PACTO DE TOLEDO: EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN VENTA (ÍNTEGRO)
Por EDUARDO LUQUE GUERRERO Y RAMÓN FRANQUESA ARTÉS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Congreso aprobó el 19 de noviembre por mayoría de 262 votos las propuestas de la comisión del Pacto de Toledo. En una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros el debate sobre su futuro; se votaron las resoluciones del Pacto al mismo tiempo que se aprobaba la nueva Ley de Educación. Fue la gritería en los escaños la que ocultó el silencio del debate. Con la nueva contrarreforma de las pensiones la izquierda en el gobierno coincidió plenamente con la derecha. Mientras el PP y Vox gritaban: “libertad” para hacer negocios con la educación privada-concertada, el partido de Casado coincidía con el PSOE y UP en poner sordina a los resultados de la Comisión del Pacto de Toledo. Los noticiarios pasaron por alto la reforma de las pensiones que afectará a generaciones de españoles.
El gobierno “progresista” tiene miedo al movimiento en defensa de las pensiones y en especial a la COESPE, es consciente de que está incumpliendo su programa de legislatura. La COESPE marca en este sentido una linea divisoria que pone al desnudo la distancia entre promesas y hechos. Solo algunas fuerzas progresistas en el parlamento (ERC, Bildu, CUP) han recogido las propuestas del movimiento pensionista para presentarlas como votos particulares.
Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones. Desde entonces se han actualizado en dos ocasiones en 2003 y 2011, esta será la tercera. Se pretende que estas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica. Se nos quiere hacer creer que es fruto de una reunión de “sabios” que velan por el bien público. Nada de eso, las recomendaciones son el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existente. Son fruto de la ideología y de la lucha política. En esos debates están presentes todas las fuerzas parlamentarias que son en definitiva las que tienen potestad para convertir en leyes esas recomendaciones. La pandemia ha sido el momento perfecto para lanzar la propuesta. El confinamiento ha impedido una respuesta popular contundente.
El documento que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo presume de lo que no tiene, un análisis fiable de la situación de las pensiones. Solo se contemplan una serie de variables que son muy cuestionadas, otras ni se mencionan o no interesan, se habla de demografía, de costos, de relación entre lo percibido y lo aportado y olvidan intencionadamente el beneficio producido, el enorme incremento de la productividad por trabajador, la riqueza generada a lo largo de muchas décadas (el PIB per cápita pasó de los 4.227€ en 1980 a 26.430€ en 2019[1]) No se habla de cómo los sucesivos gobiernos han utilizado, para conseguir la mayoría en la investidura, las cotizaciones sociales a discreción. No se analiza porqué los gobiernos inclumpieron sus propias normas (el caso más evidente es la gestión del Fondo de Reserva de la SS). Tampoco habla la Comisión de cómo se han otorgado préstamos a determinadas fuerzas políticas representadas en los gobiernos de las CCAA y cómo estas cantidades, tras varias décadas, aún no han sido reclamadas por los gobiernos centrales.
El debate sobre las pensiones está enormemente sesgado no solo en nuestro país. Los “sesudos estudios” sobre la crisis de las pensiones se han demostrado una y otra vez falsos. El BM y la OCDE han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. Siempre se han equivocado, pero no hay en su análisis ningún reconocimiento de sus errores. Dando la espalda a la evidencia científica, ellos siguen obsesionados con el “desequilibrio financiero” basado en premisas que como hemos mencionado, son muy cuestionables.
Nos mienten también cuando hablan de las bondades de las pensiones privadas. La realidad se impone siempre. La tan “cacareada” solidez de los sistemas privados se vino abajo en 2009 con la crisis de las hipotecas basura. Los pensionistas, especialmente norteamericanos en aquel momento, perdieron su pensión o vieron su cuantía terriblemente reducida (en más de un 50% de media). Entre un 20 y un 30% de antiguos pensionistas forman parte hoy del ejercito de “homeless” (los sin hogar) que pueblan las ciudades norteamericanas. En nuestro país tenemos ya alguna experiencia. El último gobierno Aznar firmó con los sindicatos mayoritarios en 1996 que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos fueran obligatoriamente hacia un fondo de pensiones. Fue un fiasco, en el momento de recuperar las cuantías estas eran inferiores a lo que habían aportado los trabajadores.
Los rendimientos financieros fueron mínimos o negativos y la presión fiscal los remató. ¿Aprendieron algo nuestros políticos o los europarlamentarios de esta crisis? ¡Nada! Siguieron entonando la misma cantinela, ¡¡los sistemas privados eran mejores y más seguros!! La OMC, por ejemplo, seguía afirmando en 2015 refiriéndose a nuestro país que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”. La realidad se impone a la propaganda; la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones individuales entre diciembre de 2003 y diciembre de 2018 fue del 38,7%. en ese mismo período los bonos del Estado rentaron un 95%. Todo sirve para vender el negocio de la privatización de las pensiones. Hay en marcha desde hace mucho una campaña de “persuasión” orquestada por fondos como BlackRock, el Deustsche Bank y entidades como el Bilbao, el Santander o La Caixa, Una campaña acompañada de grandes sumas destinadas a “convencer” a múltiples partidos de derechas y no pocos de izquierdas[2], incluyendo a los grandes sindicatos, de las bondades de la nueva propuesta. En el caso europeo se concretó en el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) aprobado el último día hábil de la anterior legislatura el 4 de abril del 2019.
El pacto de Toledo no es fruto de la especificidad de nuestro país, forma parte de un contexto más amplio. Fue el Banco Mundial quién en 1994 marcaba en sus análisis las directrices. El documento base se tituló: “Averting Teh Old Age Crisis”[3] (Envejecimiento sin crisis, en la versión española).[4] Los organismos internacionales de la Gobernanza mundial actuaron al unísono. Son aves de mal agüero, pretenden hacernos creer en la inevitabilidad de los recortes.
El pastel que quieren repartirse en Europa supera los 2.1 billones de euros; en nuestro país se inyectaría por esta vía a las entidades financieras más de 170.000 millones anuales; es por ello que el FMI alentó el desarrollo de esta comisión porque: “la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones”.
Los gobiernos europeos en su mayoría perfectamente alineados con el capital transnacional, adoptaron en 1997 el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Este documento se ha convertido en un instrumento contra la “generosidad” de los estados hacia los pensionistas. Posteriormente el Tratado de Lisboa (2007) apuntó claramente hacia la privatización de las pensiones al marcarse como objetivo (objetivo nº 2) “Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos los planes complementarios de pensiones”
Aunque formalmente las pensiones dependen de cada país: “Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, se dice en el Tratado de la Unión. La UE delimita el marco legal pero hace “recomendaciones”; en el borrador de presupuestos del gobierno, Pedro Sánchez ya ha introducido algunas propuestas de la Comisión (no ha esperado a tener las recomendaciones finales). Entre otros puntos ya figura la creación de Planes privados de empresa. En 2019 se envió a la Comisión Europea la propuesta de: “mochila austriaca”; la resistencia por parte de los partidos de izquierda en la oposición en ese momento y la presión popular obligó al actual presidente a realizar una finta política proponiendo ahora el denominado “modelo inglés”.
