CHILE: LA BURLA DE LA "ASAMBLEA CONSTITUYENTE"
"El acuerdo entre Piñera y los partidos de oposición buscar realizar reformas cosméticas para mantener la esencia de la Constitución pinochetista"
El estallido social en Chile tiene sus causas en el modelo neoliberal capitalista impuesto por la dictadura de Pinochet. Su implantación le costó a nuestro pueblo miles de fusilados, asesinados, desaparecidos, detenidos y torturados (...).
Por JOSÉ LEIVA / RESUMEN LATINOAMERICANO/ CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Introducción
El estallido social en Chile tiene sus causas en el modelo neoliberal capitalista impuesto por la dictadura de Pinochet. Su implantación le costó a nuestro pueblo miles de fusilados, asesinados, desaparecidos, detenidos y torturados. Fueron 17 años de terror.
El fin de la dictadura fue una necesidad obligada del mismo desarrollo del modelo y por la lucha creciente del pueblo por su libertad y por la democracia. La debilidad y la traición de los partidos considerados populares, permitieron el pacto para mantener el modelo económico y la Constitución erigida sobre éste. Pactaron por una democracia tutelada y en total consonancia con los intereses de los grandes consorcios transnacionales e imperialistas.
En los 30 años de “democracia” el modelo ha funcionado sin mayores sobresaltos, logrando exprimir y empobrecer paulatinamente a nuestro pueblo. En 2019, luego de un largo período de crisis mundial del sistema capitalista, que comenzó en 2008, se agudizó el malestar del conjunto del pueblo. Poco a poco fueron incrementándose las protestas involucrando a todos los ámbitos de la sociedad, lo que desembocó en el gran estallido social.
Todos los partidos que asumieron el pacto entre Pinochet y la Concertación, digitado desde Estados Unidos, y los que se incorporaron con posterioridad, aceptando la lucha política exclusivamente dentro de los marcos de la constitución de la dictadura, fueron corrompidos por las grandes empresas capitalistas. Conformaron una casta social particular exclusiva para administrar el modelo y los intereses de la clase dominante. Es la que denominamos la “clase política”. En el modelo neoliberal todo se transa en el mercado, incluido los valores, los principios y la moral. Todo tiene su precio.
Esta situación es la que empujó a nuestro pueblo a divorciarse del sistema establecido, del Estado en su totalidad y de la “clase política” como sus representantes.
La desesperación de la clase dominante junto a la “clase política” condujo a un acuerdo entre el gobierno y la oposición parlamentaria para sofocar el estallido. Para ello recurrieron al mismo truco del pacto con Pinochet, con el objetivo de engañar una vez más al pueblo.
EL ACUERDO DE LA “CLASE POLÍTICA” PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Cada punto del acuerdo al que llegaron el gobierno y los partidos de oposición, tiene un propósito claro: permitir ciertas reformas cosméticas para maquillar y mantener la esencia de la Constitución pinochetista.
Es la institucionalidad vigente la que no permite una solución real a los problemas de nuestro pueblo. Por ello, no es viable convocar mediante los mecanismos establecidos en un sistema jurídico en crisis, una Asamblea Constituyente que tiene justamente la misión de cambiarla.
No se puede dejar en manos de quienes han lucrado bajo esta Constitución su redacción. Por ello, el pueblo se opone a que la Convención Constitucional sea integrada por miembros de una clase política corrupta. Sería como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Es necesario tener en cuenta que la clase política en las últimas elecciones no llegó a la mitad de los votos, por lo que es muy difícil que hoy logren un 20 % de apoyo. El pueblo rechaza tanto al gobierno como a los partidos de oposición enquistados en el parlamento.
La elección de los miembros con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados es otro engaño para que solo sean elegidos los de la “clase política”.
El voto obligatorio basado en los parámetros establecidos por la clase política solo conduce a dejar todo igual como ha estado hasta ahora. Bajo estas premisas, donde la clase política tiene garantizada su victoria electoral, el voto obligatorio solo busca legitimar una opción que no es del pueblo.
