ESPAÑA: UNA JUEZ PRETENDE PROHIBIR QUE SE DIFUNDAN IMÁGENES DE LOS DESAHUCIOS

Cristina Guerra Pérez, magistrada que ha dictado el auto contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Más que una sola ley, impuesta bajo el eufemístico nombre de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, las evidencias apuntan que toda la legislación española se estaría afinando para ejercer como una auténtica mordaza, preparada para reprimir con mucha mayor dureza cualquier expresión de descontento popular.

   Además de las numerosas multas y condenas impuestas concretamente bajo el paraguas de la Ley Mordaza, recientemente reforzada por el Tribunal Constitucional, continúan acumulándose las sentencias de diversos juzgados que se orientan en esta dirección.

   El último caso conocido que corrobora esta tendencia es el de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Cristina Guerra Pérez, que pretende prohibir a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que puedan difundir imágenes de los desahucios que, contrariamente a lo afirmado por el ejecutivo central, continúan produciéndose en todo el Estado.

   La juez ya ha ordenado retirar de las redes sociales las imágenes de un desahucio que se llevó a cabo en la ciudad hace casi tres meses, así como de los comentarios realizados al respecto, y prohíbe la publicación de fotografías de este tipo de actuaciones, llegando incluso a amenazar a quienes incumplan esta decisión con la imputación de un delito de desobediencia.

   Uno de los activistas de la PAH de Guadalajara ya ha sido imputado por atreverse a fotografiar a los miembros de la Comisión Judicial que estaban ejecutando un desahucio en el Barrio del Alamín por un presunto delito de revelación de secretos, tipificado con una pena de entre uno a cuatro años de prisión.

   En un auto dictado por la juez  Cristina Guerra Pérez se "exige"  a Twitter y Facebook la eliminación de las imágenes de la comisión judicial que, el pasado 26 de marzo, llevó a cabo el desahucio de dos jóvenes y un bebé en las casas de la Sociedad de San Vicente Paul, en el barrio del Alamín.

   Orden de retirada de imágenes que acompaña de la prohibición a la PAH de hacer fotos a próximos lanzamientos.

   Según detallan desde la plataforma, la juez lo ordena requiriéndoles para que "se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la comisión judicial" así como de realizar comentarios "similares" respecto a este desempeño de su función en esta actuación, todo ello bajo apercibimiento de imputar "un delito de desobediencia", lo cual -precisan desde la plataforma-, "supone una prohibición radical de tomar fotos de cualquier desahucio que se practique".

   Una situación que se produce, explican desde la PAH de Guadalajara en un comunicado, tras la denuncia planteada por la directora del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, María Gómez García, "en la que argumenta que las fotografías difundidas desde las redes sociales de la PAH el día de ese desahucio suponen una amenaza para el personal a su cargo.

   Una situación que califican en sus redes sociales de "atropello" y ataque a la libertad de expresión, por lo que este jueves han convocado a las 11.30 una rueda de prensa a las puertas de los juzgados de Guadalajara para valorar estos hechos y acompañar a su compañero que minutos después tendrá que declarar como investigado.