AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO: LAS PRIMERAS SERÁN LAS ÚLTIMAS
El descuido de la Administración de unas trabajadoras tan esenciales como precarizadas
En primera línea de la atención y el cuidado a las personas dependientes, y con el segundo porcentaje más alto de contagio por coronavirus, las auxiliares de ayuda a domicilio han sido relegadas por el Ministerio de Sanidad al cuarto grupo en su Protocolo de Vacunación prioritaria.
TITA BARAHONA / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
¿A qué espera la Ministra de Igualdad, Irene Montero, tan preocupada por los cuidados y en “poner la vida en el centro”, para salir en defensa de los derechos laborales y sociales de las auxiliares de ayuda a domicilio?
Hablamos de un sector laboral que, junto al servicio doméstico, lo componen casi en exclusiva mujeres. Ellas desempeñan una labor muy elogiada por los poderes públicos, en tanto que aseguran el cuidado físico y emocional de nuestros mayores; pero, como suele ser habitual cuando se trata de sectores donde las mujeres de clase obrera son legión, los elogios no hallan un correlato material en las condiciones del empleo, ni en el trato de las administraciones.
Una de las pruebas la tenemos muy reciente: pese a que estas trabajadoras están expuestas a un alto riesgo de contagio por coronavirus, el Ministerio de Sanidad las ha relegado al cuarto grupo de vacunación prioritaria en su Protocolo de Vacunación. Y, como ellas mismas han declarado, se sienten maltratadas.
No es comprensible que el primer lugar en esa prioridad para la vacunación lo ocupen, lógicamente, las residencias de ancianos y su personal -donde los cuidados son asimismo tarea femenina-, y que las que prestan esos mismos servicios a domicilio no hayan sido incluidas en él al estar más expuestas.
Tengamos en cuenta que cada auxiliar suele acudir a varias casas en un sola jornada, debiendo trasladarse a veces en transporte público, y que, entre sus cometidos, se halla desplazarse a mercados para hacer la compra o acompañar a los ancianos a iglesias, centros de salud o simplemente a pasear.
En estas circunstancias, no es casualidad que, según el estudio de seroprevalencia del coronavirus del pasado diciembre en España, el porcentaje de contagios entre las auxiliares de ayuda a domicilio sea de un 15,6%, sólo superado por el personal sanitario en atención clínica, que llega al 16,8%.
Salvo los contratos privados, en España el servicio público de ayuda a domicilio lo conceden los Servicios Sociales, previa evaluación, y lo prestan empresas privadas con las que conciertan las administraciones. Pero ni empresas ni administraciones valoran el papel que cumplen estas trabajadoras, a pesar de que son imprescindibles y, en general, muy bien valoradas por quienes se benefician de sus servicios.
Todo lo que reciben son contratos laborales fijos o eventuales, la mayoría de los cuales son a tiempo parcial, con salarios que apenas rozan el mínimo interprofesional a pesar de que se les exige formación especializada.
Por otro lado, al igual que sucede con las empleadas domésticas, su actividad exige a menudo esfuerzo físico -especialmente con personas de movilidad reducida-, lo que suele provocarles lesiones que no son consideradas enfermedades laborales. Las auxiliares se sienten, además -como indica Pepa Franco de UGT- desprotegidas ante abusos o maltratos -inusuales pero que a veces se producen-, dado que el domicilio no se considera lugar de trabajo.
Tanto los sindicatos mayoritarios como la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y el Ministerio de Igualdad, reconocen que se debe subsanar el olvido al que se condena a estas trabajadoras, reconocidas como “esenciales” por prestar unos cuidados de los que mucho se habla, especialmente en el feminismo institucional; aunque, como reza el dicho: “Mucho te quiero perrito, pero pan poquito”.
Dicen desde el Ministerio de Igualdad que están trabajando para proponer al de Sanidad que las auxiliares de ayuda a domicilio sean contempladas como prioritarias en los plazos de vacunación. Veremos si esto surte efecto y no termina siendo una promesa incumplida -de momento- como fue la de la incorporar a las empleadas domésticas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Y, por cierto, dado que tanto preocupa en dicho Ministerio el reparto de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, no entendemos que en estos sectores laborales, tan esenciales como precarizados, no se propongan cuotas de varones con tanto empeño como se exigen las de mujeres en los altos cargos de empresas, bancos e instituciones académicas. Así quedaría el tema más nivelado por arriba y por abajo.
