Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-

    De acuerdo con un estudio de la Universidad Johns Hopkins, 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19 estarían abocadas a pagar las enormes facturas médicas por los servicios recibidos durante su hospitalización.

    Liberarse de semejantes pagos depende de si estas personas que han pasado por un hospital en EE.UU están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan tiene acordado el seguro médico de sus trabajadores con la compañía de salud privada que los atiende.

    El estudio de la universidad Johns Hopkins da cuenta de que el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. De no existir dicho acuerdo, todo va a depender para el trabajador de la voluntad de la empresa en cada caso.

    Es decir, que según Matthew Eisenberg, uno de los autores d el estudio de la Johns Hopkins, "si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador".

    Lo que sucede es que solo empresas de un determinado peso económico ofrecen dichos contratos a sus empleados mientras que el resto -pequeñas o medianas empresas- no los tienen concertados.

    Se trataría -según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, de contratos que incluyen gastos sanitario anuales de 1.655 dólares que, como promedio asumen en Estados Unidos los trabajadores. Una cifra muy superior que los 826 dólares que hace una década se pagaban.

    El problema ahora es que las deudas derivadas de los tratamientos por la covid-19 se hacen todavía más insoportables dada la crisis económica devastadora desatada en Estados Unidos y que ha dejado -de momento- más de 45 millones de parados.

    Ni siquiera quienes no han perdido su empleo tienen garantías de que sus empresas, en medio de la crisis, asuman los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que los atenderían.

    En medio de esta catástrofe social no es difícil de imaginar la situación de los autónomos o trabajadores por cuenta propia. Su situación depende casi por completo de la voluntad de las aseguradoras médicas o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales para logra reducir o eliminar los copagos.

    Todavía peor - si cabe - es el caso de los jóvenes. El estudio de la universidad estadounidense revela que al estar sanos, los jóvenes contratan seguros médicos con menos coberturas, que abaratan mucho el coste del seguro, pero que obligan a copagos superiores. Dicho de otro modo, se arriesgan a asumir el coste total si sufren episodios más graves o urgencias de salud, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

    Lo inédito con la Covid-19 es que las facturas se disparan hasta montos increíbles, según la Fundación de la Familia Kaiser. Para que se tenga una idea, sólo permanecer cuatro días en la UCI con ventilación asistida cuesta una media de 88.000 dólares.

    Evidentemente, la situación para millones de personas es desesperada y las soluciones poco esperanzadoras como la propuesta de ley presentada ante el Congreso por 32 diputados demócratas. Según consta, dicha propuesta permitiría que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos; solo, mientras dure la pandemia.

    La norma, que espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, tiene que ser aprobada por el Senado, que en su mayoría representa al ala republicana, para ser aprobada. Eso sin contar con las insuficiencias de la iniciativa demócrata que "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población.