EL GOBIERNO CANARIO CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS MAYORES

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Continúa la polémica por la decisión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de imponer un límite de permanencia cuatro años al alumnado de los centros de educación para adultos para concluir la Formación Básica Inicial, hasta ahora sin límite. Una normativa, que si llega a aplicarse tal y como pretende la consejera Manuela Armas, podría dejar fuera de estos centros a miles de mayores, que en su día no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación reglada.

    Hasta un 80% de los mayores que cursan la Formación Básica Inicial, que este año tiene 4.825 personas matriculadas en las Islas divididas en 213 grupos, podría ser expulsado de este sistema educativo por la nueva normativa, según ha denunciado el sindicato STEC-IC.

    Esta organización sindical explica que el alumnado afectado, en su mayoría mujeres, "tiene como objetivo alcanzar unos niveles de aprendizaje funcionales que en su momento no tuvieron la oportunidad de conseguir, por lo que no pretenden necesariamente obtener una titulación académica".

 El sindicato apunta que

"para impedir la vulneración del derecho a la formación a lo largo de la vida, que es la razón de ser de los centros de adultos, legítimamente las direcciones de los CEPA han tenido la valentía de salir en defensa de su alumnado, suscribiendo un comunicado de apoyo, e incluso han acudido a la Diputación del Común para que mediase en el tema".

    Según informan en un comunicado remitido a la redacción de Canarias semanal, el pasado martes STEC-IC mantuvo otra reunión con los representantes de los Centros de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) de toda Canarias para analizar su situación tras las últimas decisiones de la Consejería de Educación que -dicen- "ponen en peligro buena parte de las enseñanzas que estos centros imparten, así como para escuchar sus demandas y problemas y comprometerse a apoyarlos con todos sus recursos tanto materiales como humanos".

   "La Consejería de Educación, y en concreto la Dirección General de Formación Profesional y Adultos, a quien compete la gestión de los CEPAs, ha tomado una serie de resoluciones arbitrarias contrarias al espíritu y a la filosofía de los propios Centros de Adultos, que consiste en dar respuestas a las necesidades educativas de un sector a la ciudadanía que en su momento no pudo estudiar por falta de recursos y que ahora encuentra la oportunidad de hacerlo".

    "La decisión de fijar un límite de 4 años para superar la Formación Básica Inicial, cuando hasta ahora no había límite para ello, supone -reiteran- dejar sin efectos el derecho a la formación a lo largo de la vida de 5000 alumnos/as que ningún gobierno se había atrevido a hacer hasta este momento".

    "Esta iniciativa -añade- que lesiona derechos y garantías, también afecta a unos 450 profesores aproximadamente que cuyos puestos pueden verse afectados".

   El sindicato denuncia, igualmente, que junto a esta decisión que califican como "grave y unilateral", "la propia Consejería tiene en mente también que las materias de Dibujo, Música y Educación Física que forman parte de los Ámbitos que conforman la enseñanza de personas adultas, queden fuera de dichos Ámbitos y, por tanto, de la formación que el alumnado pueda recibir, suprimiendo así una serie de enseñanzas necesarias y de incuestionable interés para el alumnado y perjudicando gravemente a la comunidad educativa".

   El sindicato sostiene que "la disconformidad con estas medidas de la propia Comunidad Educativa, quedó patente en la reunión que mantuvo la Consejería con los directores/as de los CEPAs".

    Sin embargo -denuncian- "lejos de arreglar o solventar los problemas, a raíz de esta reunión, la Dirección General de Formación Profesional y de Adultos ha citado a algunos de los directores, a nuestro juicio, con un claro carácter intimidatorio".

   "Desde el STEC-IC -concluyen- queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los CEPAs de Canarias y advertimos a la Consejería que nos va a tener enfrente cada vez que arbitre medidas tendentes al desmantelamiento de las enseñanzas de personas adultas puesto que generan un problema social y atentan contra los derechos de aquellas personas que contribuyeron con su trabajo a que la educación tuviera el carácter universal que ahora se le reconoce a la Escuela Pública".