EL FRAUDE DEL "ESCUDO SOCIAL" PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS POR LA PANDEMIA

POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL

   En el curso de las últimas semanas, un auténtico tsunami de desahucios se está produciendo a lo largo y ancho de todo el Estado español.  Ello se debe principalmente al hecho de que las familias que están siendo afectadas por los desahucios, -"lanzamientos" según la inefable terminología jurídica-, abrumados por los efectos del paro, el caos económico y el cierre de pequeños negocios que ha provocado la pandemia, se ven  imposibilitados de pagar las rentas del alquiler de sus viviendas.

     Según los datos proporcionados por el propio Consejo General del Poder judicial,  sólo entre los meses de Enero y Marzo del presente año se han producido  la friolera de 10.961 desahucios. La mayoría de ellos, 7.862, corresponden a procesos vinculados a la ley de arrendamientos urbanos.

    Sin embargo, aquellos lectores que todavía mantengan fresca la memoria en relación con lo acaecido a principios de la pandemia  podrán recordar que el Gobierno de la "coalición más progresista de la historia" prometió, acompañado su oferta con mucho bombo y platillo, que protegería a la ciudadanía con una suerte de "escudo social" que libraría a los sectores económicamente  más débiles de la posibilidad de verse expulsados de sus viviendas en unas circunstancias tan dramáticas como las que hemos vivido.

     Comoquiera que el mastodóntico, pero también poderosísimo aparato judicial de este país, está afectado de una lentitud secular propia de los reptiles, durante la parálisis provocada por el toque de queda de mayo del 2020 las órdenes de desahucios no pudieron ser cursadas porque los tocados españoles, al igual que el resto de la ciudadanía, trató de preservar su salud  frente a los letales ataques del Covid19.  De manera que durante casi medio año apenas pudieron emitirse órdenes de "lanzamiento", permitiendo con ello la creación de un inexistente espejismo.

   Contrariamente, pues, a lo que muchos habíamos imaginado, la paralización de los desahucios no se debió a ninguna supuesta "coraza social protectora" gubernamental, con la que el gobierno pretendiera blindar la seguridad a los asalariados españoles, sino que fue la simple paralización del aparato judicial del Estado la que permitió un respiro a aquellos que habían perdido sus ingresos salariales.

    Una vez "subsanadas" las razones  que habían provocado el atasco de  la implacable  máquina de impartir "Justicia", esta se ha vuelto a poner despiadadamente en marcha.  Si bien es cierto que los  trámites judiciales se prolongan ad infinitum cuando se trata de procesar  a banqueros, inmobiliarios, multimillonarios o políticos, para los casos de los desahucios los jueces suelen actuar con una inusitada prontitud y agilidad.

    Ha sido ahora, un año después, cuando  la ciudadanía ha descubierto que los requisitos con los que los potenciales desahuciados deben justificar  sus impagos del alquiler doméstico resultan difícilmente cumplibles para aquellos cuya vida, y la de su familia, está pendiendo de un hilo.  En una buena parte de los casos, los "lanzamientos" están quedando al arbitrio  de la voluntad de los magistrados de turno que, como si de dioses  se tratara, siguen teniendo la misma potestad que antes para determinar si una familia candidata al desahucio deberá o no dar con sus huesos en la calle.

      ¿Y cuáles son los requisitos que determinan el "to be or not to be" de las unidades familiares pendientes de la  decisión magistral? De acuerdo con la normativa elaborada por el "gobierno más progresista de la historia", la renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta  de Efectos Múltiples mensual y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos, deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar. Tampoco la vulnerabilidad del afectado podrá prevalecer sobre la del propietario, que en el caso de justificarla  y ya se sabe las triquiñuelas que "fondos buitres" son capaces de realizar para lograrlo- haría que el proceso de desahucio continuara de forma inmediata.

   El Sindicato de Inquilinos de la capital del Estado señala como responsable  de los miles de desahucios que se están produciendo al Poder Judicial, porque el decreto  del Gobierno  “le deja   mano ancha a los jueces para que  estos puedan decidir si paralizan  o no  un desahucio”. Y es que, en efecto, son harto  conocidos los parámetros ideológicos ultraconservadores con los que funciona una buena parte de la  magistratura española. Pero también resulta insoslayable  preguntarse: ¿quién redactó el decreto  que permite  que sean los jueces los que libérrimamente decidan  sobre el destino de miles de familias? ¿Fue el Poder judicial o el Gobierno? Y si "el gobierno más progresista de la historia" era conocedor de los enormes resquicios que dejaba abiertos a la  arbitrariedad judicial, ¿cómo es posible que se  dejará colar  tamaña ligereza con los centenares de técnicos judiciales que trabajan a su servicio? ¿Fue  tan  sólo el resultado de una descuidada "ligereza" o a ella contribuyó también  la influencia y el peso omnipotente del consorcio inmobiliario que domina una buena parte de la  economía española? Y otra inevitable pregunta: ¿Por ventura se encontrarían ese día de excursión campestre los aguerridos coaligados de Podemos e IU?