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Jueves, 18 de Marzo de 2021 Tiempo de lectura:

CASI 3.000 CANARIOS MURIERON EL PASADO AÑO ESPERANDO SU AYUDA POR DEPENDENCIA

Un sistema que nunca funcionó empeorado por el impacto del covid-19

Un total de 2.747 personas murieron en Canarias del 1 de enero al 31 de octubre, mientras esperaban que se les asignara una prestación del servicio de dependencia, según los según datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicio Sociales (...).

Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

Un total de 2.747 personas murieron en Canarias del 1 de enero al 31 de octubre,  mientras esperaban que se les asignara una prestación del servicio de dependencia, según los según datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicio Sociales.

 

 

 

   Ello significa que, como promedio murieron 9 personas al día. De todos los fallecidos, 1.870 estaban pendientes de valorar por el sistema público, mientras que 857 ya tenían reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero no habían empezado a recibirlo.

 

 

   Esta asociación analiza además el impacto de la pandemia de coronavirus en el sistema de dependencia y concluye que Aragón, La Rioja, País Vasco y Castilla y León “tuvieron un exceso de mortalidad de personas dependientes en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque covid-19 que registraron en total del periodo”.

 

 

    “La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el Estado sitúa en 94 por cada 1.000 para el periodo de marzo a septiembre, si bien en Castilla La Mancha, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón superan los 111 fallecidos por cada mil atendidos”, detalla en un comunicado.

 

 

   Desde su punto de vista, el impacto de la covid-19 en el sistema de atención a la dependencia “ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”.

 

 

 

    De todos los fallecidos, 1.870 estaban pendientes de valorar por el sistema público, mientras que 857 ya tenían reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero no habían empezado a recibirlo.

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