"EL GOBIERNO DE CANARIAS INCUMPLE SU PROPIA LEY REDUCIENDO LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  "La Ley Canaria de Educación establece que el Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la misma, deberá incrementar los recursos económicos destinados al sistema educativo hasta situarlos en 2022 como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto".

     Sin embargo, según denuncia la Plataforma por el 5% para la Educación en un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, "el Gobierno autónomo incumple flagrantemente esta obligación, que los partidos que lo integran se comprometieron a hacer efectiva en su programa de investidura".

    El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria 2022 enviado por el Gobierno de Canarias al Parlamento regional recoge una previsión de un PIB de 48.955 millones de euros para el año 2022 y un gasto consolidado en Educación de 2.101.077.095 euros, lo que implica que la inversión en Educación en estos presupuestos, "no sólo no alcanza el 5% del PIB sino que retrocede hasta el 4,29%, 0,26 puntos porcentuales menos que en el pasado ejercicio", según indica este colectivo en su comunicado.

    Esta Plataforma considera que, a pesar de las especiales circunstancias creadas por el COVID o el apoyo urgente y obligado a la situación de La Palma, se daban las condiciones para mantener o incrementar ligeramente los niveles de inversión respecto al PIB alcanzados en la Educación.

    "Esperábamos  -afirman - que este gobierno autodenominado progresista entendiera la oportunidad de hacer pedagogía social y activara algunas medidas fiscales compensatorias hacia las rentas altas para mejorar los ingresos de la comunidad y poder afrontar dichas urgencias y la mejora de nuestros servicios públicos. Lamentablemente no ha sido así y, pese al esfuerzo realizado -gracias, en gran parte, a los fondos procedentes de Europa y del Estado-, Canarias sigue siendo un ejemplo paradigmático de desigualdad social: verdadero paraíso fiscal para los grandes lobbies empresariales y campeona estatal en tasas de pobreza, déficits en los servicios públicos y bajos salarios".

    El descenso de la inversión en Educación (del 4,55% al 4,29% del PIB) viene acompañado, además, por un descenso en la fiscalidad (ingresos por impuestos y tasas) la cual pasa del 7,44% al 7,07 del PIB, cuando el pasado ejercicio ya era la más baja, con diferencia, de todo el Estado. Dicha reducción de ingresos fiscales en relación al PIB supone renunciar a 181.173.478 euros.

   "Si la fiscalidad se hubiera mantenido en el 7,44% del PIB -apuntan - Canarias habría tenido margen suficiente para incrementar al menos ligeramente su inversión en Educación hasta el 4,66% del PIB sin tocar ninguno de los otros gastos".

   Para la Plataforma, resulta sorprendente que "ante este claro incumplimiento no se ofrezca, además, ninguna alternativa para alcanzar el 5% del PIB a corto plazo".

    Por ello, exigen un plan detallado para alcanzar el 5% del PIB en un plazo razonable en el que se especifique los escenarios del PIB de los próximos años, los incrementos del presupuesto de Educación para cada año y las modificaciones en los presupuestos (mermas de otros gastos e incrementos de ingresos) necesarios para cumplir este objetivo.

  "Proponemos además -dicen- que la consejería del área elabore de modo simultáneo y urgente un plan de inversiones que establezca el destino de estos incrementos para resolver el grave retraso en la implantación de la educación infantil de 0-3 años, el déficit en las plantillas docentes, la modernización de los centros, la extensión de la FP y la atención a la diversidad".

    La creciente brecha educativa que mantiene Canarias respecto al resto de comunidades exige por parte de los responsables políticos "más conciencia, más valentía y un mayor compromiso para afrontar con urgencia los objetivos previstos en la Ley Canaria de Educación"- agregan.

    "Canarias alumbrará un futuro económico más próspero y menos desigual cuando la Educación sea una verdadera prioridad que esté respaldada por unos presupuestos que respondan a las necesidades detectadas por la propia Ley Canaria de Educación"- concluyen.