JORGE RODRÍGUEZ: DE IMPUTADO POR CORRUPCIÓN A JUEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

  Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En días pasados, se conocía la designación como magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), efectuada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias y diputado por Gran Canaria de este partido, Jorge Rodríguez.

   El que fuera uno de los hombres de confianza de José Manuel Soria en las islas y, en su día,  imputado por presunta corrupción en el denominado caso "Grupo Europa", una pieza separada del "caso Faycán" sobre la corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde. Jorge Rodríguez, en efecto,  intercedió a favor de la citada empresa madrileña en ayuntamientos gobernados por su partido, con el objeto de favorecerla en la concesión de contratos públicos. Aunque en su sentencia al respecto de este proceso el juez José Ramón Navarro, del TSJC, dio por probada esta actividad, absolvió al político  aduciendo que "no se podía probar que sus influencias hubieran sido decisivas".

"FAYCÁN", OTRO CASO MÁS DE IMPUNIDAD

   Sería prácticamente imposible, incluso para un periodista acostumbrado a seguir la actualidad política y económica de Canarias, realizar un listado más o menos completo de la cantidad de macrocasos de corrupción destapados en el Archipiélago y que, a la postre, han acabado perdiéndose en el baúl de los juzgados, con nulas o escasas consecuencias para los implicados en los mismos.

  Uno de estos muchos procesos que, finalmente, quedaron en agua de borrajas fue, justamente el Caso Faycán. Denominación dada por los investigadores policiales a una gigantesca trama de corrupción urdida y desarrollada en el municipio de Telde, el segundo en  importancia de la isla de Gran Canaria,  que en el 2006 acaparó las portadas de los medios de comunicación de todo el Estado

    Según el juez que en su día instruyó este caso, Francisco Javier García, el ex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, "idearon esta trama ilegal para financiar al PP"; mediante el cobro de comisiones a empresarios a cambio de beneficios en forma de contratos con la administración, si bien buena parte de ese dinero habría "acabado en sus bolsillos".

    Las pesquisas policiales y judiciales desvelaron que las empresas que querían hacer negocios en Telde debían pagar previamente una suculenta comisión del 20% a los miembros del Consistorio, del mismo modo que debe hacer cualquier comerciante en los lugares donde operan las mafias criminales organizadas.  El pago de estas comisiones fue reconocido por la mayoría de los empresarios que fueron investigados. De esta forma - y de acuerdo a lo revelado por las investigaciones - llegaron a moverse, ilícitamente,  casi un millón de euros  sólo entre 2003 y 2006.

    Pero, pese a su enorme gravedad, el caso fue desinflándose en los tribunales, sin justificación aparente, a medida que el paso del tiempo contribuía a que los sucesos fueran olvidados. Así,  de un  total de 53 imputados en el Caso Faycán se pasó  a 37, entre los que se encontraba el propio ex alcalde. Doce años después quedaron tan solo 28 acusados, de los cuales veinte confesaron haber participado en la trama para el cobro de comisiones ilegales. Tal confesión no obedeció a un repentino ataque de moralidad, sino  que formó parte de un acuerdo alcanzado por la fiscalía y que permitió que ninguno de ellos terminara pasando por la cárcel, ni de visita. En un caso más de flagrante impunidad, nadie tuvo que pagar por la enorme trama de corrupción, en la que los recursos públicos se utilizaron indiscriminadamente para el enriquecimiento de los cargos políticos y funcionarios implicados. 

EL "AFFAIRE JORGE RODRÍGUEZ"

    En esta truculenta historia, el diputado regional Jorge Rodríguez fue imputado por dos delitos de presunto tráfico de influencias, por los que se solicitó para él, inicialmente, un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público.

   Se le acusaba de ejercer como "conseguidor", intercediendo a favor de la empresa "Grupo Europa" en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. El propietario de dicha empresa  fue condenado a cinco años de cárcel por el pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde, entre ellos a José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo.

   Sin embargo, como ya hemos adelantado, Jorge Rodríguez sería absuelto. En el año 2014, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidida por José Ramón Navarro, consideró probado que Rodríguez había "intercedido a favor de la empresa Grupo Europa" en  los ayuntamientos regidos por el partido derechista, del que era miembro. No obstante, al político se le aplicó generosamente el principio 'in dubio pro reo', considerando el magistrado que  "no existían pruebas suficientes" para establecer que Jorge Rodríguez hubiera ejercido una "presión determinante para que ganase un concurso de viviendas sociales".

     Así las cosas, y conforme a lo dictado por los tribunales, lo cierto es que, como Shakespeare obligara a decir a Marco Antonio en la obra Julio César al referirse a Bruto, nosotros sólo podemos reconocer también que Jorge Rodríguez es, oficialmente, un "hombre honrado".

   Con independencia de que antes del llamado Caso Europa también fuera acusado de favorecer a otra empresa afín al PP, durante el mandato municipal de José Manuel Soria en Las Palmas de G.C., la realidad es que esas acusaciones nunca llegaron a los juzgados, mientras que la que sí lo hizo concluyó con la citada absolución. También es cierto que en la sentencia que lo absolvió por los dos delitos de tráfico de influencias, se dio por sentado que en la legislatura 2007-2011, el sueldo que recibía por su dedicación exclusiva del Parlamento de Canaria, no le impedía ejercer como asesor empresarial y cobrar, además, por sus servicios. Pero tampoco esta actividad "irregular" basta para que podamos dejar de afirmar que, según el TSJC, Jorge Rodríguez es "un hombre honrado". 

   Quizá sea por ello que el político del Partido Popular recibió en estos días con especial desagrado el recordatorio efectuado por el medio digital Canarias Ahora, afín al PSOE, de su paso como imputado por el mismo tribunal del que ahora podría formar parte como magistrado suplente.

   En declaraciones públicas, Rodríguez aseguró que la dirección de su partido "desconocía su intención de incorporarse a la judicatura" y defendió que tampoco estaba obligado a ponerla previamente al tanto del nombramiento. 

''Yo no les tengo que decir nada porque es una decisión personal. Si opto - apuntó- obviamente tengo que darme de baja".

      Lo cierto es que, si así lo hace, como todo parece indicar, se incorporará a la Sala de lo Social del TSJ de Canarias encargada de los asuntos del ámbito laboral, a pesar de que  su experiencia profesional como abogado ha estado centrada en el ámbito del "asesoramiento empresarial", particularmente el urbanístico, con actuaciones tan significativas como las que condujeron a ser juzgado por presunta corrupción.  

     Por si ello fuera no fuera suficientemente insólito, quizá conviniera recordar que Jorge Rodríguez, el ex imputado que, por designación del Consejo General del Poder Judicial,  será uno de los magistrados que tendrá en sus manos dictar sentencias en relación al conflicto esencial entre los trabajadores y la patronal, también llegó a ser secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas.