LA CRISIS DE LAS PENSIONES O EL NUEVO TIMO DEL TOCOMOCHO
"La campaña de infundios sobre la quiebra del sistema de pensiones se recrudece"
Afirman -escriben Eduardo Luque y Antonio J. Mayor - que el sistema público de pensiones está a punto de colapsar. ¿Eso es cierto? El artículo desentraña los mecanismos con que la llamada "clase política", entretejida con los intereses económicos del sector financiero, pretende la crisis del sistema público. ¿Con qué propósito? Asustar a la población para incentivar los fondos de pensiones privados (...).
Por EDUARDO LUQUE Y ANTONIO J. MAYOR PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.- (*)
La campaña de infundios sobre la quiebra del sistema de pensiones se recrudece. Pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que han de venir. La Unión Europea (UE) al frente, y la banca alemana detrás, han fijado el objetivo y están preparando el terreno. Cuentan con grandes aliados: los grandes grupos financieros que, a través de sus medios subvencionados, semana a semana filtran informes tendenciosos.
Han alistado para esta campaña a instituciones y partidos políticos; desde el Parlamento Europeo, que aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, hasta el FMI, la OCDE o el propio Banco de España con su director al frente. Los informes se suceden, y algunos son auténticos despropósitos por su falta de rigor. No suponen nada nuevo, puesto que su objetivo no es buscar soluciones sino salvar la cuenta de resultados. Son intervenciones planificadas. Sus promotores se revisten del traje del experto o del tertuliano.
Pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que han de venir. La Unión Europea (UE) al frente, y la banca alemana detrás
Siguiendo el itinerario que ya hace un siglo empezaron a trazar Gustave Le Bon y Edward Bernays (1), estos voceros de los intereses empresariales que son los supuestos “expertos” o “analistas” pretenden disgregar las voluntades colectivas a través del miedo. El miedo a perder las pensiones conduce a la atomización de las resistencias. El nuevo “mantra” se proclama sirviéndose del marco conceptual que proporciona la tan cacareada “libertad individual”: cada cual ha de velar por sus ahorros y por su jubilación. La fragmentación es el paso previo a la resignación, es la conditio sine qua non para que unos pocos puedan apropiarse de las golosas expectativas de negocio que supone la privatización del sistema público de pensiones. La pregunta que no responden estos tertulianos, analistas y expertos es simple: ¿Qué hacer cuando los sueldos no permiten ahorrar nada?, ¿qué hacer cuando los sueldos no permiten contratar un plan de seguros privados?
El bombardeo mediático es insistente y se incrementará aún más. Durante años no han dudado en asustarnos por medio de previsiones que jamás se cumplían. Tampoco han reconocido sus errores: el FMI, el Banco Mundial, el BBVA o el Banco Santander han anunciado la quiebra del sistema público de pensiones en más de 9 ocasiones en los últimos 10 años. Su prepotencia es evidente: por mentir y por no reconocerlo.
Asimismo, su obsesión resulta evidente tan pronto se observa su falta de imaginación: su gran propuesta, y prácticamente la única, ha sido profundizar en los recortes presupuestarios. Solo han aportado soluciones que se han demostrado no solo fallidas sino terriblemente nefastas para la población. ¿Sus métodos? Aumento de la edad de jubilación, reducción de la base reguladora, congelación de las pensiones… Todo con un sólo objetivo: engordar a través del ahorro público los fondos privados de pensiones. Las cuentas nocionales, los planes privados de empresa, la mochila austriaca o el modelo inglés son procedimientos por medio de los cuales acercarse a ese objetivo.
Han repetido hasta la saciedad que la quiebra del sistema público de reparto es inminente y portanto el sistema es insostenible. La mentira se ha revelado tan colosal que ha quedado al descubierto. Desde hace semanas las grandes instituciones financieras están enviando cartas a sus clientes avisando que, debido a la COVID-19, los fondos de pensiones privados, específicamente los de empresa, producirán rentabilidades negativas. Con datos del propio Banco de España, en el primer trimestre del 2020 la pérdida de rentabilidad era del 7,2% lo que, sumado a la pérdida de un 5% en el último trimestre del 2019, señala el enorme fiasco de esta forma de financiación. Sabemos que antes de la Pandemia la mayor parte de estos fondos (más del 80%) ya eran una ruina y perdían dinero. Es una situación incomprensible: por un lado, empujan hacia los planes privados de pensiones y, por otro, sus propios datos señalan su nula rentabilidad.
El atraco a las arcas públicas
Son múltiples las fórmulas que se utilizan para esquilmar a las arcas públicas. Se calcula que las diversas subvenciones que promueve el Estado (las desgravaciones, los Planes de Pensiones privados, la baja tributación de las SICAV –de promedio un 1%– o las SOCIMI) detraen del erario unos 32.000 millones de euros al año, según un informe de la AIReF2. Una de las grandes paradojas de esta situación es que las empresas pagaron un 47% menos en impuestos en 2019 que en 2007, pese a que han aumentado sus beneficios en un 23,3% según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) (3).
Siguiendo el itinerario que ya hace un siglo empezaron a trazar Gustave Le Bon y Edward Bernays los voceros de los intereses empresariales pretenden disgregar las voluntades colectivas a través del miedo
Las mismas fuentes aportan un dato demoledor que explica, en gran parte, la actual situación de deterioro de las cuentas públicas: existen 5.397 grupos empresariales cuya carga impositiva es la mitad, e incluso menos de la cuarta parte, de lo soportado por las Pymes. Desde el 2015 han sido 466.990 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades lo que se dejado de tributar al fisco. En el año 2015, al fragor de la anterior crisis económica, fue cuando se triplicaron las exenciones fiscales respecto a la década anterior. En la declaración del 2018, la última presentada de forma “normalizada”, la cantidad exenta de tributación ha sido de 152.638 millones de euros.
Según José Luis Escrivá, la reducción o eliminación de esas exenciones compensaría los costos adicionales en pensiones en los próximos años.
El Impuesto de sociedades no es el único responsable del enorme y continuado deterioro en los ingresos de las arcas públicas. La economía sumergida que no genera derechos de cotización pero que siembra precariedad y pobreza es otro de los grandes problemas económicos. Cuanto mayor sea el peso de la economía sumergida, menores serán los ingresos vía tributación en IS, IRPF, IVA. Si en 2016 ya representaba el 19% del PIB (230.000 millones de euros), hoy la economía sumergida ha escalado hasta el 20-25% (340.000 millones de euros en 2019).