La Comisión Europea reconoce que con las reformas impuestas por el Pacto de Estabilidad se va a reducir la “generosidad” con los pensionistas. Pero advierten, porque tienen miedo de la reacción popular que se debe: “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento”.
Saben desde el principio que juegan con fuego y que van a existir resistencias. Es por ello que en el mismo documento plantean: “Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”.
¿Alguien duda que la traducción al castellano de estas intenciones se llama Pacto de Toledo?
En nuestro país, desde 1995 hasta ahora las pensiones han sufrido importantes modificaciones. El primer intento de recorte lo hizo Felipe González, la respuesta popular en forma de Huelga General (14 de diciembre de 1989) la derrotó. Posteriormente el gobierno Aznar firmó con la participación de los grandes sindicatos la ley 24/1997 por la que se incrementó de 8 a 15 el número de años utilizados para el cálculo de la pensión o la norma 35/2002 de 12 de julio que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años. Las diferentes recomendaciones han tenido como objetivo en la mayoría de los casos reducir o contener el crecimiento de las pensiones. En muchas ocasiones, los gobiernos han ignorado a su conveniencia las recomendaciones utilizándolas como escudo y como espada; cuando protestábamos se nos decía que la coyuntura no era favorable y que no se podía; cuando callábamos se nos recortaban y perdíamos derechos.
Los redactores del Pacto no pretenden buscar un equilibrio en el sistema, ni hacer más justas las pensiones. Cada vez que han introducido cambios de calado para solventar la “crisis de las pensiones” ésta ha ido creciendo. No nos engañemos, el objetivo es reducir la cuantía de las prestaciones públicas y abrir de par en par el mercado de las pensiones privadas (para quien pueda pagarlas). Es un objetivo muy deseado por el modelo Neoliberal: David Harvey lo definía como acumulación por desposesión. El espectro de la privatización de las pensiones asoma en el horizonte.
Tienen miedo de la reacción popular. Y es por ello que han cambiado el tono. Ahora aceptan la revalorización, contradiciendo a sus propios análisis (desde 1995 vienen advirtiendo de la imposibilidad de incrementar las pensiones), la presión popular organizada a través de la COESPE y el movimiento pensionista que lleva más de 150 lunes saliendo a las plazas públicas de todo el país ha sido un factor determinante.
El documento nacido de la comisión es un cúmulo enorme de farfollas y hojarascas lleno de expresiones ampulosas. En la segunda versión (han salido varias con cambios significativos) se lee: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España... Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad… También es un texto plagado de contradicciones, con recomendaciones que aparecen en una versión, desaparecen en otra y presentan otra redacción en la última. El caso más paradigmático es la recomendación 2. En la primera versión que circuló se decía refiriéndose al IPC: “Por otra parte resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
En la segunda versión se apuesta por la utilización del IPC como índice y en la tercera se nos retrotrae al documento de 2011 donde se dice: “resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”. El documento genera con toda intención una enorme confusión. Su objetivo es ocultar el alcance real de las reformas.
El gobierno en su programa se comprometió a subir las pensiones por el IPC (índice de precios del consumo), el pacto acepta que se han de revalorizar aunque propondrá en un futuro, si la presión popular no lo impide, usar otros indicadores, para rebajar las pensiones.
De las recomendaciones hechas en 1995 y 2003 una parte importante fueron olvidadas. El gobierno está en falso y es por ello que pretende evitar que se haga una reforma con criterios realmente progresistas, así en la recomendación 0 se lee: “Se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual,,,”
Hay un tema que se reitera en todo el documento y que podríamos entender como un avance, se recomienda la separación de las fuentes de financiación, se menciona en varias recomendaciones la 1, 2, 3, 6, 12,,, entre otras que las pensiones no contributivas (los que reciben una pensión aunque no hayan cotizado el mínimo) recibieran esa aportación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Muchas de estas recomendaciones figuran en los textos de 1995, 2003 y 2011 y se ha hecho muy poca cosa. Los gobiernos se saltaron sus propias recomendaciones y cargaron costos indebidos a la Seguridad Social, como las bonificaciones a los empresarios por contratación o las pensiones de mínimos… Actúan como auténticos trileros; siguen planteando en la recomendación 1, la separación de las fuentes, mientras detraen de las cotizaciones sociales los costos del Ingreso Mínimo Vital. Empeoran intencionadamente el déficit de la SS para justificar su discurso catastrofista sobre la “crisis” del sistema público de pensiones. Según el informe del Tribunal de cuentas de finales de agosto pasado, los pagos indebidos que debería haber soportado el Estado vía presupuestos pero que fueron pagados con nuestras Cotizaciones, más los créditos a las CCAA no reembolsados desde hace 25 años, más las rentas no obtenidas por el uso de los activos propiedad de la Seguridad superan los 103.000 millones de euros. ¿Dónde está la crisis?[5],
Lo mismo podríamos decir de la recomendación 3 que era la constitución de un Fondo de Reserva (FRSS). Según los acuerdos se debería llenar con los excedentes anuales. Ahora nos proponen que cuando “se alcance el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social” se vuelva a la situación anterior. ¿Cuando sucederá eso? Aún reconociendo los incumplimientos ningún gobierno, este tampoco, hace acto de contricción y menos aún propósito de enmienda. El FRSS fue aprobado por la Ley 24/1997 y estuvo congelado durante el gobierno de Aznar hasta el año 2000 y cuando se comenzó a llenar fue de forma cicatera y miserable; por ejemplo en ese año el superávit de la SS fue de 6.800 millones de euros mientras lo ingresado al FRSS fueron 600 millones. El dinero que se apropió el gobierno Aznar sirvió entre otras cosas para rebajar los impuestos a las grandes fortunas y financiar la guerra de Irak posteriormente. Entre el 2000 y el 2011 las aportaciones que se hicieron al FRSS fueron inferiores en cuantía al excedente producido. Análisis realizados por expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura, demostraron que si se hubieran computado los excedentes y limitado las cargas indebidas que soportó la SS, el superávit disponible en 2017 sería 108.866 millones de € (9,4% del PIB Nacional).[6] ¿Dónde está la crisis?
Rajoy, al vaciar la hucha mató el Fondo de Reserva y Pedro Sánchez lo remató. El citado informe del Tribunal de Cuentas reconoce que ese Fondo de Reserva y las pensiones públicas que se derivan han sido puestas como garantía en caso de que no podamos pagar las deudas derivadas del primer rescate financiero. La acción de los ejecutivos alcanza un nivel de irresponsabilidad enorme. Nuestras pensiones peligran en caso de un impago a la banca Internacional por efecto de la crisis financiera del 2008, están puestas como garantía de cobro.
