CONDENAN AL PCE A READMITIR A UN GRUPO DE MILITANTES QUE HABÍAN SIDO EXPULSADOS POR LA DIRECCIÓN

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
 

     Una resolución judicial condenó a la Dirección política del Partido Comunista de España (PCE) a readmitir en sus filas a un grupo de militantes que habían sido expulsados de la organización acusados de "elaborar y difundir documentos en redes sociales en contra de los acuerdos del Partido".

   Se trata de una novedosa resolución judicial de la que resulta difícil encontrar precedentes en los últimos cuarenta años de la historia del PCE, pese a que esta organización se ha caracterizado en el curso de las pasadas cuatro décadas por sus frecuentes litigios internos.

   En efecto, el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Granada  dictó un auto judicial que deja sin efecto la suspensión de militancia de un grupo  de afiliados del PCE que habían sido expedientados en enero pasado.

     En un escrito presentado en el Juzgado, la representación legal del PCE les  acusó de elaborar y difundir documentos en redes sociales «contra los acuerdos del partido». 

      Según consta en los vigentes estatutos del PCE, la Comisión Política del Partido tiene, entre otras,  las funciones de organizar el debate político, realizar el seguimiento del trabajo del Secretariado y convocar las reuniones del Comité Central. Este organismo está integrado por el Secretario General del Partido, -en la actualidad Enrique Santiago-, así como por  los responsables de las secretarías y las áreas del Comité Central y los secretarios de las organizaciones territoriales.

     La resolución judicial precisa, igualmente, que la Comisión Política del PCE vulneró el derecho fundamental de defensa en perjuicio de los expedientados al imponer la suspensión de militancia sin ofrecer motivos ni fundamento. Todo ello en el marco de una demanda judicial presentada por los militantes afectados por vulneración de otros derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, igualdad y no discriminación, asociación, participación política y tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 6, 14, 20, 22, 23 y 24 de la Constitución Española, en base a hechos y fundamentos de derecho ampliamente documentados.

     De acuerdo con el citado Juzgado de Primera Instancia  de Granada,  la Comisión Política infringió los principios generales de seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad,  recurriendo a sofisticados mecanismos de censura y restricción democrática a la actividad política de la militancia expedientada. El hecho resulta particularmente grave  porque  las mismas normas estatutarias de la organización establecen, claramente, que en ningún caso las discrepancias en el debate político darán lugar por sí mismas a un expediente sancionador.

¿QUIÉNES SON LOS EXPULSADOS Y QUÉ DECÍAN DEFENDER?

     Según la información que obra en poder de la Redacción de  este digital, además de su militancia en el PCE los expulsados integraban una "Plataforma Interna de Opinión" dentro de la misma organización, que reivindicaba la aplicación de los acuerdos del XX Congreso del PCE, que según ellos no se estaban cumpliendo.
 

     De igual forma, la Plataforma de la que formaban parte era favorables a la apertura de "un proceso de reunificación de todos los comunistas del Estado español" en una sola organización.
 

    En sus frecuentes y profusamente difundidos documentos, algunos de ellos publicados en este mismo digital y de los que nuestros lectores disponen de enlaces a pie de página, los expulsados del PCE se pronunciaban por la lucha de clases en defensa de los intereses concretos e inmediatos de la clase obrera y de las demás capas populares. La Plataforma se  manifestó también, reiteradamente, por la recuperación del sindicalismo de clase, frente al actual y hegemónico sindicalismo de pacto social y reformista. Un sindicalismo que ellos definían como necesariamente "asambleario, democrático, unitario"  y ajeno a las presiones de la burguesía.

"INCORPORARNOS A LAS TAREAS DEL PARTIDO, SIN ATADURAS Y SIN REPRESALIAS"

     Los militantes afectados han instado  de forma reiterada a la dirección del  Partido a que proceda al archivo de los expedientes disciplinarios, para que les sea posible "ponerse a trabajar sin ataduras y sin represalias", de acuerdo con el derecho a la participación política a través de cauces democráticos que la legislación constitucional impone al funcionamiento de todos los partidos políticos.

    Se ignora si la dirección de la organizacion que encabeza Enrique Santiago recurrirá a instancias judiciales superiores o aplicará una suerte de stand by que  termine convirtiendo en  inútil la reciente decisión judicial.

   Todo parece indicar que en los actuales momentos, en los que Podemos ha desaparecido prácticamente del mapa electoral- según indicaron los resultados en Galicia y Euskadi - y que Unidas Podemos se limita a usufructuar en las urnas los réditos electorales de la antigua coalicion de Izquierda Unida, la dirección tratará de blindarse frente a una previsible contestación interna.

    En la nota informativa que ha recibido la redacción de Canarias Semanal, y de la que nuestros remitentes omiten los nombres de los  demandantes por exigencia de protección de datos, se adjunta el documento completo de la resolución judicial, al que nuestros lectores pueden acceder pinchando aquí

ENLACES A LA DOCUMENTACIÓN DIFUNDIDA POR LA "PLATAFORMA" EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS