CORONEL MARTÍNEZ INGLÉS: JUICIO AL PROCÉS: ¡NI REBELIÓN, NI HOSTIAS!

Por AMADEO MARTÍNEZ INGLÉZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

    Llevamos ya varias semanas en este bendito país sumidos en la notoriedad de un evento judicial francamente bochornoso, rocambolesco, inédito, desgraciado, ridículo, de vergüenza ajena individual, colectiva, internacional y mundial. De un evento, un proceso, una causa, un juicio (una venganza institucional, más bien) residenciado nada más y nada menos que en el máximo órgano jurisdiccional español, el Tribunal Supremo, y en virtud del cual se piden, por iniciativa ¡faltaría más! de la sacrosanta Fiscalía General del Estado, abultadísimas penas de hasta treinta años de prisión para algunos de los acusados por un supuesto delito que ni el más sádico o el más tonto de los guardianes de la legalidad en una nación respetuosa con los derechos y libertades de sus ciudadanos, se hubiera atrevido ni siquiera a insinuar. Por la sencilla razón de que el tal delito, TIPIFICADO NADA MENOS QUE COMO REBELIÓN ¡NO EXISTE, NO HA EXISTIDO NUNCA!

    Salvo, claro está, para la mente calenturienta y antidemocrática de unos pocos funcionarios del caduco régimen del 78, todavía de genética franquista, que ven el coco de la desintegración nacional en una simple manifestación de la voluntad popular aderezada con una algarada multitudinaria en la calle (con la rotura, eso sí, de retrovisores y pintadas en dos coches de la Guardia Civil) y precedida de una consulta al pueblo de Cataluña totalmente legal puesto que el famoso 1-O, se diga lo que se diga por los arbitrarios acusadores del Estado (e, incluso, indebidamente por los propios organizadores de la misma), nunca  fue realmente una consulta “por vía de referéndum” y por lo tanto amparada en el artículo 149.1-32ª de la Carta Magna. Y la también famosísima DUI no fue algo distinto a un angelical brindis al sol de los dirigentes políticos catalanes, totalmente apasionado y voluntarista, que nunca debió generar responsabilidad penal alguna ya que no se implementaron acciones en fuerza, planificadas y con armas, para hacerla efectiva. Hechos todos ellos ejecutados dentro del marco de los derechos fundamentales, totalmente inocuos desde el punto de vista judicial aunque posiblemente llamativos y reprobables para algunos políticos de la derecha o ultraderecha española y cuya represión, en el ámbito de la política y del orden público, debería haberse sustanciado con una simple multa o una reprobación institucional.

  Y para que le quede totalmente clara al lector la realidad de todo lo que acabo de señalar me voy a permitir rescatar a continuación lo que ya expuse sobre este importante asunto en mi artículo titulado “Una consulta legítima, democrática… y legal”, publicado en el año 2016 y que fue mayoritariamente aceptado por aquellos que tuvieron la amabilidad de prestarle atención aunque no obtuviera (estamos en la España diferente) resultado apreciable alguno. Decía así, este servidor de ustedes, hace ya algunos años en relación con una hipotética consulta popular en Cataluña:

  “A este respecto recordemos el artículo 149.1 de la Constitución española que citaba antes. Dice lo siguiente: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

32ª.- “Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”
 

    Es decir, las consultas populares que puedan convocarse en las Comunidades Autónomas por vía de referéndum deberán ser autorizadas por Estado español (se entiende el Gobierno nacional y las Cortes Generales) esto queda bien claro en el artículo, pero nada dice el mismo (ni ningún otro de la Carta Magna) de las otras consultas que no tengan como fin último el referéndum, o sea, que para nada contemplen la finalidad de que “el pueblo ratifique o apruebe lo que votaron sus representantes con anterioridad” y que, por lo tanto, quedan fuera de la preceptiva y constitucional autorización estatal.
 