La merma del fondo es uno de los principales argumentos de bancos y “expertos“ (entre otros el ultra neoliberal Gobernador del Banco de España).
Las recomendaciones de la comisión del pacto ignoran por completo el núcleo central del problema que no es otro que la Reforma laboral de Rajoy que tuvo consecuencias durísimas para salarios y cotizaciones. El ejecutivo “progresista” había hecho de ese argumento su caballo de batalla electoral, ahora, alcanzado el gobierno, modulan sus críticas y olvidan sus promesas. También “olvidan” un hecho trascendental; cuando se puso a cero la hucha de las pensiones en 1995 desaparecieron los activos financieros producto de las cotizaciones sociales acumuladas desde los años 50 que estaban depositados en bancos y Cajas de Ahorro y que habían servido entre otras cosas para industrializar el país. Los estudios de CCOO sobre este tema sitúan la deuda entorno al billón de euros que se habían volatizado. ¿Dónde está la crisis?
A este respecto y en un giro que roza el cinismo plantean nuevamente en la recomendación n.º 1 que: «La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda– permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia». Dicha transferencia habría de efectuarse, en su caso, sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social”. Es cierto que los gobiernos de turno concedieron créditos cuando necesitaba liquidez, pero no es menos cierto que esos créditos cubrían en realidad pagos que el Estado no quiso asumir traspasando la deuda a la SS. El Pacto propone ahora que la SS pierda la propiedad de su Patrimonio inscrito a nombre de la Tesorería General. Es sin duda una medida de enorme alcance puesto que abre camino a la pérdida de activos muy duramente conseguidos tras décadas de lucha, de esfuerzo y de ahorro nacional. No se arbitran en la recomendación 13 propuestas reales para paliar la brecha en las pensiones en el colectivo de las viudas. Es una propuesta antigua se hablaba de una formulación integral en 2003 que no se llevó a término ni posteriormente con la reforma del 2011 y es paradójicamente unos de los sectores más golpeado por la pobreza. Recordemos que desde la AIReF y el Banco de España, hace algunos meses se lanzaron globos sonda proponiendo la supresión o la rebaja de las pensiones de viudedad. La Pandemia paralizó este proyecto. El nuevo Pacto de Toledo no lo menciona pero sus redactores volverán seguro a plantearlo en un momento apropiado.
La recomendación 5 roza nuevamente el absurdo. En ella se pretende incentivar las carreras profesionales más allá de los 65 años, mientras se habla en la recomendación 17 (bis) de la precariedad y el subempleo juvenil. En ella se reconoce que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. ¿No sería más lógico dejar paso a los trabajadores jóvenes? Evidentemente la Comisión no arbitra ninguna propuesta para combatir el paro juvenil.
La recomendación 8 es un ejemplo más de la falta de coherencia interna del documento lleno de añagazas y componendas; mientras en una parte se habla de la necesidad de reforzar con medios las plantillas de la SS garantizando el “carácter público de la gestión del sistema...” en otra se propone “la creación de una agencia de Seguridad Social que garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia…”. La recomendación apunta hacia la ruptura de la Caja Única utilizando para ello el fraccionamiento de la gestión. La debilidad parlamentaria del PSOE ha permitido al PNV conseguir ya esas competencias, a partir de las cuales va a poder aplicar procesos de privatización de manera más discreta. Nada que no hayamos visto en el campo de la sanidad o la educación en el mismo País Vasco o en Cataluña con CiU.
La recomendación 16 es una de las claves de todo el documento. Se propone que en las empresas (comenzarán por Pymes y empleados públicos) una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa, que todos sabemos acabarán en manos de las financieras. Fracasados los planes de pensiones privados voluntarios en España, se quiere imponer de esta manera los Planes de Pensiones de Empresa, que obliguen a los trabajadores a suscribir Planes de Pensiones basados en un sistema de capitalización. Ello llevará a corto plazo a deteriorar gravemente la financiación del Sistema Público de Pensiones y a largo plazo a entregar el ahorro social de nuestro país al sector bancario privado. Un sector que repetidamente ha mostrado su incapacidad para garantizar los depósitos del público, la estabilidad y decencia de sus productos, así como su parasitismo del sector público. Es ese sector y no las pensiones quienes han sido rescatados con nuestros impuestos en el 2008, quien es patológicamente insolvente y socialmente irresponsable, aunque ello al parecer no merezca la mínima atención del Pacto de Toledo, que patéticamente sigue proponiéndolo como alternativa.
El núcleo de la recomendación 16, es tratar de deteriorar la caja común, romper la solidaridad entre trabajadores y poner en manos de la banca una parte de los ingresos futuros. Es la recomendación estrella que hace la comisión del Pacto. A instancias del Ministro Jose Luis Escrivá, se propone que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. La verborrea es la de siempre, lo denominan “macrofondo de empleo de promoción pública”. La propuesta nos sitúa en un escenario mixto con un sistema de inversión tutelado por el Estado. Pero sabemos sobradamente de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, que en el pasado han colaborado activamente en el saqueo de la riqueza nacional. ¿Tutelarán como tutelaron la CNMV o el Banco de España a Cajas y bancos que hubieron de ser rescatados con dinero público? ¿Quién cubrirá las pensiones privadas en caso de quiebra de las entidades gestoras? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la mala praxis bancaria en que pueda incurrir las entidades financieras? Es curioso que la propia Comisión reconozca el insuficiente e insatisfactorio recorrido de la propuesta, pero persista en su error cuando afirma: “Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva”. Como decía Cervantes “mantenella y no enmendalla”. La propuesta es simple: apropiarse de la riqueza nacional. En la práctica vienen a decir que entregamos una parte, aún por dilucidar, del dinero de las cotizaciones a un fondo que supuestamente no ha de tener “ánimo de lucro” pero que tiene que dar rentabilidad a los pensionistas. Sin duda pretenden dibujar la cuadratura del círculo. Sólo hay un tipo de instrumentos que sin ser puramente financieros y “sin ánimo de lucro” reúnan esas condiciones y son las Fundaciones. Tanto el BBVA, como el Santander o La Caixa por citar algunas, tienen constituidos esos instrumentos de intermediación financiera bajo la apariencia de entidades “filantrópicas”. ¿Alguien duda que el dinero de las pensiones será gestionado por esas fundaciones y que pasará a convertirse en un activo más de los bancos? Es una gran victoria para los fondos internacionales que a través de sus accionistas controlar a los grandes grupos financieros españoles.
