ESTADOS UNIDOS: UNA DICTADURA DISFRAZADA DE DEMOCRACIA

  Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Una pequeña muestra del verdadero carácter de  la “libertad”, la “democracia” y los “derechos humanos” que el gobierno de los Estados Unidos vende al resto del mundo lo ha expuesto recientemente alguien que reside en la propia barriga de la bestia y no es precisamente un peligroso extremista: el jurista John W. Whitehead. De su artículo “D is for Dictatorship Disguised as a Democracy”, ofrecemos un extracto, para mejor comprensión de lo que nunca informarán los medios corporativos: las condiciones que encara la mayoría de pueblo norteamericano, muy especialmente su clase trabajadora (1).

   Mientras el común de los estadounidenses mira extasiado el reality-show que televisan desde la Casa Blanca, el Estado Policial ha ido ganando terreno silenciosamente. Sancionado por el Congreso, la Casa Blanca y los tribunales de justicia, las libertades constitucionales se han ido al garete, y más cada día que pasa.  

   He aquí una guía de algunas de las crudas realidades de la vida en el Estado Policial Norteamericano:  

  En la cultura policial que es hoy EEUU, una persona puede recibir patadas, puñetazos, golpes de taser, disparos, intimidación, acoso, ser objeto de registro corporal, brutalidad, terror, arresto injusto, e incluso perecer a manos de un oficial de policía. Y ese oficial raramente responderá por haber violado tus derechos. La Carta de Derechos es papel mojado.

  El plan del gobierno para despojar a la gente corriente de sus libertades -por ejemplo, el derecho a la propiedad- lo están llevando a cabo bajo el disfraz de lo que se conoce como “requisa civil de bienes” (civil asset forfeiture), práctica por la cual agentes del gobierno (normalmente policías) te quitan aquellos bienes que ellos “sospechan” pueden estar vinculados a la comisión de un delito. Y, se pruebe o no que haya habido delito, el gobierno se queda con la propiedad de todos modos (2).

   En el campo de concentración electrónico, como llamo al Estado de vigilancia, además de que todos los aspectos de la vida de una persona son monitorizados por agentes del gobierno, todos los ciudadanos son sospechosos de algo, de ahí que se haga un seguimiento y regulación de sus actividades, se rastreen sus pasos y se espíen sus comunicaciones.

   El gobierno federal ha repartido a los departamentos de policía de todo el país armamento, vehículos y equipos militares, como drones, tanques y lanzagranadas, por valor de más de 18.000 millones de dólares. Como resultado, la mayoría de las fuerzas policiales de las pequeñas ciudades están lo suficientemente armados como para hacer inútil la resistencia de cualquier ciudadano.

   Las “cosas” conectadas a Internet vigilarán su casa, su salud y sus hábitos para mantener su despensa llena, sus aparados regulados y su vida bajo control y relativamente libre de preocupaciones. La palabra clave aquí, sin embargo, es control. Esta industria “conectada” nos acerca a un futuro en el que las agencias de policía prenderán  a cualquiera si el gobierno “cree” que puede cometer un delito.  

   Al haber trasladado a la población reclusa a cárceles privadas, esta forma de penalidad que sólo busca el beneficio ha dado origen a una industria de 70.000 millones de dólares y puede confiar  en la complicidad de los gobiernos estatales para que se mantengan llenas a base de enchironar a una enorme cantidad de norteamericanos por delitos insignificantes.

   Por 8 votos a 1, el Tribunal Supremo sentenció que los agentes de policía pueden irrumpir en los hogares sin orden judicial, incluso si se equivocan de hogar, siempre que crean que tienen razones para ello. El tribunal de justicia dará por legal la redada, lo que deja a la población indefensa ante cualquier tipo de abuso por parte de los agentes.

   Los lectores de matrículas de coche permiten a las fuerzas policiales y agencias privadas rastrear la ubicación de los vehículos y sus ocupantes en todo el país. Estos datos, recogidos de cientos de miles de personas inocentes, también son compartidos por agencias policiales, centros de fusión y empresas privadas. Esto nos pone al Gran Hermano en el asiento del conductor.

