PUERTO RICO SE LEVANTA CONTRA EL GOBIERNO BAJO LA ATENTA MIRADA DEL AMO COLONIAL

  Por EVA LAGUNERO / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Puerto Rico es, desde 1898, una colonia de Estados Unidos bajo el nombre de Estado Libre Asociado. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no con todos los derechos que de ello se deriva, ya que no pueden elegir a los miembros del Senado o la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, ni votar en las elecciones presidenciales. Eso sí, pueden servir de carne de cañón en las fuerzas armadas estadounidenses.

   Hubo un importante movimiento independentista en la isla. Uno de sus integrantes más conocidos, Óscar López Rivera, salió en 2017 en libertad tras 36 años de condena por la falsa acusación de “conspiración sediciosa”. Era considerado el preso político de Estados Unidos que más tiempo ha permanecido en prisión. En 1981, él y otros compañeros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, también condenados, declaraban:

   “Nuestra postura es clara. Puerto Rico es una nación intervenida, conquistada militarmente y colonizada por Estados Unidos (…) Somos prisioneros de guerra capturados por el enemigo. Nuestras acciones siempre se han dirigido y se dirigen a la lucha por la independencia, una guerra de liberación nacional (…) Es nuestro derecho recuperar y asegurar nuestra soberanía nacional. Nada se interpondrá en nuestro camino hacia ese fin”.

   El Comité Especial de la ONU sobre la Situación relativa a la Implementación de una Declaración de Otorgamiento de Independencia a Países y Pueblos Coloniales, ha pedido en varias ocasiones “al gobierno de EEUU abrir un proceso que posibilite al pueblo de Puerto Rico ejercer su pleno derecho a la autodeterminación y la independencia, y a decidir de forma soberana cómo gestionar sus asuntos”. El tema fue sometido a plebiscito popular en cinco ocasiones. En las tres de 1967, 1993 y 1998 se inclinó el voto por permanecer como Estado Libre Asociado. El 2012 hubo otra consulta con el mismo resultado, pero con acusaciones de irregularidad en el proceso electoral.

   Lo cierto es que Puerto Rico es cada vez en más colonia. En 2016, ante una enorme crisis de deuda, de la que no es ajena Wall Street, el Congreso de Estados Unidos decidió intervenir las finanzas y los sectores estratégicos de la economía de Puerto Rico mediante la Ley de Supervisión Dirección y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA por su siglas en inglés (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act).

   En 2017 se llevó a cabo un quinto referéndum sobre el estatuto de la isla (la “estatidad”), en el que la participación no llegó al 23 por ciento. De esta minoría el 97 por ciento votó por permanecer como Estado Asociado. Sin embargo, la escasa participación y las irregularidades detectadas en la confección del padrón restaron legitimidad a esta consulta. Poco después, la situación se tensó con la devastación que trajeron a su paso los huracanes Irma y María: 5.000 murieron y muchos más quedaron sin casas. La isla fue literalmente arrasada. El día después, Trump negó a los isleños la financiación para reconstruir sus hogares y vidas rotas. Lo único que les ofreció fue papel higiénico, gesto despectivo que encendió las iras de la población.

   Hubo varias organizaciones puertorriqueñas que acusaron al régimen de Trump de “terrorismo económico”. A día de hoy, la población de Puerto Rico no se ha recuperado de la tragedia y está, además, haciendo frente a una oleada de desahucios. En 2018, el organismo de la ONU arriba citado expresaba su preocupación porque PROMESA estaba estrangulando la débil zona económica que opera fuera de su control. El denostado Ricardo Rosselló estaba ahí, como sus predecesores, para servir a los intereses de EEUU y desatender las necesidades reales de la población, aplicando lo que se conoce como “economía del desastre” (por utilizar catástrofes naturales como excusa, al igual que se hizo en la Nueva Orleáns del Katrina): privatizarlo todo a beneficio empresas estadounidenses, que tributan menos en el país, e inflar la burbuja inmobiliaria. Es decir, más explotación para los isleños.

   Las masivas manifestaciones de julio no parecen haber tenido en su agenda la cuestión de la soberanía nacional. El descontento se ha canalizado hacia la corrupción del gobierno en una etapa de dura crisis económica. Rosselló ha acabado por presentar su cese como gobernador, que se hará efectivo el 2 de agosto. Según las leyes del país, tendría que haberle sustituido el Secretario de Estado, Luis Rivera Marín, que dimitió también tras el escándalo de los chats. La siguiente en el reemplazo era la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, otra figura del gobierno implicada en prácticas dudosas, que encontró el rechazo contundente del pueblo puertorriqueño en las calles, con carteles de “Wanda, tampoco te queremos”. Mientras escribimos estas líneas, acaba de hacerse público que Vázquez no desea ocupar el puesto de gobernadora interina (las próximas elecciones previstas 2020, si no hay un adelanto).

   El futuro político de Puerto Rico es, de momento, incierto. Mientras tanto, el ala dura de la administración Trump, la mayoría de miembros del congreso y los agentes mediáticos hacen todo lo posible por contener el levantamiento popular en Puerto Rico. Los editores del Wall Street Journal expresaron su preocupación por una posible amenaza de “socialismo democrático”, que pudiera acabar “arrancando la cabellera a los titulares de bonos”; y conminaron al Consejo de Supervisión, Dirección y Estabilidad Económica a “imponer disciplina”. De este modo, las empresas estadounidenses podrán seguir como hasta ahora, y la Casa Blanca mantener un punto de apoyo estratégico para la geopolítica del Gran Caribe, con sus doce bases militares instaladas en la isla.

Fuentes:

https://www.globalresearch.ca/puerto-rico-colonized-controlled-exploited-us/5684855

https://www.publico.es/internacional/sucesora-rossello-puerto-rico-dice.html

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/29/puerto-rico-en-llamas/