Mientras en Chile la población ha votado contra la Constitución de Pinochet, tras meses de dura lucha en las calles con decenas de muertos, en España se pretende imponer algo similar al modelo chileno. La recomendación 16 abre la puerta a la privatización forzosa de las pensiones.
En la recomendación 17 se menciona el problema específico de la brecha de género, pero no se arbitra ninguna medida concreta, más allá de un redactado confuso. En la primera y segunda versión sí que hubo alguna propuesta concreta, pero ha desaparecido en la tercera y última.
La recomendación 19 aunque plantea los riesgos para las cotizaciones sociales que implicaría la generalización del uso de la Inteligencia Artificial y la robotización, la cuestión queda en un mero enunciado. Del tema de la robotización la gran patronal espera obtener jugosos beneficios puesto que reducirán los costos laborales a cambio de mayor flexibilidad o proyectando el excedente laboral hacia las jubilaciones anticipadas o el paro (los procesos de fusión bancaria que se dan en nuestro país son un ejemplo). En cualquier caso todo esto obligaría a rediseñar las fuentes de ingresos ¿Deben pagar IRPF los robots? La Comisión no hace propuestas concretas sobre esta cuestión. En este sentido se echa en falta en todo el documento propuestas para aumentar la tributación de las grandes transnacionales en nuestro país y sobre el cumplimiento estricto de la legislación en el caso del uso fraudulento de la figura del “falso autónomo”. En este sentido la UE a finales de octubre amenazó a nuestro con llevarlo a los tribunales de la Unión si no trasladaba a la legislación española las nuevas directrices tributarias impuestas por Bruselas a las empresas multinacionales que evaden, a través de triquiñuelas contables, impuestos que han de ser cobrados en el espacio de la Unión. Nuevamente al ejecutivo progresista le tiemblan las piernas.
Otro tema enormente grave es el factor de sostenibilidad. Fue otra de las líneas rojas que planteó el gobierno “progresista” como irrenunciables. Las anteriores contrarreformas habían impuesto el denominado factor de sostenibilidad[7] que proponía rebajar desde el principio la cuantía de las pensiones; el documento dice: “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado. Su aplicación, inicialmente prevista para 2019, ha sido retrasada por la disposición final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que dispone lo siguiente: «La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023» [8]. El movimiento de los pensionistas ha bloqueado en estos tres años su aplicación, pero ni el actual gobierno, ni la Comisión del Pacto de Toledo muestran ningún interés en abolir ese mecanismo. Teniendo en cuenta las trampas, las falacias, los silencios y las medio-verdades descritas, es positivo que se acepte el principio (que no la aplicación clara) de revalorización en la recomendación 2. Pero entonces ¿que coherencia tiene aceptar la revalorización y a la vez no derogar definitivamente ese factor de sostenibilidad? ¡Es evidente que el Factor de Sostenibilidad desvaloriza las pensiones de los trabajadores desde el primer día de su jubilación! Es fácil sospechar que simplemente se está retrasando su aplicación. Se busca un momento donde la resistencia sea menor. Quizás cuando este debate llegue a los centros de trabajo con la nueva estrategia de COESPE de dirigirse a los trabajadores en activo, su aplicación deba retrasarse nuevamente. Algo que al parecer ni los técnicos de la Comisión, ni quienes guardan silencio frente el olvido de derogar el factor de sostenibilidad lo consideren posible ni conveniente. Por cierto, eliminar el factor de sostenibilidad era otro de los puntos del programa de gobierno actual, que al parecer también ha quedado olvidado.
Pero la estrategia de la confusión parece que no ha funcionado. El movimiento pensionista, a pesar de las obligadas medidas de protección sanitaria, sigue vivo y activo, en la calle y en las redes. Este no es un tema que puedan esconder en la chistera, tiene vida propia y organización: COESPE. Una organización transversal, independiente de las estructuras institucionales y que pese a todos aquellos que han intentado sabotearla e ignorarla en los medios, está unida por un programa claro y ampliamente compartido. Esta vez los poderosos no lo van a tener fácil. Los tiempos en que las contrarreformas en los sistemas públicos de pensiones eran impuestos sin resistencia, en Chile y en España, han terminado. Quienes nos gobiernan harían bien de tomar nota de ello.
El nuevo redactado del pacto de Toledo no acaba nada. No estamos al final de un proceso: es una carrera de fondo. Ahora vendrá el desarrollo legislativo. El gobierno de coalición, de nuevo, como en el caso de la fusión bancaria o la reforma laboral parece olvidar sus promesas electorales. El contrato con la ciudadanía que los aupó va camino de convertirse en un mero fuego fatuo.
Eduardo Luque Guerrero
Ramón Franquesa Artés
[1]https://datosmacro.expansion.com/pib/espana.
[2]El mayor fondo de pensioes del mundo Black Rock destina anualmente (reconocido oficialmente) más de un millon y medio de euros para “convencer” a numerosos europarlamentarios que votaran a favor del PePP (Plan paneuropeo de pensiones privadas) hace dos años. Al margen se destinaron grandes sumas que están siendo estudiadas via judicial en el caso de varios parlamentarios laboristas y conservadores ingleses que incluían viajes a hoteles de lujo en Riad sin compañía femenina (al menos la legítima) Ver: El PEPP: el austericidio de las pensiones públicas. Los nuevos adivinos (I)https://www.cronicapopular.es/2019/03/el-pepp-el-austericidio-de-las-pensiones-publicas-los-nuevos-adivinos-i/
[3]http://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf
[4]http://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf
[5]https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf
[6] https://www.uv.es/pensiones/docs/pensiones-jubilacion/Fondo_reserva.pdf.
[7]El factor de sostenibilidad es un mecanismo previsto por la ley actualmente vigente, que interviene en el cálculo de la pensión inicial de jubilación, reduciéndola en función de lo que haya aumentando la esperanza de vida y otras variables, desde el momento de la jubilación. Tenía prevista su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2019, pero tras la presión social, en abril de 2018 el gobierno suspendió esta cláusula hasta 2023.
[8]Pag 43.
file:///C:/Users/usuario/Documents/video%20pacto%20de%20toledo/documentos%20definitivos%20pacto%20de%20Toledo/16.11.2020%20v.%203%20definitiva%20
Por EDUARDO LUQUE GUERRERO Y RAMÓN FRANQUESA ARTÉS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Congreso aprobó el 19 de noviembre por mayoría de 262 votos las propuestas de la comisión del Pacto de Toledo. En una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros el debate sobre su futuro; se votaron las resoluciones del Pacto al mismo tiempo que se aprobaba la nueva Ley de Educación. Fue la gritería en los escaños la que ocultó el silencio del debate. Con la nueva contrarreforma de las pensiones la izquierda en el gobierno coincidió plenamente con la derecha. Mientras el PP y Vox gritaban: “libertad” para hacer negocios con la educación privada-concertada, el partido de Casado coincidía con el PSOE y UP en poner sordina a los resultados de la Comisión del Pacto de Toledo. Los noticiarios pasaron por alto la reforma de las pensiones que afectará a generaciones de españoles.