   Desde los años 80, el gobierno de EEUU ha adquirido y mantenido, sin orden judicial, una base de datos con nombres e información de ciudadanos estadounidenses que se consideran amenazas a la nación. Esta base de datos, llamada “Centro Principal” (Main Core), es para uso del ejército y agencias de inteligencia en caso de emergencia nacional o bajo ley marcial. En 2008, había 8 millones de ciudadanos en ella.

   Debido a la militarización de las fuerzas policiales, los llamados SWAT (fuerzas especiales) se despliegan ahora con frecuencia para tareas policiales rutinarias. De hecho, al año se llevan a cabo más de 80.000 de estas redadas paramilitares, es decir, más de 200 al día. Con el fin de detener a una sola persona meramente sospechosa de haber cometido un delito, generalmente por posesión de alguna pequeña cantidad de droga, los SWAT echan abajo la puerta de su casa, dañan su propiedad, aterrorizan a adultos y niños por igual, matan a sus mascotas, asaltan e incluso disparan a quien consideren que plantea una amenaza.  

   Gracias a la sobreabundancia de más de 4.500 delitos federales y más de 400.000 normas y regulaciones, se estima que el norteamericano medio comete tres delitos al día sin saberlo. Como resultado de esta sobre-criminalización, estamos viendo cómo suben los arrestos y encarcelamientos por “violaciones” tan absurdas como dejar que los niños jueguen en el parque sin supervisión, recoger agua de lluvia y nieve en su propia casa, plantar verduras en su patio, o dar lecciones de la Biblia en el salón de su casa.

   Inmunidad cualificada se llama lo que permite a los funcionarios públicos salir airosos, sin pagar un níquel, de sus fechorías. Los que deciden si un policía debe ser inmune pertenecen al mismo sistema; todos compinches con intereses creados en proteger a la policía y su infame código de silencio: fiscales de ciudad y condado, comisionados policiales, ayuntamientos y jueces.

   Los tribunales dan cada vez más cancha a los funcionarios públicos -especialmente la policía- para hacer registros corporales integrales -dejándote en cueros-, sacar sangre e incluso muestras anales por una amplia gama de violaciones, no importa lo pequeñas que sean. En el pasado, estos registros se hacían sólo en circunstancias excepcionales. En los últimos años se han hecho una rutina en la que cualquiera es sospechoso y, como tal, sujeto a un trato que antes se reservaba sólo a los delincuentes más peligrosos.

   Otra cosa que se ha hecho rutina son los incidentes en los que la policía dispara a personas desarmadas primero y les pregunta después, a menudo justificándolo en que temieron por su propia seguridad. Sin embargo, la tasa de fallecimientos de policías en servicio es mucho más baja que la de muchos otros trabajadores, como los de la construcción, los camioneros o quienes recogen la basura.  

   Hemos entrado en un nuevo paradigma en el que los jóvenes son vistos como sospechosos y tratados como delincuentes, a menudo por comportamientos infantiles. En algunas jurisdicciones, hay estudiantes penalizados, bajo la política de Tolerancia Cero, por “delitos” tales como llevar los labios pintados de negro, llevar cortauñas al colegio, o usar peines plegables que semejan navajas. Lo que los jóvenes aprenden es que, en el Estado policial de EEUU, o eres prisionero (engrilletado, controlado, vigilado, limitado en lo que puedes hacer, decir, etc.) o un funcionario de prisión (político, policía, juez, carcelero, espía, capitalista, etc.).

   Lo que debemos tener claro es que, después del 11 de Septiembre, en los EEUU el gobierno hace lo que quiere. Y al demonio con la libertad. Llámalo autoritarismo, fascismo, oligarquía o Estado policial. Con cualquier etiqueta que quieras ponerle, el resultado es el mismo: tiranía.

[1]     Sobre la situación de los derechos humanos en EEUU, http://canarias-semanal.org/not/23204/ee-uu-y-la-cuestion-de-los-derechos-humanos-donald-trump-no-es-el-problema

[2]     Imaginen lo que las “requisas civiles”  suponen para un trabajador o trabajadora, que son sus principales víctimas, que le priven de su vehículo, por ejemplo, que a veces es también instrumento de trabajo.  

Fuente:
https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/d_is_for_dictatorship_while_america_feuds_the_police_state_shifts_into_high_gear