LOS ENREVESADOS INTRÍNGULIS DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES
"El gobierno y los sindicatos han optado por realizar la Reforma por fascículos y en diferido".
Opina Duval, autor de este artículo, que el ministro Escrivá, que es muy imaginativo a la hora de tomar el pelo a los trabajadores . Posiblemente lo haga porque se sabe arropado por unas organizaciones sindicales paniaguadas. De ahí que se limite a cambiarle el nombre a los asuntos para poder cambiar los argumentos con los que los defiende…
POR DUVAL (*) PARA CANARIAS SEMANAL
Hace algún tiempo publicamos un artículo en el que explicábamos cómo nos iba a afectar a los trabajadores la proyectada reforma de las pensiones promovida por el Pacto de Toledo, que en aquel momento solo marcaba las líneas maestras de las reformas legales que debería implementar el gobierno.
El Gobierno de Coalición del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos no podía convertir en leyes de una sola vez toda la reforma de las pensiones que ellos mismos habían votado dentro del Pacto de Toledo. Tampoco podían permitírselo los sindicatos que se sientan con ellos en esa farsa a la que llaman «diálogo social», pues cualquier trabajador que hubiera leído toda la Reforma junta se hubiera dado cuenta de que ellos lo ponían todo y los empresarios se lo estaban llevando todo. Por eso han optado por realizar la Reforma por fascículos y en diferido.
Lo que han firmado el pasado 1 de julio el presidente Pedro Sánchez, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CEPYME ha sido la primera entrega efectiva de esta Reforma, que se prevé tendrá dos entregas más. Tras conocerse el texto finalmente firmado por Gobierno, sindicatos y empresarios nos reafirmamos en todos los puntos de la crítica que hicimos en base al acuerdo del Pacto de Toledo.
La revalorización de las pensiones
Este es el punto que esgrimen Gobierno y Sindicatos para defender que han derogado la reforma de las pensiones de Rajoy. La reforma del PP del año 2013 introdujo dos factores que afectaban a la subida de las pensiones. Por otro lado, ligaba las pensiones a la esperanza de vida, imponiendo que las pensiones bajarían automáticamente si la esperanza de vida subía. Este segundo aspecto es lo que se conoció como factor de sostenibilidad.
La consecución de estas dos medidas en cualquier ámbito del salario, ya sea en el directo que nos pagan cada mes, o en el diferido, que es el que nos ocupa cuando hablamos de pensiones, supondría un triunfo completo del capital. Si la subida de los precios no provocara ninguna subida directa o indirecta en los salarios o en las pensiones, toda la diferencia se la llevarían los empresarios. De igual forma, si las necesidades crecientes de los trabajadores se las apañaran entre ellos mismos, repartiendo en porciones más pequeñas lo poco que tuvieran, los empresarios se verían liberados de tener que ceder plusvalía, incluso aunque esta crezca año tras año gracias a las mejoras en la productividad. La reforma de 2013 conseguía estos objetivos con las pensiones, y con una oposición mínima para lo agresivo de la apuesta.
Pero el PP cometió un error en su ataque táctico contra los trabajadores. Posiblemente ello ocurrió porque cuando eran jóvenes en lugar de haber asistido al curso correspondiente, Se encontraban muy ocupados gestionando los asuntos de la dictadura a la que prestaban sus servicios. Si hubieran acudido a esos cursos, a estas alturas sabrían que no se puede mantener una medida en la que todos los trabajadores a la vez se ven atacados de manera abierta y evidente. Cuando los pensionistas se dieron cuenta de que los precios seguían subiendo cada año y su pensión se quedaba atrás, se organizaron espontáneamente. De esta forma el propio Rajoy tuvo que pactar en 2018 con otro partido de derechas para que las pensiones subieran según el IPC los dos años siguientes.
Por su parte, el factor de sostenibilidad que debía haber entrado en vigor en 2019 fue aplazado hasta 2023. Haciendo énfasis con astucia en haber eliminado este punto tan odiado, asumen el papel de falsos aliados de los trabajadores para volver a aplicar el resto de medidas con una apariencia más digerible. Pero la farsa consiste en hacer del punto irrenunciable el motivo para que ignoremos el resto de la reforma. Y es que, como explicamos en nuestro primer artículo, la subida de las pensiones asociada al alza de los precios no supone ningún quebranto para el capital si las pensiones ya son bajas en un principio, cosa que ocurre en España.