El gobierno “progresista” tiene miedo al movimiento en defensa de las pensiones y en especial a la COESPE, es consciente de que está incumpliendo su programa de legislatura. La COESPE marca en este sentido una linea divisoria que pone al desnudo la distancia entre promesas y hechos. Solo algunas fuerzas progresistas en el parlamento (ERC, Bildu, CUP) han recogido las propuestas del movimiento pensionista para presentarlas como votos particulares.
Han pasado 25 años desde que en 1995 se establecieran las primeras 15 recomendaciones. Desde entonces se han actualizado en dos ocasiones en 2003 y 2011, esta será la tercera. Se pretende que estas propuestas sean vistas por la ciudadanía como una mera cuestión técnica. Se nos quiere hacer creer que es fruto de una reunión de “sabios” que velan por el bien público. Nada de eso, las recomendaciones son el resultado del posicionamiento político de cada partido y de la correlación de fuerzas existente. Son fruto de la ideología y de la lucha política. En esos debates están presentes todas las fuerzas parlamentarias que son en definitiva las que tienen potestad para convertir en leyes esas recomendaciones. La pandemia ha sido el momento perfecto para lanzar la propuesta. El confinamiento ha impedido una respuesta popular contundente.
El documento que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo presume de lo que no tiene, un análisis fiable de la situación de las pensiones. Solo se contemplan una serie de variables que son muy cuestionadas, otras ni se mencionan o no interesan, se habla de demografía, de costos, de relación entre lo percibido y lo aportado y olvidan intencionadamente el beneficio producido, el enorme incremento de la productividad por trabajador, la riqueza generada a lo largo de muchas décadas (el PIB per cápita pasó de los 4.227€ en 1980 a 26.430€ en 2019[1]) No se habla de cómo los sucesivos gobiernos han utilizado, para conseguir la mayoría en la investidura, las cotizaciones sociales a discreción. No se analiza porqué los gobiernos inclumpieron sus propias normas (el caso más evidente es la gestión del Fondo de Reserva de la SS). Tampoco habla la Comisión de cómo se han otorgado préstamos a determinadas fuerzas políticas representadas en los gobiernos de las CCAA y cómo estas cantidades, tras varias décadas, aún no han sido reclamadas por los gobiernos centrales.
El debate sobre las pensiones está enormemente sesgado no solo en nuestro país. Los “sesudos estudios” sobre la crisis de las pensiones se han demostrado una y otra vez falsos. El BM y la OCDE han pronosticado la quiebra de las pensiones 10 veces en los últimos 14 años. Siempre se han equivocado, pero no hay en su análisis ningún reconocimiento de sus errores. Dando la espalda a la evidencia científica, ellos siguen obsesionados con el “desequilibrio financiero” basado en premisas que como hemos mencionado, son muy cuestionables.
Nos mienten también cuando hablan de las bondades de las pensiones privadas. La realidad se impone siempre. La tan “cacareada” solidez de los sistemas privados se vino abajo en 2009 con la crisis de las hipotecas basura. Los pensionistas, especialmente norteamericanos en aquel momento, perdieron su pensión o vieron su cuantía terriblemente reducida (en más de un 50% de media). Entre un 20 y un 30% de antiguos pensionistas forman parte hoy del ejercito de “homeless” (los sin hogar) que pueblan las ciudades norteamericanas. En nuestro país tenemos ya alguna experiencia. El último gobierno Aznar firmó con los sindicatos mayoritarios en 1996 que una parte de las subidas salariales de los funcionarios públicos fueran obligatoriamente hacia un fondo de pensiones. Fue un fiasco, en el momento de recuperar las cuantías estas eran inferiores a lo que habían aportado los trabajadores.
Los rendimientos financieros fueron mínimos o negativos y la presión fiscal los remató. ¿Aprendieron algo nuestros políticos o los europarlamentarios de esta crisis? ¡Nada! Siguieron entonando la misma cantinela, ¡¡los sistemas privados eran mejores y más seguros!! La OMC, por ejemplo, seguía afirmando en 2015 refiriéndose a nuestro país que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”. La realidad se impone a la propaganda; la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones individuales entre diciembre de 2003 y diciembre de 2018 fue del 38,7%. en ese mismo período los bonos del Estado rentaron un 95%. Todo sirve para vender el negocio de la privatización de las pensiones. Hay en marcha desde hace mucho una campaña de “persuasión” orquestada por fondos como BlackRock, el Deustsche Bank y entidades como el Bilbao, el Santander o La Caixa, Una campaña acompañada de grandes sumas destinadas a “convencer” a múltiples partidos de derechas y no pocos de izquierdas[2], incluyendo a los grandes sindicatos, de las bondades de la nueva propuesta. En el caso europeo se concretó en el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) aprobado el último día hábil de la anterior legislatura el 4 de abril del 2019.
El pacto de Toledo no es fruto de la especificidad de nuestro país, forma parte de un contexto más amplio. Fue el Banco Mundial quién en 1994 marcaba en sus análisis las directrices. El documento base se tituló: “Averting Teh Old Age Crisis”[3] (Envejecimiento sin crisis, en la versión española).[4] Los organismos internacionales de la Gobernanza mundial actuaron al unísono. Son aves de mal agüero, pretenden hacernos creer en la inevitabilidad de los recortes.
El pastel que quieren repartirse en Europa supera los 2.1 billones de euros; en nuestro país se inyectaría por esta vía a las entidades financieras más de 170.000 millones anuales; es por ello que el FMI alentó el desarrollo de esta comisión porque: “la Comisión del Pacto de Toledo es un foro muy adecuado para consensuar las reformas que deben irse adoptando en orden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones”.
Los gobiernos europeos en su mayoría perfectamente alineados con el capital transnacional, adoptaron en 1997 el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Este documento se ha convertido en un instrumento contra la “generosidad” de los estados hacia los pensionistas. Posteriormente el Tratado de Lisboa (2007) apuntó claramente hacia la privatización de las pensiones al marcarse como objetivo (objetivo nº 2) “Remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de las regulaciones internas de los sistemas de pensiones, incluidos los planes complementarios de pensiones”
Aunque formalmente las pensiones dependen de cada país: “Las pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros”, se dice en el Tratado de la Unión. La UE delimita el marco legal pero hace “recomendaciones”; en el borrador de presupuestos del gobierno, Pedro Sánchez ya ha introducido algunas propuestas de la Comisión (no ha esperado a tener las recomendaciones finales). Entre otros puntos ya figura la creación de Planes privados de empresa. En 2019 se envió a la Comisión Europea la propuesta de: “mochila austriaca”; la resistencia por parte de los partidos de izquierda en la oposición en ese momento y la presión popular obligó al actual presidente a realizar una finta política proponiendo ahora el denominado “modelo inglés”.
