
LAS ONG'S EN AMÉRICA CENTRAL: LEGISLANDO PARA CONTROLAR Y "TRASPARENTAR"
"Las autoridades en cada país han identificado la necesidad de actualizar las normas nacionales"
Las ONG’s son desde hace varias décadas significativos actores en los medios rurales y urbanos de Asia, América Latina y África. Las hay, sin embargo, que actúan a las órdenes de sus principales donantes en Europa, Estados Unidos o Japón (...).
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) son desde hace varias décadas significativos actores en los medios rurales y urbanos de Asia, América Latina y África. Su número ha crecido tanto como su variedad en cuanto a objetivos, financiación, métodos de trabajo, etc. Las hay, sin embargo, que actúan a las órdenes de sus principales donantes en Europa, Estados Unidos o Japón, y no siempre para fines altruistas, sino como armas de injerencia en la política de los países donde actúan.
Un ejemplo de esto último fue la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, que tuvo un papel en el intento de golpe de Estado de 2018 en Nicaragua y cuyo director, Álvaro Leiva, fue acusado de robar casi medio millón de dólares de financiación, proveniente de la NED estadounidense, para desestabilizar al gobierno sandinista. Pero esta ONG es solamente una parte de la enorme “industria de los derechos humanos” que funciona con propósitos políticos.
Este es uno de los motivos por los que los Estados de América Central, incluida Nicaragua, han revisado sus legislaciones para ejercer un control más directo de estas entidades en cuanto a la procedencia de sus fondos y, sobre todo, asegurar que estos se destinen a los proyectos que figuran en sus estatutos y no los desvíen a otras causas ajenas.
Por MAGDA LANUZA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El inicio de los años noventa, marcó el fin de las guerras y el establecimiento de la paz en la región, con la excepción de Costa Rica, país que jugó otro rol en ese contexto. A continuación, vino el proceso de reconstrucción y de paz, que fue desigual para las naciones más afectadas por la hostilidad y la guerra, pero fue común a todos, la promoción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nacionales por las agencias internacionales. El resultado de ello es que hoy encontramos una gran concentración de ONGs en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La legalidad de sus operaciones está garantizada en los derechos libres de asociación de cada nación. La temática del trabajo de las también llamadas Organizaciones de la sociedad civil se ha ido diversificando, complejizando y creciendo en cantidad de recursos de todo tipo. Ello es parte de los cambios agigantados de nuestras sociedades en los últimos años. La tecnología ha dado paso a nuevas formas de relaciones en todos los niveles, el ámbito de las libertades se amplió y el desarrollo sostenible se ha anclado en los discursos y en los enfoques de trabajo. Ante estos escenarios, las autoridades en cada país han identificado la necesidad de actualizar las normas nacionales para el trabajo de estas organizaciones. En todos los momentos, ha habido descalificación y rechazo de los sectores y no se han visto las oportunidades para avanzar en sociedades más inclusivas. Es menester esbozar acá los hechos recientes:
Guatemala: En 2017 el expresidente Jimmy Morales inició las reformas, con la iniciativa 5257 (1). La Ley solo fue aprobada a inicios de 2020. Al llegar al poder el presidente Alejandro Giamattei, se avanzó en las reformas para aumentar los controles a las ONGs. Ante ello, las organizaciones metieron recursos y las reformas fueron suspendidas provisionalmente durante un año por la Corte de Constitucionalidad de la nación. El 12 de marzo de 2021 la CC rechazó definitivamente los amparos de las ONGs y la ley entró en vigor en abril de 2021 (2). El objetivo es regular más la evasión fiscal y otras anormalidades que suceden en esos pequeños mundos. “Las ONGs que están correctamente actuando yo no creo que tengan problemas al decir estos son los fondos que recibo y así los utilizo en esto”, dijo en conferencia de prensa el presidente guatemalteco.
Honduras: En este país es donde más reformas y nuevas regulaciones se han introducido desde el año 2011 al trabajo de las ONGs. En 2016 se aprobaron las últimas normas estrictas y controles al financiamiento que reciben para implementar sus proyectos y actividades. En ese año hubo mucho activismo contra las nuevas disposiciones de las autoridades, las que fueron catalogadas como persecución política. Sin embargo, las organizaciones poco a poco hicieron los ajustes legales y administrativos que correspondían, hasta llegar a pagar multas por no haber reportado en años a la oficina de ONGs. Este es el único país en la región que tiene una oficina explicita para el trabajo de las organizaciones: Dirección de Registro, Regulación y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) (3). Desde 2019 están esperando nuevas normas propuestas que debido a la inestabilidad política que vive el país aún no se discuten en el Congreso.
