PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA: EL DELITO INFAME QUE "NUNCA HA EXISTIDO" (VÍDEOS)
En Francia se revelaron más de 300.000 casos, en España se niega que algo similar pueda haber sucedido
Todos los datos corroborados hasta la fecha sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica indican que los casos conocidos constituyen tan sólo la punta de un iceberg, que se mantiene oculto por la impunidad de la que goza esta poderosa institución internacional. Pese a todo, en los últimos años han ido saliendo a la luz centenares de miles de casos de abusos sexuales cometidos contra menores por clérigos en todo el mundo.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Todos los datos corroborados hasta la fecha sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica indican que los casos conocidos constituyen tan sólo la punta de un iceberg, que se mantiene oculto por la impunidad de la que goza esta poderosa institución internacional. Pese a todo, en los últimos años han ido saliendo a la luz centenares de miles de casos de abusos sexuales cometidos contra menores por clérigos en todo el mundo.
El pasado 2021, una comisión independiente encargada de investigar estos hechos en Francia revelaba la existencia de al menos 330.000 casos de pederastia perpetrados por clérigos católicos de ese país. Descubrimientos similares se han hecho en países como Estados Unidos, Canadá Brasil, Chile, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza o Irlanda.
Significativamente, en el Estado español, donde la educación de los infantes fue durante décadas un monopolio de la Iglesia católica, no existe aún un movimiento popular suficientemente fuerte que reclame justicia por los casos que, de manera aislada, sí se han comenzado a denunciar. También aquí, sin embargo, la realidad comienza a salir a la luz.
Hace unas semanas, se conocían nuevos datos sobre casos de pederastia que afectan a la Iglesia Católica en España. El diario El País, recogiendo denuncias y testimonios directos de víctimas, comunicaba al Vaticano 251 casos que implican a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.
Aunque la Iglesia ha reconocido 220 casos desde el año 2001, estas cifras distan mucho de representar la realidad.
Solamente los casos que están siendo documentados por El País desde 2018 ascienden a unos 1.000.
Cifra que, nuevamente, sólo se puede considerar como una pequeña muestra de lo que muy probablemente sucediera durante décadas en los colegios, sacristías e iglesias españolas.
En la inmensa mayoría de los casos se trata de pederastas que han cometido decenas de abusos y que han sido encubiertos y protegidos por la institución eclesiástica, y que todavía gozan de esta protección.
Mientras tanto, las víctimas y sus familiares llevan décadas luchando por obtener un reconocimiento y reparación que se les continúa negando
En los últimos años, ante la magnitud de los escándalos y la imposibilidad de seguir encubriéndolos, la Iglesia y el Vaticano se han visto obligados a dar alguna aparente respuesta para intentar darse un lavado de cara.
El propio papa Francisco, con la cobertura de los medios de comunicación anunció el inicio de una supuesta “cruzada” dentro de la Iglesia para acabar con la pederastia. La realidad es, sin embargo, que esto no ha pasado de ser un mero anuncio publicitario. La enorme distancia que existe entre sus palabras y sus actos, no obstante, ya le fue reprochada por las víctimas de estos abusos en Chile durante su viaje a ese país sudamericano, donde Francisco ignoró sus denuncias y defendió al obispo Juan Barros de las acusaciones de encubrir abusos sexuales hasta en la misma escalerilla del avión que lo llevaría de vuelta a Roma.
"¡No hay una sola prueba en su contra. Todo es calumnia!" - manifestó irritado Bergoglio a los periodistas que le preguntaron al respecto.
Sólo un mes después, Barros y otros tres obispos chilenos se veían obligados a presentar su renuncia por los encubrimientos sistemáticos de los abusos cometidos contra menores.
EL GOBIERNO DEL PSOE Y UNIDAS PODEMOS SOSTIENE LA IMPUNIDAD DE LA IGLESIA
En el Estado español esta impunidad, fomentada con la inviolabilidad del secreto eclesiástico, es todavía mayor. El hecho de que los delitos de abusos hacia menores, hasta bien poco, prescribiesen a los 5 años a partir de que las víctimas cumpliesen 18 contribuía a dicha impunidad.
Por otro lado, los lazos existentes entre los diferentes aparatos del Estado y la Iglesia Católica no se rompieron con el fin de la dictadura franquista. Actualmente, los vínculos de numerosos jueces con sectas ultrarreligiosas católicas dan buena muestra de ello.