La Comisión Europea reconoce que con las reformas impuestas por el Pacto de Estabilidad se va a reducir la “generosidad” con los pensionistas. Pero advierten, porque tienen miedo de la reacción popular que se debe: “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social con el riesgo consiguiente de ser derogadas en el momento mismo en el que deberían comenzar a ser plenamente aplicadas, es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento”.
Saben desde el principio que juegan con fuego y que van a existir resistencias. Es por ello que en el mismo documento plantean: “Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social del fundamento de la reforma”.
¿Alguien duda que la traducción al castellano de estas intenciones se llama Pacto de Toledo?
En nuestro país, desde 1995 hasta ahora las pensiones han sufrido importantes modificaciones. El primer intento de recorte lo hizo Felipe González, la respuesta popular en forma de Huelga General (14 de diciembre de 1989) la derrotó. Posteriormente el gobierno Aznar firmó con la participación de los grandes sindicatos la ley 24/1997 por la que se incrementó de 8 a 15 el número de años utilizados para el cálculo de la pensión o la norma 35/2002 de 12 de julio que incentivaba la jubilación más allá de los 65 años. Las diferentes recomendaciones han tenido como objetivo en la mayoría de los casos reducir o contener el crecimiento de las pensiones. En muchas ocasiones, los gobiernos han ignorado a su conveniencia las recomendaciones utilizándolas como escudo y como espada; cuando protestábamos se nos decía que la coyuntura no era favorable y que no se podía; cuando callábamos se nos recortaban y perdíamos derechos.
Los redactores del Pacto no pretenden buscar un equilibrio en el sistema, ni hacer más justas las pensiones. Cada vez que han introducido cambios de calado para solventar la “crisis de las pensiones” ésta ha ido creciendo. No nos engañemos, el objetivo es reducir la cuantía de las prestaciones públicas y abrir de par en par el mercado de las pensiones privadas (para quien pueda pagarlas). Es un objetivo muy deseado por el modelo Neoliberal: David Harvey lo definía como acumulación por desposesión. El espectro de la privatización de las pensiones asoma en el horizonte.
Tienen miedo de la reacción popular. Y es por ello que han cambiado el tono. Ahora aceptan la revalorización, contradiciendo a sus propios análisis (desde 1995 vienen advirtiendo de la imposibilidad de incrementar las pensiones), la presión popular organizada a través de la COESPE y el movimiento pensionista que lleva más de 150 lunes saliendo a las plazas públicas de todo el país ha sido un factor determinante.
El documento nacido de la comisión es un cúmulo enorme de farfollas y hojarascas lleno de expresiones ampulosas. En la segunda versión (han salido varias con cambios significativos) se lee: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España... Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad… También es un texto plagado de contradicciones, con recomendaciones que aparecen en una versión, desaparecen en otra y presentan otra redacción en la última. El caso más paradigmático es la recomendación 2. En la primera versión que circuló se decía refiriéndose al IPC: “Por otra parte resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
En la segunda versión se apuesta por la utilización del IPC como índice y en la tercera se nos retrotrae al documento de 2011 donde se dice: “resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”. El documento genera con toda intención una enorme confusión. Su objetivo es ocultar el alcance real de las reformas.
El gobierno en su programa se comprometió a subir las pensiones por el IPC (índice de precios del consumo), el pacto acepta que se han de revalorizar aunque propondrá en un futuro, si la presión popular no lo impide, usar otros indicadores, para rebajar las pensiones.
De las recomendaciones hechas en 1995 y 2003 una parte importante fueron olvidadas. El gobierno está en falso y es por ello que pretende evitar que se haga una reforma con criterios realmente progresistas, así en la recomendación 0 se lee: “Se opone a cualquier transformación radical del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual,,,”
Hay un tema que se reitera en todo el documento y que podríamos entender como un avance, se recomienda la separación de las fuentes de financiación, se menciona en varias recomendaciones la 1, 2, 3, 6, 12,,, entre otras que las pensiones no contributivas (los que reciben una pensión aunque no hayan cotizado el mínimo) recibieran esa aportación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Muchas de estas recomendaciones figuran en los textos de 1995, 2003 y 2011 y se ha hecho muy poca cosa. Los gobiernos se saltaron sus propias recomendaciones y cargaron costos indebidos a la Seguridad Social, como las bonificaciones a los empresarios por contratación o las pensiones de mínimos… Actúan como auténticos trileros; siguen planteando en la recomendación 1, la separación de las fuentes, mientras detraen de las cotizaciones sociales los costos del Ingreso Mínimo Vital. Empeoran intencionadamente el déficit de la SS para justificar su discurso catastrofista sobre la “crisis” del sistema público de pensiones. Según el informe del Tribunal de cuentas de finales de agosto pasado, los pagos indebidos que debería haber soportado el Estado vía presupuestos pero que fueron pagados con nuestras Cotizaciones, más los créditos a las CCAA no reembolsados desde hace 25 años, más las rentas no obtenidas por el uso de los activos propiedad de la Seguridad superan los 103.000 millones de euros. ¿Dónde está la crisis?[5],
Lo mismo podríamos decir de la recomendación 3 que era la constitución de un Fondo de Reserva (FRSS). Según los acuerdos se debería llenar con los excedentes anuales. Ahora nos proponen que cuando “se alcance el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social” se vuelva a la situación anterior. ¿Cuando sucederá eso? Aún reconociendo los incumplimientos ningún gobierno, este tampoco, hace acto de contricción y menos aún propósito de enmienda. El FRSS fue aprobado por la Ley 24/1997 y estuvo congelado durante el gobierno de Aznar hasta el año 2000 y cuando se comenzó a llenar fue de forma cicatera y miserable; por ejemplo en ese año el superávit de la SS fue de 6.800 millones de euros mientras lo ingresado al FRSS fueron 600 millones. El dinero que se apropió el gobierno Aznar sirvió entre otras cosas para rebajar los impuestos a las grandes fortunas y financiar la guerra de Irak posteriormente. Entre el 2000 y el 2011 las aportaciones que se hicieron al FRSS fueron inferiores en cuantía al excedente producido. Análisis realizados por expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura, demostraron que si se hubieran computado los excedentes y limitado las cargas indebidas que soportó la SS, el superávit disponible en 2017 sería 108.866 millones de € (9,4% del PIB Nacional).[6] ¿Dónde está la crisis?
Rajoy, al vaciar la hucha mató el Fondo de Reserva y Pedro Sánchez lo remató. El citado informe del Tribunal de Cuentas reconoce que ese Fondo de Reserva y las pensiones públicas que se derivan han sido puestas como garantía en caso de que no podamos pagar las deudas derivadas del primer rescate financiero. La acción de los ejecutivos alcanza un nivel de irresponsabilidad enorme. Nuestras pensiones peligran en caso de un impago a la banca Internacional por efecto de la crisis financiera del 2008, están puestas como garantía de cobro.