Por eso el objetivo del Pacto de Toledo ya no es desligar la subida de la pensión del alza de los precios, sino rebajar las pensiones el máximo posible por el resto de vías.
El alargamiento de la edad de jubilación
Ya habíamos explicado en el artículo dedicado al Pacto de Toledo que en estos momentos se está llevando a cabo un alargamiento de la edad de jubilación según la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero en 2011. Desde 2013, cada año que pasa se han añadido uno o dos meses a la edad de jubilación. Así pues, era difícil aumentar la edad legal de jubilación mientras ésta ya estaba siendo aumentada. La edad legal es la edad a la que podemos jubilarnos en las condiciones «normales» que la misma ley fija.
Por su parte, la edad efectiva es la edad media a la que la gente se termina jubilando cuando se tienen en cuenta las condiciones «no normales». Por ejemplo, la legislación contempla determinados casos en los que una persona se puede jubilar antes de la edad legal si cumple determinados requisitos y asume una rebaja en la pensión. Esas personas tendrían una edad efectiva de jubilación inferior a la edad legal. Pero como los sindicatos no querían que las tablas de penalización se vieran empeoradas en su totalidad -algo que hubiera sido difícil de vender-, lo que se ha hecho es centrarse en atacar los casos más frecuentes.
De esa forma, los trabajadores que entran en edad de jubilación anticipada se van a ver obligados a esperar dos meses más antes de solicitarla para evitar una penalización inasumible. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad legal, los cuales perderían una parte considerable de la pensión por adelantar la jubilación un par de meses. El mecanismo anterior se ha complementado con un ataque especialmente destinado a los trabajadores que han cotizado más durante su vida laboral. Dado que ellos se iban a encontrar con el tope de la pensión máxima por alta que fuese su base de cotización, tenían menos problemas para asumir la jubilación anticipada, pues la penalización que existía se aplicaba sobre la base de cotización, que engullía el recorte sin afectar a la pensión final.
Para evitar esto se ha introducido una excepción que hace que la penalización de estos trabajadores ataque directamente a la pensión. Esta nueva medida crea una división entre los trabajadores y un menor incentivo para que los asalariados con mayores ingresos apoyen las pensiones públicas, lo que les puede predisponer a los planes privados. También introduce la novedad de aplicar descuentos directamente sobre la pensión, algo que en el futuro puede ser explotado de forma más agresiva por gobiernos con menos miramientos aún que el actual. Se calcula que entre alargamiento de la edad legal de jubilación y medidas para retrasar la edad efectiva, la edad media de jubilación en España subirá en dos años en las próximas décadas.
Separación de pensiones contributivas y no contributivas
En total son 22.500 millones que se convertirán en objetivo de todos los ataques del capital y de los medios, y que crearán una nueva división entre los trabajadores en base al «origen» de la pensión que reciben.
Sostenibilidad, generaciones y el mal día del ministro
Habíamos visto unos párrafos más atrás que esta reforma presumía de haber derogado el factor de sostenibilidad de Rajoy. Cuanto mayor fuera la esperanza de vida en el momento de la jubilación, más reducida sería la pensión inicial de un nuevo jubilado. Puesto de esta manera, la previsible oposición de los pensionistas iba a contar con el apoyo de todos los trabajadores, ya que al no quedar expuesto un beneficiario del recorte era fácil darse cuenta de que el destinatario era otra clase social. En este capítulo de julio de la reforma de las pensiones han eliminado definitivamente el factor de sostenibilidad.
El ministro Escrivá, que es muy imaginativo para tomar el pelo a los trabajadores porque se sabe arropado por unas organizaciones sindicales paniaguadas, se limita a cambiarle el nombre para poder cambiar el argumento con que lo defiende. Ya no es un «factor» que reduce las pensiones en general, sino un «factor» que protege las pensiones de ser devoradas por unos trabajadores para dejarlas en herencia a otros. Por arte de diccionario, ahora el problema ya no es entre trabajadores y capitalistas, sino entre grupos de trabajadores. No, le acusaban de joder el buen rollo con el que querían vender este capítulo 1 de la reforma, del que los propios sindicatos y los medios afines no hacían más que exaltar cualquier detalle de apariencia progresista, incluso si solo era la eliminación de un recorte que va a ser reintroducido seis meses más tarde.