Sobre este dato la responsabilidad del Estado no es nada desdeñable: España es uno de los países, comparándonos con el entorno de la OCDE, con menor número de funcionarios (inspectores, subinspectores, técnicos...) destinados a la lucha contra el fraude. Si tenemos una ratio de 5,78 funcionarios por cada 10.000 habitantes, Francia alcanza los 17,51. No es un defecto atávico del país; antes bien, es un resultado buscado por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Se está, de manera consciente, recortando y restando recursos económicos que permitirían reducir la economía sumergida. La consecuencia es manifiesta: ahogar el país para privatizarlo, sistema de pensiones incluido.
La otra forma de expoliar la riqueza de este país es mermando recursos al Estado malvendiendo la base industrial del país.
Como afirma Alicia Melchor, “sectores como la electricidad (Iberdrola), las telecomunicaciones (Telefónica), la distribución de petróleo (Repsol), la explotación de las minas (Hunosa), la metalurgia pesada (Altos Hornos), la producción automovilística (Seat), el transporte ferroviario (Renfe) y aéreo (Iberia), producción y distribución de tabaco (Tabacalera Española)... eran monopolios estatales capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado” (4).
Por otro lado, nos recuerda Eduardo Garzón que España se encuentra a la zaga de la Unión Europea en lo que respecta a empresas públicas, con sólo 16 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa por el Estado de las 130 que había en 1985 (5).
El bombardeo mediático es insistente y se incrementará aún más. Durante años no han dudado en asustarnos por medio de previsiones que jamás se cumplían
La política de liquidación de los activos industriales de este país fue el colofón a la entrada en la UE y la adopción del euro como moneda. Todo amparado bajo los eufemismos de “competitividad”, “flexibilidad”, “eficiencia”, “gestión privada”, “futuro”, etcétera. La explicación de este increíble expolio ha sido la corrupción endémica de los miembros de una clase política que encontraba en los consejos de administración de las grandes empresas privadas una forma de retribución por haber actuado en favor del sector privado durante el tiempo que ocuparon cargos públicos.
A esto se le conoce popularmente como la expresión de “puertas giratorias”. Sirva de ejemplo el artículo de Daniele Grasso y Jesús Escudero en que se identifican a múltiples excargos públicos españoles, de diferente color político, “desde alcaldes hasta ministros, pasando por eurodiputados y secretarios de Estado”, que hasta hace unos años formaban parte de los consejos de administración del sector eléctrico6.
Como hemos visto, en tanto en cuanto una redistribución adecuada proporciona recursos de sobras, el problema central no es el costo de las pensiones. Pero hay más. Contando solo con la situación actual y detrayendo los gastos impropios que recaen sobre las cotizaciones sociales (posteriormente veremos cuáles son esos gastos impropios), las pensiones son perfectamente viables. El problema, por consiguiente, es que debemos perseguir el fraude fiscal, entre otras medidas que contemplen modificar el sistema de tributación y mejorar las condiciones laborales (a mayores ingresos mayores cotizaciones).
El sistema de pensiones es viable
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo impuesto por la UE para fiscalizar las cuentas del Estado. En uno de sus informes, la propia AIReF concluye que, si substrajéramos los gastos impropios atribuidos a la Seguridad Social, ésta tendría superávit. El que fuera su presidente, el actual ministro José Luis Escrivá, señaló en octubre del 2019: “Si lo trasladamos, no habría déficit y estaría en situación de equilibrio o ligero superávit”7. El señor Escrivá, acuciado por los propios datos, al final concluía que el famoso déficit estructural de las pensiones tiene mucho que ver con los artificios financieros de los sucesivos gobiernos. Todo esto es lo que intentan ocultar los bancos, las instituciones financieras y los grupos políticos a su servicio. La palabra “superávit” referida al sistema público de pensiones resulta un vocablo tabú para los economistas neoliberales.
Al papel de plañideras que interpretan los grandes bancos se unen ahora los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo (BCE): en un informe del 8 de agosto, redactado en previsión de la evolución económica durante la década del 2040/50, se realizan las advertencias de que, para ese entonces, poco menos que viviremos el colapso del sistema público de seguridad social. Curiosos analistas éstos que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012. Al fin y al cabo, estos “doctos personajes”, incapaces de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros, en cambio, de la evolución económica durante los próximos 30 años.
La otra forma de expoliar la riqueza de este país es mermando recursos al Estado malvendiendo la base industrial del país
Michael Roberts, el afamado economista inglés, decía del BCE que su capacidad de predicción económica era tan poco aguda que “un generador de números aleatorios, un mono con un tablero de dados e incluso un horóscopo (de un diario) habrían superado al BCE”. En realidad, no se trata de afinar los análisis sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.
Como comentábamos, el otro gran ariete interno que conspira contra los pensionistas presentes y futuros es el propio Banco de España. Su actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, como lo fueron sus predecesores, Mariano Rubio y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, colaboraron en dar forma a este truco del tocomocho en el que se ha convertido los informes sobre las pensiones (8). Pablo Hernández de Cos está utilizando un método de propaganda peculiar. Lo definimos como el método “chirimiri”, una lluvia pequeña pero pertinaz compuesta de medias verdades y mentiras veladas que nos empapa sin darnos cuenta. Hace unos meses hablaba de la insolidaridad de los pensionistas, cuando la población activa aporta en concepto de IRPF la friolera de 13.500 millones al año. Ahora dice que los pensionistas cobran el 74% más de lo cotizado durante su vida laboralmente activa. En su último informe el Banco de España aseguraba que cada jubilado percibía una media de 1,74?del Estado por cada euro cotizado a lo largo de la vida laboral.
Se olvida este “ínclito economista” que el PIB per cápita desde 1985 hasta el presente se ha incrementado en un 625%, dato irrelevante para los servicios de análisis del Banco de España.
El último invento del señor Hernández de Cos es criticar indirectamente el demoledor Informe del Tribunal de Cuentas. Este documento muestra que el “déficit” de la Seguridad Social, y particularmente de las pensiones, es debido a la utilización torticera de esos fondos por parte de los gobiernos de turno para cubrir sus cuentas. En cambio, el gobernador del Banco sostiene que el Estado no debe endeudarse más y que, en definitiva, el déficit de las pensiones debe cubrirse reduciendo su cuantía y aumentado los recortes. Una pregunta nos hacemos: ¿Hernández del Cos, como otros muchos señores de la alta política, cuenta con un puesto reservado en el Consejo de Dirección de algún gran fondo de pensiones?