Nicaragua: Luego del intento de golpe en abril de 2018, quedó demostrado que algunas ONGs tuvieron un papel activo. Sin embargo, fue hasta octubre de 2020 que la Asamblea Nacional aprobó algunas reformas para promover una mejor fiscalización de los fondos con los que trabajan (4). Se trata de una regulación paralela que dio 3 meses para actualizar toda la documentación legal para luego obtener un código que les hará registrar online las transferencias de fondos y documentar lo suficiente para transparentar el trabajo. Igual que en Guatemala y en Honduras, las voces contra, han sido de supuesta persecución política a las organizaciones civiles. Sin embargo, la modernización y la transparencia de las ONGs ha justificado estos cambios y la mayoría de las organizaciones terminaron de presentar sus documentos, sin mayores dificultades.
El Salvador: Este país es el último con las reformas a las ONGs. La nueva Asamblea que tomó posesión el 1 de mayo, ya anunció que vienen reformas a la ley pues deben fiscalizar mejor. Para iniciar han creado una comisión que ya supervisa la donación de US$ 273 millones entregados por el estado a 360 ONGs desde 2010 a 2021 (5). Esta será otra etapa para las organizaciones de este país, pues la situación está mediatizada por el hecho que la USAID, uno de los mayores donantes de los programas gubernamentales, ha decidido trasladar sus fondos a las ONGs.
Las ONGs tienen finalidades específicas para su trabajo según las leyes de cada país. Estas han contribuido a la reconstrucción, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la democracia, el marco del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y mucho más. Pero al hacer ese reconocimiento, no debemos dejar de lado que también han cambiado, crecido y complejizado con los años, igual que toda la sociedad. Actualizar, ordenar y transparentar los procesos en el que operan las ONGs es parte del desarrollo de las sociedades centroamericanas. Según las leyes de Guatemala, “Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público (6). Tampoco podemos obviar que hay Fundaciones y Asociaciones que operan bajos modelos antidemocráticos, secretismo, nepotismo, eternos liderazgos, violaciones de derechos laborales, discriminación, verticalismo, prácticas de corrupción y traspasan fondos a otras causas para las que no están mandatados. El monje no solo debe parecerlo, debe serlo.
Igual que muchos funcionarios gubernamentales, las ONGs tienen techos de vidrio. No solo deben actuar bajo el marco de derechos, sino también de deberes. Para hacer demandas, alzar voces y campañas contra la corrupción, demandar transparencia, exigir libertades y derechos, también deben trabajar esas causas desde dentro. Por lo tanto, aquellas organizaciones que están ocupadas en reducir la pobreza, liderar el desarrollo sostenible, adelantar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible, no se sienten amenazadas, sino que trabajan por ajustarse a nuevos tiempos. La credibilidad y la transparencia deben ser prioridad para con ello demostrar que están redistribuyendo la riqueza, y no malversando, ni acumulando, ni desviando fondos a actividades fuera de la ley. Los recursos que manejan llegan a estos países con la intención de ampliar oportunidades a las poblaciones excluidas y relegadas del desarrollo y no para desarrollar nuevas elites sociales
Notas y referencias bibliográficas:
(1) https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cc-rechaza-en-definitiva-amparos-que-frenaban-las-reformas-a-la-ley-de-oeneges-breaking/
(2) https://www.fundacionlibertad.com/articulo/iniciativa-de-ley-5257-reformas-ley-de-ong-restricciones-la-libertad-de-asociacion
(3) https://www.sgjd.gob.hn/biblioteca-virtual/direccion-de-regulacion-registro-y-seguimiento-de-asociaciones-civiles-dirrsac
(4) https://www.aa.com.tr/es/mundo/congreso-de-nicaragua-aprueba-ley-que-fiscalizar%C3%A1-financiaci%C3%B3n-exterior-a-personas-empresas-y-ong/2008032
(5)https://www.presidencia.gob.sv/el-gobierno-del-presidente-bukele-apoya-el-trabajo-de-la-comision-de-la-asamblea-que-investiga-las-transferencias-de-dinero-de-anteriores-legislaturas-a-las-ong/
(6)https://www.reuters.com/article/guatemala-derechos-humanos-idESKBN2070IN
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) son desde hace varias décadas significativos actores en los medios rurales y urbanos de Asia, América Latina y África. Su número ha crecido tanto como su variedad en cuanto a objetivos, financiación, métodos de trabajo, etc. Las hay, sin embargo, que actúan a las órdenes de sus principales donantes en Europa, Estados Unidos o Japón, y no siempre para fines altruistas, sino como armas de injerencia en la política de los países donde actúan.