¿Derogación de la Reforma de Rajoy?
Gobierno y sindicatos afirman que han derogado la reforma de las pensiones de Rajoy. El impacto económico de la reforma de Rajoy en las pensiones que cobran los trabajadores lo evaluó la Comisión Europea en nada menos que un 5% del PIB español en el año 2050. Si no se hubiera acometido ninguna reforma, los pensionistas de nuestro país en el año 2050 hubieran recibido en conjunto un volumen de pensiones del 16,6% del PIB. Con la reforma de Rajoy esa cantidad hubiera quedado reducida al 11,6% y tras la intervención de Sánchez, el volumen total se ha vuelto a elevar al 14,1%.
Es decir, si lo medimos en euros de 2019, la reforma de Mariano Rajoy tenía planeado ir subiendo paulatinamente hasta llegar a transferir 62.238 millones de euros anuales en 2050 desde los pensionistas hasta los capitalistas. Si cada vez que una política reaccionaria consiga dar un mordisco a nuestro salario, nuestros dialogantes defensores se conforman con restituirnos solo la mitad de cada bocado que nos dieron, de aquí al 2050 habrán conseguido de sobra que ninguna pensión pública permita vivir, y que solo puedan ser consideradas asistenciales. Lo lógico sería que la clase trabajadora se preguntara cómo es posible que un recorte anual de más de treinta y un mil millones de euros solo en pensiones pueda presentarse como una acción progresista que celebrar. Más aún cuando sabemos que está ocurriendo lo mismo con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que supondrá el despido de cientos de miles de trabajadores en la Administración Pública, o con la inminente reforma laboral de la que aún no nos han dado detalles.
Ley tras ley y reforma tras reforma, las transferencias van desde la clase trabajadora al capital. Sin embargo, por obra y gracia del discurso, la disminución de los recursos disponibles para la clase trabajadora se transforma en un problema de supuesta competencia entre trabajadores.
(*) Crónica de clase. Se puede consultar la versión extensa del artículo en:
https://cronicadeclase.wordpress.com/2021/07/12/reforma-de-las-pensiones-episodio-1/
POR DUVAL (*) PARA CANARIAS SEMANAL
Hace algún tiempo publicamos un artículo en el que explicábamos cómo nos iba a afectar a los trabajadores la proyectada reforma de las pensiones promovida por el Pacto de Toledo, que en aquel momento solo marcaba las líneas maestras de las reformas legales que debería implementar el gobierno.
El Gobierno de Coalición del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos no podía convertir en leyes de una sola vez toda la reforma de las pensiones que ellos mismos habían votado dentro del Pacto de Toledo. Tampoco podían permitírselo los sindicatos que se sientan con ellos en esa farsa a la que llaman «diálogo social», pues cualquier trabajador que hubiera leído toda la Reforma junta se hubiera dado cuenta de que ellos lo ponían todo y los empresarios se lo estaban llevando todo. Por eso han optado por realizar la Reforma por fascículos y en diferido.
Lo que han firmado el pasado 1 de julio el presidente Pedro Sánchez, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CEPYME ha sido la primera entrega efectiva de esta Reforma, que se prevé tendrá dos entregas más. Tras conocerse el texto finalmente firmado por Gobierno, sindicatos y empresarios nos reafirmamos en todos los puntos de la crítica que hicimos en base al acuerdo del Pacto de Toledo.
La revalorización de las pensiones
Este es el punto que esgrimen Gobierno y Sindicatos para defender que han derogado la reforma de las pensiones de Rajoy. La reforma del PP del año 2013 introdujo dos factores que afectaban a la subida de las pensiones. Por otro lado, ligaba las pensiones a la esperanza de vida, imponiendo que las pensiones bajarían automáticamente si la esperanza de vida subía. Este segundo aspecto es lo que se conoció como factor de sostenibilidad.
