UN MES DE INSOFOCABLE REBELIÓN POPULAR EN CHILE

 Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL

    En la cuarta semana de protestas sociales en Chile, los manifestantes -movilizados por un centenar de organizaciones sociales- convocaron el pasado martes a un paro general en el país, para exigir la renuncia del mandatario derechista, Sebastián Piñera, así como la realización de reformas de justicia social.

    A la convocatoria acudieron unas 80 mil personas, que organizaron  barricadas incendiarias en varios puntos de la capital Santiago.

    De acuerdo con la información difundida, los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas, y  marcharon hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pasando frente a la casa de gobierno, donde al final de la manifestación, se registraron enfrentamientos con la Policía.

    Según el testimonio de algunos manifestantes, los ofrecimientos del gobierno para terminar con las protestas han sido insuficientes.

"El descontento es por muchos temas (...) Todo lo que ha ofrecido el presidente es insuficiente, y una burla,… le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente", manifestó en medio de la marcha, Karen Delgado, una oficinista de 29 años,.

    Como se conoce, estas protestas sociales estallaron hace tres semanas,  tras el llamado  de la "Mesa Social", que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos, a manifestarse contra el gobierno.

  Ante la creciente revuelta popular, el presidente derechista Sebastián Piñera se vio obligado a anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la novedad de un Congreso Constituyente ignoto y no de una Asamblea Constituyente como se reclama en las calles.

  Sin embargo, las asociaciones gremiales exigen reformas más profundas al sistema de pensiones -heredado también de la dictadura- y que ofrece pensiones paupérrimas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares). También piden que se incremente el presupuesto destinado a la Sanidad pública, donde se atiende casi el 80 por ciento de la población chilena, y un aumento del salario mínimo.