7.500 EUROS EN MULTAS POR DENUNCIAR LA VIOLENCIA Y EL RACISMO INSTITUCIONAL EN CANARIAS
Represión contra la Caravana Abriendo Fronteras
El movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras el pasado verano" (...).
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, "el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras el pasado verano".
La Caravana Abriendo Fronteras, la Plataforma Defender a Quién Defiende y otros grupos afines han reclamado al Defensor del Pueblo
"que se tomen medidas ante la represión que se ha ejercido por parte de la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad contra el movimiento antirracista y las múltiples manifestaciones organizadas alrededor de la Caravana en las Islas Canarias".
Denuncian, igualmente,
"las vulneraciones del derecho a la protesta de las personas migrantes que se han dado de forma continuada en el último año en las Islas".
Entre los días 17 y 25 de julio de 2021 tuvo lugar la 6ª edición de la Caravana Abriendo Fronteras, un movimiento de defensa de los derechos de las personas migrantes que desde el año 2016 recorre diferentes espacios de frontera de la Unión Europea.
"Ante el ejercicio organizado del derecho a la protesta de la Caravana Abriendo Fronteras, se han registrado - denuncian - múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un claro esfuerzo de represión al movimiento".
Es la primera vez que la Caravana sufre sanciones después de 6 años de movilización, después de viajar a puntos calientes como Grecia, Italia, Melilla o Ceuta. Se han usado mecanismos de "burorrepresión" a través de sanciones administrativas, que alcanzan un total de más de 7500 euros. Entre ellas, se ha impuesto la desmesurada sanción económica de 6.100 euros, por el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, desobediencia o la resistencia a la autoridad, por una protesta en la sede de Frontex en Las Palmas el 20 de julio. Además, esta sanción se notificó a una persona que no fue identificada en el transcurso de la acción, denotando una clara perfilación y criminalización del activismo en Gran Canaria.
El 21 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de una acción pacífica frente a la Subdelegación del Gobierno, se dieron tres presuntas agresiones físicas a mujeres por parte de la policía. Una de las agresiones requirió atención médica por la seriedad de la contusión. El mismo día se dio también una retención y tres identificaciones, una de ellas a una persona racializada y dos más a prensa, contra quien se dirigió una actitud de hostigamiento y presión limitando el derecho a la información.
Finalmente, el 22 de julio tuvo lugar un episodio especialmente grave, en Los Cristianos, Arona, en la isla de Tenerife, en el cual una vez desconvocada la manifestación que se había llevado a cabo, dos personas migrantes que se alojan en el Centro de Las Raíces (y que habían participado en la manifestación) fueron detenidas. La detención se llevó a cabo de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito, y tuvo por tanto un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestaciones, limitando su derecho a la libertad de expresión y de participación.
Fruto de la represión mencionada, 13 personas siguen presas pendientes de juicio o de sentencia, en algunos casos con peticiones de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía. Es de destacar que 4 de ellas han sido liberadas sin cargos después de permanecer 7 meses encarceladas de forma preventiva.
En definitiva, la Plataforma Defender A Quién Defiende, conjuntamente con Caravana Abriendo Fronteras y otros colectivos afines, denuncia la creciente restricción del derecho a la protesta mediante el uso de la Ley Mordaza y la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza, en este caso concretamente contra el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes.
Y reclaman, tal como han expresado en la carta enviada al Defensor del Pueblo:
1. La fiscalización de las actuaciones por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en las que se hace un uso excesivo de la fuerza contra personas que ejercen el derecho a la libertad de manifestación, o en las que no se respeta el principio de no-discriminación.
2. La prohibición expresa de la elaboración de perfiles raciales en las políticas de seguridad, que incluyan la eliminación de los controles de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.
3. Medidas para que garanticen el derecho a la libertad de manifestación y reunión de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
4. La retirada de las sanciones impuestas.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, "el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras el pasado verano".
