EL GOBIERNO DE COLOMBIA AMENAZA CON TOQUE DE QUEDA ANTE HUELGA GENERAL
Medidas de Control “preventivo” dirigidas al amedrentamiento de los manifestantes
El gobierno de Colombia baraja decretar un toque de queda en el país, coincidiendo con el paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre contra la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones; la privatización de algunas entidades estatales;contra la corrupción, el aumento de las tarifas de energía (...).
Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
El gobierno de Colombia baraja decretar un toque de queda en el país, coincidiendo con el paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre contra la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones; la privatización de algunas entidades estatales;contra la corrupción, el aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales, que planea implementar dicho gobierno.
Según informó la prensa, el pasado fin de semana el Comandante General colombiano Luis Fernando Navarro ordenó el acuartelamiento de primer grado de todos los uniformados de cara a la marcha de este 21 de noviembre por orden del Gobierno Nacional que preside Iván Duque con vistas a la implementación de una serie de medidas, encaminadas -según la versión oficial - a "enfrentar probables brotes de violencia durante la marcha de protesta".
En este sentido, se pronunció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconociendo que el presidente Duque firmará un decreto brindará facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para la aplicación de este recurso de coerción junto a otras medidas.
“Esta medida está pensada cuando las circunstancias lo ameriten luego de una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades regionales, Fuerzas Militares y Policía”, señaló Gutiérrez.
Entre tanto, el flamante ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció que “continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado (...) para hacerle frente a cualquier manifestación de violencia o vandalismo que pueda presentarse”.
En realidad, como sucede en cualquier dictadura, el gobierno de Colombia recurre “preventivamente” a un método de marcado carácter dictatorial para reprimir y criminalizar a los manifestantes que reclaman un salario mínimo digno; el cumplimiento de los acuerdos firmados con profesores, trabajadores estatales, estudiantes, indígenas y el agro; y por el derecho a la protesta social, que algunos sectores del país cuestionan.
Se trata, en definitiva, de una respuesta "coherente" por parte de la derecha, que es incapaz de sostenerse si no es a través de la fuerza de la violencia.
Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
El gobierno de Colombia baraja decretar un toque de queda en el país, coincidiendo con el paro nacional convocado para el próximo 21 de noviembre contra la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones; la privatización de algunas entidades estatales;contra la corrupción, el aumento de las tarifas de energía y la rebaja de impuestos a las grandes multinacionales, que planea implementar dicho gobierno.
Según informó la prensa, el pasado fin de semana el Comandante General colombiano Luis Fernando Navarro ordenó el acuartelamiento de primer grado de todos los uniformados de cara a la marcha de este 21 de noviembre por orden del Gobierno Nacional que preside Iván Duque con vistas a la implementación de una serie de medidas, encaminadas -según la versión oficial - a "enfrentar probables brotes de violencia durante la marcha de protesta".
En este sentido, se pronunció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconociendo que el presidente Duque firmará un decreto brindará facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para la aplicación de este recurso de coerción junto a otras medidas.
“Esta medida está pensada cuando las circunstancias lo ameriten luego de una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades regionales, Fuerzas Militares y Policía”, señaló Gutiérrez.
Entre tanto, el flamante ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció que “continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado (...) para hacerle frente a cualquier manifestación de violencia o vandalismo que pueda presentarse”.
En realidad, como sucede en cualquier dictadura, el gobierno de Colombia recurre “preventivamente” a un método de marcado carácter dictatorial para reprimir y criminalizar a los manifestantes que reclaman un salario mínimo digno; el cumplimiento de los acuerdos firmados con profesores, trabajadores estatales, estudiantes, indígenas y el agro; y por el derecho a la protesta social, que algunos sectores del país cuestionan.
Se trata, en definitiva, de una respuesta "coherente" por parte de la derecha, que es incapaz de sostenerse si no es a través de la fuerza de la violencia.
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