LOS “OBJETORES DE CONCIENCIA” Y LA VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LAS MUJERES
¿Cómo llamar a quienes consideran que la vida de una mujer gestante no vale nada?
En estos días nos ha sorprendido - escribe Tita Barahona- la noticia de que los ginecólogos de un hospital público de Madrid se han negado a practicar un aborto a una médica del mismo centro a pesar de que, en el cuarto mes de gestación, la rotura de la bolsa del líquido amniótico ponía en riesgo extremo la vida del feto y de la madre. El motivo de la negativa ha sido, una vez más, la llamada “objeción de conciencia”.
TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
¿Qué tipo de conciencia es la que, en una situación de riesgo severo para la vida de un feto y su madre, prefiere dejar correr ese riesgo a intervenir para evitarlo?
La respuesta surge espontánea: una conciencia para la cual la vida de una mujer gestante no vale nada, o vale mucho menos que la del feto. Ya lo demostraron hace unos años los ginecólogos de un hospital irlandés que dejaron morir a una mujer antes de practicarle el aborto de un feto inviable. Y es solo un ejemplo de misoginia extrema.
Para estos “objetores” el futuro de una mujer con complicaciones en la gestación no lo debe decidir ella misma. Durante la dictadura de Franco, era el marido de la gestante quien tenía la potestad, ante un parto complicado, de elegir entre salvar la vida de la madre o la del feto. Hoy por encima de la voluntad de la mujer gestante está la “conciencia” del médico o los mandatos de SU dios, ya que en algunos casos estos “objetores” son miembros de sectas religiosas fundamentalistas.
En el caso de Marta Vigara, médica del Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, la rotura de la bolsa de líquido amniótico en el cuarto mes complicó una gestación hasta entonces normal. Sin líquido amniótico, las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas. Y, en el caso de sobrevivir, tenía alto riesgo de nulo desarrollo de extremidades o incluso de hipoplastia pulmonar.
Sus colegas médicos le recomendaron que interrumpiera el embarazo. Pero ninguno de los ginecólogos del hospital público se lo practicaría al ser todos ellos “objetores de conciencia”. Ella no tuvo entonces más opción que acudir a una clínica privada.
Como la misma Vigara declaró a la Cadena Ser, el hecho de que se dé una objeción de conciencia colectiva va contra el código deontológico de su profesión. Es más, en el documento que le dieron para poderse practicar el aborto en otro centro, firmado por dos ginecólogos, decía que había “riesgo extremo para la vida del feto”; pero en ningún momento hablaron del riesgo para su propia vida. Incluso reconociendo ese peligro, lo calificaron de “aborto voluntario”.
Marta Viraga llegó a la clínica privada donde le interrumpieron el embarazo sangrando por un desprendimiento de placenta. Ah, pero, estaba practicando un “aborto voluntario” ¿Cabe mayor desprecio por la vida y el bienestar de una mujer?
Hoy, a quienes tanto hablan de "fobias" y "delitos de odio" no se les ha ocurrido incluir en esos catálogos a los facultativos que ejercen la violencia extrema contra las mujeres gestantes con toda impunidad, al amparo de la llamada “objeción de conciencia”.
Como médica, Marta Vigara pudo mover sus contactos para que esa misma tarde le practicaran el aborto. Otras mujeres, la mayoría -tal como ella misma ha reconocido- tienen que estar esperando muchos más días.
La interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas es legal en España desde 2010 (las leyes anteriores eran más restrictivas). La ley orgánica dice claramente en su artículo 4:
“El Estado velará por que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley”.
Sin embargo, una cosa es la letra de la ley y otra su aplicación. Solamente el 8,9% de los abortos contemplados en la ley se practican en centros públicos. Incluso hay cinco Comunidades Autónomas donde no se puede abortar en ningún hospital público. La gran mayoría de mujeres que deciden interrumpir su gestación en los plazos previstos son derivadas a clínicas privadas-concertadas. No tienen que pagar por la operación, pero sí pasar por una odisea burocrática, rayana en la humillación, como describía hace poco una trabajadora canaria, cuando no soportar el acoso de las bandas de fanáticos ultracatólicos que se agolpan a las puertas de las clínicas.
