LA GUERRA EN COLOMBIA CONTINÚA... PERO CON UNO DE LOS BANDOS DESARMADO (VÍDEO)
"Los Acuerdos de La Habana sólo incrementaron la eliminación impune de ex-combatientes y líderes populares"
Muchos observadores se preguntan cómo fue posible que la guerrilla de las FARC firmase el Acuerdo de Paz para acabar con la prolongada guerra civil, cuando no se tardó mucho en comprobar que la guerra continúa, sólo que uno de los bandos está ahora desarmado (...).
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Muchos observadores se preguntan cómo fue posible que la guerrilla de las FARC firmase el Acuerdo de Paz para acabar con la prolongada guerra civil, cuando no se tardó mucho en comprobar que la guerra continúa, sólo que uno de los bandos está ahora desarmado.
En 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre, las FARC se convirtieron en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Parece que estos premios se están convirtiendo en un mal augurio. Al presidente de EE.UU, Barack Obama, se lo dieron en 2009 y emprendió siete guerras. En Colombia ha sido el pistoletazo de salida para la eliminación selectiva -e impune- de los ex-combatientes de las FARC, sindicalistas y líderes de otros movimientos sociales.
La violencia solamente ha cesado en una sola dirección, ya que pocos de los grupos paramilitares de extrema derecha, alineados con el gobierno, se han desmovilizado. Rosa Amalia Mendoza y su familia, Manuel Alonso Villegas y Norbey Antonio Rivera son las últimas de una larga lista de víctimas de esta violencia, que sólo en 2020 supera las 300.
El gobierno de Iván Duque ha recibido el protocolario tirón de orejas por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha condenado los asesinatos y protesta de que el gobierno de Colombia “no da garantías a los que han apostado por la paz”.
¿Se pueden esperar esas garantías de Iván Duque, protegido de un Álvaro Uribe con estrechas relaciones con los paramilitares y carteles de la droga, bajo cuya presidencia (2002-2010) se eliminó a más de 10.000 campesinos, sindicalistas y líderes indígenas?
Mientras tanto, Iván Duque lanza la explicación de que estos asesinatos selectivos están relacionados con el tráfico de drogas, lo que a pocos convence. Según Giovanni Álvarez, director de la Unidad Colombiana de Investigación y Acusación: “Si el tráfico de drogas fuese un factor determinante en los homicidios, sería de esperar que ocurrieran sobre todo en los municipios cocaleros. Pero la evidencia indica lo contrario”.
Tanto Rosa Amalia Mendoza, de 25 años, como Manuel Alonso Villegas, de 55, eran ex-combatientes de las FARC, que, junto a otros muchos, acordaron dejar las armas. Mendoza había fundado la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del sur de Bolívar.
Manuel Alonso Villegas era carpintero y colaboraba en varios proyectos comunitarios de desarrollo agrícola. Su cuerpo, con señales de haber sido brutalmente torturado, fue hallado a sólo 200 metros de la explotación colectiva de su comunidad, Miranda, donde el año pasado fueron asesinados dos hermanos cuya madre falleció de infarto durante el funeral.
Norbey Antonio Rivera era defensor de los derechos humanos en Popayán, departamento del Cauca. Pertenecía a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta) y estaba casado con la concejal Nancy Santa Cruz. Tanto el matrimonio como la organización campesina habían recibido amenazas por parte de grupos armados.
Los grupos paramilitares siguen teniendo considerable influencia dentro del país. El confinamiento provocado por el COVID ha facilitado a estos escuadrones de la muerte operar con mayor libertad, sabiendo dónde se hallan sus objetivos y sin resistencia organizada. Más de 1,6 millones de colombianos han dado positivo por coronavirus. Hasta el miércoles pasado se contabilizan 42.620 fallecimientos por esta causa, ratio per capita similar al de Estados Unidos.
Es precisamente el gobierno de Estados Unidos el que sigue suministrando armas y entrenamiento a las fuerzas armadas, la policía y las cárceles de Colombia, y con bastante frecuencia incita e incluso financia a los jefes de los escuadrones de la muerte que provocan estas masacres, que son metódicas, sistemáticas y planificadas. Washington se sirve, además, de Colombia para su guerra híbrida contra Venezuela.