TITA BARAHONA / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
¿A qué espera la Ministra de Igualdad, Irene Montero, tan preocupada por los cuidados y en “poner la vida en el centro”, para salir en defensa de los derechos laborales y sociales de las auxiliares de ayuda a domicilio?
Hablamos de un sector laboral que, junto al servicio doméstico, lo componen casi en exclusiva mujeres. Ellas desempeñan una labor muy elogiada por los poderes públicos, en tanto que aseguran el cuidado físico y emocional de nuestros mayores; pero, como suele ser habitual cuando se trata de sectores donde las mujeres de clase obrera son legión, los elogios no hallan un correlato material en las condiciones del empleo, ni en el trato de las administraciones.
Una de las pruebas la tenemos muy reciente: pese a que estas trabajadoras están expuestas a un alto riesgo de contagio por coronavirus, el Ministerio de Sanidad las ha relegado al cuarto grupo de vacunación prioritaria en su Protocolo de Vacunación. Y, como ellas mismas han declarado, se sienten maltratadas.
No es comprensible que el primer lugar en esa prioridad para la vacunación lo ocupen, lógicamente, las residencias de ancianos y su personal -donde los cuidados son asimismo tarea femenina-, y que las que prestan esos mismos servicios a domicilio no hayan sido incluidas en él al estar más expuestas.
Tengamos en cuenta que cada auxiliar suele acudir a varias casas en un sola jornada, debiendo trasladarse a veces en transporte público, y que, entre sus cometidos, se halla desplazarse a mercados para hacer la compra o acompañar a los ancianos a iglesias, centros de salud o simplemente a pasear.
En estas circunstancias, no es casualidad que, según el estudio de seroprevalencia del coronavirus del pasado diciembre en España, el porcentaje de contagios entre las auxiliares de ayuda a domicilio sea de un 15,6%, sólo superado por el personal sanitario en atención clínica, que llega al 16,8%.
Salvo los contratos privados, en España el servicio público de ayuda a domicilio lo conceden los Servicios Sociales, previa evaluación, y lo prestan empresas privadas con las que conciertan las administraciones. Pero ni empresas ni administraciones valoran el papel que cumplen estas trabajadoras, a pesar de que son imprescindibles y, en general, muy bien valoradas por quienes se benefician de sus servicios.
Todo lo que reciben son contratos laborales fijos o eventuales, la mayoría de los cuales son a tiempo parcial, con salarios que apenas rozan el mínimo interprofesional a pesar de que se les exige formación especializada.
Por otro lado, al igual que sucede con las empleadas domésticas, su actividad exige a menudo esfuerzo físico -especialmente con personas de movilidad reducida-, lo que suele provocarles lesiones que no son consideradas enfermedades laborales. Las auxiliares se sienten, además -como indica Pepa Franco de UGT- desprotegidas ante abusos o maltratos -inusuales pero que a veces se producen-, dado que el domicilio no se considera lugar de trabajo.
Tanto los sindicatos mayoritarios como la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y el Ministerio de Igualdad, reconocen que se debe subsanar el olvido al que se condena a estas trabajadoras, reconocidas como “esenciales” por prestar unos cuidados de los que mucho se habla, especialmente en el feminismo institucional; aunque, como reza el dicho: “Mucho te quiero perrito, pero pan poquito”.
Dicen desde el Ministerio de Igualdad que están trabajando para proponer al de Sanidad que las auxiliares de ayuda a domicilio sean contempladas como prioritarias en los plazos de vacunación. Veremos si esto surte efecto y no termina siendo una promesa incumplida -de momento- como fue la de la incorporar a las empleadas domésticas en el Régimen General de la Seguridad Social.
Y, por cierto, dado que tanto preocupa en dicho Ministerio el reparto de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, no entendemos que en estos sectores laborales, tan esenciales como precarizados, no se propongan cuotas de varones con tanto empeño como se exigen las de mujeres en los altos cargos de empresas, bancos e instituciones académicas. Así quedaría el tema más nivelado por arriba y por abajo.
maribel santana | Lunes, 01 de Febrero de 2021 a las 16:24:36 horas
No, por favor el ministerio de igualdad, lo único que arregla es las leyes de los caprichosos misoginos latentes de los trans-qeer. te parece poco. Acaso esto no es mas importante que los/as trabajadoras.
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