La Constitución es el ordenamiento jurídico del sistema político, económico y social imperante. La lucha de nuestro pueblo es contra ese sistema en su totalidad, por lo que crear una instancia que sólo redacte la carta magna, sin constituirse en un poder real, significaría el fracaso del proceso de lucha para realizar cambios verdaderos. Las FF.AA. y los órganos represivos del Estado son los mismos que ejecutaron el golpe de Estado a Salvador Allende. Deben ser desmantelados íntegramente para construir unas nuevas FFAA formadas en una doctrina militar y de seguridad nacional, que vele por los intereses del pueblo, no por la clase social minoritaria que hasta ahora ha gobernado. El accionar de ellos contra las marchas y movilizaciones es un reflejo que su doctrina es la misma de la época de la dictadura: su enemigo es el pueblo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior la Asamblea Constituyente debe elegirse a través de un sistema electoral participativo. La democracia representativa en los hechos dejó de serla. Su caducidad como orden social es producto del mismo desarrollo de la sociedad en todos sus planos. El estallido social es el mejor ejemplo de la incapacidad de la democracia representativa como ordenamiento social justo. La asambleas populares autoconvocadas y los cabildos no solo deben ser órganos consultivos sino la base de la elección de la Asamblea Popular Constituyente (APC) y de la futura democracia chilena. Deben legitimarse y formalizarse como instancias permanentes de nuestra sociedad. Todas las instituciones del Estado deben subordinarse al mandato de la APC, como el órgano realmente democrático y legítimo. En especial las FFAA y las instituciones policiales. Tanto el ejecutivo como el parlamento en el momento de su constitución deben cesar sus funciones. Será un poder de transición que una vez redactada la nueva Constitución y refrendada mediante un plebiscito dejará el poder a las nuevas autoridades elegidas mediante lo establecido en el nuevo ordenamiento jurídico. Únicamente cumpliendo la APC el rol de gobierno provisional y de transición se puede garantizar que el proceso realmente sea constituyente y de todo el pueblo.
La Comisión Técnica de la clase política tendrá como misión mejorar el mecanismo que los perpetúe en el poder.
Un acuerdo cocinado de antemano por la clase política que el Congreso Nacional solo formalizará. Es un acuerdo que no considera la participación y la voluntad del pueblo.
El pueblo se da cuenta de este engaño. Es el deja vu de la época del pacto entre Pinochet y la clase política.
Colectivo La Vereda
Por JOSÉ LEIVA / RESUMEN LATINOAMERICANO/ CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Introducción
El estallido social en Chile tiene sus causas en el modelo neoliberal capitalista impuesto por la dictadura de Pinochet. Su implantación le costó a nuestro pueblo miles de fusilados, asesinados, desaparecidos, detenidos y torturados. Fueron 17 años de terror.
El fin de la dictadura fue una necesidad obligada del mismo desarrollo del modelo y por la lucha creciente del pueblo por su libertad y por la democracia. La debilidad y la traición de los partidos considerados populares, permitieron el pacto para mantener el modelo económico y la Constitución erigida sobre éste. Pactaron por una democracia tutelada y en total consonancia con los intereses de los grandes consorcios transnacionales e imperialistas.
En los 30 años de “democracia” el modelo ha funcionado sin mayores sobresaltos, logrando exprimir y empobrecer paulatinamente a nuestro pueblo. En 2019, luego de un largo período de crisis mundial del sistema capitalista, que comenzó en 2008, se agudizó el malestar del conjunto del pueblo. Poco a poco fueron incrementándose las protestas involucrando a todos los ámbitos de la sociedad, lo que desembocó en el gran estallido social.
Todos los partidos que asumieron el pacto entre Pinochet y la Concertación, digitado desde Estados Unidos, y los que se incorporaron con posterioridad, aceptando la lucha política exclusivamente dentro de los marcos de la constitución de la dictadura, fueron corrompidos por las grandes empresas capitalistas. Conformaron una casta social particular exclusiva para administrar el modelo y los intereses de la clase dominante. Es la que denominamos la “clase política”. En el modelo neoliberal todo se transa en el mercado, incluido los valores, los principios y la moral. Todo tiene su precio.
Esta situación es la que empujó a nuestro pueblo a divorciarse del sistema establecido, del Estado en su totalidad y de la “clase política” como sus representantes.
