NOVARTIS Y EL GOBIERNO ESPAÑOL: EL NEGOCIO POR ENCIMA DE LA VIDA

Por CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ PARA CANARIAS SEMANL.ORG.-

     Un mito bien asentado en el imaginario social, y uno de los pilares del  omnipresente mensaje publicitario, sostiene  que para las empresas "lo primero son las personas".

    La falsedad de este mensaje, presentado hoy con el pomposo nombre de "responsabilidad social corporativa",  quedó una vez más de manifiesto en las acciones legales del  gigante farmacéutico Novartis para impedir que se haga público un “innovador” tratamiento contra el cáncer.

    Los dueños de la farmacéutica han decidido llevar ante la Justicia el fallo del Consejo General de Transparencia de España, que obliga al Gobierno a hacer pública la información sobre uno de sus tratamientos más innovadores. 

    Se trata del medicamento, Kymriah, aprobado por las autoridades españolas a finales de 2018 para reconocer y atacar los tumores, que se utiliza contra la leucemia linfoblástica aguda (LLA9) -cáncer de la médula ósea y de la sangre-, que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años.

    A partir del citado año se inició la campaña “No es sano”, en la que participan distintas organizaciones sanitarias y de consumidores, para solicitar al Ministerio de Sanidad, a través del portal de Transparencia, el precio y los criterios terapéuticos y económicos que habían justificado el establecimiento del precio de este medicamento.

   En enero de 2019, el Gobierno español informaba que su coste era de 320.000 euros por paciente, ofreciendo una información genérica sobre los criterios utilizados para el establecimiento del importe que no satisfizo a los demandantes. Más tarde, el Consejo General de Transparencia se pronunció a favor de ‘No es sano’ e instó al Gobierno a facilitar toda la información por considerarla de interés público.

    Es en este momento cuando Novartis decidió acudir a la Justicia para evitar que se haga pública la información del tratamiento, interponiendo un recurso contencioso-administrativo.

“Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso”- denuncia Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las organizaciones que conforman la campaña ‘No es sano’.

    En esa misma línea, la Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU, Ileana Izverniceanu,se expresa señalando un punto esencial que compromete al gobierno:  “es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”.

    Por el momento, el juzgado en el que ha recaído este caso ha paralizado la entrega de la información. La multinacional argumenta que “si bien la legislación configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, este derecho debe ser ponderado y, en su caso, limitado cuando entra en conflicto con otros intereses protegidos”.