MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ: ¿UN HOMBRE INCARCELABLE?

Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La pasada semana, la prensa deportiva española se hacía eco de la enésima noticia sobre el proceso que desde hace siete años tiene abierto el empresario grancanario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda pública y la Seguridad Social.  

   En este caso, los medios deportivos recogían que  la Fiscalía, que reclama para Ramírez una condena de 21 años y medio de cárcel más una multa de 105 millones de euros por presuntamente defraudar cerca de 37 millones a través de Seguridad Integral Canaria entre 2012 y 2017, se ha posicionado en contra de la posibilidad de que deposite como aval sus acciones de la Unión Deportiva, para hacer frente a la fianza de 50 millones de euros que pesa sobre él.

    La Fiscalía advierte que Ramírez “pretende aportar como garantía para cubrir su fianza 15.898 acciones que representarían el 63 % del capital social de la UD Las Palmas y que son propiedad de una tercera empresa de la que, a su vez, él es accionista único, Sport Trade Capital”. El Ministerio Público, además, pone en duda  el valor de “más de cuatro millones de euros” que el propio Ramírez y su defensa otorgan a esas acciones y alerta de distintos e importantes riesgos de la operación, como la “volatilidad” en el valor de un equipo de fútbol.

   Por su parte, el sindicato USO, que figura como acusación particular, entiende que “esas 15.898 acciones de la UD Las Palmas tienen un valor nominal de 94 euros, por lo que su valor de mercado alcanzaría los 1,49 millones de euros”.

LOS AFFAIRES DE VICTORIA ROSELL Y SALVADOR ALBA CON RAMÍREZ DE BENEFICIARIO

  Se trata de la enésima vuelta de tuerca en un proceso que parece destinado a eternizarse  y que se ha prolongado hasta el punto de justificar que la propia opinión pública de las islas lo considere un presunto caso de impunidad.

  Los delitos por los que se juzga a Ramírez fueron denunciados inicialmente por sindicatos como USO o Intersindical Canarias hace casi una década.  Finalmente, el proceso contra el empresario se inició hace siete años, concretamente el 28 de enero de 2014, y aunque la  instrucción no debería haber durado más de dos años, se ha prolongado ya el triple de ese tiempo.

  A finales del  2015, la fiscal de delitos económicos Evangelina Ríos iniciaba una investigación, para tratar de determinar sin la jueza María Victoria Rosell, quien instruía el caso de Miguel Ángel Ramírez, evitó actuar contra él, otorgándole un presunto «trato de favor», al tiempo que el empresario y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa,  pactaban una operación de compra-venta de una emisora de radio, en el más absoluto secreto, por la que éste último se embolsaría la friolera de 300.000 euros. Como siempre sucede en casos similares, nada pudo demostrarse. Sin embargo, por aquellas fechas el sindicato USO denunciaba que  Rosell "mantuvo casi dos años en el cajón de su despacho un penddrive, con información esencial sobre el caso de Ramírez".

   El proceso se volvería aún más esperpéntico con el nombramiento del sustituto de Victoria Rosell en el Juzgado de Las Palmas, Salvador Alba, quien llegó a reunirse secretamente con el empresario. En una grabación que fue realizada por  el propio Ramírez, el magistrado proponía al imputado que perjudicase a Rosell –con quien estaba enfrentado políticamente - en su declaración judicial, con la presunta contraprestación del archivo de la causa para el empresario.  Como es conocido, Alba sería condenado  a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra Victoria Rosell.

   En cualquier caso, el  principal beneficiario de estos enfrentamientos con un trasfondo político podría considerarse el propio empresario imputado, que ha tenido la posibilidad de seguir haciendo negocios, incluidos sus contratos con las administraciones públicas, mientras la instrucción de su caso se continuaba “estirando” hasta el infinito.

  Y es que, hasta  la fecha, las estupendas relaciones del polémico empresario con políticos de todos los signos del arco parlamentario no parecen haberse visto afectadas por unas presuntas prácticas ilícitas e inmorales  que son de conocimiento público.

   En octubre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria Arcadio Díaz Tejera, el décimo que ha pasado por ese órgano judicial en estos seis años ordenaba por fin la apertura de juicio oral contra Ramírez.

   Entonces, algunos medios de comunicación llegaron a afirmar que "Miguel Ángel Ramírez podría encontrarse a un paso de ingresar en prisión".

  Otros, por el contrario, ante la capacidad demostrada a lo largo de estos años por el rey de la seguridad low cost para actuar con total impunidad, nos preguntábamos si es realista pensar que algún día podría ingresar en prisión el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

  ¿Será Miguel Ángel Ramírez un hombre “incarcelable”?