Las puertas giratorias entre la política y las grandes empresas siempre permanecen abiertas
Un conjunto de datos oficiales publicados estos días han puesto de relieve la justeza de las reivindicaciones de los pensionistas y la falta de rigor de muchos de los presupuestos teóricos neoliberales. Tras los documentos de la AIReF que ya hemos mencionado, el Tribunal de Cuentas ha sido el órgano que ha señalado con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado utiliza de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. En su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas indica que “la demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema de la Seguridad Social, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos, fundamentalmente cotizaciones sociales, la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.
La separación efectiva de las fuentes de financiación se desarrolló en la Ley 24/1997 en su disposición decimocuarta. Las cuentas del Estado iban por un lado y las cotizaciones sociales por otro: al separarse, cada una de las cuentas debía tener una contabilidad diferente. Se preveía un período transitorio de más de dos años (máximo el año 2000) para la completa separación de fuentes. A partir de ese momento, el Estado debería asumir la totalidad de sus compromisos de financiación, con excepción de los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social ix.
Este complemento fue finalmente asumido por el Estado en 2016. Durante todos estos años la Seguridad Social ha venido cubriendo esos costes sin que se haya producido ningún retorno. Así es como se explica parte del supuesto “déficit” actual de la Seguridad Social.
El Tribunal de Cuentas no engaña
De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar al discurso oficial. En efecto, el Informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir sus supuestos déficits.
Su informe señala el elevado endeudamiento del sistema de la Seguridad Social frente al Estado como causa del déficit de las pensiones. A 31 de diciembre de 2018, ese endeudamiento asciende a 41.191 millones de euros según el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Aunque no son partidas exigibles de inmediato, el endeudamiento afecta al equilibrio del sistema y a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
El comentario es trascendente porque cuando se habla con la “boca grande” de “déficit” de las pensiones no explicitamos que las deudas no son exigibles al día en que se redactó el informe, sino que tiene períodos de amortización largos. En algunos casos más de 10 años.
En el citado informe se señala que se han utilizado indebidamente esas cotizaciones para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social. Fue bajo la presión de la huelga General de 1988 (14-D) que Felipe González tuvo que promulgar la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase obrera. El presidente del ejecutivo pudo “sacar pecho político” al atribuirse unos méritos que en realidad correspondían a otros. De hecho, mostró un enorme cinismo político. Esas pensiones que debía abonar con los presupuestos generales fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales. Otro ejemplo más reciente lo tenemos con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales. El “mérito político” es para la coalición gobernante, pero el costo lo pagará el déficit acumulado de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se han cubierto otro tipo de pensiones cuya procedencia económica correspondía a los Presupuestos Generales del Estado. Es el caso de las pensiones de viudedad (la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación), las de orfandad y a favor de familiares.
Así pues, las cotizaciones sociales han tenido que soportar muchas cargas indebidas. Los sucesivos gobiernos las han utilizado para mejorar su imagen o bien para pagar “acuerdos de legislatura”. Fue en 1989 la primera vez que el Estado, a través de la Ley de Presupuestos Generales (LPGE), fijó una aportación finalista para el pago de la totalidad de la asistencia sanitaria que se hizo universal, aunque se necesitaron 10 años (1989-1999) para completarla. Durante ese período el dinero salió de las cotizaciones sociales en forma de préstamo, pero jamás se devolvió a la caja de la Seguridad Social. Otro caso fue la cobertura de los complementos de mínimos (pagar los mínimos cuando la pensión no alcanza) fue un proceso que se prolongó durante 25 años (hasta 2014). Se debería haber abonado con cargo a los presupuestos del Estado, pero nuevamente fueron las cotizaciones sociales las que soportaron los pagos. En total, entre el monto económico que salió en forma de préstamo (31.828 millones) y la cobertura de los complementos de mínimos (71.862 millones), la deuda para con la Seguridad Social y los pensionistas supera los 103.690 millones de euros. En realidad, la cifra es aún mayor porque el Tribunal de Cuentas no ha contabilizado los intereses correspondientes.
El Tribunal de Cuentas también señala otras anomalías. ¿Cuáles? Todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios se cubren con los presupuestos del Estado. ¿Todos?
¡Todos menos uno! La Seguridad Social es el único que se paga con sus propios fondos (3.500 millones de euros anuales). Estos costes administrativos son, cómo no, parte de esos gastos impropios a los que nos referíamos previamente. Esos gastos torticeros sin los cuales la Seguridad Social contaría con superávit.
El cúmulo de irregularidades es extraordinariamente amplio. Otro de los hitos más interesantes recogidos por el Tribunal de Cuentas es, en sintonía con aquello a lo que previamente nos hemos referido, el préstamo otorgado por la Seguridad Social entre 1992 y 1994. Los 3.372 millones de euros que supone el valor de susodicho préstamo debía servir para cancelar el costo de la Universalización de la Asistencia Sanitario en nuestro país y cancelar el extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). El Tribunal de Cuentas señala que esa cantidad es claramente imputable a los presupuestos del Estado como recoge el artículo 113 del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). El Estado –es decir, los gobiernos de turno– se hizo el “sueco”. Ese dinero salió de las cotizaciones sociales, pero jamás fue devuelto.
Entre los años 1992 a 1999 los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar decidieron atender las reivindicaciones financieras del País Vasco y la Comunidad foral de Navarra con 11 préstamos, lo que supuso un total de 9.082 millones de euros que teóricamente se destinarían al traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a esas dos comunidades autónomas. El dinero lo transfirió el Estado, pero salió de las arcas de la Seguridad Social. Hace 26 años que esas deudas figuran como un pasivo y aumentan el déficit de la Seguridad Social y de las pensiones año a año. El Estado no ha querido reclamar esas cantidades ni las ha abonado a la tesorería general. Es una enorme anomalía política: los acuerdos alcanzados con el PNV, el Parlamento Foral de Navarra o, en su momento, CiU –acuerdos de los que dependían las mayorías en el parlamento central– eran sufragados a cuenta de los ingresos de las cotizaciones sociales.
El Estado debería haber cubierto la deuda inmediatamente pero no lo hizo, prologó una y otra vez los períodos de amortización. Las cantidades engrosaron las deudas de la Seguridad Social.