Esta ha sido la situación desde 2010. Durante estos once años los gobiernos han mirado para otro lado, han priorizado el supuesto derecho a la “objeción de conciencia” sobre el derecho reconocido por ley de las mujeres gestantes. Y hoy el “gobierno más progresista de la historia”, autocalificado de feminista, solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena.
Ha tenido que salir a la luz pública el caso de Marta Vigara -y esto porque es médica, que en esto también hay diferencias de clase-, para que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccione y considere urgente reformar la actual ley del aborto para que
“cualquier mujer pueda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público, cercano a su domicilio”.
También ha dicho que "apuesta por regular la objeción de conciencia" en la ley de reforma de la actual ley del aborto que tiene en preparación.
Veremos si esa "apuesta" se materializa en medidas concretas, como la que ha sugerido Carlos Martínez en su cuenta de Twitter: Del mismo modo que los que en su día se declaraban objetores de conciencia al servicio militar obligatorio en España perdían la posibilidad de ser policía o militar de por vida, a los médicos que se niegan a practicar abortos debería impedírseles ser funcionarios. Estamos hablando de médicos de centros públicos, cuyos sueldos pagamos entre todas y todos.
La sanidad pública debe garantizar el acceso de todas las mujeres a los servicios de interrupción del embarazo en condiciones seguras (sin la violencia obstétrica que a menudo se ejerce sobre ellas), lo que debería excluir a los “objetores de conciencia”, que seguro son bienvenidos en el sector privado -allí donde ninguna mujer con dinero tiene problemas para abortar. Ya se sabe: en muchos casos los beneficios contantes lavan “conciencias”.
Sin embargo, en el proceso de desmontaje de la sanidad pública en que nos hallamos -ante la total inacción de este y cualquier gobierno -el Capital manda-, mal futuro espera a esta y otras reivindicaciones relacionadas con la salud, si la clase trabajadora -la mayoría de la población- no nos organizamos y luchamos de manera contundente para parar este ataque a nuestros derechos. Nos va la vida en ello y la dignidad.
TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
¿Qué tipo de conciencia es la que, en una situación de riesgo severo para la vida de un feto y su madre, prefiere dejar correr ese riesgo a intervenir para evitarlo?
La respuesta surge espontánea: una conciencia para la cual la vida de una mujer gestante no vale nada, o vale mucho menos que la del feto. Ya lo demostraron hace unos años los ginecólogos de un hospital irlandés que dejaron morir a una mujer antes de practicarle el aborto de un feto inviable. Y es solo un ejemplo de misoginia extrema.
Para estos “objetores” el futuro de una mujer con complicaciones en la gestación no lo debe decidir ella misma. Durante la dictadura de Franco, era el marido de la gestante quien tenía la potestad, ante un parto complicado, de elegir entre salvar la vida de la madre o la del feto. Hoy por encima de la voluntad de la mujer gestante está la “conciencia” del médico o los mandatos de SU dios, ya que en algunos casos estos “objetores” son miembros de sectas religiosas fundamentalistas.
En el caso de Marta Vigara, médica del Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, la rotura de la bolsa de líquido amniótico en el cuarto mes complicó una gestación hasta entonces normal. Sin líquido amniótico, las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas. Y, en el caso de sobrevivir, tenía alto riesgo de nulo desarrollo de extremidades o incluso de hipoplastia pulmonar.
Sus colegas médicos le recomendaron que interrumpiera el embarazo. Pero ninguno de los ginecólogos del hospital público se lo practicaría al ser todos ellos “objetores de conciencia”. Ella no tuvo entonces más opción que acudir a una clínica privada.
Como la misma Vigara declaró a la Cadena Ser, el hecho de que se dé una objeción de conciencia colectiva va contra el código deontológico de su profesión. Es más, en el documento que le dieron para poderse practicar el aborto en otro centro, firmado por dos ginecólogos, decía que había “riesgo extremo para la vida del feto”; pero en ningún momento hablaron del riesgo para su propia vida. Incluso reconociendo ese peligro, lo calificaron de “aborto voluntario”.
