LA CENSURA EN ESPAÑA SE LLAMA "ELISA"

   Por CLARA LÓPEZ GONZÁLEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Todo lo que no vaya en consonancia con el discurso oficial es, para el gobierno de España y su ministro de Interior, Grande Marlaska, “desinformación”. El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha dado a conocer a ELISA, criatura electrónica que ya ha comenzado a poner su lupa en las páginas web y redes sociales cuyas opiniones caen en la categoría de lo que se denomina “antiglobalización”.

   Según informaciones aparecidas en la prensa nacional, desde abril a septiembre de este año ELISA ha encontrado más de 1.800 contenidos en más de 150 plataformas digitales a las que se califica de “potencialmente maliciosas”. Algunas de estas son El Correo de España, El Arconte, Alerta Digital, Sputnik y Mpr21. Medios ideológicamente dispares que al parecer tienen en común mantener posturas “antiglobalistas”.

   ¿Y qué es ser “antiglobalista” y por tanto incurrir en maliciosa “desinformación”? Pues, según los portavoces gubernamentales: erosionar la legitimidad de los líderes estatales, cuestionar el pluralismo (sic), rechazar la economía de mercado (pecado mortal), atacar (verbalmente, se entiende) a los medios de comunicación tradicionales, criticar a los organismos multilaterales (OTAN, UE, ONU, etc.), y negar la evidencia científica -especialmente en lo que respecta al COVID-19.

   Al parecer, a nuestros representantes políticos y las elites económicas les preocupan las narrativas que sostienen que hay “poderes en la sombra” que mueven los hilos de los gobiernos y los dichos organismos multilaterales a nivel mundial. Y, como buenos padres y madres de súbditos, no se fían de nuestro criterio de personas adultas y capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, o lo bien fundamentado de la simple especulación.

   Pero se empieza por perseguir a los llamados “conspiranoicos” y quizás se acabe intentando poner mordaza a los medios que critiquen o pongan en duda las políticas económica, social o exterior de los "sistemas democráticos", bajo el pretexto de que suponen “una amenaza directa para la cohesión social”.

   El gobierno no se contenta con la censura que de hecho ejercen los gigantes tecnológicos -empresas privadas-. El buscador Google, por ejemplo, ya hace tiempo pone en la cola o directamente suprime determinadas plataformas digitales. Y lo mismo hacen Facebook y Twitter. En el mes de octubre de 2018 cancelaron cientos de cuentas de usuarios y medios de comunicación de EE.UU y otras partes del mundo, porque denunciaban la brutalidad policial y la política exterior estadounidense.

   Asimismo, la Alliance for Securing Democracy, organismo financiado por Estados Unidos y gobiernos europeos, se dedica a la censura en la red. El año pasado arremetió contra los periodistas que destaparon -con pruebas fehacientes- el fraude electoral cometido en las primarias demócratas del Estado de Iowa.

   Wikipedia también censura y califica como “poco o nada fiables” a medios críticos con la política interior y exterior de Washington, aunque respeten las normas de un periodismo riguroso de investigación.

   Ya lo decía la entonces vicepresidenta española Carmen Calvo: la información es un derecho, pero sólo la “información veraz”, es decir, la que no pone en cuestión el relato de los gobiernos y las empresas mediáticas que están a su servicio.

   Estamos viviendo una etapa de neo-McCarthismo, en la que toda disidencia, todo periodismo que destape escándalos o toda protesta popular en los países así llamados democráticos, sus elites dirigentes lo achacan a “interferencias” externas -forma de conspiranoia oficial y permitida- o a la propagación de “desinformación”.

   Que el CNI se involucre en suprimir la libertad de expresión sólo se explica por el alineamiento de España con Estados Unidos y los organismos supranacionales como la OTAN, potencias que están perdiendo hegemonía en el tablero mundial en favor de otras potencias emergentes. Y quizás también porque los grandes medios corporativos -empresas mediáticas públicas y privadas- están perdiendo credibilidad ante un público que busca -y es su derecho- información en otros lugares.