ANTONIO PLASENCIA, PEDRO SICILIA Y MORALES: ¿IMPUNIDAD TOTAL PARA LOS ECOCIDAS DE TENERIFE?

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Durante dos décadas, entre los primeros años de los noventa y 2007, expoliaron impunemente las canteras del municipio tinerfeño de Güimar, causando graves daños en la zona, sin licencia y sin pagar un solo euro por los recursos de los que se estaban apropiando.  Así fue establecido en el juicio contra el presidente de la Federación de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia, como propietario de la empresa Áridos del Sur SA; José Enrique Morales Rodríguez, representante de la entidad mercantil Hermanos Morales Martín; Fulgencio Díaz Rodríguez, de Áridos Puertito de Güímar S.L.; Pedro Sicilia Delgado, dueño de Extracción de Áridos Canarios S.A.; y Francisco Javier del Rosario Fuentes, de Áridos Atlánticos S.L.

     A comienzos de 2016, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife los consideraba autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, pese   a la gravedad de unos hechos que podrían calificarse como un verdadero ecocidio, Antonio Plasencia - ex presidente de Fepeco y enjuiciado también por el caso de Las Teresitas - José Enrique Morales y Pedro Sicilia  lograron evitar la cárcel declarándose culpables y llegando a un acuerdo con la fiscalía. 

   El único de los acusados que no se declaró culpable antes del juicio, Francisco Javier Del Rosario, cumple  una pena de tres años de prisión. El resto de acusados fueron condenados a solo un año y tres meses, al aceptar una sentencia de conformidad y comprometerse  a la "restauración del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos de Güímar".

      El tribunal suspendió durante dos años su entrada en la cárcel, con la condición de que procedieran a "la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad".

¿UNA SENTENCIA FIRME O PAPEL MOJADO?

    En enero del pasado 2018, un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife establecía que los  areneros debían depositar una fianza total que rondaba los 170 millones de euros para no entrar en prisión.

   Hace tan solo un mes, esta misma instancia judicial volvía a ordenar una nueva remisión al Ministerio Fiscal de los tres tomos de la ejecutoria del conocido como "caso áridos de Güímar" reclamando a la Fiscalía, más de un año después, que se pronuncia sobre si pide la entrada en prisión inmediata de los condenados o que depositen la requerida fianza.

   Teóricamente, para evitar la condición de presos los empresarios deberían abonar 168.423.159,13 euros en conjunto y como fianza, de forma que Pedro Sicilia, representante de Extracciones de Áridos Canarios (Extracsa), aportaría 39.064.475,65 euros; Antonio Plasencia, por la sociedad Áridos del Sur (cantera Badajoz), 66.422.000,46 euros, y José Enrique Morales, 62.936.683,02 euros, como representante legal de Hermanos Morales Martín (Badén II).

  Sin embargo,  un año y tres meses después de que el tribunal dictaminara estas obligaciones de pago, los empresarios no han abonado ni un solo euro, continúan en libertad, sin que nadie sea capaz de explicar por qué las disposiciones legales no parecen ser de obligado cumplimento para los oligarcas de la isla. Se continúa abonando, de esta manera, la popular hipótesis de que las sentencias de la "Justicia" española, que se ejecutan de inmediato cuando se dictan contra cualquier hijo de vecino, y especialmente contra activistas sociales, militantes de izquierda o  independentistas, valen tanto como un papel mojado cuando afectan a poderosos empresarios o políticos del establishment.