La merma del fondo es uno de los principales argumentos de bancos y “expertos“ (entre otros el ultra neoliberal Gobernador del Banco de España).
Las recomendaciones de la comisión del pacto ignoran por completo el núcleo central del problema que no es otro que la Reforma laboral de Rajoy que tuvo consecuencias durísimas para salarios y cotizaciones. El ejecutivo “progresista” había hecho de ese argumento su caballo de batalla electoral, ahora, alcanzado el gobierno, modulan sus críticas y olvidan sus promesas. También “olvidan” un hecho trascendental; cuando se puso a cero la hucha de las pensiones en 1995 desaparecieron los activos financieros producto de las cotizaciones sociales acumuladas desde los años 50 que estaban depositados en bancos y Cajas de Ahorro y que habían servido entre otras cosas para industrializar el país. Los estudios de CCOO sobre este tema sitúan la deuda entorno al billón de euros que se habían volatizado. ¿Dónde está la crisis?
A este respecto y en un giro que roza el cinismo plantean nuevamente en la recomendación n.º 1 que: «La resolución de los problemas de contabilidad derivados de los préstamos, concedidos en su día por el Estado a la Seguridad Social para hacer frente a las insuficiencias financieras derivadas del ejercicio de sus competencias, podría resolverse –si conviene a las Administraciones afectadas y por el procedimiento que legalmente corresponda– permitiendo a las Administraciones titulares de la gestión adquirir la plena titularidad dominical de los establecimientos donde se ubican los servicios de referencia». Dicha transferencia habría de efectuarse, en su caso, sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social”. Es cierto que los gobiernos de turno concedieron créditos cuando necesitaba liquidez, pero no es menos cierto que esos créditos cubrían en realidad pagos que el Estado no quiso asumir traspasando la deuda a la SS. El Pacto propone ahora que la SS pierda la propiedad de su Patrimonio inscrito a nombre de la Tesorería General. Es sin duda una medida de enorme alcance puesto que abre camino a la pérdida de activos muy duramente conseguidos tras décadas de lucha, de esfuerzo y de ahorro nacional. No se arbitran en la recomendación 13 propuestas reales para paliar la brecha en las pensiones en el colectivo de las viudas. Es una propuesta antigua se hablaba de una formulación integral en 2003 que no se llevó a término ni posteriormente con la reforma del 2011 y es paradójicamente unos de los sectores más golpeado por la pobreza. Recordemos que desde la AIReF y el Banco de España, hace algunos meses se lanzaron globos sonda proponiendo la supresión o la rebaja de las pensiones de viudedad. La Pandemia paralizó este proyecto. El nuevo Pacto de Toledo no lo menciona pero sus redactores volverán seguro a plantearlo en un momento apropiado.
La recomendación 5 roza nuevamente el absurdo. En ella se pretende incentivar las carreras profesionales más allá de los 65 años, mientras se habla en la recomendación 17 (bis) de la precariedad y el subempleo juvenil. En ella se reconoce que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. ¿No sería más lógico dejar paso a los trabajadores jóvenes? Evidentemente la Comisión no arbitra ninguna propuesta para combatir el paro juvenil.
La recomendación 8 es un ejemplo más de la falta de coherencia interna del documento lleno de añagazas y componendas; mientras en una parte se habla de la necesidad de reforzar con medios las plantillas de la SS garantizando el “carácter público de la gestión del sistema...” en otra se propone “la creación de una agencia de Seguridad Social que garantice, no solo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia…”. La recomendación apunta hacia la ruptura de la Caja Única utilizando para ello el fraccionamiento de la gestión. La debilidad parlamentaria del PSOE ha permitido al PNV conseguir ya esas competencias, a partir de las cuales va a poder aplicar procesos de privatización de manera más discreta. Nada que no hayamos visto en el campo de la sanidad o la educación en el mismo País Vasco o en Cataluña con CiU.
La recomendación 16 es una de las claves de todo el documento. Se propone que en las empresas (comenzarán por Pymes y empleados públicos) una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa, que todos sabemos acabarán en manos de las financieras. Fracasados los planes de pensiones privados voluntarios en España, se quiere imponer de esta manera los Planes de Pensiones de Empresa, que obliguen a los trabajadores a suscribir Planes de Pensiones basados en un sistema de capitalización. Ello llevará a corto plazo a deteriorar gravemente la financiación del Sistema Público de Pensiones y a largo plazo a entregar el ahorro social de nuestro país al sector bancario privado. Un sector que repetidamente ha mostrado su incapacidad para garantizar los depósitos del público, la estabilidad y decencia de sus productos, así como su parasitismo del sector público. Es ese sector y no las pensiones quienes han sido rescatados con nuestros impuestos en el 2008, quien es patológicamente insolvente y socialmente irresponsable, aunque ello al parecer no merezca la mínima atención del Pacto de Toledo, que patéticamente sigue proponiéndolo como alternativa.
El núcleo de la recomendación 16, es tratar de deteriorar la caja común, romper la solidaridad entre trabajadores y poner en manos de la banca una parte de los ingresos futuros. Es la recomendación estrella que hace la comisión del Pacto. A instancias del Ministro Jose Luis Escrivá, se propone que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. La verborrea es la de siempre, lo denominan “macrofondo de empleo de promoción pública”. La propuesta nos sitúa en un escenario mixto con un sistema de inversión tutelado por el Estado. Pero sabemos sobradamente de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, que en el pasado han colaborado activamente en el saqueo de la riqueza nacional. ¿Tutelarán como tutelaron la CNMV o el Banco de España a Cajas y bancos que hubieron de ser rescatados con dinero público? ¿Quién cubrirá las pensiones privadas en caso de quiebra de las entidades gestoras? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la mala praxis bancaria en que pueda incurrir las entidades financieras? Es curioso que la propia Comisión reconozca el insuficiente e insatisfactorio recorrido de la propuesta, pero persista en su error cuando afirma: “Consciente del insuficiente e insatisfactorio recorrido que estas fórmulas han tenido hasta la fecha, la Comisión reafirma su apuesta por impulsar su implantación efectiva”. Como decía Cervantes “mantenella y no enmendalla”. La propuesta es simple: apropiarse de la riqueza nacional. En la práctica vienen a decir que entregamos una parte, aún por dilucidar, del dinero de las cotizaciones a un fondo que supuestamente no ha de tener “ánimo de lucro” pero que tiene que dar rentabilidad a los pensionistas. Sin duda pretenden dibujar la cuadratura del círculo. Sólo hay un tipo de instrumentos que sin ser puramente financieros y “sin ánimo de lucro” reúnan esas condiciones y son las Fundaciones. Tanto el BBVA, como el Santander o La Caixa por citar algunas, tienen constituidos esos instrumentos de intermediación financiera bajo la apariencia de entidades “filantrópicas”. ¿Alguien duda que el dinero de las pensiones será gestionado por esas fundaciones y que pasará a convertirse en un activo más de los bancos? Es una gran victoria para los fondos internacionales que a través de sus accionistas controlar a los grandes grupos financieros españoles.