      ¿Y qué es una consulta “vía referéndum”, se preguntará el lector profano, vaguetón, políticamente incorrecto o simplemente deprimido por la crisis, que acaba de leer las anteriores líneas? Pues para ello deberemos encomendarnos cuanto antes al Diccionario de la Lengua Castellana que, aunque es un tocho impresionante, nos puede sacar de dudas. Efectivamente. El citado refugio literario del lenguaje español dice lo siguiente referido a la palabra “referéndum o referendo”:
 

   “Acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos, con la finalidad de que el pueblo ratifique lo que votaron sus representantes”
 

     O sea, que para que cualquier consulta popular auspiciada por las autoridades de una Comunidad Autónoma española deba solicitar previamente la pertinente autorización del Estado tiene que esconder en su seno el carácter político de un referéndum en toda regla, esto es que su finalidad sea “ratificar lo que previamente han votado ya sus representantes”. Nada dice la Carta Magna, repito, de las consultas que no tengan este fin de “aprobación o ratificación de decisiones previamente adoptadas por los representantes del pueblo soberano” sino simplemente que sean eso “consultivas” de cara a que esos representantes legítimos puedan tener el suficiente conocimiento de lo que piensan sus administrados antes de tomar trascendentes decisiones que pueden afectar a su futuro en el campo de la política, la economía, la ecología, la sociología, la cultura, la lengua, las relaciones exteriores… etc, etc.
 

    Entonces, apreciables compatriotas que ya os veis al borde de una nueva confrontación civil por culpa de estos demócratas de pacotilla que nos gobiernan y que evidencian un miedo atroz a las urnas, si la cosa no se ha salido todavía de los cauces legales nacionales ¿a qué viene toda esa alharaca de gritos, descalificaciones, amenazas, insultos, imputación de delitos…etc, etc contra los legítimos representantes del pueblo catalán elegidos hace escasas semanas en las urnas y que lo único que quieren, y que acaban de decir, es preguntar a sus conciudadanos (y no parece que por vía de referéndum ya que ellos no piensan decidir nada sobre el tema hasta que lo haga el pueblo) como desearían que fuera la nación catalana en un futuro a medio o largo plazo? Nada más. Algo perfectamente legítimo, democrático y…además, legal. Porque si hacemos caso al artículo de la Constitución que acabamos de examinar, esa consulta en forma de encuesta general a la ciudadanía catalana, dados los cambios que se perfilan en el horizonte político español como consecuencia de la crisis económica e institucional que arrastra el Estado (hasta el PSOE es abierto partidario a día de hoy de la reforma de la Constitución y de un nuevo Estado federal), no solo es perfectamente deseable y conveniente sino casi obligatoria para un nuevo Govern que aspire a salir cuanto antes de la crisis general que padecemos y a cimentar unas bases sólidas para el futuro bienestar del pueblo catalán en su conjunto. Y en el tiempo y forma que elijan los propios ciudadanos.
 

   ¡Basta ya, pues, de esparcir delitos, deslealtades, traiciones, ignominias… y demás sambenitos anticatalanes por los cuatro puntos cardinales de esta piel de toro, que haría bien en no mirar para otro lado, lamerse sus heridas, sus corrupciones y ponerse a trabajar de una vez! ¡Y olvídense de seguir amenazando, señores prepotentes de la mayoría absoluta pepera, que ya no asustan a casi nadie! Porque puede ser, tal como está el patio español, que sean ustedes y no los dirigentes catalanes recién elegidos los que no estén ya en sus actuales poltronas, dentro de unos meses, cuando éstos decidan llevar a cabo su prometida consulta popular. Y para la realización de la cual, como acabamos de ver, no les hará falta ninguna autorización previa de su omnímodo poder”
       
 