Además, la mayoría de los inmuebles donde el Estado presta servicios sanitarios o sociales son propiedad de la Seguridad Social según establece el artículo 103 del TRLGSS. La amortización de estos edificios ha corrido a cargo de la Seguridad Social sin recibir ningún tipo de pago del Ministerio en concepto de alquiler por los inmuebles de 1986 a 1995. La transferencia de estos edificios a las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) –proceso que se inició en la década de los ochenta y acabó en 2007– se ha producido sin ningún tipo de compensación para la Seguridad Social, con el agravante de que algunas CCAA han privatizado parte de la gestión que se lleva a cabo en esos espacios. Observamos, por consiguiente, que la distribución de esos activos hacia las CCAA permite ocultar la pista sobre la privatización, en última instancia, de ciertos hospitales o centros de salud. Uno de entre otros métodos por medio de los cuales se pretende privatizar patrimonio público.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas analiza de forma somera el Fondo de Reserva, popularmente conocido como “la hucha de las pensiones” (10). Este fondo nació en el año 2000 con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas.
Las dotaciones máximas se alcanzaron en 2011, con 66.680 millones de euros. Esta cantidad fue en gran parte invertida en Bonos del Estado que proporcionaron un alto interés. Según el mencionado Informe, el Fondo se ha nutrido de las propias deudas de la Seguridad Social. Se trataba de engordar el Fondo de Reserva cargando de deudas al sistema público de pensiones. Aunque las deudas fueran pagadas por las cotizaciones sociales, en realidad eran contraídas por el gobierno. De modo que los superávits en las cuentas de la Seguridad Social no sólo permitían pagarlas deudas de los gobiernos, sino que, además, ese pago comportaba situar a la Seguridad Social en la ficción del “déficit”. El objetivo de ese “déficit” resulta ya evidente: proclamar una crisis inminente de las pensiones cuyo efecto buscado era incentivar los planes de pensiones privados.
En resumidas cuentas, el Tribunal de Cuentas estima que el total de la deuda en que incurre el Estado respecto a los pensionistas supera la friolera cantidad de 103.690 millones de euros.
Conclusiones
La elección de las palabras nunca es neutra. Tampoco palabras como “déficit” o “reformas”, que tienen un importante sesgo ideológico. Se pretende transmitir la idea de la “inviabilidad” de las pensiones públicas con el propósito de reducir su alcance y su cuantía.¿Porque decimos que tienen un sesgo ideológico? Porque a otras partidas del Estado que sólo producen gasto no se les aplica estos adjetivos.
Veamos:
En los Presupuestos Generales del Estado 2018 se destinaron casi 9.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas. En realidad, el gasto destinado a cuestiones militares, incluyendo las denominadas partidas ocultas, ascendió a 31.830,32 millones11. La cantidad es muy superior al mal llamado “déficit” de la Seguridad Social. ¿Qué beneficio económico directo supone para las arcas del Estado el ejército o la monarquía? Seamos honestos: ninguno. De modo que, aplicando la lógica neoliberal que se aplica a las pensiones, deberíamos comenzar a decir que… “el Banco Central Europeo exige reformas para acabar con el déficit del ejército”. O por poner otro ejemplo: “el Banco de España propone privatizar la policía y la guardia civil”. O tal vez: “el Fondo Monetario Internacional plantea la necesidad de externalizar la monarquía española”.
¿Y qué ocurre con el dinero destinado a salvar a los bancos?
Ha sido Carlos Sánchez Mato quien ha situado el costo del rescate bancario en el punto de mira. Según los datos recogidos por este economista, el rescate viene costando el 0,6% del PIB acumulado entre 2008 y 2019, lo que representa un desembolso para las arcas del Estado de 80.040 millones de euros.
Mientras el total de ayudas públicas a la Banca han representado un 12,1% del PIB o lo que es lo mismo 1,59 billones (si, billones, con “b”) de euros en el mismo período.
El gasto en pensiones ha de ser el resultado de una delibera ción democrática. Se ha de asentar sobre dos premisas: la primera es la decisión sobre la cantidad económica que la sociedad considera necesaria para garantizar unas jubilaciones dignas, y la segunda es la decisión al respecto de los mecanismos por medio de los cuales conseguir los recursos necesarios para sostener la cantidad económica considerada. Nosotros pensamos que las pensiones deben pagarse vía contribuciones procedentes de la cotización laboral, pero también, como cualquier otro gasto público, por medio de impuestos.
Publicado originalmente en El Viejo Topo
Notas
1. Cfr. Le Bon, Gustave (1895): Psychologie des foules; y Bernays, Edward
(1928): Propaganda.Como manipular la opinión en democracia.
2. Alba, Clara. “El sector financiero ve “inviable” que el gobierno rasque
ingresos de los incentivos al ahorro”, en Gestha. 19/07/2020.
3.Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). “Gestha señala que las
empresas ingresan 21.000 millones al año menos”, en Gestha.
24/06/2020.
4. Melchor, Alicia. “Privatización y desindustrialización durante la transición”, en La Razón Comunista. 1/11/2019.
5. Garzón, Eduardo. “España es el país de toda la Unión Europea que
menos empresas públicas tiene”, en La Marea. 29/05/2019.
6. Grasso, Daniele y Escudero, Jesús. “El sector eléctrico español da trabajo a 24 excargos públicos”, en El Confidencial. 05/02/2017.
7. La Vanguardia. “AIReF pide trasladar gastos de la Seguridad Social al
Estado y una edad efectiva de jubilación de 67 años”, en LaVanguardia.
01/10/2019.
8. Mariano Rubio fue condenado por importantes delitos financieros
mientras que Miguel Ángel Fernández Ordóñez “olvidó” reclamar a la
Banca los 65.000 millones delrescate financiero que tuvo que soportar
nuestro país.
9. Para los “complementos por mínimos” no había ningún plazo límite
dentro del cual su financiación resultase asumida porlos Presupuestos
Generales del Estado. Solamente se precisaba que los complementos
por mínimos serían financiados en los términos que determinaran las
Leyespresupuestariaspara cada ejercicio.Entre 1994 a 2016 la cantidad
correspondiente a complementos de mínimos no financiados por el
Estado representó 63.578,78 millones de euros.
10.Regulado en los artículos 117 y siguientes delTextoRefundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS).
11.Véase: https://www.grupotortuga.com/IMG/pdf/tabla_completa_gasto_militar.pdf
Por EDUARDO LUQUE Y ANTONIO J. MAYOR PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.- (*)
La campaña de infundios sobre la quiebra del sistema de pensiones se recrudece. Pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que han de venir. La Unión Europea (UE) al frente, y la banca alemana detrás, han fijado el objetivo y están preparando el terreno. Cuentan con grandes aliados: los grandes grupos financieros que, a través de sus medios subvencionados, semana a semana filtran informes tendenciosos.