Marta Viraga llegó a la clínica privada donde le interrumpieron el embarazo sangrando por un desprendimiento de placenta. Ah, pero, estaba practicando un “aborto voluntario” ¿Cabe mayor desprecio por la vida y el bienestar de una mujer?
Hoy, a quienes tanto hablan de "fobias" y "delitos de odio" no se les ha ocurrido incluir en esos catálogos a los facultativos que ejercen la violencia extrema contra las mujeres gestantes con toda impunidad, al amparo de la llamada “objeción de conciencia”.
Como médica, Marta Vigara pudo mover sus contactos para que esa misma tarde le practicaran el aborto. Otras mujeres, la mayoría -tal como ella misma ha reconocido- tienen que estar esperando muchos más días.
La interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas es legal en España desde 2010 (las leyes anteriores eran más restrictivas). La ley orgánica dice claramente en su artículo 4:
“El Estado velará por que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley”.
Sin embargo, una cosa es la letra de la ley y otra su aplicación. Solamente el 8,9% de los abortos contemplados en la ley se practican en centros públicos. Incluso hay cinco Comunidades Autónomas donde no se puede abortar en ningún hospital público. La gran mayoría de mujeres que deciden interrumpir su gestación en los plazos previstos son derivadas a clínicas privadas-concertadas. No tienen que pagar por la operación, pero sí pasar por una odisea burocrática, rayana en la humillación, como describía hace poco una trabajadora canaria, cuando no soportar el acoso de las bandas de fanáticos ultracatólicos que se agolpan a las puertas de las clínicas.
Esta ha sido la situación desde 2010. Durante estos once años los gobiernos han mirado para otro lado, han priorizado el supuesto derecho a la “objeción de conciencia” sobre el derecho reconocido por ley de las mujeres gestantes. Y hoy el “gobierno más progresista de la historia”, autocalificado de feminista, solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena.
Ha tenido que salir a la luz pública el caso de Marta Vigara -y esto porque es médica, que en esto también hay diferencias de clase-, para que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccione y considere urgente reformar la actual ley del aborto para que
“cualquier mujer pueda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público, cercano a su domicilio”.
También ha dicho que "apuesta por regular la objeción de conciencia" en la ley de reforma de la actual ley del aborto que tiene en preparación.
Veremos si esa "apuesta" se materializa en medidas concretas, como la que ha sugerido Carlos Martínez en su cuenta de Twitter: Del mismo modo que los que en su día se declaraban objetores de conciencia al servicio militar obligatorio en España perdían la posibilidad de ser policía o militar de por vida, a los médicos que se niegan a practicar abortos debería impedírseles ser funcionarios. Estamos hablando de médicos de centros públicos, cuyos sueldos pagamos entre todas y todos.
La sanidad pública debe garantizar el acceso de todas las mujeres a los servicios de interrupción del embarazo en condiciones seguras (sin la violencia obstétrica que a menudo se ejerce sobre ellas), lo que debería excluir a los “objetores de conciencia”, que seguro son bienvenidos en el sector privado -allí donde ninguna mujer con dinero tiene problemas para abortar. Ya se sabe: en muchos casos los beneficios contantes lavan “conciencias”.
Sin embargo, en el proceso de desmontaje de la sanidad pública en que nos hallamos -ante la total inacción de este y cualquier gobierno -el Capital manda-, mal futuro espera a esta y otras reivindicaciones relacionadas con la salud, si la clase trabajadora -la mayoría de la población- no nos organizamos y luchamos de manera contundente para parar este ataque a nuestros derechos. Nos va la vida en ello y la dignidad.
Maribel Santana | Sábado, 25 de Septiembre de 2021 a las 01:40:04 horas
Claro la misoginia galopante de estos derechosos se la pasa por el arco del triunfo una vez se haga el aborto en sus clínicas privadas. Si hay dinerito si pero en la seguridad social soy objetor de masculinidad.
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