    Bueno, pues a la vista de todo lo que acabo de poner negro sobre blanco otra vez, queridos amigos, en este convulso mes de marzo de 2019 abocado a una revulsiva primavera de elecciones de todo tipo que pueden acabar como el rosario de la aurora e introducir  a este país en la ingobernabilidad más absoluta, resulta meridianamente claro que aquí, en los últimos años y con la máxima responsabilidad recayendo en el Gobierno del cacique Rajoy, se ha montado un pollo, un problema, un escándalo, un sambenito, una estrafalaria “guerra” en el nordeste de España, un totum revolutum político y social… que nunca debió nacer y mucho menos sostenerse en el tiempo y desarrollarse. Con un peligro cierto, si esto sigue así, de acabar por implosión con el Estado español actual. Porque, a poco que analicemos su pernicioso origen, todo partió de una indeseable “entrada en pánico” de la clase política española del momento, timorata, antidemocrática, conservadora, corrupta e inepta que, pasito a pasito y memez tras memez, ha devenido en este ridículo y estrambótico juicio al procés catalán. Una especie de Núremberg a la española, de vía estrecha, pedestre y totalmente improcedente, para depurar las supuestas responsabilidades de los dirigentes políticos y sociales catalanes ¡NADA MENOS QUE POR REBELIÓN! ¡Toma ya!

   ¿Pero sabrán los irresponsables gobernantes españoles que propiciaron semejante despropósito judicial y político (casi todos ellos en el Consejo de Estado, en la reserva mediática o en la tumba fría) y los supremos jueces que ahora acuden a diario, adornados con su parafernalia vestimenta y su cara de iluminados sabios juzgadores, al plató del Tribunal Supremo en Madrid, qué coño (con perdón) es una rebelión, una auténtica rebelión contra un Estado democrático y de derecho, independientemente de lo que digan o no digan sus códigos profesionales? Pues no sé si lo sabrán todos estos altos funcionarios del poder legislativo o judicial (parece ser que no) pero los militares de carrera sí lo sabemos, lo hemos estudiado y analizado con detenimiento y dedicación ya que la carrera de las armas siempre ha sido muy vulnerable a este tipo de delitos de lesa patria y a título personal convenía estar vacunado ante eventuales cantos de sirena de poderes extraños. Por eso no me queda más remedio que, por si acaso, tratar de enseñar un poquito al que presuntamente no sabe de qué va tan trascendental tema.

     Para que una actuación delictiva pueda ser enjuiciada como presunta rebelión contra una nación o Estado democrático es absolutamente necesario que se hayan implementado en su puesta en marcha o en su desarrollo acciones que militarmente se denominan “en fuerza”, con armas, con unidades operativas militares o paramilitares dotadas de todo tipo de medios y con un poder ofensivo capaz de doblegar al poder contra el que se lucha y, por lo tanto, con posibilidad real de cambiar su régimen político legítimamente constituido. Por debajo de ese supuesto delito de rebelión, nos encontramos con otras figuras delictivas, típicas también en el área castrense, de menor rango y, normalmente, con menor e, incluso, nulo poder operativo para triunfar. Como pueden ser el “golpe de Estado”, el “pronunciamiento”, o la simple “declaración personal de un mando o jefe institucional”. En el golpe de Estado no es absolutamente necesario emplear la fuerza militar y las armas pues la mayoría de las veces es suficiente con mostrarlas, con exhibirlas ante el poder que se quiere destruir o ante los asustados ciudadanos que lo sufren. El pronunciamiento castrense, tan corriente y usual en la España del siglo XIX (pronunciamiento del general Martínez Campos en la primera restauración borbónica en la persona de Alfonso XII), casi siempre se saldaba sin ningún tipo de enfrentamiento militar o civil al estar casi siempre a cargo de un general de prestigio o el propio jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por último, aunque en mucha menor media, la historia española recoge algunas declaraciones institucionales de algún jefe militar de alto nivel, que en algún determinado momento convulso de la trayectoria política del país se permitió expresarse en contra del Gobierno de la nación o del propio rey, con resultado normalmente desastroso para el interesado.       

