EE.UU. ENCARCELA A EMPRESARIOS POR INCUMPLIR SANCIONES ILEGALES
Washington se ha erigido en Policía económico en un mundo que se supone de libre-mercado
Extractamos el artículo del escritor afincado en Chicago, Stansfield Smith, publicado recientemente en el medio The Grayzone. En él se explica cómo EE.UU utiliza las sanciones económicas como arma de guerra contra los Estados que eligen una vía de desarrollo independiente de la dominación estadounidense. Se trata de unas medidas que, según la ONU, violan las leyes internacionales, como lo hace la detención y encarcelamiento de empresarios como Alex Saab, Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela.
![[Img #67013]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2021/2128_alex-saab.png)
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Washington emplea las sanciones económicas como instrumento para desestabilizar gobiernos que se niegan a arrastrarse. Las sanciones son un arma de guerra contra los civiles. Richard Nixon lo dejó claro cuando, con la elección del socialista Salvador Allende en el Chile de 1970, el presidente estadounidense le ordenó a la CIA “hacer que la economía chille” para “evitar que Allende alcance el poder o para derrocarlo”.
Las sanciones pueden destruir la economía de un país al provocarle hiperinflación y desempleo mientras se le impide la importación de bienes como comida, medicinas, y equipos para mantener en pie su industria y su infraestructura.
Según las Naciones Unidas, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan las leyes internacionales. La Carta de la ONU –de la que Estados Unidos jugó un papel fundamental en su redacción– claramente manifiesta que sólo pueden ser consideradas legales aquellas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.
Aunque las sanciones impuestas por un país a otro son ilegales, el gobierno de los Estados Unidos sigue saltándose las resoluciones de la ONU y su Consejo de Seguridad al imponer sanciones unilaterales a una variedad de países, de forma más severa contra Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Sudán y Venezuela.
La influencia global que ejerce Estados Unidos le posibilita bloquear transferencias monetarias incluso para la transacción más pequeña posible, y confiscar miles de millones de dólares propiedad de gobiernos e individuos. Al controlar el sistema financiero internacional, Washington puede exigir que los bancos de otros países acepten las restricciones estadounidenses, o de lo contrario enfrentar sanciones ellos mismos.
Las sanciones provocaron 40.000 muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, así como a 4.000 coreanos en 2018, en su mayoría niños y mujeres embarazadas. En los 90, las sanciones contra Irak costaron la vida a 880.000 niños menores de 5 años por enfermedades y desnutrición.
Washington, con todo descaro, incluso amenazó con sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional, lo que finalmente llevó a cabo incluyendo a los empleados de esta institución.
En 2020 y 2021, el gobierno de los Estados Unidos llevó sus medidas coercitivas unilaterales a un nivel aún más amenazante al acusar e intentar extraditar a empresarios extranjeros que han cumplido con la legislación internacional, en vez de los dictámenes económicos de Washington.
Alex Saab, ciudadano venezolano; Mun Chol Myong, empresario norcoreano; y Meng Wanzhou, del gigante tecnológico chino Huawei, fueron acusados de violar las sanciones ilegales de Washington, a pesar de que ninguno es ciudadano estadounidense y viven y hacen negocios fuera de los Estados Unidos. Los tres están siendo perseguidos políticamente por actuar de acuerdo a los intereses de sus propios países, y no de los de Estados Unidos.
El caso del Enviado Especial venezolano Alex Saab
La administración Obama justificó sanciones unilaterales contra Venezuela en 2015 con las acusaciones sin base de que Venezuela es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de los Estados Unidos. Como señaló la agencia Reuters en ese momento, “declarar a cualquier país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar el programa de sanciones de los Estados Unidos”.
Alex Saab, empresario venezolano nacido en Colombia, fue designado Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela. Su trabajo consistía en ayudar al gobierno a comprar comida para su programa social CLAP, que provee de cajas de comida y bienes sanitarios a aproximadamente 80 por ciento de la población, ayudándoles a mantenerse con vida bajo el ataque económico estadounidense.
Por el cargo que ocupaba, Saab debería tener inmunidad diplomática bajo la legislación internacional. Pero Washington ha ignorado todos los protocolos internacionales al convertirlo en objetivo.
Saab se hallaba de camino a Irán para adquirir alimentos básicos, medicamentos y equipos médicos que necesitaba el pueblo de Venezuela, cuando el 12 de junio de 2020 fue detenido –en efecto, secuestrado– durante una escala en Cabo Verde, debido a la solicitud de extradición de Washington.
Desde entonces, Saab ha permanecido detenido en Cabo Verde, primero en prisión y luego bajo arresto domiciliario. Asegura que su “detención ilegal es políticamente motivada en su totalidad”.
