"SI ESPAÑA NO LIBERA A JUNQUERAS SE CONVERTIRÁ EN UN "ESTADO PRÓFUGO" DE LA UNION EUROPEA"

 
POR PEDRO MARTÍ

     La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una enmienda a la totalidad a la estrategia judicial contra el independentismo catalán. No sólo reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, y por extensión las de Carles Puigdemont y Toni Comín, sino que demuestra la vulneración de derechos que se ha cometido por celebrar el juicio del Tribunal Supremo español cuando Junqueras ya tenía inmunidad.

    La sentencia debería implicar la libertad inmediata de Junqueras y del resto de los presos y la anulación del juicio ignominioso. Una decisión que judicialmente no parece que haya voluntad de llevar a cabo, si tenemos que hacer caso de la posición contraria de la fiscalía, aunque la sentencia es de obligado cumplimiento. Habrá que ver qué dice la abogacía del Estado, la que depende directamente de Pedro Sánchez, que necesita los votos de ERC para ser investido. Políticamente, el gobierno español se ha limitado a emitir un comunicado acatando la sentencia del Supremo, en un clima de creciente eurofobia de sectores políticos y mediáticos españoles.

     El presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, también ha pedido a España que cumpla la sentencia, lo que contrasta con la actitud de su predecesor, Antonio Tajani, que hizo lo imposible para evitar que los eurodiputados independentistas se pudieran acreditar.

      Si no hay ninguna rectificación, la imagen de España como una autarquía judicial es irreversible. La justicia española no es capaz  de atravesar los Pirineos. O, mejor dicho, la justicia acaba cuando choca con las fronteras de España. Si no acata la sentencia, España se convertirá en un estado prófugo para la justicia europea. Todos los esfuerzos para demostrar que es una democracia plena han acabado siendo estériles, y el presupuesto de España Global lo podrán dedicar a políticas sociales, porque en Europa ya no se les cree. El mensaje de la sentencia es que España es una democracia llena de injusticia.

     Más allá de las repercusiones judiciales de la sentencia de Luxemburgo, es indudable que tendrá consecuencias políticas importantes, porque carga de razones al independentismo , demostrando que se han vulnerado los derechos políticos de sus dirigentes. En estos momentos, ERC ya ha congelado las negociaciones hasta que el PSOE no se pronuncie.

     La primera respuesta del Gobierno español ha sido fría y se remitió a la posición que la abogacía del Estado, que se debe  pronunciar en el curso de los próximos días. Una respuesta que los republicanos mismo consideran insuficiente. ERC no puede apoyar la investidura de Sánchez sin una solución que implique la liberación de Junqueras y demás presos políticos. El PSOE no puede aducir la separación de poderes porque ya se ha demostrado  que ésta no existe, y el gobierno español tiene los mecanismos para liberar Oriol Junqueras y el resto de presos. Otra cosa es que tenga la voluntad o la fuerza para ejercerlos.

     La politización de la justicia se ha vuelto a poner de manifiesto hoy, cuando, dos horas después de la sentencia de Luxemburgo, se ha hecho pública la decisión de inhabilitar al presidente Torra por haber defendido la libertad de expresión. Todo el mundo sabía que el TUE se pronunciaría el 19 de noviembre, y el TSJC no ha desaprovechado la ocasión. Un intento desesperado  por contraprogramar, una pataleta para  superar el disgusto, pero que demuestra el uso del derecho penal como arma política. El resultado ha sido que el conflicto se ha agravado y se ha constatado que la justicia española no quiere justicia, sino venganza. Si once de los trece últimos presidentes de Cataluña elegidos democráticamente han sido represaliados por España, está claro que el problema es España.

     Quienes aseguraban que el conflicto catalán era un asunto interno han perdido definitivamente la batalla del relato.