LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE PIÑERA NO LOGRA SOFOCAR LA PROTESTA POPULAR EN CHILE

Por JOSÉ MELQUIADES PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

    La durísima represión desatada por el Gobierno de Sebastián Piñera contra los manifestantes en Chile alcanza los niveles de brutalidad que se vivieron durante la dictadura de Augusto Pinochet.

    Lo ha reconocido, el senador y ex candidato presidencial, Alejandro Navarro, al denunciar la violencia con la que el Gobierno de Chile ha respondido a las protestas populares que se han desarrollado en los últimos días, tras el anuncio del aumento en el costo pasaje.

    Así lo hizo a través de su cuenta Twitter, Navarro indicó que la soberbia del presidente Sebastián Piñera lo mantiene alejado del clamor popular.

“Una vez más Piñera elige reprimir, sordo y ciego, ha tenido una y otra vez la oportunidad de anunciar cambios y se mantiene soberbio. ¿Mañana va anunciar campos de concentración? Cada día se parece más  a Pinochet; ya hay sangre en sus manos”, se leía en el mensaje publicado por el senador chileno.

    En este sentido, los datos más recientes confirman que el número de muertos en Chile ascendieron -el martes pasado- desde el pasado lunes 14 de octubre, a 15 víctimas mortales, de acuerdo con información facilitada por el subsecretario del Interior, Rodrigo

    Sin embargo, contra lo que se suponía  lograrían las medidas de represión desde el poder, las protestas no solo continuaron sino que se extendieron por todo el territorio nacional. Un breve repaso por la interacción entre las medidas del Estado y las respuestas de los manifestantes durante las jornadas de protesta, lo confirma.

    El detonante de las protestas fue el anuncio de la entrada en vigor -el  pasado 6 de octubre- del aumento en el precio del boleto para el Metro de Santiago de Chile, propuesto por una compañía privada, con la que Estado chileno tiene participación y del incremento del pasaje en los autobuses Red, que conectan con el sistema Metro.

    Los primeros en tomar la calle para mostrar su descontento fueron los estudiantes de diversas instituciones secundarias y universitarias del país.

    Como respuesta, el Gobierno de Piñera invoca la Ley de Seguridad del Estado para endurecer las penas contra “los detenidos y hallados culpables de disturbios”, en las acciones que tuvieron lugar en el Metro capitalino.

    Ante tal medida, la reacción de la protesta fue la radicalización hasta el punto de aumentar la intensidad del enfrentamiento con las fuerzas represivas.  Se vieron –además de los enfrentamientos directos con los policías- saqueos de comercios, quemas de autobuses, destrozos en las estaciones del Metro y hasta la quema de una sede de la empresa de distribución eléctrica, ENEL.

    Frente a ello, Piñera redoblo la apuesta represiva: decretó el “estado de emergencia” para gran parte de la Región Metropolitana de Santiago lo que le permitió sacar a los militares a las calles para sumarse a los carabineros, y restringir la libertad de movilidad y reunión en espacios públicos durante un plazo de 15 días. Por si fuera poco,  también de decretó el “toque de queda” –además de en la capital- en  Valparaíso, en Concepción, en la región Metropolitana.

    Pese a tal grado de represión y restricción de movimiento, las  manifestaciones continuaron en las calles el pasado sábado y se extendieron por todo el país. 

    Esta respuesta de las masas en la calle hizo que el presidente Piñera diera marcha atrás a la medida del alza de los precios del Metro de Santiago.

    No obstante, la respuesta no fue la desmovilización. Al contrario, se plantearon posiciones políticas más allá de la respuesta puntual a la medida económica que desató la protesta como se expresa en la consigna que se gritan en muchas de las manifestaciones posteriores al anuncio oficial: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

    Con ese fondo, sobrevino un fin de semana duro de manifestaciones, denuncias en redes sociales, saqueos y por su puesto violencia policial. El pasado lunes Chile amaneció con un paro nacional convocado por diversas organizaciones llamaron a una huelga general. Entre ellas, organizaciones feministas, sindicatos mineros,  funcionarios de la salud,  portuarios y trabajadores del Estado. 

    Recordemos que Chile tiene uno de los de los sistemas educativos más onerosos del mundo, donde el servicio de agua es privado, así como el sistema de pensiones (casi en quiebra).