EN BOLIVIA HUBO OTRO INTENTO DE GOLPE CONTRA EL PRESIDENTE ARCE

POR EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Los materiales filtrados que prueban la intentona frustrada para derrocar al presidente Arce los obtuvo el medio estadounidense The Intercept, del que Ryan Grim, co-autor del artículo, es director ejecutivo.

   El objetivo del plan golpista era impedir que el candidato del MAS, Luis Arce, alcanzara la presidencia. En una de las conversaciones telefónicas filtradas, una persona identificada como ministro de Defensa de Bolivia dijo que “estoy trabajando para evitar la aniquilación de mi país”. Y añadió que las fuerzas armadas y el pueblo necesitaban “levantarse y bloquear la administración Arce (…) Las próximas 72 horas son cruciales”.

   Los desacuerdos entre ministros y las divisiones dentro de las fuerzas armadas, ante la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parece que fueron los factores que frustraron el plan. Sus muñidores han huido de Bolivia o han sido arrestados bajo cargos de corrupción y por su presunta participación en el golpe de Estado de 2019 que impuso el gobierno de facto de la evangelista Jeanine Áñez.

   La derecha boliviana no estaba dispuesta a renunciar al poder. La conversación con el ministro de Defensa de Áñez indica que había otros altos cargos implicados en el complot. De hecho, varios de ellos hablaron de traer a Bolivia cientos de mercenarios de la base militar situada en las afueras de Miami (Florida). Estos se unirían a unidades militares de elite bolivianas, escuadrones de policía desertores y bandas de civiles, en un intento desesperado por impedir que el mayor movimiento político del país retornase al poder.

   Las llamadas telefónicas, junto con los correos electrónicos filtrados que mencionan un despliegue masivo de armamento coincidiendo con las elecciones, revelan que el año pasado en Bolivia pudo haber habido un auténtico derramamiento de sangre.

   La grabación más larga es una de 15 minutos con una persona que The Intercept ha identificado como Luis Fernando López, ex-paracaidista y hombre de negocios que fue nombrado ministro de Defensa por Áñez en noviembre de 2019.

   El otro interlocutor es Joe Pereira, ex-administrador civil en el ejército de Estados Unidos radicado en Bolivia en aquel momento. Pereira, que previamente había presumido de sus contactos con las fuerzas especiales estadounidenses y estuvo preso en Bolivia en espera de juicio por fraude, ha podido ser identificado por las referencias a una empresa de la que fue director, por los correos filtrados que lo describen como organizador de una misión con mercenarios en Bolivia, así como por testigos que han identificado su voz.

   Las referencias a la victoria electoral de Arce indican que la llamada tuvo lugar después del 18 de octubre. En la conversación se oye a López decir que “el armamento y otros equipos militares son obviamente muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo”. Y continúa:

   “La alta comandancia militar ya está en conversaciones preliminares. La lucha, la consigna, es que ellos [el MAS] quieren remplazar las fuerzas armadas de Bolivia y la policía con milicias, cubanos y venezolanos. Esta es la cuestión clave. Ellos [la policía y las fuerzas armadas] van a permitir que Bolivia se levante de nuevo e impida una administración Arce. Esa es la realidad (…) Quiero resaltar lo siguiente. El comandante de las fuerzas armadas está trabajando en todo esto”.

   Ese comandante general, nombrado por Áñez, era Sergio Orellana, que parece que huyó a Colombia en noviembre.

   Un día antes de que Arce jurara su cargo, el ex-presidente Evo Morales -que entonces se hallaba aún en el exilio de Buenos Aires- aseguró que Orellana había intentado persuadir a altos oficiales para establecer una “junta militar”, con el argumento de que Arce planeaba sustituir a las fuerzas armadas por milicias. Morales dijo que un general pro-MAS había destituido a Orellana y que, aunque se habían dado órdenes de movilizar tropas de elite, estas fueron rápidamente canceladas. En aquel momento, los medios internacionales no hicieron ningún caso de la certera denuncia de Morales.

   En sus conversaciones, Pereira dice también que necesitaría hablar con Arturo Murillo, entonces ministro del Interior nombrado por Áñez, “para que no cometa el error de tener miedo”.

   En las semanas previas a las elecciones de 2020, Murillo dio repetidos avisos en público y en privado de que el MAS preparaba una insurrección armada si perdía en los comicios.

   En octubre, Murillo viajó a Washington D.C., donde se reunió con diplomáticos estadounidenses, la OEA y la Casa Blanca. Allí, según él, discutió asuntos de “seguridad nacional” y de “amenazas” a las elecciones. En aquel momento, Murillo declaró a la prensa que “Estados Unidos puede ayudar en muchas cosas” y más tarde confirmó que Bolivia estaba comprando armas para “defender la democracia a cualquier precio”. En mayo de 2020 se jactó de haberse reunido con la CIA, asegurando que Mauricio Claver-Carone, nombrado por Trump para asuntos de América Latina, “nos ha abierto muchas puertas”.

   Pereira, por su parte, llegó a Bolivia hace aproximadamente una década. Miembros de la Iglesia Baptista de Santa Cruz, punto caliente de la oposición a Morales, dijeron que creían que Pereira era un antiguo soldado y pastor que trabajaba en la industria petrolera. Su página en Facebook le identifica como “Presidente Oil & Gas at China National Group” desde marzo de 2017.

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   Con su cuartel general en Santa Curz, la página de Facebook -ahora inactiva- de la empresa de Pereira dice que ocupa la “plataforma” dejada por la anterior compañía que trabajaba con inversores chinos. Entre los 535 amigos de Pereira en Facebook hay docenas de miembros del personal militar estadounidense en activo y retirados así como contratistas de seguridad privada. Actualmente, Pereira se halla en paradero desconocido.

   Otro par de conversaciones grabadas indican que los desacuerdos entre el ministro de Defensa López y Murillo -como ministro de Interior tenía el control de la policía- pudieron ser el motivo de que el plan golpista se viniese abajo. Estas conversaciones tuvieron lugar poco antes de que López huyera del país el 5 de noviembre. No es sólo que López estaba implicado, sino que también le habían ofrecido la posibilidad de ser elegido presidente en lugar de Arce.

   Murillo y López huyeron juntos a Brasil el 5 de noviembre con la ayuda de un avión de las fuerzas armadas bolivianas, poco antes de que se les imputara por cargos de corrupción. Se sospecha que han recibido sobornos de una empresa privada de seguridad, con base en Florida, Bravo Tactical Solutions, tras cerrar un trato para suministrar granadas lacrimógenas a las fuerzas de seguridad bolivianas a precios bastante inflados.

   Murillo, sin embargo, no halló refugio fuera del país. El 26 de mayo de este año, el FBI anunció su arresto bajo cargos de conspiración para el lavado de dinero vinculado al caso de las granadas lacrimógenas. El mismo día, el ministro de Interior del gobierno de Arce declaró que pediría a Brasil la extradición de López por el mismo asunto.

   Orellana, que huyó a Colombia en noviembre, tiene orden de arresto por su papel en el derrocamiento de Evo Morales y la subsiguiente matanza de manifestantes. En marzo la misma Áñez fue detenida y encarcelada por su implicación en el golpe de Estado de 2019, aunque ella insiste en que su presidencia fue constitucional.

   En cuanto al papel del gobierno estadounidense en el fallido plan golpista, no parece estar claro que lo hubiese apoyado de haberse llegado a producir.

   Se puede consultar el informe completo en:

   https://theintercept.com/2021/06/17/bolivia-coup-plot-mercenaries/