedad del caso Koldo en plena pandemia
El caso Koldo no solo representa un escándalo de corrupción con claros indicios de tráfico de influencias y contratos amañados, sino que reviste una gravedad aún mayor cuando se contextualiza en el momento en el que tuvo lugar: la pandemia de COVID-19.
Durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria en 2020 y 2021, mientras miles de personas morían y los sistemas de salud estaban al borde del colapso, se hacía negocio con el sufrimiento y la necesidad.
Empresarios como Ignacio Díaz Tapia y Koldo García lograron contratos millonarios para la venta de mascarillas y pruebas PCR gracias a sus contactos en las altas esferas del poder, como en el Gobierno de Canarias bajo el liderazgo de Ángel Víctor Torres.
Este tipo de actividades, que involucraron intermediaciones y presuntas adjudicaciones exprés, generaron un grave quebranto para las arcas públicas. Empresas vinculadas a la trama obtuvieron contratos por más de 5 millones de euros solo en Canarias, mientras la pandemia seguía causando estragos.
Entre los años 2020 y 2021, España registró oficialmente 99.802 fallecimientos por COVID-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Solo en 2020, la cifra de muertos fue de 74.839 personas, aunque las estimaciones oficiales apuntan que el número real podría ser aún mayor debido a la falta de pruebas diagnósticas en los primeros meses de la pandemia. Este exceso de mortalidad pone de manifiesto la devastación sufrida en el país.
En este contexto, la falta de atención adecuada a las víctimas, el colapso de las unidades de cuidados intensivos y la escasez de material sanitario esencial, agravaron la crisis sanitaria en toda España. La combinación de muerte, sufrimiento y negociaciones opacas para lucrarse con la necesidad, hace del caso Koldo uno de los más graves ejemplos de corrupción en tiempos de emergencia sanitaria.
Repercusiones políticas y la presión sobre el PSOE
El caso Koldo ha puesto en una situación comprometida al Partido Socialista, tanto a nivel regional como Estatal.
La figura de Ángel Víctor Torres ha quedado gravemente dañada por estas revelaciones. Aunque Torres ha mantenido que nunca recibió llamadas de Koldo García ni del exministro Ábalos para favorecer a ninguna empresa, las pruebas aportadas por la UCO y la investigación judicial arrojan serias dudas sobre su versión de los hechos.
Este escándalo no solo ha golpeado la reputación de Torres, sino que también ha avivado las críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ahora enfrenta presiones para esclarecer las responsabilidades de los implicados.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El llamado caso Koldo se ha consolidado como uno de los mayores escándalos de corrupción del Estado español, con ramificaciones que alcanzan a las más altas esferas del poder político.
La trama, que se desató a raíz de la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19, implica a figuras claves del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas, Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
El entramado corrupto y los contratos exprés en Canarias
La presunta implicación de Torres en la trama ha salido a la luz gracias a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En dichos informes se destaca la intervención de Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, como mediador para facilitar contratos públicos a empresarios afines.
Uno de los más destacados es Ignacio Díaz Tapia, quien actuaba como representante de la empresa Eurofins Megalab, la cual se benefició con contratos por 5,3 millones de euros otorgados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para la realización de pruebas PCR a residentes en la península.
Los informes revelan intercambios de mensajes entre Díaz Tapia y Torres, donde se menciona la planificación de reuniones y contratos relacionados con la pandemia.
Aunque Torres ha negado haber dado órdenes directas para adjudicar contratos a empresas específicas, la UCO ha encontrado pruebas de que su equipo y otras figuras clave del Gobierno canario, como el consejero de Sanidad Blas Trujillo, podrían haber estado involucrados en el proceso.
La sombra de la corrupción sobre Ángel Víctor Torres
Uno de los aspectos más delicados de este escándalo tendría que ver, justamente, con la presunta implicación de Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que su único objetivo era garantizar el suministro de material sanitario durante la crisis del COVID-19.
Torres afirmó ante la Comisión de Investigación del Congreso que la situación de emergencia en 2020 justificaba las decisiones rápidas para adquirir mascarillas y otros productos esenciales.
Sin embargo, los informes de la UCO sugieren que las decisiones sobre los contratos estaban, en algunos casos, influenciadas por Koldo García y otros intermediarios vinculados a la trama.