Han alistado para esta campaña a instituciones y partidos políticos; desde el Parlamento Europeo, que aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, hasta el FMI, la OCDE o el propio Banco de España con su director al frente. Los informes se suceden, y algunos son auténticos despropósitos por su falta de rigor. No suponen nada nuevo, puesto que su objetivo no es buscar soluciones sino salvar la cuenta de resultados. Son intervenciones planificadas. Sus promotores se revisten del traje del experto o del tertuliano.
Pretenden convencernos de la inevitabilidad de los recortes que han de venir. La Unión Europea (UE) al frente, y la banca alemana detrás
Siguiendo el itinerario que ya hace un siglo empezaron a trazar Gustave Le Bon y Edward Bernays (1), estos voceros de los intereses empresariales que son los supuestos “expertos” o “analistas” pretenden disgregar las voluntades colectivas a través del miedo. El miedo a perder las pensiones conduce a la atomización de las resistencias. El nuevo “mantra” se proclama sirviéndose del marco conceptual que proporciona la tan cacareada “libertad individual”: cada cual ha de velar por sus ahorros y por su jubilación. La fragmentación es el paso previo a la resignación, es la conditio sine qua non para que unos pocos puedan apropiarse de las golosas expectativas de negocio que supone la privatización del sistema público de pensiones. La pregunta que no responden estos tertulianos, analistas y expertos es simple: ¿Qué hacer cuando los sueldos no permiten ahorrar nada?, ¿qué hacer cuando los sueldos no permiten contratar un plan de seguros privados?
El bombardeo mediático es insistente y se incrementará aún más. Durante años no han dudado en asustarnos por medio de previsiones que jamás se cumplían. Tampoco han reconocido sus errores: el FMI, el Banco Mundial, el BBVA o el Banco Santander han anunciado la quiebra del sistema público de pensiones en más de 9 ocasiones en los últimos 10 años. Su prepotencia es evidente: por mentir y por no reconocerlo.
Asimismo, su obsesión resulta evidente tan pronto se observa su falta de imaginación: su gran propuesta, y prácticamente la única, ha sido profundizar en los recortes presupuestarios. Solo han aportado soluciones que se han demostrado no solo fallidas sino terriblemente nefastas para la población. ¿Sus métodos? Aumento de la edad de jubilación, reducción de la base reguladora, congelación de las pensiones… Todo con un sólo objetivo: engordar a través del ahorro público los fondos privados de pensiones. Las cuentas nocionales, los planes privados de empresa, la mochila austriaca o el modelo inglés son procedimientos por medio de los cuales acercarse a ese objetivo.
Han repetido hasta la saciedad que la quiebra del sistema público de reparto es inminente y portanto el sistema es insostenible. La mentira se ha revelado tan colosal que ha quedado al descubierto. Desde hace semanas las grandes instituciones financieras están enviando cartas a sus clientes avisando que, debido a la COVID-19, los fondos de pensiones privados, específicamente los de empresa, producirán rentabilidades negativas. Con datos del propio Banco de España, en el primer trimestre del 2020 la pérdida de rentabilidad era del 7,2% lo que, sumado a la pérdida de un 5% en el último trimestre del 2019, señala el enorme fiasco de esta forma de financiación. Sabemos que antes de la Pandemia la mayor parte de estos fondos (más del 80%) ya eran una ruina y perdían dinero. Es una situación incomprensible: por un lado, empujan hacia los planes privados de pensiones y, por otro, sus propios datos señalan su nula rentabilidad.
El atraco a las arcas públicas
Son múltiples las fórmulas que se utilizan para esquilmar a las arcas públicas. Se calcula que las diversas subvenciones que promueve el Estado (las desgravaciones, los Planes de Pensiones privados, la baja tributación de las SICAV –de promedio un 1%– o las SOCIMI) detraen del erario unos 32.000 millones de euros al año, según un informe de la AIReF2. Una de las grandes paradojas de esta situación es que las empresas pagaron un 47% menos en impuestos en 2019 que en 2007, pese a que han aumentado sus beneficios en un 23,3% según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) (3).
Siguiendo el itinerario que ya hace un siglo empezaron a trazar Gustave Le Bon y Edward Bernays los voceros de los intereses empresariales pretenden disgregar las voluntades colectivas a través del miedo
Las mismas fuentes aportan un dato demoledor que explica, en gran parte, la actual situación de deterioro de las cuentas públicas: existen 5.397 grupos empresariales cuya carga impositiva es la mitad, e incluso menos de la cuarta parte, de lo soportado por las Pymes. Desde el 2015 han sido 466.990 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades lo que se dejado de tributar al fisco. En el año 2015, al fragor de la anterior crisis económica, fue cuando se triplicaron las exenciones fiscales respecto a la década anterior. En la declaración del 2018, la última presentada de forma “normalizada”, la cantidad exenta de tributación ha sido de 152.638 millones de euros.
Según José Luis Escrivá, la reducción o eliminación de esas exenciones compensaría los costos adicionales en pensiones en los próximos años.
El Impuesto de sociedades no es el único responsable del enorme y continuado deterioro en los ingresos de las arcas públicas. La economía sumergida que no genera derechos de cotización pero que siembra precariedad y pobreza es otro de los grandes problemas económicos. Cuanto mayor sea el peso de la economía sumergida, menores serán los ingresos vía tributación en IS, IRPF, IVA. Si en 2016 ya representaba el 19% del PIB (230.000 millones de euros), hoy la economía sumergida ha escalado hasta el 20-25% (340.000 millones de euros en 2019).
Sobre este dato la responsabilidad del Estado no es nada desdeñable: España es uno de los países, comparándonos con el entorno de la OCDE, con menor número de funcionarios (inspectores, subinspectores, técnicos...) destinados a la lucha contra el fraude. Si tenemos una ratio de 5,78 funcionarios por cada 10.000 habitantes, Francia alcanza los 17,51. No es un defecto atávico del país; antes bien, es un resultado buscado por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Se está, de manera consciente, recortando y restando recursos económicos que permitirían reducir la economía sumergida. La consecuencia es manifiesta: ahogar el país para privatizarlo, sistema de pensiones incluido.
La otra forma de expoliar la riqueza de este país es mermando recursos al Estado malvendiendo la base industrial del país.