La Caravana Abriendo Fronteras, la Plataforma Defender a Quién Defiende y otros grupos afines han reclamado al Defensor del Pueblo
"que se tomen medidas ante la represión que se ha ejercido por parte de la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad contra el movimiento antirracista y las múltiples manifestaciones organizadas alrededor de la Caravana en las Islas Canarias".
Denuncian, igualmente,
"las vulneraciones del derecho a la protesta de las personas migrantes que se han dado de forma continuada en el último año en las Islas".
Entre los días 17 y 25 de julio de 2021 tuvo lugar la 6ª edición de la Caravana Abriendo Fronteras, un movimiento de defensa de los derechos de las personas migrantes que desde el año 2016 recorre diferentes espacios de frontera de la Unión Europea.
"Ante el ejercicio organizado del derecho a la protesta de la Caravana Abriendo Fronteras, se han registrado - denuncian - múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un claro esfuerzo de represión al movimiento".
Es la primera vez que la Caravana sufre sanciones después de 6 años de movilización, después de viajar a puntos calientes como Grecia, Italia, Melilla o Ceuta. Se han usado mecanismos de "burorrepresión" a través de sanciones administrativas, que alcanzan un total de más de 7500 euros. Entre ellas, se ha impuesto la desmesurada sanción económica de 6.100 euros, por el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, desobediencia o la resistencia a la autoridad, por una protesta en la sede de Frontex en Las Palmas el 20 de julio. Además, esta sanción se notificó a una persona que no fue identificada en el transcurso de la acción, denotando una clara perfilación y criminalización del activismo en Gran Canaria.
El 21 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de una acción pacífica frente a la Subdelegación del Gobierno, se dieron tres presuntas agresiones físicas a mujeres por parte de la policía. Una de las agresiones requirió atención médica por la seriedad de la contusión. El mismo día se dio también una retención y tres identificaciones, una de ellas a una persona racializada y dos más a prensa, contra quien se dirigió una actitud de hostigamiento y presión limitando el derecho a la información.
Finalmente, el 22 de julio tuvo lugar un episodio especialmente grave, en Los Cristianos, Arona, en la isla de Tenerife, en el cual una vez desconvocada la manifestación que se había llevado a cabo, dos personas migrantes que se alojan en el Centro de Las Raíces (y que habían participado en la manifestación) fueron detenidas. La detención se llevó a cabo de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito, y tuvo por tanto un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestaciones, limitando su derecho a la libertad de expresión y de participación.
Fruto de la represión mencionada, 13 personas siguen presas pendientes de juicio o de sentencia, en algunos casos con peticiones de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía. Es de destacar que 4 de ellas han sido liberadas sin cargos después de permanecer 7 meses encarceladas de forma preventiva.
En definitiva, la Plataforma Defender A Quién Defiende, conjuntamente con Caravana Abriendo Fronteras y otros colectivos afines, denuncia la creciente restricción del derecho a la protesta mediante el uso de la Ley Mordaza y la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza, en este caso concretamente contra el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes.
Y reclaman, tal como han expresado en la carta enviada al Defensor del Pueblo:
1. La fiscalización de las actuaciones por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en las que se hace un uso excesivo de la fuerza contra personas que ejercen el derecho a la libertad de manifestación, o en las que no se respeta el principio de no-discriminación.
2. La prohibición expresa de la elaboración de perfiles raciales en las políticas de seguridad, que incluyan la eliminación de los controles de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.
3. Medidas para que garanticen el derecho a la libertad de manifestación y reunión de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
4. La retirada de las sanciones impuestas.
Moncho Carrera | Lunes, 13 de Diciembre de 2021 a las 00:42:23 horas
Hay que fortalecer el movimiento anti-imperialista e irnos a una unificación efectiva de las luchas obreras y populares, señores y señoras, no seamos cándidos please, please... nos van a reventar a todos por separado, y eso es muy doloroso y triste de soportar y padecer. Reflexionen y reflexionemos.
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