Referencias:
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/colombia-matan-a-otro-lider-social-en-el-cauca-es-el-tercero-en-la-misma-semana/
https://www.mintpressnews.com/backed-govt-in-colombia-suspected-farc-massacre/273983/
VÍDEO RELACIONADO:
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Muchos observadores se preguntan cómo fue posible que la guerrilla de las FARC firmase el Acuerdo de Paz para acabar con la prolongada guerra civil, cuando no se tardó mucho en comprobar que la guerra continúa, sólo que uno de los bandos está ahora desarmado.
En 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre, las FARC se convirtieron en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Parece que estos premios se están convirtiendo en un mal augurio. Al presidente de EE.UU, Barack Obama, se lo dieron en 2009 y emprendió siete guerras. En Colombia ha sido el pistoletazo de salida para la eliminación selectiva -e impune- de los ex-combatientes de las FARC, sindicalistas y líderes de otros movimientos sociales.
La violencia solamente ha cesado en una sola dirección, ya que pocos de los grupos paramilitares de extrema derecha, alineados con el gobierno, se han desmovilizado. Rosa Amalia Mendoza y su familia, Manuel Alonso Villegas y Norbey Antonio Rivera son las últimas de una larga lista de víctimas de esta violencia, que sólo en 2020 supera las 300.
El gobierno de Iván Duque ha recibido el protocolario tirón de orejas por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha condenado los asesinatos y protesta de que el gobierno de Colombia “no da garantías a los que han apostado por la paz”.
¿Se pueden esperar esas garantías de Iván Duque, protegido de un Álvaro Uribe con estrechas relaciones con los paramilitares y carteles de la droga, bajo cuya presidencia (2002-2010) se eliminó a más de 10.000 campesinos, sindicalistas y líderes indígenas?
Mientras tanto, Iván Duque lanza la explicación de que estos asesinatos selectivos están relacionados con el tráfico de drogas, lo que a pocos convence. Según Giovanni Álvarez, director de la Unidad Colombiana de Investigación y Acusación: “Si el tráfico de drogas fuese un factor determinante en los homicidios, sería de esperar que ocurrieran sobre todo en los municipios cocaleros. Pero la evidencia indica lo contrario”.
Tanto Rosa Amalia Mendoza, de 25 años, como Manuel Alonso Villegas, de 55, eran ex-combatientes de las FARC, que, junto a otros muchos, acordaron dejar las armas. Mendoza había fundado la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del sur de Bolívar.
Manuel Alonso Villegas era carpintero y colaboraba en varios proyectos comunitarios de desarrollo agrícola. Su cuerpo, con señales de haber sido brutalmente torturado, fue hallado a sólo 200 metros de la explotación colectiva de su comunidad, Miranda, donde el año pasado fueron asesinados dos hermanos cuya madre falleció de infarto durante el funeral.
Norbey Antonio Rivera era defensor de los derechos humanos en Popayán, departamento del Cauca. Pertenecía a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta) y estaba casado con la concejal Nancy Santa Cruz. Tanto el matrimonio como la organización campesina habían recibido amenazas por parte de grupos armados.
Los grupos paramilitares siguen teniendo considerable influencia dentro del país. El confinamiento provocado por el COVID ha facilitado a estos escuadrones de la muerte operar con mayor libertad, sabiendo dónde se hallan sus objetivos y sin resistencia organizada. Más de 1,6 millones de colombianos han dado positivo por coronavirus. Hasta el miércoles pasado se contabilizan 42.620 fallecimientos por esta causa, ratio per capita similar al de Estados Unidos.
Es precisamente el gobierno de Estados Unidos el que sigue suministrando armas y entrenamiento a las fuerzas armadas, la policía y las cárceles de Colombia, y con bastante frecuencia incita e incluso financia a los jefes de los escuadrones de la muerte que provocan estas masacres, que son metódicas, sistemáticas y planificadas. Washington se sirve, además, de Colombia para su guerra híbrida contra Venezuela.
Referencias:
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/31/colombia-matan-a-otro-lider-social-en-el-cauca-es-el-tercero-en-la-misma-semana/
https://www.mintpressnews.com/backed-govt-in-colombia-suspected-farc-massacre/273983/
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