Como afirma Alicia Melchor, “sectores como la electricidad (Iberdrola), las telecomunicaciones (Telefónica), la distribución de petróleo (Repsol), la explotación de las minas (Hunosa), la metalurgia pesada (Altos Hornos), la producción automovilística (Seat), el transporte ferroviario (Renfe) y aéreo (Iberia), producción y distribución de tabaco (Tabacalera Española)... eran monopolios estatales capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado” (4).
Por otro lado, nos recuerda Eduardo Garzón que España se encuentra a la zaga de la Unión Europea en lo que respecta a empresas públicas, con sólo 16 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa por el Estado de las 130 que había en 1985 (5).
El bombardeo mediático es insistente y se incrementará aún más. Durante años no han dudado en asustarnos por medio de previsiones que jamás se cumplían
La política de liquidación de los activos industriales de este país fue el colofón a la entrada en la UE y la adopción del euro como moneda. Todo amparado bajo los eufemismos de “competitividad”, “flexibilidad”, “eficiencia”, “gestión privada”, “futuro”, etcétera. La explicación de este increíble expolio ha sido la corrupción endémica de los miembros de una clase política que encontraba en los consejos de administración de las grandes empresas privadas una forma de retribución por haber actuado en favor del sector privado durante el tiempo que ocuparon cargos públicos.
A esto se le conoce popularmente como la expresión de “puertas giratorias”. Sirva de ejemplo el artículo de Daniele Grasso y Jesús Escudero en que se identifican a múltiples excargos públicos españoles, de diferente color político, “desde alcaldes hasta ministros, pasando por eurodiputados y secretarios de Estado”, que hasta hace unos años formaban parte de los consejos de administración del sector eléctrico6.
Como hemos visto, en tanto en cuanto una redistribución adecuada proporciona recursos de sobras, el problema central no es el costo de las pensiones. Pero hay más. Contando solo con la situación actual y detrayendo los gastos impropios que recaen sobre las cotizaciones sociales (posteriormente veremos cuáles son esos gastos impropios), las pensiones son perfectamente viables. El problema, por consiguiente, es que debemos perseguir el fraude fiscal, entre otras medidas que contemplen modificar el sistema de tributación y mejorar las condiciones laborales (a mayores ingresos mayores cotizaciones).
El sistema de pensiones es viable
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un organismo impuesto por la UE para fiscalizar las cuentas del Estado. En uno de sus informes, la propia AIReF concluye que, si substrajéramos los gastos impropios atribuidos a la Seguridad Social, ésta tendría superávit. El que fuera su presidente, el actual ministro José Luis Escrivá, señaló en octubre del 2019: “Si lo trasladamos, no habría déficit y estaría en situación de equilibrio o ligero superávit”7. El señor Escrivá, acuciado por los propios datos, al final concluía que el famoso déficit estructural de las pensiones tiene mucho que ver con los artificios financieros de los sucesivos gobiernos. Todo esto es lo que intentan ocultar los bancos, las instituciones financieras y los grupos políticos a su servicio. La palabra “superávit” referida al sistema público de pensiones resulta un vocablo tabú para los economistas neoliberales.
Al papel de plañideras que interpretan los grandes bancos se unen ahora los “sesudos” análisis del Banco Central Europeo (BCE): en un informe del 8 de agosto, redactado en previsión de la evolución económica durante la década del 2040/50, se realizan las advertencias de que, para ese entonces, poco menos que viviremos el colapso del sistema público de seguridad social. Curiosos analistas éstos que fueron incapaces de prever los cracs financieros del 2008, 2010 y 2012. Al fin y al cabo, estos “doctos personajes”, incapaces de pronosticar la tasa de la inflación para el próximo mes, se muestran seguros, en cambio, de la evolución económica durante los próximos 30 años.
La otra forma de expoliar la riqueza de este país es mermando recursos al Estado malvendiendo la base industrial del país
Michael Roberts, el afamado economista inglés, decía del BCE que su capacidad de predicción económica era tan poco aguda que “un generador de números aleatorios, un mono con un tablero de dados e incluso un horóscopo (de un diario) habrían superado al BCE”. En realidad, no se trata de afinar los análisis sino de crear un estado de opinión propicio para imponer políticas económicas que sean afines a sus intereses de clase.
Como comentábamos, el otro gran ariete interno que conspira contra los pensionistas presentes y futuros es el propio Banco de España. Su actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, como lo fueron sus predecesores, Mariano Rubio y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, colaboraron en dar forma a este truco del tocomocho en el que se ha convertido los informes sobre las pensiones (8). Pablo Hernández de Cos está utilizando un método de propaganda peculiar. Lo definimos como el método “chirimiri”, una lluvia pequeña pero pertinaz compuesta de medias verdades y mentiras veladas que nos empapa sin darnos cuenta. Hace unos meses hablaba de la insolidaridad de los pensionistas, cuando la población activa aporta en concepto de IRPF la friolera de 13.500 millones al año. Ahora dice que los pensionistas cobran el 74% más de lo cotizado durante su vida laboralmente activa. En su último informe el Banco de España aseguraba que cada jubilado percibía una media de 1,74?del Estado por cada euro cotizado a lo largo de la vida laboral.
Se olvida este “ínclito economista” que el PIB per cápita desde 1985 hasta el presente se ha incrementado en un 625%, dato irrelevante para los servicios de análisis del Banco de España.
El último invento del señor Hernández de Cos es criticar indirectamente el demoledor Informe del Tribunal de Cuentas. Este documento muestra que el “déficit” de la Seguridad Social, y particularmente de las pensiones, es debido a la utilización torticera de esos fondos por parte de los gobiernos de turno para cubrir sus cuentas. En cambio, el gobernador del Banco sostiene que el Estado no debe endeudarse más y que, en definitiva, el déficit de las pensiones debe cubrirse reduciendo su cuantía y aumentado los recortes. Una pregunta nos hacemos: ¿Hernández del Cos, como otros muchos señores de la alta política, cuenta con un puesto reservado en el Consejo de Dirección de algún gran fondo de pensiones?
Las puertas giratorias entre la política y las grandes empresas siempre permanecen abiertas
Un conjunto de datos oficiales publicados estos días han puesto de relieve la justeza de las reivindicaciones de los pensionistas y la falta de rigor de muchos de los presupuestos teóricos neoliberales. Tras los documentos de la AIReF que ya hemos mencionado, el Tribunal de Cuentas ha sido el órgano que ha señalado con meridiana claridad que el supuesto “déficit” de las pensiones se produce en gran medida porque el Estado utiliza de forma inapropiada las cotizaciones sociales destinándolas a otros fines. En su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas indica que “la demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema de la Seguridad Social, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos, fundamentalmente cotizaciones sociales, la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.