Mientras en Chile la población ha votado contra la Constitución de Pinochet, tras meses de dura lucha en las calles con decenas de muertos, en España se pretende imponer algo similar al modelo chileno. La recomendación 16 abre la puerta a la privatización forzosa de las pensiones.
En la recomendación 17 se menciona el problema específico de la brecha de género, pero no se arbitra ninguna medida concreta, más allá de un redactado confuso. En la primera y segunda versión sí que hubo alguna propuesta concreta, pero ha desaparecido en la tercera y última.
La recomendación 19 aunque plantea los riesgos para las cotizaciones sociales que implicaría la generalización del uso de la Inteligencia Artificial y la robotización, la cuestión queda en un mero enunciado. Del tema de la robotización la gran patronal espera obtener jugosos beneficios puesto que reducirán los costos laborales a cambio de mayor flexibilidad o proyectando el excedente laboral hacia las jubilaciones anticipadas o el paro (los procesos de fusión bancaria que se dan en nuestro país son un ejemplo). En cualquier caso todo esto obligaría a rediseñar las fuentes de ingresos ¿Deben pagar IRPF los robots? La Comisión no hace propuestas concretas sobre esta cuestión. En este sentido se echa en falta en todo el documento propuestas para aumentar la tributación de las grandes transnacionales en nuestro país y sobre el cumplimiento estricto de la legislación en el caso del uso fraudulento de la figura del “falso autónomo”. En este sentido la UE a finales de octubre amenazó a nuestro con llevarlo a los tribunales de la Unión si no trasladaba a la legislación española las nuevas directrices tributarias impuestas por Bruselas a las empresas multinacionales que evaden, a través de triquiñuelas contables, impuestos que han de ser cobrados en el espacio de la Unión. Nuevamente al ejecutivo progresista le tiemblan las piernas.
Otro tema enormente grave es el factor de sostenibilidad. Fue otra de las líneas rojas que planteó el gobierno “progresista” como irrenunciables. Las anteriores contrarreformas habían impuesto el denominado factor de sostenibilidad[7] que proponía rebajar desde el principio la cuantía de las pensiones; el documento dice: “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado. Su aplicación, inicialmente prevista para 2019, ha sido retrasada por la disposición final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que dispone lo siguiente: «La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023» [8]. El movimiento de los pensionistas ha bloqueado en estos tres años su aplicación, pero ni el actual gobierno, ni la Comisión del Pacto de Toledo muestran ningún interés en abolir ese mecanismo. Teniendo en cuenta las trampas, las falacias, los silencios y las medio-verdades descritas, es positivo que se acepte el principio (que no la aplicación clara) de revalorización en la recomendación 2. Pero entonces ¿que coherencia tiene aceptar la revalorización y a la vez no derogar definitivamente ese factor de sostenibilidad? ¡Es evidente que el Factor de Sostenibilidad desvaloriza las pensiones de los trabajadores desde el primer día de su jubilación! Es fácil sospechar que simplemente se está retrasando su aplicación. Se busca un momento donde la resistencia sea menor. Quizás cuando este debate llegue a los centros de trabajo con la nueva estrategia de COESPE de dirigirse a los trabajadores en activo, su aplicación deba retrasarse nuevamente. Algo que al parecer ni los técnicos de la Comisión, ni quienes guardan silencio frente el olvido de derogar el factor de sostenibilidad lo consideren posible ni conveniente. Por cierto, eliminar el factor de sostenibilidad era otro de los puntos del programa de gobierno actual, que al parecer también ha quedado olvidado.
Pero la estrategia de la confusión parece que no ha funcionado. El movimiento pensionista, a pesar de las obligadas medidas de protección sanitaria, sigue vivo y activo, en la calle y en las redes. Este no es un tema que puedan esconder en la chistera, tiene vida propia y organización: COESPE. Una organización transversal, independiente de las estructuras institucionales y que pese a todos aquellos que han intentado sabotearla e ignorarla en los medios, está unida por un programa claro y ampliamente compartido. Esta vez los poderosos no lo van a tener fácil. Los tiempos en que las contrarreformas en los sistemas públicos de pensiones eran impuestos sin resistencia, en Chile y en España, han terminado. Quienes nos gobiernan harían bien de tomar nota de ello.
El nuevo redactado del pacto de Toledo no acaba nada. No estamos al final de un proceso: es una carrera de fondo. Ahora vendrá el desarrollo legislativo. El gobierno de coalición, de nuevo, como en el caso de la fusión bancaria o la reforma laboral parece olvidar sus promesas electorales. El contrato con la ciudadanía que los aupó va camino de convertirse en un mero fuego fatuo.
Eduardo Luque Guerrero
Ramón Franquesa Artés
[1]https://datosmacro.expansion.com/pib/espana.
[2]El mayor fondo de pensioes del mundo Black Rock destina anualmente (reconocido oficialmente) más de un millon y medio de euros para “convencer” a numerosos europarlamentarios que votaran a favor del PePP (Plan paneuropeo de pensiones privadas) hace dos años. Al margen se destinaron grandes sumas que están siendo estudiadas via judicial en el caso de varios parlamentarios laboristas y conservadores ingleses que incluían viajes a hoteles de lujo en Riad sin compañía femenina (al menos la legítima) Ver: El PEPP: el austericidio de las pensiones públicas. Los nuevos adivinos (I)https://www.cronicapopular.es/2019/03/el-pepp-el-austericidio-de-las-pensiones-publicas-los-nuevos-adivinos-i/
[3]http://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf
[4]http://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf
[5]https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf
[6] https://www.uv.es/pensiones/docs/pensiones-jubilacion/Fondo_reserva.pdf.
[7]El factor de sostenibilidad es un mecanismo previsto por la ley actualmente vigente, que interviene en el cálculo de la pensión inicial de jubilación, reduciéndola en función de lo que haya aumentando la esperanza de vida y otras variables, desde el momento de la jubilación. Tenía prevista su entrada en vigor en España el 1 de enero de 2019, pero tras la presión social, en abril de 2018 el gobierno suspendió esta cláusula hasta 2023.
[8]Pag 43.
file:///C:/Users/usuario/Documents/video%20pacto%20de%20toledo/documentos%20definitivos%20pacto%20de%20Toledo/16.11.2020%20v.%203%20definitiva%20
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