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Jueves, 30 de Abril de 2020 Tiempo de lectura:

CATÁSTROFE EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS: UNA EUTANASIA NO AUTORIZADA

   

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

 

    Según escribe Miguel Abizanda, en el digital  la Izquierda Diario ,la crisis provocada por COVID-19,  está castigando sin piedad a las residencias de ancianos españolas, donde se ha producido  la gigantesca cifra de 11.600 muertos, un porcentaje que hoy cosntituye el 50 % del total de muertos en España.


 

     No obstante, mantiene Abizanda en su artículo, esto no es accidental. No son pocos los que piensan que  se trata de una incidencia fortuita, ya que  los mayores y sus patologias constituyen un grupo de alto de riesgo para el virus. Sin embargo,  lo que realmente está  provocando estragos en las residencias es  la absoluta negligencia gubernamental  ante los graves problemas que arrastran estos núcreos residenciales a la hora de la  gestión:  falta de personal, de profesionales, de material sanitario...

 


     Los asalariados de estos centros, que en un 90 % lo constituyen mujeres, han expresado estos dia que han sentido un inmenso abandono  por parte del gobierno, que no ha mostrado, pese a la envergadura del problema,  ningún tipo interés por intentar paliar la situación.

 

    "Según un análisis publicado en “CTXT”, un 75% de estas residencias está en manos de multinacionales, fondos buitres y de la iglesia Católica. Esta última, para colmo, dispone de un gran número de ventajas fiscales, como es el impago del IBI o de exenciones parciales relacionado con Impuesto de Sociedades. Y todo ello por su supuesto carácter “benéfico”, "carácter" que  no tuvieron las monjas que se dieron a la fuga abandonando a su suerte a las ancianas del centro de mayores en el que trabajaban" .


  


     De auerdo con la opinion expresada por  Miguel Abizanda  en su artículo, estas residencias  están en manos de empresas como “DomusVi”, “Orpea”, “Amavir”,”Vitalia”, “Ballesol”, “Sacyr” o “Santa Lucía”, entre otras, son las principales operadoras de residencias en el Estado Español. Tanto aquellas financiadas con capital extranjero -las dos primeras son las más importantes-, como empresas constructoras -como es el caso de Sacyr- y aseguradoras - como "Santa Lucía"-, no tienen  nada que ver con la especializacion, el trato o el cuidado profesional que requieren las  personas mayores.

 


    En estas conciones, concluye escribiendo Abizanda, no debería extrañar que la tasa de mortalidad en centros de mayores sea más elevada en aquellas que están en manos privadas que en  las de las Comunidades autónomas El gobierno al permitir la intrusión del capital privado en este sector sin someterlo a ningun tipo de control o inspección, ha provocado una irreparable catástrofe humanitaria.

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