La separación efectiva de las fuentes de financiación se desarrolló en la Ley 24/1997 en su disposición decimocuarta. Las cuentas del Estado iban por un lado y las cotizaciones sociales por otro: al separarse, cada una de las cuentas debía tener una contabilidad diferente. Se preveía un período transitorio de más de dos años (máximo el año 2000) para la completa separación de fuentes. A partir de ese momento, el Estado debería asumir la totalidad de sus compromisos de financiación, con excepción de los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social ix.
Este complemento fue finalmente asumido por el Estado en 2016. Durante todos estos años la Seguridad Social ha venido cubriendo esos costes sin que se haya producido ningún retorno. Así es como se explica parte del supuesto “déficit” actual de la Seguridad Social.
El Tribunal de Cuentas no engaña
De sus páginas leídas con calma se puede extraer algunas pistas que hacen temblar al discurso oficial. En efecto, el Informe del Tribunal de Cuentas es realmente impactante. No solo porque la Seguridad Social costea actividades y prestaciones que no le corresponden, sino también porque a la Seguridad Social se le impide obtener recursos adicionales con los que cubrir sus supuestos déficits.
Su informe señala el elevado endeudamiento del sistema de la Seguridad Social frente al Estado como causa del déficit de las pensiones. A 31 de diciembre de 2018, ese endeudamiento asciende a 41.191 millones de euros según el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Aunque no son partidas exigibles de inmediato, el endeudamiento afecta al equilibrio del sistema y a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
El comentario es trascendente porque cuando se habla con la “boca grande” de “déficit” de las pensiones no explicitamos que las deudas no son exigibles al día en que se redactó el informe, sino que tiene períodos de amortización largos. En algunos casos más de 10 años.
En el citado informe se señala que se han utilizado indebidamente esas cotizaciones para abonar, por ejemplo, las pensiones no contributivas que corresponden a compromisos alcanzados por los gobiernos, pero que no competen a la Seguridad Social. Fue bajo la presión de la huelga General de 1988 (14-D) que Felipe González tuvo que promulgar la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y se comenzaron a pagar las pensiones no contributivas, una reivindicación histórica de la clase obrera. El presidente del ejecutivo pudo “sacar pecho político” al atribuirse unos méritos que en realidad correspondían a otros. De hecho, mostró un enorme cinismo político. Esas pensiones que debía abonar con los presupuestos generales fueron cargadas a expensas de las cotizaciones sociales. Otro ejemplo más reciente lo tenemos con el actual Ingreso Mínimo Vital, que también se detrae de las cotizaciones sociales. El “mérito político” es para la coalición gobernante, pero el costo lo pagará el déficit acumulado de la Seguridad Social. A cuenta de las cotizaciones sociales también se han cubierto otro tipo de pensiones cuya procedencia económica correspondía a los Presupuestos Generales del Estado. Es el caso de las pensiones de viudedad (la segunda mayor fuente de gasto en pensiones públicas después de las de jubilación), las de orfandad y a favor de familiares.
Así pues, las cotizaciones sociales han tenido que soportar muchas cargas indebidas. Los sucesivos gobiernos las han utilizado para mejorar su imagen o bien para pagar “acuerdos de legislatura”. Fue en 1989 la primera vez que el Estado, a través de la Ley de Presupuestos Generales (LPGE), fijó una aportación finalista para el pago de la totalidad de la asistencia sanitaria que se hizo universal, aunque se necesitaron 10 años (1989-1999) para completarla. Durante ese período el dinero salió de las cotizaciones sociales en forma de préstamo, pero jamás se devolvió a la caja de la Seguridad Social. Otro caso fue la cobertura de los complementos de mínimos (pagar los mínimos cuando la pensión no alcanza) fue un proceso que se prolongó durante 25 años (hasta 2014). Se debería haber abonado con cargo a los presupuestos del Estado, pero nuevamente fueron las cotizaciones sociales las que soportaron los pagos. En total, entre el monto económico que salió en forma de préstamo (31.828 millones) y la cobertura de los complementos de mínimos (71.862 millones), la deuda para con la Seguridad Social y los pensionistas supera los 103.690 millones de euros. En realidad, la cifra es aún mayor porque el Tribunal de Cuentas no ha contabilizado los intereses correspondientes.
El Tribunal de Cuentas también señala otras anomalías. ¿Cuáles? Todos los gastos de funcionamiento de los Ministerios se cubren con los presupuestos del Estado. ¿Todos?
¡Todos menos uno! La Seguridad Social es el único que se paga con sus propios fondos (3.500 millones de euros anuales). Estos costes administrativos son, cómo no, parte de esos gastos impropios a los que nos referíamos previamente. Esos gastos torticeros sin los cuales la Seguridad Social contaría con superávit.
El cúmulo de irregularidades es extraordinariamente amplio. Otro de los hitos más interesantes recogidos por el Tribunal de Cuentas es, en sintonía con aquello a lo que previamente nos hemos referido, el préstamo otorgado por la Seguridad Social entre 1992 y 1994. Los 3.372 millones de euros que supone el valor de susodicho préstamo debía servir para cancelar el costo de la Universalización de la Asistencia Sanitario en nuestro país y cancelar el extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). El Tribunal de Cuentas señala que esa cantidad es claramente imputable a los presupuestos del Estado como recoge el artículo 113 del Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). El Estado –es decir, los gobiernos de turno– se hizo el “sueco”. Ese dinero salió de las cotizaciones sociales, pero jamás fue devuelto.
Entre los años 1992 a 1999 los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar decidieron atender las reivindicaciones financieras del País Vasco y la Comunidad foral de Navarra con 11 préstamos, lo que supuso un total de 9.082 millones de euros que teóricamente se destinarían al traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales a esas dos comunidades autónomas. El dinero lo transfirió el Estado, pero salió de las arcas de la Seguridad Social. Hace 26 años que esas deudas figuran como un pasivo y aumentan el déficit de la Seguridad Social y de las pensiones año a año. El Estado no ha querido reclamar esas cantidades ni las ha abonado a la tesorería general. Es una enorme anomalía política: los acuerdos alcanzados con el PNV, el Parlamento Foral de Navarra o, en su momento, CiU –acuerdos de los que dependían las mayorías en el parlamento central– eran sufragados a cuenta de los ingresos de las cotizaciones sociales.