    Aquí en España, en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, sólo hemos padecido una rebelión de verdad, la del general Franco y sus secuaces africanistas el 18 de julio de 1936. Y ésta, que curioso, nunca ha sido juzgada por nadie hasta la fecha. ¿Como ha podido suceder semejante disfunción judicial, inaceptable a todas luces dado el tiempo transcurrido y en un régimen que desde 1978 se ha reclamado como demócrata y garante de los derechos y libertades de todos sus ciudadanos? Seguramente, y no me doy en absoluto de adivino, haya sido porque el franquismo, la dictadura, no murió con el autócrata gallego en noviembre de 1975 sino que, suficientemente enmascarada, escondida tras las bambalinas de una pseudodemocracia borbónica, ha perdurado hasta nuestros días.  Un régimen, el de la Constitución del 78, en el que han venido mandando los de siempre, los mismos o los herederos de los mismos, los golpistas (militares y civiles) de 1936.  

   Dentro de esta personal clasificación que a vuela pluma acabo de hacer, nunca podríamos calificar como rebelión ni como golpe de Estado (a pesar de que muchos historiadores así lo han definido) al “pronunciamiento” del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, desde su despacho de la capitanía general de Cataluña y que dio paso a una dictadura de apenas siete años de duración. Por la sencilla razón de que tal apuesta personal fue inmediatamente asumida por el rey Alfonso XIII nombrándolo jefe del Gobierno de la nación. Y, por supuesto, tampoco se puede definir como golpe de Estado o “intentona involucionista del 23-F” al auténtico autogolpe borbónico puesto en marcha el 23 de febrero de 1981 por los generales monárquicos Armada y Milans del Bosch para desmontar la verdadera rebelión (esta sí) que preparaban para el 2 de mayo de ese mismo año 1981 los generales radicales franquistas contra el rey Juan Carlos I. Y que sería abortada de raíz por tan singular y famosa pseudo asonada.

    Bueno, amigo, dejémonos ya de rebeliones, golpes de Estado y monsergas delictivas. Retomo el tema del esperpéntico juicio al “procés” abierto en canal en el Tribunal Supremo de este país, permitiéndome formular una muy personal sugerencia. Convendría que por quien corresponda, en realidad todas las fuerzas vivas de este país, políticas y sociales, se intentara reconducir la perniciosa y peligrosa deriva política y social en la que nos encontramos todos, españoles y catalanes en particular. En las guerras, cuando ninguno de los dos bandos puede ganar al otro pero tampoco ninguno quiere perder, se recurre felizmente a una figura salvadora: EL ARMISTICIO. Los dos bandos, sobre todo si están dirigidos por personas inteligentes, dejan de pelearse entre sí y vuelven sus armas contra la propia guerra que los está esclavizando y destruyendo. Si no pueden alcanzar la paz definitiva sí pueden acabar con la “no paz”, con el enfrentamiento suicida.   

    En esta sucia, ridícula, estrafalaria “guerra” desatada en el NE de la península ibérica, ninguno de los dos bandos está en condiciones de ganarla y sí de perderla. Acabemos con ella cuanto antes. Cerremos todos los frentes de la confrontación. Archivemos los procesos irresponsablemente abiertos. Dejémonos de juicios onerosos con peticiones desaforadas y vengativas de petición de condenas y abramos mesas y cauces de diálogo y colaboración. Si sangrientas guerras con centenares de miles de muertos han sido calladas y silenciadas en virtud de un venturoso armisticio ¿Cómo no se va a poder acabar con este embrollo político/jurídico/social que nosotros mismos nos hemos creado en Cataluña? El mundo nos está mirando y el espectáculo que le estamos dando a diario en el Tribunal Supremo de este país no es precisamente halagüeño. Los próximos meses y años, con el patio político como está dividido en cinco o seis reinos de taifas, se presentan particularmente desagradables por no decir algo mucho peor. Hay que abrir un período constituyente en este país y pronto. Si hay que refundar España pongámonos manos a la obra. Si seguimos discutiendo y gastando nuestras energías en peleas de barrio y venganzas de todo tipo estamos perdidos. Pero tampoco caigamos en la depresión o la inacción. Los ciudadanos de este país hemos salido de otras peores ¡Y CON NOTA!

Amadeo Martínez Inglés
Madrid 22 de marzo de 2019