
LA IGLESIA ESPAÑOLA "NO SOLTARÁ PRENDA" EN RELACIÓN CON LOS CASOS DE SUS SACERDOTES PEDERASTAS
Mientras, los delitos por abusos sexuales a menores no hacen más que multiplicarse
La Iglesia española ha dicho que "nones", que no está dispuesta a abrir en canal una historia de décadas de abusos sexuales en sus colegios e instituciones eclesiásticas, en las que ejerció su dominio en régimen de monopolio durante los 40 años que duró de la dictadura franquista. ¿Qué factores son los que impiden que la iglesia católica española mire de frente a su escabroso pasado?
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
Parece claro que la Iglesia Católica española no parece tener la más mínima intención de permitir que las puertas de sus colegios, conventos, instituciones y parroquias se abran y pueda circular a través de sus muros la verdad sobre una historia de décadas de abusos a menores, de escarnios sexuales y de violaciones. A diferencia de otras Iglesias católicas europeas, e incluso latinoamericanas, la Iglesia Católica española que dominó la educación con carácter de monopolio durante años bajo la dictadura de Franco, se resiste ahora a permitir ningún tipo de revisión histórica o "catarsis" que ponga al descubierto los abusos y corruptelas cometidos bajo su amparo. ¿Qué factores son los que están impidiendo que la Iglesia Católica española sepa afrontar con honestidad su escabroso pasado? ¿Qué turbulentos episodios históricos pretende esconder su gerontocrática jerarquía?
Y es que, en efecto, hace ya más de medio año que el Ministerio de Justicia español solicitó de la Conferencia Episcopal española que le facilitara toda la información que obrara en su poder sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias relacionadas con agresiones y abusos sexuales, acaecidos en el marco de sus instituciones y centros escolares.
La respuesta de la Conferencia Episcopal española al Ministerio fue expresivamente taxativa. En boca de Luis Argüello, portavoz de la misma, se respondió que
"el Ministerio no puede, sin más, solicitar datos a una institución como la Conferencia Episcopal, ni esta se encuentra en posesión de datos que obran en poder de las Diócesis, Congregaciones religiosas y Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede».
El portavoz de la Conferencia Episcopal no tuvo reparos ala hora de reconocer que no ha contestado a la carta enviada por el Ministerio, porque
«en el Ministerio de Justicia, donde se encuentra la Dirección General de Asuntos Religiosos, ya saben, por peticiones anteriores, lo que la Conferencia puede realizar y lo que no… No hemos contestado formalmente, por tanto, a esa carta».
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado igualmente a la Iglesia Católica española, que no continúe "seleccionando" las denuncias o sospechas que le llegan y que, por el contrario, proceda a su inmediato traslado a las autoridades. Igualmente el Ministerio Fiscal pidió a la Conferencia Episcopal que sus Centros educativos adopten ya los protocolos antiabusos que se aplican en los colegios públicos.
Y es que las denuncias al respecto no hacen más que multiplicarse. Las cifras generales sobre abusos o agresiones sexuales a menores en múltiples ámbitos reflejaban que en 2018 los fiscales presentaron 1.091 acusaciones por este tipo de delitos. La mayoría eran abusos (761), seguidos de exhibicionismo y provocación (144) y de agresiones sexuales (137). Hubo 26 acusaciones por violación, es decir, por casos de agresión con penetración.
En cuanto a las sentencias condenatorias, se dictaron 737, una subida significativa respecto a las 560 de hace dos años. En torno a dos tercios de los casos fueron abusos sexuales. Hubo 13 condenas por violación.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
Parece claro que la Iglesia Católica española no parece tener la más mínima intención de permitir que las puertas de sus colegios, conventos, instituciones y parroquias se abran y pueda circular a través de sus muros la verdad sobre una historia de décadas de abusos a menores, de escarnios sexuales y de violaciones. A diferencia de otras Iglesias católicas europeas, e incluso latinoamericanas, la Iglesia Católica española que dominó la educación con carácter de monopolio durante años bajo la dictadura de Franco, se resiste ahora a permitir ningún tipo de revisión histórica o "catarsis" que ponga al descubierto los abusos y corruptelas cometidos bajo su amparo. ¿Qué factores son los que están impidiendo que la Iglesia Católica española sepa afrontar con honestidad su escabroso pasado? ¿Qué turbulentos episodios históricos pretende esconder su gerontocrática jerarquía?
Y es que, en efecto, hace ya más de medio año que el Ministerio de Justicia español solicitó de la Conferencia Episcopal española que le facilitara toda la información que obrara en su poder sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias relacionadas con agresiones y abusos sexuales, acaecidos en el marco de sus instituciones y centros escolares.
La respuesta de la Conferencia Episcopal española al Ministerio fue expresivamente taxativa. En boca de Luis Argüello, portavoz de la misma, se respondió que
"el Ministerio no puede, sin más, solicitar datos a una institución como la Conferencia Episcopal, ni esta se encuentra en posesión de datos que obran en poder de las Diócesis, Congregaciones religiosas y Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede».
El portavoz de la Conferencia Episcopal no tuvo reparos ala hora de reconocer que no ha contestado a la carta enviada por el Ministerio, porque
«en el Ministerio de Justicia, donde se encuentra la Dirección General de Asuntos Religiosos, ya saben, por peticiones anteriores, lo que la Conferencia puede realizar y lo que no… No hemos contestado formalmente, por tanto, a esa carta».
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado igualmente a la Iglesia Católica española, que no continúe "seleccionando" las denuncias o sospechas que le llegan y que, por el contrario, proceda a su inmediato traslado a las autoridades. Igualmente el Ministerio Fiscal pidió a la Conferencia Episcopal que sus Centros educativos adopten ya los protocolos antiabusos que se aplican en los colegios públicos.
Y es que las denuncias al respecto no hacen más que multiplicarse. Las cifras generales sobre abusos o agresiones sexuales a menores en múltiples ámbitos reflejaban que en 2018 los fiscales presentaron 1.091 acusaciones por este tipo de delitos. La mayoría eran abusos (761), seguidos de exhibicionismo y provocación (144) y de agresiones sexuales (137). Hubo 26 acusaciones por violación, es decir, por casos de agresión con penetración.
En cuanto a las sentencias condenatorias, se dictaron 737, una subida significativa respecto a las 560 de hace dos años. En torno a dos tercios de los casos fueron abusos sexuales. Hubo 13 condenas por violación.
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