Estados Unidos acusó a Saab de “lavado de dinero”. Sin embargo, en su caso y en el de los otros dos extranjeros en el punto de mira de Washington, lavado de dinero significa nada más que realizar transacciones comerciales internacionales, que por lo general pasan por el sistema financiero SWIFT, controlado por Estados Unidos, donde todas las transacciones se realizan en dólares.
Debido a su control sobre el sistema financiero internacional, Estados Unidos puede imponerle sanciones al comercio que lleve a cabo cualquier país con naciones que Washington sanciona o bloquea, como Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua o Rusia. “Lavado de dinero” es la acusación que emplea la Casa Blanca para reforzar sus medidas coercitivas unilaterales al resto del mundo.
En una entrevista en abril de este año, Saab le explicó a un medio colombiano:
“He trabajado desde 2015 para asegurar el suministro de alimentos básicos, medicinas y otros elementos para el programa de bienestar social del gobierno venezolano (CLAP). Desde abril de 2018 he estado trabajando como funcionario del estado, como enviado especial y no como empresario privado (…) Durante siete mes, desde el primer día de mi secuestro, fui torturado y presionado para que firmara declaraciones de extradición voluntaria y dar falso testimonio contra mi gobierno”, a lo que Saab se negó.
En la cárcel, Saab dice que se le mantuvo a oscuras 23 horas al día, “durmiendo sobre el piso de cemento”. Esto le provocó perder parcialmente la vista. No podía hablar con nadie dentro de la prisión y perdió 25 kilos.
Suiza investigó las acusaciones de lavado de dinero contra Saab a través de bancos suizos. Pero, tras una investigación de dos años, el 25 de marzo de este año sus tribunales determinaron que no había evidencia de que Saab hubiese cometido alguna irregularidad.
Poco después del alegato suizo, el 31 de marzo, el Departamento de Tesoro retiró las sanciones que el presidente Trump había impuesto a un grupo de compañías presuntamente vinculadas a Alex Saab.
Aunque las autoridades de Cabo Verde aprobaron la extradición de Saab a los Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró ilegal su detención, estipulando que no podía ser extraditado.
La Asociación de Abogados de África también descartó que el enviado diplomático venezolano pudiese ser encarcelado. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos, dando continuidad a la política de la administración Trump, bajo el presidente Biden le ha exigido a Cabo Verde mantener a Saab bajo arresto domiciliario, a la espera de la extradición.
Puede consultarse el artículo completo en:
https://thegrayzone.com/2021/05/01/washington-encarcelar-empresarios-sanciones/
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Washington emplea las sanciones económicas como instrumento para desestabilizar gobiernos que se niegan a arrastrarse. Las sanciones son un arma de guerra contra los civiles. Richard Nixon lo dejó claro cuando, con la elección del socialista Salvador Allende en el Chile de 1970, el presidente estadounidense le ordenó a la CIA “hacer que la economía chille” para “evitar que Allende alcance el poder o para derrocarlo”.
Las sanciones pueden destruir la economía de un país al provocarle hiperinflación y desempleo mientras se le impide la importación de bienes como comida, medicinas, y equipos para mantener en pie su industria y su infraestructura.
Según las Naciones Unidas, las sanciones estadounidenses son medidas coercitivas unilaterales que violan las leyes internacionales. La Carta de la ONU –de la que Estados Unidos jugó un papel fundamental en su redacción– claramente manifiesta que sólo pueden ser consideradas legales aquellas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.
Aunque las sanciones impuestas por un país a otro son ilegales, el gobierno de los Estados Unidos sigue saltándose las resoluciones de la ONU y su Consejo de Seguridad al imponer sanciones unilaterales a una variedad de países, de forma más severa contra Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Sudán y Venezuela.
La influencia global que ejerce Estados Unidos le posibilita bloquear transferencias monetarias incluso para la transacción más pequeña posible, y confiscar miles de millones de dólares propiedad de gobiernos e individuos. Al controlar el sistema financiero internacional, Washington puede exigir que los bancos de otros países acepten las restricciones estadounidenses, o de lo contrario enfrentar sanciones ellos mismos.
Las sanciones provocaron 40.000 muertes en Venezuela entre 2017 y 2018, así como a 4.000 coreanos en 2018, en su mayoría niños y mujeres embarazadas. En los 90, las sanciones contra Irak costaron la vida a 880.000 niños menores de 5 años por enfermedades y desnutrición.
Washington, con todo descaro, incluso amenazó con sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional, lo que finalmente llevó a cabo incluyendo a los empleados de esta institución.
En 2020 y 2021, el gobierno de los Estados Unidos llevó sus medidas coercitivas unilaterales a un nivel aún más amenazante al acusar e intentar extraditar a empresarios extranjeros que han cumplido con la legislación internacional, en vez de los dictámenes económicos de Washington.