El Estado debería haber cubierto la deuda inmediatamente pero no lo hizo, prologó una y otra vez los períodos de amortización. Las cantidades engrosaron las deudas de la Seguridad Social.
Además, la mayoría de los inmuebles donde el Estado presta servicios sanitarios o sociales son propiedad de la Seguridad Social según establece el artículo 103 del TRLGSS. La amortización de estos edificios ha corrido a cargo de la Seguridad Social sin recibir ningún tipo de pago del Ministerio en concepto de alquiler por los inmuebles de 1986 a 1995. La transferencia de estos edificios a las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) –proceso que se inició en la década de los ochenta y acabó en 2007– se ha producido sin ningún tipo de compensación para la Seguridad Social, con el agravante de que algunas CCAA han privatizado parte de la gestión que se lleva a cabo en esos espacios. Observamos, por consiguiente, que la distribución de esos activos hacia las CCAA permite ocultar la pista sobre la privatización, en última instancia, de ciertos hospitales o centros de salud. Uno de entre otros métodos por medio de los cuales se pretende privatizar patrimonio público.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas analiza de forma somera el Fondo de Reserva, popularmente conocido como “la hucha de las pensiones” (10). Este fondo nació en el año 2000 con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas.
Las dotaciones máximas se alcanzaron en 2011, con 66.680 millones de euros. Esta cantidad fue en gran parte invertida en Bonos del Estado que proporcionaron un alto interés. Según el mencionado Informe, el Fondo se ha nutrido de las propias deudas de la Seguridad Social. Se trataba de engordar el Fondo de Reserva cargando de deudas al sistema público de pensiones. Aunque las deudas fueran pagadas por las cotizaciones sociales, en realidad eran contraídas por el gobierno. De modo que los superávits en las cuentas de la Seguridad Social no sólo permitían pagarlas deudas de los gobiernos, sino que, además, ese pago comportaba situar a la Seguridad Social en la ficción del “déficit”. El objetivo de ese “déficit” resulta ya evidente: proclamar una crisis inminente de las pensiones cuyo efecto buscado era incentivar los planes de pensiones privados.
En resumidas cuentas, el Tribunal de Cuentas estima que el total de la deuda en que incurre el Estado respecto a los pensionistas supera la friolera cantidad de 103.690 millones de euros.
Conclusiones
La elección de las palabras nunca es neutra. Tampoco palabras como “déficit” o “reformas”, que tienen un importante sesgo ideológico. Se pretende transmitir la idea de la “inviabilidad” de las pensiones públicas con el propósito de reducir su alcance y su cuantía.¿Porque decimos que tienen un sesgo ideológico? Porque a otras partidas del Estado que sólo producen gasto no se les aplica estos adjetivos.
Veamos:
En los Presupuestos Generales del Estado 2018 se destinaron casi 9.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas. En realidad, el gasto destinado a cuestiones militares, incluyendo las denominadas partidas ocultas, ascendió a 31.830,32 millones11. La cantidad es muy superior al mal llamado “déficit” de la Seguridad Social. ¿Qué beneficio económico directo supone para las arcas del Estado el ejército o la monarquía? Seamos honestos: ninguno. De modo que, aplicando la lógica neoliberal que se aplica a las pensiones, deberíamos comenzar a decir que… “el Banco Central Europeo exige reformas para acabar con el déficit del ejército”. O por poner otro ejemplo: “el Banco de España propone privatizar la policía y la guardia civil”. O tal vez: “el Fondo Monetario Internacional plantea la necesidad de externalizar la monarquía española”.
¿Y qué ocurre con el dinero destinado a salvar a los bancos?
Ha sido Carlos Sánchez Mato quien ha situado el costo del rescate bancario en el punto de mira. Según los datos recogidos por este economista, el rescate viene costando el 0,6% del PIB acumulado entre 2008 y 2019, lo que representa un desembolso para las arcas del Estado de 80.040 millones de euros.
Mientras el total de ayudas públicas a la Banca han representado un 12,1% del PIB o lo que es lo mismo 1,59 billones (si, billones, con “b”) de euros en el mismo período.
El gasto en pensiones ha de ser el resultado de una delibera ción democrática. Se ha de asentar sobre dos premisas: la primera es la decisión sobre la cantidad económica que la sociedad considera necesaria para garantizar unas jubilaciones dignas, y la segunda es la decisión al respecto de los mecanismos por medio de los cuales conseguir los recursos necesarios para sostener la cantidad económica considerada. Nosotros pensamos que las pensiones deben pagarse vía contribuciones procedentes de la cotización laboral, pero también, como cualquier otro gasto público, por medio de impuestos.
Publicado originalmente en El Viejo Topo
Notas
1. Cfr. Le Bon, Gustave (1895): Psychologie des foules; y Bernays, Edward
(1928): Propaganda.Como manipular la opinión en democracia.
2. Alba, Clara. “El sector financiero ve “inviable” que el gobierno rasque
ingresos de los incentivos al ahorro”, en Gestha. 19/07/2020.
3.Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). “Gestha señala que las
empresas ingresan 21.000 millones al año menos”, en Gestha.
24/06/2020.
4. Melchor, Alicia. “Privatización y desindustrialización durante la transición”, en La Razón Comunista. 1/11/2019.
5. Garzón, Eduardo. “España es el país de toda la Unión Europea que
menos empresas públicas tiene”, en La Marea. 29/05/2019.
6. Grasso, Daniele y Escudero, Jesús. “El sector eléctrico español da trabajo a 24 excargos públicos”, en El Confidencial. 05/02/2017.
7. La Vanguardia. “AIReF pide trasladar gastos de la Seguridad Social al
Estado y una edad efectiva de jubilación de 67 años”, en LaVanguardia.
01/10/2019.
8. Mariano Rubio fue condenado por importantes delitos financieros
mientras que Miguel Ángel Fernández Ordóñez “olvidó” reclamar a la
Banca los 65.000 millones delrescate financiero que tuvo que soportar
nuestro país.
9. Para los “complementos por mínimos” no había ningún plazo límite
dentro del cual su financiación resultase asumida porlos Presupuestos
Generales del Estado. Solamente se precisaba que los complementos
por mínimos serían financiados en los términos que determinaran las
Leyespresupuestariaspara cada ejercicio.Entre 1994 a 2016 la cantidad
correspondiente a complementos de mínimos no financiados por el
Estado representó 63.578,78 millones de euros.
10.Regulado en los artículos 117 y siguientes delTextoRefundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS).
11.Véase: https://www.grupotortuga.com/IMG/pdf/tabla_completa_gasto_militar.pdf
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