La consecución de estas dos medidas en cualquier ámbito del salario, ya sea en el directo que nos pagan cada mes, o en el diferido, que es el que nos ocupa cuando hablamos de pensiones, supondría un triunfo completo del capital. Si la subida de los precios no provocara ninguna subida directa o indirecta en los salarios o en las pensiones, toda la diferencia se la llevarían los empresarios. De igual forma, si las necesidades crecientes de los trabajadores se las apañaran entre ellos mismos, repartiendo en porciones más pequeñas lo poco que tuvieran, los empresarios se verían liberados de tener que ceder plusvalía, incluso aunque esta crezca año tras año gracias a las mejoras en la productividad. La reforma de 2013 conseguía estos objetivos con las pensiones, y con una oposición mínima para lo agresivo de la apuesta.
Pero el PP cometió un error en su ataque táctico contra los trabajadores. Posiblemente ello ocurrió porque cuando eran jóvenes en lugar de haber asistido al curso correspondiente, Se encontraban muy ocupados gestionando los asuntos de la dictadura a la que prestaban sus servicios. Si hubieran acudido a esos cursos, a estas alturas sabrían que no se puede mantener una medida en la que todos los trabajadores a la vez se ven atacados de manera abierta y evidente. Cuando los pensionistas se dieron cuenta de que los precios seguían subiendo cada año y su pensión se quedaba atrás, se organizaron espontáneamente. De esta forma el propio Rajoy tuvo que pactar en 2018 con otro partido de derechas para que las pensiones subieran según el IPC los dos años siguientes.
Por su parte, el factor de sostenibilidad que debía haber entrado en vigor en 2019 fue aplazado hasta 2023. Haciendo énfasis con astucia en haber eliminado este punto tan odiado, asumen el papel de falsos aliados de los trabajadores para volver a aplicar el resto de medidas con una apariencia más digerible. Pero la farsa consiste en hacer del punto irrenunciable el motivo para que ignoremos el resto de la reforma. Y es que, como explicamos en nuestro primer artículo, la subida de las pensiones asociada al alza de los precios no supone ningún quebranto para el capital si las pensiones ya son bajas en un principio, cosa que ocurre en España.
Por eso el objetivo del Pacto de Toledo ya no es desligar la subida de la pensión del alza de los precios, sino rebajar las pensiones el máximo posible por el resto de vías.
El alargamiento de la edad de jubilación
Ya habíamos explicado en el artículo dedicado al Pacto de Toledo que en estos momentos se está llevando a cabo un alargamiento de la edad de jubilación según la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero en 2011. Desde 2013, cada año que pasa se han añadido uno o dos meses a la edad de jubilación. Así pues, era difícil aumentar la edad legal de jubilación mientras ésta ya estaba siendo aumentada. La edad legal es la edad a la que podemos jubilarnos en las condiciones «normales» que la misma ley fija.
Por su parte, la edad efectiva es la edad media a la que la gente se termina jubilando cuando se tienen en cuenta las condiciones «no normales». Por ejemplo, la legislación contempla determinados casos en los que una persona se puede jubilar antes de la edad legal si cumple determinados requisitos y asume una rebaja en la pensión. Esas personas tendrían una edad efectiva de jubilación inferior a la edad legal. Pero como los sindicatos no querían que las tablas de penalización se vieran empeoradas en su totalidad -algo que hubiera sido difícil de vender-, lo que se ha hecho es centrarse en atacar los casos más frecuentes.
De esa forma, los trabajadores que entran en edad de jubilación anticipada se van a ver obligados a esperar dos meses más antes de solicitarla para evitar una penalización inasumible. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores que están a punto de alcanzar la edad legal, los cuales perderían una parte considerable de la pensión por adelantar la jubilación un par de meses. El mecanismo anterior se ha complementado con un ataque especialmente destinado a los trabajadores que han cotizado más durante su vida laboral. Dado que ellos se iban a encontrar con el tope de la pensión máxima por alta que fuese su base de cotización, tenían menos problemas para asumir la jubilación anticipada, pues la penalización que existía se aplicaba sobre la base de cotización, que engullía el recorte sin afectar a la pensión final.
Para evitar esto se ha introducido una excepción que hace que la penalización de estos trabajadores ataque directamente a la pensión. Esta nueva medida crea una división entre los trabajadores y un menor incentivo para que los asalariados con mayores ingresos apoyen las pensiones públicas, lo que les puede predisponer a los planes privados. También introduce la novedad de aplicar descuentos directamente sobre la pensión, algo que en el futuro puede ser explotado de forma más agresiva por gobiernos con menos miramientos aún que el actual. Se calcula que entre alargamiento de la edad legal de jubilación y medidas para retrasar la edad efectiva, la edad media de jubilación en España subirá en dos años en las próximas décadas.