Alex Saab, ciudadano venezolano; Mun Chol Myong, empresario norcoreano; y Meng Wanzhou, del gigante tecnológico chino Huawei, fueron acusados de violar las sanciones ilegales de Washington, a pesar de que ninguno es ciudadano estadounidense y viven y hacen negocios fuera de los Estados Unidos. Los tres están siendo perseguidos políticamente por actuar de acuerdo a los intereses de sus propios países, y no de los de Estados Unidos.
El caso del Enviado Especial venezolano Alex Saab
La administración Obama justificó sanciones unilaterales contra Venezuela en 2015 con las acusaciones sin base de que Venezuela es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de los Estados Unidos. Como señaló la agencia Reuters en ese momento, “declarar a cualquier país como amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar el programa de sanciones de los Estados Unidos”.
Alex Saab, empresario venezolano nacido en Colombia, fue designado Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela. Su trabajo consistía en ayudar al gobierno a comprar comida para su programa social CLAP, que provee de cajas de comida y bienes sanitarios a aproximadamente 80 por ciento de la población, ayudándoles a mantenerse con vida bajo el ataque económico estadounidense.
Por el cargo que ocupaba, Saab debería tener inmunidad diplomática bajo la legislación internacional. Pero Washington ha ignorado todos los protocolos internacionales al convertirlo en objetivo.
Saab se hallaba de camino a Irán para adquirir alimentos básicos, medicamentos y equipos médicos que necesitaba el pueblo de Venezuela, cuando el 12 de junio de 2020 fue detenido –en efecto, secuestrado– durante una escala en Cabo Verde, debido a la solicitud de extradición de Washington.
Desde entonces, Saab ha permanecido detenido en Cabo Verde, primero en prisión y luego bajo arresto domiciliario. Asegura que su “detención ilegal es políticamente motivada en su totalidad”.
Estados Unidos acusó a Saab de “lavado de dinero”. Sin embargo, en su caso y en el de los otros dos extranjeros en el punto de mira de Washington, lavado de dinero significa nada más que realizar transacciones comerciales internacionales, que por lo general pasan por el sistema financiero SWIFT, controlado por Estados Unidos, donde todas las transacciones se realizan en dólares.
Debido a su control sobre el sistema financiero internacional, Estados Unidos puede imponerle sanciones al comercio que lleve a cabo cualquier país con naciones que Washington sanciona o bloquea, como Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua o Rusia. “Lavado de dinero” es la acusación que emplea la Casa Blanca para reforzar sus medidas coercitivas unilaterales al resto del mundo.
En una entrevista en abril de este año, Saab le explicó a un medio colombiano:
“He trabajado desde 2015 para asegurar el suministro de alimentos básicos, medicinas y otros elementos para el programa de bienestar social del gobierno venezolano (CLAP). Desde abril de 2018 he estado trabajando como funcionario del estado, como enviado especial y no como empresario privado (…) Durante siete mes, desde el primer día de mi secuestro, fui torturado y presionado para que firmara declaraciones de extradición voluntaria y dar falso testimonio contra mi gobierno”, a lo que Saab se negó.
En la cárcel, Saab dice que se le mantuvo a oscuras 23 horas al día, “durmiendo sobre el piso de cemento”. Esto le provocó perder parcialmente la vista. No podía hablar con nadie dentro de la prisión y perdió 25 kilos.
Suiza investigó las acusaciones de lavado de dinero contra Saab a través de bancos suizos. Pero, tras una investigación de dos años, el 25 de marzo de este año sus tribunales determinaron que no había evidencia de que Saab hubiese cometido alguna irregularidad.
Poco después del alegato suizo, el 31 de marzo, el Departamento de Tesoro retiró las sanciones que el presidente Trump había impuesto a un grupo de compañías presuntamente vinculadas a Alex Saab.
Aunque las autoridades de Cabo Verde aprobaron la extradición de Saab a los Estados Unidos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) declaró ilegal su detención, estipulando que no podía ser extraditado.
La Asociación de Abogados de África también descartó que el enviado diplomático venezolano pudiese ser encarcelado. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos, dando continuidad a la política de la administración Trump, bajo el presidente Biden le ha exigido a Cabo Verde mantener a Saab bajo arresto domiciliario, a la espera de la extradición.
Puede consultarse el artículo completo en:
https://thegrayzone.com/2021/05/01/washington-encarcelar-empresarios-sanciones/
Maribel Santana | Miércoles, 05 de Mayo de 2021 a las 23:45:05 horas
O sea que el policía bueno, Biden, tambien prosiguió con la represión a estas personas. Y la izquierda vomitivo aplaudiéndole a éste último porque era mas democrático que el chulito Trump.
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