Por su parte, el gobierno del PSOE y unidas podemos, autoproclamado como el "más progresista de la historia", tampoco ha hecho nada para modificar esta situación. No ha tomado ninguna medida, ni para investigar la magnitud del fenómeno de la pederastia en la Iglesia Católica, ni para limitar la prevalencia que aún mantiene en sectores tan importantes como la educación o el cuidado de los menores de edad.
LA POLÍTICA OFICIAL DE LA IGLESIA: ENCUBRIMIENTO BAJO AMENAZA DE EX COMUNIÓN
Durante décadas y décadas, la forma en la que la Iglesia Católica actuó con los sacerdotes pederastas consistió encubrirles y, cuando su comportamiento comenzaba a despertar sospechas o aparecían las primeras denuncias en una comunidad, trasladarlos a otros destinos donde, con una feligresía que ignoraba la existencia de un depredador sexual, estos continuaban realizando sus mismas prácticas con otros menores.
Esta política de la Iglesia no fue el fruto de una improvisación sino que se encontraba fijada por la instrucción "Crimen sollicitationis", aprobada por Juan XXIII en 1962. En este documento, la Congregación del Santo Oficio establecía los procedimientos para afrontar los casos de clérigos responsables de abusos sexuales, imponiendo la obligación de guardar silencio sobre los mismos y no denunciarlos fuera del ámbito de la iglesia bajo pena de excomunión. Se trata de una política explícita y escrita para encubrir los casos de abusos sexuales a menores cometidos por los "hombres de Dios".
La última etapa de vigencia de las instrucciones recomendadas por la iglesia frente al Crimen Sollicitationis coincidió con el desempeño del entonces cardenal Joseph Ratzinger –luego Papa Benedicto XVI–, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, el futuro Papa fue el responsable de seguir los casos relacionados durante dos décadas.
En 2001, Joseph Ratzinger encargó redactar el decreto que habría de suceder a la anterior directiva Crimen Sollicitationis.
Sin embargo, en espíritu, el nuevo decreto consagró los principios esenciales del antiguo, como la pena de excomunión a quien osará denunciar a los tribunales ordinarios estos crímenes. Se envió una copia del nuevo decreto a todos los obispos del mundo, en el que se ordenaba que la Santa Sede tuviera lo que él denominó una "competencia exclusiva". Es decir, que todos los alegatos de abusos sexuales debían presentarse exclusivamente en Roma.
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Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Todos los datos corroborados hasta la fecha sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica indican que los casos conocidos constituyen tan sólo la punta de un iceberg, que se mantiene oculto por la impunidad de la que goza esta poderosa institución internacional. Pese a todo, en los últimos años han ido saliendo a la luz centenares de miles de casos de abusos sexuales cometidos contra menores por clérigos en todo el mundo.
El pasado 2021, una comisión independiente encargada de investigar estos hechos en Francia revelaba la existencia de al menos 330.000 casos de pederastia perpetrados por clérigos católicos de ese país. Descubrimientos similares se han hecho en países como Estados Unidos, Canadá Brasil, Chile, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza o Irlanda.
Significativamente, en el Estado español, donde la educación de los infantes fue durante décadas un monopolio de la Iglesia católica, no existe aún un movimiento popular suficientemente fuerte que reclame justicia por los casos que, de manera aislada, sí se han comenzado a denunciar. También aquí, sin embargo, la realidad comienza a salir a la luz.
Hace unas semanas, se conocían nuevos datos sobre casos de pederastia que afectan a la Iglesia Católica en España. El diario El País, recogiendo denuncias y testimonios directos de víctimas, comunicaba al Vaticano 251 casos que implican a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis.
Aunque la Iglesia ha reconocido 220 casos desde el año 2001, estas cifras distan mucho de representar la realidad.
Solamente los casos que están siendo documentados por El País desde 2018 ascienden a unos 1.000.
Cifra que, nuevamente, sólo se puede considerar como una pequeña muestra de lo que muy probablemente sucediera durante décadas en los colegios, sacristías e iglesias españolas.
En la inmensa mayoría de los casos se trata de pederastas que han cometido decenas de abusos y que han sido encubiertos y protegidos por la institución eclesiástica, y que todavía gozan de esta protección.