Las conversaciones reveladas por la UCO también muestran que Torres mantenía contacto con Díaz Tapia, incluso facilitándole el teléfono del consejero de Sanidad Blas Trujillo para agilizar la contratación de pruebas PCR.
La publicación de las comprometedoras conversaciones captadas por la UCO ha generado un comprensible revuelo y ha puesto a Torres en el centro de las críticas, especialmente por parte de la oposición en Canarias, que ha pedido explicaciones sobre su papel en las adjudicaciones y su relación con los empresarios implicados.
Contratos millonarios y sospechas de irregularidades
Uno de los aspectos más sangrantes de esta trama tiene que ver con la forma en la que se adjudicaron contratos millonarios en un contexto de urgencia sanitaria.
La empresa Soluciones de Gestión, vinculada también a la trama, obtuvo contratos para la venta de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros.
La adjudicación de estos contratos levantó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso, pero las investigaciones aún no han determinado con claridad el alcance de las mismas. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que figuras clave del Gobierno de Canarias, como el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, jugaron un papel en la aprobación de estos contratos.
La trama no solo afectó a Canarias, sino también a otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Baleares y La Rioja, donde Koldo García y otros empresarios lograron contratos similares.
En todos estos casos, la figura de García como intermediario entre las empresas y los gobiernos regionales fue determinante.
Haciéndose ricos con la tragedia: La gravedad del caso Koldo en plena pandemia
El caso Koldo no solo representa un escándalo de corrupción con claros indicios de tráfico de influencias y contratos amañados, sino que reviste una gravedad aún mayor cuando se contextualiza en el momento en el que tuvo lugar: la pandemia de COVID-19.
Durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria en 2020 y 2021, mientras miles de personas morían y los sistemas de salud estaban al borde del colapso, se hacía negocio con el sufrimiento y la necesidad.
Empresarios como Ignacio Díaz Tapia y Koldo García lograron contratos millonarios para la venta de mascarillas y pruebas PCR gracias a sus contactos en las altas esferas del poder, como en el Gobierno de Canarias bajo el liderazgo de Ángel Víctor Torres.
Este tipo de actividades, que involucraron intermediaciones y presuntas adjudicaciones exprés, generaron un grave quebranto para las arcas públicas. Empresas vinculadas a la trama obtuvieron contratos por más de 5 millones de euros solo en Canarias, mientras la pandemia seguía causando estragos.
Entre los años 2020 y 2021, España registró oficialmente 99.802 fallecimientos por COVID-19, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Solo en 2020, la cifra de muertos fue de 74.839 personas, aunque las estimaciones oficiales apuntan que el número real podría ser aún mayor debido a la falta de pruebas diagnósticas en los primeros meses de la pandemia. Este exceso de mortalidad pone de manifiesto la devastación sufrida en el país.
En este contexto, la falta de atención adecuada a las víctimas, el colapso de las unidades de cuidados intensivos y la escasez de material sanitario esencial, agravaron la crisis sanitaria en toda España. La combinación de muerte, sufrimiento y negociaciones opacas para lucrarse con la necesidad, hace del caso Koldo uno de los más graves ejemplos de corrupción en tiempos de emergencia sanitaria.
Repercusiones políticas y la presión sobre el PSOE
El caso Koldo ha puesto en una situación comprometida al Partido Socialista, tanto a nivel regional como Estatal.
La figura de Ángel Víctor Torres ha quedado gravemente dañada por estas revelaciones. Aunque Torres ha mantenido que nunca recibió llamadas de Koldo García ni del exministro Ábalos para favorecer a ninguna empresa, las pruebas aportadas por la UCO y la investigación judicial arrojan serias dudas sobre su versión de los hechos.
Este escándalo no solo ha golpeado la reputación de Torres, sino que también ha avivado las críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ahora enfrenta presiones para esclarecer las responsabilidades de los implicados.
Saburo | Martes, 15 de Octubre de 2024 a las 06:06:01 horas
Desde gobiernos locales, pasando por los gobiernos centrales, hasta Bruselas, donde la condesa Ursula firmó acuerdos secretos con multinacionales farmacéuticas, han esquilmado, y siguen esquilmando, las arcas de los países. Ahora, les toca el turno a las industrias armamentística, pero para la clase trabajadora no hay recursos. Socialismo o barbarie.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder