¡TODOS EN POSICIÓN DE FIRMES!
" El gobierno más progresista" de la historia" prepara una legislación que permitirá la "movilización" de toda la ciudadanía, así como la requisa de sus bienes
El Ejecutivo está preparando una modificación de la "Ley de Seguridad Nacional" por la cual toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las "autoridades competentes" . Según el digital "la otra Andalucía" la derecha y la ultraderecha se frotan las manos de regocijo.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
Según denuncia Francisco Vílchez en el digital "La otra Andalucía", el carácter neofranquista del Estado español se pone cada día más de relieve .
En su opinión, la pandemia ha servido para acelerar una tendencia que no es nueva, pero que ha terminado extendiéndose a las fuerzas políticas que configuran el aparato del Estado. Como muestra de ello, Vílchez destaca en su información una modificación legislativa que discretamente se está "trajinando" la coalición PSOE-UP.
El Ejecutivo está preparando una modificación de la "Ley de Seguridad Nacional" por la cual toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las "autoridades competentes" cuando "un estado de crisis" sea declarado en el Estado español. Si se produjera ese supuesto, -según reseña el periódico El País - todos los ciudadanos, sin excepción, estarían obligados a las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades "competentes".
En opinión del redactor del digital "La otra Andalucía", estas modificaciones legales están provocando que la ultraderecha española se frote las manos con auténtica fruición. Y puede entenderse. Al fin y al cabo, nuevamente, la "progresia" se está encargando de hacerles el trabajo sucio para cuando estén en condiciones de acceder al Ejecutivo.
"Una disposición legislativa de este calibre, -subraya Francisco Vílchez en su artículo- en manos de un hipotético gobierno español formado por PP y Vox, sería un instrumento ideal para aplicar su agenda. Como otras muchas, estas leyes estatales que impulsa y aprueba la izquierda del Régimen español serán rentabilizadas y aprovechadas al máximo por la derecha del Régimen. Por ejemplo, al corresponder la declaración de una situación como “de interés para la Seguridad Nacional” (estado de crisis) mediante real decreto, en exclusiva al presidente del Gobierno español y no al Congreso, aunque las Cortes tengan que ser informadas de las medidas adoptadas. Incluso, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo".
Si se diera el supuesto de que el Estado español fuera declarado en estado de crisis (una “situación de interés para la Seguridad Nacional” según la redacción de la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa o intervención temporal de todo tipo de bienes o a la suspensión de actividades.
Según el redactor de "La otra Andalucía", la ideología afín al sistema que denotan los ponentes del proyecto queda explícitamente clara cuando la propuesta recoge, igualmente, que quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. Pero, en cambio, aquellos que sean obligados a realizar una prestación personal, quedan expresamente excluidos. La atención, concluye Vilchez, con la que los legisladores españoles pretenden preservar los intereses de las clases privilegiadas quedan con esta reforma, claramente explicitados.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
Según denuncia Francisco Vílchez en el digital "La otra Andalucía", el carácter neofranquista del Estado español se pone cada día más de relieve .
En su opinión, la pandemia ha servido para acelerar una tendencia que no es nueva, pero que ha terminado extendiéndose a las fuerzas políticas que configuran el aparato del Estado. Como muestra de ello, Vílchez destaca en su información una modificación legislativa que discretamente se está "trajinando" la coalición PSOE-UP.
El Ejecutivo está preparando una modificación de la "Ley de Seguridad Nacional" por la cual toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las "autoridades competentes" cuando "un estado de crisis" sea declarado en el Estado español. Si se produjera ese supuesto, -según reseña el periódico El País - todos los ciudadanos, sin excepción, estarían obligados a las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades "competentes".
En opinión del redactor del digital "La otra Andalucía", estas modificaciones legales están provocando que la ultraderecha española se frote las manos con auténtica fruición. Y puede entenderse. Al fin y al cabo, nuevamente, la "progresia" se está encargando de hacerles el trabajo sucio para cuando estén en condiciones de acceder al Ejecutivo.
"Una disposición legislativa de este calibre, -subraya Francisco Vílchez en su artículo- en manos de un hipotético gobierno español formado por PP y Vox, sería un instrumento ideal para aplicar su agenda. Como otras muchas, estas leyes estatales que impulsa y aprueba la izquierda del Régimen español serán rentabilizadas y aprovechadas al máximo por la derecha del Régimen. Por ejemplo, al corresponder la declaración de una situación como “de interés para la Seguridad Nacional” (estado de crisis) mediante real decreto, en exclusiva al presidente del Gobierno español y no al Congreso, aunque las Cortes tengan que ser informadas de las medidas adoptadas. Incluso, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo".
Si se diera el supuesto de que el Estado español fuera declarado en estado de crisis (una “situación de interés para la Seguridad Nacional” según la redacción de la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa o intervención temporal de todo tipo de bienes o a la suspensión de actividades.
Según el redactor de "La otra Andalucía", la ideología afín al sistema que denotan los ponentes del proyecto queda explícitamente clara cuando la propuesta recoge, igualmente, que quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. Pero, en cambio, aquellos que sean obligados a realizar una prestación personal, quedan expresamente excluidos. La atención, concluye Vilchez, con la que los legisladores españoles pretenden preservar los intereses de las clases privilegiadas quedan con esta reforma, claramente explicitados.
jose antonio | Lunes, 05 de Julio de 2021 a las 13:03:25 horas
yo cada dia que pasa. veo que escribir dentro de lo sensato, con principios conciencia de clase. en las redes capitalistas, derivado del imperio anglo americano. hacen lo imposible. para que cualquiera de nosotros. nuestros comentarios sean vetados. como el facebook o twiter. si escribes asi. te restringen, algunos ya de por vida.¿ me equivoco? solo un deseo. para los que escribimos en canarias semanal. mucha salud, bienestar social.
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