La desesperación de la clase dominante junto a la “clase política” condujo a un acuerdo entre el gobierno y la oposición parlamentaria para sofocar el estallido. Para ello recurrieron al mismo truco del pacto con Pinochet, con el objetivo de engañar una vez más al pueblo.
EL ACUERDO DE LA “CLASE POLÍTICA” PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Cada punto del acuerdo al que llegaron el gobierno y los partidos de oposición, tiene un propósito claro: permitir ciertas reformas cosméticas para maquillar y mantener la esencia de la Constitución pinochetista.
Es la institucionalidad vigente la que no permite una solución real a los problemas de nuestro pueblo. Por ello, no es viable convocar mediante los mecanismos establecidos en un sistema jurídico en crisis, una Asamblea Constituyente que tiene justamente la misión de cambiarla.
No se puede dejar en manos de quienes han lucrado bajo esta Constitución su redacción. Por ello, el pueblo se opone a que la Convención Constitucional sea integrada por miembros de una clase política corrupta. Sería como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Es necesario tener en cuenta que la clase política en las últimas elecciones no llegó a la mitad de los votos, por lo que es muy difícil que hoy logren un 20 % de apoyo. El pueblo rechaza tanto al gobierno como a los partidos de oposición enquistados en el parlamento.
La elección de los miembros con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados es otro engaño para que solo sean elegidos los de la “clase política”.
El voto obligatorio basado en los parámetros establecidos por la clase política solo conduce a dejar todo igual como ha estado hasta ahora. Bajo estas premisas, donde la clase política tiene garantizada su victoria electoral, el voto obligatorio solo busca legitimar una opción que no es del pueblo.
La Constitución es el ordenamiento jurídico del sistema político, económico y social imperante. La lucha de nuestro pueblo es contra ese sistema en su totalidad, por lo que crear una instancia que sólo redacte la carta magna, sin constituirse en un poder real, significaría el fracaso del proceso de lucha para realizar cambios verdaderos. Las FF.AA. y los órganos represivos del Estado son los mismos que ejecutaron el golpe de Estado a Salvador Allende. Deben ser desmantelados íntegramente para construir unas nuevas FFAA formadas en una doctrina militar y de seguridad nacional, que vele por los intereses del pueblo, no por la clase social minoritaria que hasta ahora ha gobernado. El accionar de ellos contra las marchas y movilizaciones es un reflejo que su doctrina es la misma de la época de la dictadura: su enemigo es el pueblo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior la Asamblea Constituyente debe elegirse a través de un sistema electoral participativo. La democracia representativa en los hechos dejó de serla. Su caducidad como orden social es producto del mismo desarrollo de la sociedad en todos sus planos. El estallido social es el mejor ejemplo de la incapacidad de la democracia representativa como ordenamiento social justo. La asambleas populares autoconvocadas y los cabildos no solo deben ser órganos consultivos sino la base de la elección de la Asamblea Popular Constituyente (APC) y de la futura democracia chilena. Deben legitimarse y formalizarse como instancias permanentes de nuestra sociedad. Todas las instituciones del Estado deben subordinarse al mandato de la APC, como el órgano realmente democrático y legítimo. En especial las FFAA y las instituciones policiales. Tanto el ejecutivo como el parlamento en el momento de su constitución deben cesar sus funciones. Será un poder de transición que una vez redactada la nueva Constitución y refrendada mediante un plebiscito dejará el poder a las nuevas autoridades elegidas mediante lo establecido en el nuevo ordenamiento jurídico. Únicamente cumpliendo la APC el rol de gobierno provisional y de transición se puede garantizar que el proceso realmente sea constituyente y de todo el pueblo.
La Comisión Técnica de la clase política tendrá como misión mejorar el mecanismo que los perpetúe en el poder.
Un acuerdo cocinado de antemano por la clase política que el Congreso Nacional solo formalizará. Es un acuerdo que no considera la participación y la voluntad del pueblo.
El pueblo se da cuenta de este engaño. Es el deja vu de la época del pacto entre Pinochet y la clase política.
Colectivo La Vereda
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.23