Separación de pensiones contributivas y no contributivas
En total son 22.500 millones que se convertirán en objetivo de todos los ataques del capital y de los medios, y que crearán una nueva división entre los trabajadores en base al «origen» de la pensión que reciben.
Sostenibilidad, generaciones y el mal día del ministro
Habíamos visto unos párrafos más atrás que esta reforma presumía de haber derogado el factor de sostenibilidad de Rajoy. Cuanto mayor fuera la esperanza de vida en el momento de la jubilación, más reducida sería la pensión inicial de un nuevo jubilado. Puesto de esta manera, la previsible oposición de los pensionistas iba a contar con el apoyo de todos los trabajadores, ya que al no quedar expuesto un beneficiario del recorte era fácil darse cuenta de que el destinatario era otra clase social. En este capítulo de julio de la reforma de las pensiones han eliminado definitivamente el factor de sostenibilidad.
El ministro Escrivá, que es muy imaginativo para tomar el pelo a los trabajadores porque se sabe arropado por unas organizaciones sindicales paniaguadas, se limita a cambiarle el nombre para poder cambiar el argumento con que lo defiende. Ya no es un «factor» que reduce las pensiones en general, sino un «factor» que protege las pensiones de ser devoradas por unos trabajadores para dejarlas en herencia a otros. Por arte de diccionario, ahora el problema ya no es entre trabajadores y capitalistas, sino entre grupos de trabajadores. No, le acusaban de joder el buen rollo con el que querían vender este capítulo 1 de la reforma, del que los propios sindicatos y los medios afines no hacían más que exaltar cualquier detalle de apariencia progresista, incluso si solo era la eliminación de un recorte que va a ser reintroducido seis meses más tarde.
¿Derogación de la Reforma de Rajoy?
Gobierno y sindicatos afirman que han derogado la reforma de las pensiones de Rajoy. El impacto económico de la reforma de Rajoy en las pensiones que cobran los trabajadores lo evaluó la Comisión Europea en nada menos que un 5% del PIB español en el año 2050. Si no se hubiera acometido ninguna reforma, los pensionistas de nuestro país en el año 2050 hubieran recibido en conjunto un volumen de pensiones del 16,6% del PIB. Con la reforma de Rajoy esa cantidad hubiera quedado reducida al 11,6% y tras la intervención de Sánchez, el volumen total se ha vuelto a elevar al 14,1%.
Es decir, si lo medimos en euros de 2019, la reforma de Mariano Rajoy tenía planeado ir subiendo paulatinamente hasta llegar a transferir 62.238 millones de euros anuales en 2050 desde los pensionistas hasta los capitalistas. Si cada vez que una política reaccionaria consiga dar un mordisco a nuestro salario, nuestros dialogantes defensores se conforman con restituirnos solo la mitad de cada bocado que nos dieron, de aquí al 2050 habrán conseguido de sobra que ninguna pensión pública permita vivir, y que solo puedan ser consideradas asistenciales. Lo lógico sería que la clase trabajadora se preguntara cómo es posible que un recorte anual de más de treinta y un mil millones de euros solo en pensiones pueda presentarse como una acción progresista que celebrar. Más aún cuando sabemos que está ocurriendo lo mismo con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que supondrá el despido de cientos de miles de trabajadores en la Administración Pública, o con la inminente reforma laboral de la que aún no nos han dado detalles.
Ley tras ley y reforma tras reforma, las transferencias van desde la clase trabajadora al capital. Sin embargo, por obra y gracia del discurso, la disminución de los recursos disponibles para la clase trabajadora se transforma en un problema de supuesta competencia entre trabajadores.
(*) Crónica de clase. Se puede consultar la versión extensa del artículo en:
https://cronicadeclase.wordpress.com/2021/07/12/reforma-de-las-pensiones-episodio-1/
Maribel Santana | Martes, 20 de Julio de 2021 a las 00:49:47 horas
Si pero ahora tenemos un concepto nuevo que se está discutiendo. Matria por Patria. Eso es de un soporte de peso para las necesidades de los trabajadores super importante. Que mas queremos???
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