¿NEGLIGENCIA CRIMINAL EN CANARIAS EN EL TRATAMIENTO DE UN CANCERÍGENO "OMNIPRESENTE"?

   Por ERNESTO GUTIÉRREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Federación ecologista Ben Magec ha denunciado "la inacción y el desinterés que - según este colectivo - demuestran las administraciones públicas canarias en el tratamiento del amianto.

   Un material con un alto componente cancerígeno, conocido como Uralita por el nombre de la empresa que lo comercializó,  que fue históricamente muy utilizado en numerosas construcciones en el Archipiélago.

    "Ya faltan menos de ocho años - recuerdan los ecologistas - para que se alcance la fecha límite que la Unión Europea ha impuesto para la retirada total del amianto, pero este mineral altamente cancerígeno sigue estando omnipresente en Canarias, a pesar de estar prohibido desde hace casi veinte años".

    "Se trata - afirman - de la gravosa herencia dejada por décadas de construcción barata y por la presión comercial de una marca, Uralita, cuyo fibrocemento basado en amianto se identifica popularmente con este material, que todavía abunda en edificios públicos y privados, techados, depósitos de agua y tuberías".

   "El tratamiento del fibrocemento de amianto - explican - resulta a menudo costoso porque tiene que ser realizado por empresas especializadas, si se quiere evitar que el mismo desamiantado se vuelva una amenaza para la salud de las personas; asimismo, la gestión de los residuos, altamente nocivos, constituye otro quebradero de cabeza, lo que con frecuencia se traduce en vertidos ilegales más peligrosos y aún más contaminantes".

PREOCUPACIÓN CIUDADANA, DESIDIA INSTITUCIONAL

   Ben Magec apunta que, mientras cada vez son más los casos de ciudadanos que denuncian, reclamando información y actuaciones para la retirada segura de este material de lugares donde pone en riesgo la salud pública, "la inacción sigue siendo la tónica en la aproximación de las instituciones canarias".

   Los ecologistas señalan, de manera concreta a la responsabilidad de los grupos de gobierno de los municipios de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, y Las Palmas de Gran Canaria, y al grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura.

   En el caso de La Laguna, los ecologistas denuncian que uno de los grupos adscritos a su federación puso en conocimiento del ayuntamiento la presencia de "múltiples vertidos callejeros de amianto", sin que esta administración tomara cartas en el asunto.

   Del mismo modo, añaden, "se dejaron caer todos los proyectos de mapeo o censo, así como el desamiantado de los edificios públicos o por lo menos los colegios".

  En relación a Las Palmas de G.C., los ecologistas refieren también el "silencio administrativo" con el que el ayuntamiento respondió a una ciudadana que puso en su conocimiento la existencia de placas y depósitos de Uralita rotos en un solar de la capitalina calle Castillejos.

   "Otro ejemplo de dudas en la gestión institucional del problema - dicen - se remonta al pasado octubre, cuando el responsable del área de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, contestó a una moción sobre amianto en el pleno asegurando que el Cabildo no tiene responsabilidad con respecto a la retirada de este material, si bien declarando también cierta disponibilidad a colaborar con otras instituciones·.

   "Aunque vayan realizándose intervenciones puntuales y limitadas -opinan desde Ben Magec -  la excusa de no tener competencias o no querer alarmar terminan siendo un lastre de cara a una solución definitiva".

    "Baste con pensar - concluyen - que la Consejería de Educación acaba de admitir el pasado verano que todavía tenemos por lo menos 40 centros con Uralita. En 2017 se estimaba que fueran poco más de veinte, pero ahora resulta que son casi el doble. Y contando. 26 de ellos son de infantil y primaria, lo que es una auténtica vergüenza. Tampoco se aclara cuáles son exactamente estos centros. En la gestión política canaria del amianto, siguen faltando transparencia y liderazgo".