Mientras tanto, las víctimas y sus familiares llevan décadas luchando por obtener un reconocimiento y reparación que se les continúa negando
En los últimos años, ante la magnitud de los escándalos y la imposibilidad de seguir encubriéndolos, la Iglesia y el Vaticano se han visto obligados a dar alguna aparente respuesta para intentar darse un lavado de cara.
El propio papa Francisco, con la cobertura de los medios de comunicación anunció el inicio de una supuesta “cruzada” dentro de la Iglesia para acabar con la pederastia. La realidad es, sin embargo, que esto no ha pasado de ser un mero anuncio publicitario. La enorme distancia que existe entre sus palabras y sus actos, no obstante, ya le fue reprochada por las víctimas de estos abusos en Chile durante su viaje a ese país sudamericano, donde Francisco ignoró sus denuncias y defendió al obispo Juan Barros de las acusaciones de encubrir abusos sexuales hasta en la misma escalerilla del avión que lo llevaría de vuelta a Roma.
"¡No hay una sola prueba en su contra. Todo es calumnia!" - manifestó irritado Bergoglio a los periodistas que le preguntaron al respecto.
Sólo un mes después, Barros y otros tres obispos chilenos se veían obligados a presentar su renuncia por los encubrimientos sistemáticos de los abusos cometidos contra menores.
EL GOBIERNO DEL PSOE Y UNIDAS PODEMOS SOSTIENE LA IMPUNIDAD DE LA IGLESIA
En el Estado español esta impunidad, fomentada con la inviolabilidad del secreto eclesiástico, es todavía mayor. El hecho de que los delitos de abusos hacia menores, hasta bien poco, prescribiesen a los 5 años a partir de que las víctimas cumpliesen 18 contribuía a dicha impunidad.
Por otro lado, los lazos existentes entre los diferentes aparatos del Estado y la Iglesia Católica no se rompieron con el fin de la dictadura franquista. Actualmente, los vínculos de numerosos jueces con sectas ultrarreligiosas católicas dan buena muestra de ello.
Por su parte, el gobierno del PSOE y unidas podemos, autoproclamado como el "más progresista de la historia", tampoco ha hecho nada para modificar esta situación. No ha tomado ninguna medida, ni para investigar la magnitud del fenómeno de la pederastia en la Iglesia Católica, ni para limitar la prevalencia que aún mantiene en sectores tan importantes como la educación o el cuidado de los menores de edad.
LA POLÍTICA OFICIAL DE LA IGLESIA: ENCUBRIMIENTO BAJO AMENAZA DE EX COMUNIÓN
Durante décadas y décadas, la forma en la que la Iglesia Católica actuó con los sacerdotes pederastas consistió encubrirles y, cuando su comportamiento comenzaba a despertar sospechas o aparecían las primeras denuncias en una comunidad, trasladarlos a otros destinos donde, con una feligresía que ignoraba la existencia de un depredador sexual, estos continuaban realizando sus mismas prácticas con otros menores.
Esta política de la Iglesia no fue el fruto de una improvisación sino que se encontraba fijada por la instrucción "Crimen sollicitationis", aprobada por Juan XXIII en 1962. En este documento, la Congregación del Santo Oficio establecía los procedimientos para afrontar los casos de clérigos responsables de abusos sexuales, imponiendo la obligación de guardar silencio sobre los mismos y no denunciarlos fuera del ámbito de la iglesia bajo pena de excomunión. Se trata de una política explícita y escrita para encubrir los casos de abusos sexuales a menores cometidos por los "hombres de Dios".
La última etapa de vigencia de las instrucciones recomendadas por la iglesia frente al Crimen Sollicitationis coincidió con el desempeño del entonces cardenal Joseph Ratzinger –luego Papa Benedicto XVI–, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, el futuro Papa fue el responsable de seguir los casos relacionados durante dos décadas.
En 2001, Joseph Ratzinger encargó redactar el decreto que habría de suceder a la anterior directiva Crimen Sollicitationis.
Sin embargo, en espíritu, el nuevo decreto consagró los principios esenciales del antiguo, como la pena de excomunión a quien osará denunciar a los tribunales ordinarios estos crímenes. Se envió una copia del nuevo decreto a todos los obispos del mundo, en el que se ordenaba que la Santa Sede tuviera lo que él denominó una "competencia exclusiva". Es decir, que todos los alegatos de abusos sexuales debían presentarse exclusivamente en Roma.
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