Un ejemplo de esto último fue la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, que tuvo un papel en el intento de golpe de Estado de 2018 en Nicaragua y cuyo director, Álvaro Leiva, fue acusado de robar casi medio millón de dólares de financiación, proveniente de la NED estadounidense, para desestabilizar al gobierno sandinista. Pero esta ONG es solamente una parte de la enorme “industria de los derechos humanos” que funciona con propósitos políticos.
Este es uno de los motivos por los que los Estados de América Central, incluida Nicaragua, han revisado sus legislaciones para ejercer un control más directo de estas entidades en cuanto a la procedencia de sus fondos y, sobre todo, asegurar que estos se destinen a los proyectos que figuran en sus estatutos y no los desvíen a otras causas ajenas.
Por MAGDA LANUZA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El inicio de los años noventa, marcó el fin de las guerras y el establecimiento de la paz en la región, con la excepción de Costa Rica, país que jugó otro rol en ese contexto. A continuación, vino el proceso de reconstrucción y de paz, que fue desigual para las naciones más afectadas por la hostilidad y la guerra, pero fue común a todos, la promoción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nacionales por las agencias internacionales. El resultado de ello es que hoy encontramos una gran concentración de ONGs en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La legalidad de sus operaciones está garantizada en los derechos libres de asociación de cada nación. La temática del trabajo de las también llamadas Organizaciones de la sociedad civil se ha ido diversificando, complejizando y creciendo en cantidad de recursos de todo tipo. Ello es parte de los cambios agigantados de nuestras sociedades en los últimos años. La tecnología ha dado paso a nuevas formas de relaciones en todos los niveles, el ámbito de las libertades se amplió y el desarrollo sostenible se ha anclado en los discursos y en los enfoques de trabajo. Ante estos escenarios, las autoridades en cada país han identificado la necesidad de actualizar las normas nacionales para el trabajo de estas organizaciones. En todos los momentos, ha habido descalificación y rechazo de los sectores y no se han visto las oportunidades para avanzar en sociedades más inclusivas. Es menester esbozar acá los hechos recientes:
Guatemala: En 2017 el expresidente Jimmy Morales inició las reformas, con la iniciativa 5257 (1). La Ley solo fue aprobada a inicios de 2020. Al llegar al poder el presidente Alejandro Giamattei, se avanzó en las reformas para aumentar los controles a las ONGs. Ante ello, las organizaciones metieron recursos y las reformas fueron suspendidas provisionalmente durante un año por la Corte de Constitucionalidad de la nación. El 12 de marzo de 2021 la CC rechazó definitivamente los amparos de las ONGs y la ley entró en vigor en abril de 2021 (2). El objetivo es regular más la evasión fiscal y otras anormalidades que suceden en esos pequeños mundos. “Las ONGs que están correctamente actuando yo no creo que tengan problemas al decir estos son los fondos que recibo y así los utilizo en esto”, dijo en conferencia de prensa el presidente guatemalteco.
Honduras: En este país es donde más reformas y nuevas regulaciones se han introducido desde el año 2011 al trabajo de las ONGs. En 2016 se aprobaron las últimas normas estrictas y controles al financiamiento que reciben para implementar sus proyectos y actividades. En ese año hubo mucho activismo contra las nuevas disposiciones de las autoridades, las que fueron catalogadas como persecución política. Sin embargo, las organizaciones poco a poco hicieron los ajustes legales y administrativos que correspondían, hasta llegar a pagar multas por no haber reportado en años a la oficina de ONGs. Este es el único país en la región que tiene una oficina explicita para el trabajo de las organizaciones: Dirección de Registro, Regulación y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) (3). Desde 2019 están esperando nuevas normas propuestas que debido a la inestabilidad política que vive el país aún no se discuten en el Congreso.
Nicaragua: Luego del intento de golpe en abril de 2018, quedó demostrado que algunas ONGs tuvieron un papel activo. Sin embargo, fue hasta octubre de 2020 que la Asamblea Nacional aprobó algunas reformas para promover una mejor fiscalización de los fondos con los que trabajan (4). Se trata de una regulación paralela que dio 3 meses para actualizar toda la documentación legal para luego obtener un código que les hará registrar online las transferencias de fondos y documentar lo suficiente para transparentar el trabajo. Igual que en Guatemala y en Honduras, las voces contra, han sido de supuesta persecución política a las organizaciones civiles. Sin embargo, la modernización y la transparencia de las ONGs ha justificado estos cambios y la mayoría de las organizaciones terminaron de presentar sus documentos, sin mayores dificultades.
El Salvador: Este país es el último con las reformas a las ONGs. La nueva Asamblea que tomó posesión el 1 de mayo, ya anunció que vienen reformas a la ley pues deben fiscalizar mejor. Para iniciar han creado una comisión que ya supervisa la donación de US$ 273 millones entregados por el estado a 360 ONGs desde 2010 a 2021 (5). Esta será otra etapa para las organizaciones de este país, pues la situación está mediatizada por el hecho que la USAID, uno de los mayores donantes de los programas gubernamentales, ha decidido trasladar sus fondos a las ONGs.
Las ONGs tienen finalidades específicas para su trabajo según las leyes de cada país. Estas han contribuido a la reconstrucción, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la democracia, el marco del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y mucho más. Pero al hacer ese reconocimiento, no debemos dejar de lado que también han cambiado, crecido y complejizado con los años, igual que toda la sociedad. Actualizar, ordenar y transparentar los procesos en el que operan las ONGs es parte del desarrollo de las sociedades centroamericanas. Según las leyes de Guatemala, “Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público (6). Tampoco podemos obviar que hay Fundaciones y Asociaciones que operan bajos modelos antidemocráticos, secretismo, nepotismo, eternos liderazgos, violaciones de derechos laborales, discriminación, verticalismo, prácticas de corrupción y traspasan fondos a otras causas para las que no están mandatados. El monje no solo debe parecerlo, debe serlo.
Igual que muchos funcionarios gubernamentales, las ONGs tienen techos de vidrio. No solo deben actuar bajo el marco de derechos, sino también de deberes. Para hacer demandas, alzar voces y campañas contra la corrupción, demandar transparencia, exigir libertades y derechos, también deben trabajar esas causas desde dentro. Por lo tanto, aquellas organizaciones que están ocupadas en reducir la pobreza, liderar el desarrollo sostenible, adelantar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible, no se sienten amenazadas, sino que trabajan por ajustarse a nuevos tiempos. La credibilidad y la transparencia deben ser prioridad para con ello demostrar que están redistribuyendo la riqueza, y no malversando, ni acumulando, ni desviando fondos a actividades fuera de la ley. Los recursos que manejan llegan a estos países con la intención de ampliar oportunidades a las poblaciones excluidas y relegadas del desarrollo y no para desarrollar nuevas elites sociales
Notas y referencias bibliográficas:
(1) https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cc-rechaza-en-definitiva-amparos-que-frenaban-las-reformas-a-la-ley-de-oeneges-breaking/
(2) https://www.fundacionlibertad.com/articulo/iniciativa-de-ley-5257-reformas-ley-de-ong-restricciones-la-libertad-de-asociacion
(3) https://www.sgjd.gob.hn/biblioteca-virtual/direccion-de-regulacion-registro-y-seguimiento-de-asociaciones-civiles-dirrsac
(4) https://www.aa.com.tr/es/mundo/congreso-de-nicaragua-aprueba-ley-que-fiscalizar%C3%A1-financiaci%C3%B3n-exterior-a-personas-empresas-y-ong/2008032
(5)https://www.presidencia.gob.sv/el-gobierno-del-presidente-bukele-apoya-el-trabajo-de-la-comision-de-la-asamblea-que-investiga-las-transferencias-de-dinero-de-anteriores-legislaturas-a-las-ong/
(6)https://www.reuters.com/article/guatemala-derechos-humanos-idESKBN2070IN
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