LA UNIÓN EUROPEA APOYA LA POLÍTICA DICTATORIAL DE ORBÁN EN HUNGRÍA
Un anuncio de lo que la clase capitalista tiene planeado para toda Europa
A finales de marzo, el gobierno de Hungría aprobó una Ley de Emergencia que da al primer ministro, Viktor Orbán, plenos poderes. Aunque se parece mucho a la ley que en 1933 consolidó la dictadura nazi en Alemania, goza del apoyo de la Unión Europea. En realidad, lo de Hungría es la avanzadilla de lo que, a diferente ritmo, se pretende implantar en el resto de Europa y, en general, a nivel global.
POR EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Ley de Emergencia recientemente aprobada en Hungría permite a Orbán gobernar a golpe de decreto por tiempo ilimitado. Puede suspender la aplicación de ciertas leyes e introducir otras medidas excepcionales, todo con el pretexto de “garantizar la estabilidad de la vida, la salud y la seguridad material de los ciudadanos y la economía”. El Parlamento se halla, de facto, en suspenso. Como señalaba el periódico húngaro Magyar Közlöny, la Ley de Emergencia afecta principalmente a áreas que no tienen absolutamente nada que ver con la lucha contra el COVID-19.
En el sistema judicial, por ejemplo, los derechos de los acusados o convictos quedan drásticamente restringidos y los procesos civiles y penales se posponen indefinidamente. Con la nueva ley quedan también abolidos todos los derechos relativos a la protección de datos y la privacidad, que, en todo caso, sólo existen en el papel.
En realidad, esta ley está dirigida contra contra la clase trabajadora húngara. Puede verse en el ataque a las leyes protectoras del trabajo. Ahora, algunos sectores profesionales pueden incluso ser obligados a trabajar 24 horas al día.
Mientras tanto, las subvenciones de la Unión Europea (UE) se otorgan sin ningún requerimiento de estudio de riesgos o inspecciones sobre el terreno, lo cual beneficia a las grandes empresas, la mayoría de las cuales están bajo control gubernamental o pertenecen a personas cercanas al círculo de Orbán. Sin embargo, otras 140 empresas han sido puestas bajo control militar con la excusa de luchar contra la pandemia.
Para la puesta en vigor de todo este paquete normativo, incluso contra la resistencia popular, se ha dotado al ejército de competencias policiales. La nueva ley amenaza con castigos draconianos a todos los críticos con el gobierno. Por ejemplo, difundir lo que el gobierno llama “noticias falsas” se penaliza con hasta cinco años de prisión, y hasta ocho años por violar las normas de la cuarentena. Los delitos se formulan de forma tan vaga, que cualquier opinión o acción opositora puede incurrir en ellos.
Gábor Halmai, experto húngaro en derecho constitucional, ha dicho que “Viktor Orbán gobierna ahora como un dictador”. Con la Ley de Emergencia, el sistema de Orbán ha perdido su fachada de democracia formal.
Como en muchos otros países europeos, la seguridad de la población se ha subordinado a los intereses de las empresas, que en Hungría son, sobre todo, las firmas automovilísticas occidentales.
Aunque fuera de la capital, Budapest, apenas ha habido restricciones para frenar la expansión del contagio, tales como guardar la distancia física, ya hay planes para aflojarlas también en la capital, donde se han dado la mayoría de casos de coronavirus. Según fuentes oficiales, hay 3.263 infectados y 413 fallecidos en todo el país. Pero estas cifras no dicen mucho, ya que en pocos países europeos se han aplicado menos tests.
También en Hungría la crisis del coronavirus ha sacado a la luz la catástrofe social. De los aproximadamente 10 millones de habitantes, más de un millón viven por debajo del umbral de la pobreza, y el número va en rápido aumento. La situación es especialmente vulnerable para los 300.000 romanís que viven en guetos y en condiciones a menudo inhumanas. Con el aflojamiento de las restricciones, quedan expuestos a riesgos mayores.
Mientras en el país crece la oposición a Orbán, su dictadura gana apoyos en la UE. La Comisión Europea ha declarado que no emprenderá acciones contra las leyes de emergencia. Según un informe de Die Welt, confirmado por la Comisaria de Justicia, Vera Jourova, no hay “bases concretas que indiquen violación de los derechos democráticos fundamentales” y, por tanto, “no son necesarias contramedidas inmediatas por parte de Bruselas”.
El gobierno húngaro, encima, recibe una enorme inyección económica de la UE, sin que un solo céntimo vaya a mejorar las infraestructuras sanitarias o las prestaciones a los trabajadores. Con la expresa aprobación del Parlamento Europeo, Hungría recibe €2,3 billones, or el 0,1 por ciento de su PIB.
Es un hecho que la UE está apoyando la vía húngara a la dictadura. Los gobiernos de toda Europa están dando pasos similares para implantar las políticas homicidas del “vuelta al trabajo”, que no tienen nada que ver con los “derechos y libertades individuales” que reivindica la extrema derecha, sino con los “derechos” de una clase capitalista que ve mermada su tasa de ganancia. Así, mientras se está rescatando a los bancos y grandes empresas con billones de euros de un día para otro, parece que no hay dinero para dotar de equipos protectores a los trabajadores.
Todo esto es incompatible con cualquier noción de democracia. Pero es que al capital ya hasta le estorba la democracia formal y está avanzando descaradamente hacia regímenes de corte fascista que pretenden anular cualquier derecho, libertad y protección asociados a los trabajadores, si no nos organizamos para impedirlo.
Fuente:
https://www.wsws.org/en/articles/2020/05/12/orba-m12.html
POR EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Ley de Emergencia recientemente aprobada en Hungría permite a Orbán gobernar a golpe de decreto por tiempo ilimitado. Puede suspender la aplicación de ciertas leyes e introducir otras medidas excepcionales, todo con el pretexto de “garantizar la estabilidad de la vida, la salud y la seguridad material de los ciudadanos y la economía”. El Parlamento se halla, de facto, en suspenso. Como señalaba el periódico húngaro Magyar Közlöny, la Ley de Emergencia afecta principalmente a áreas que no tienen absolutamente nada que ver con la lucha contra el COVID-19.
En el sistema judicial, por ejemplo, los derechos de los acusados o convictos quedan drásticamente restringidos y los procesos civiles y penales se posponen indefinidamente. Con la nueva ley quedan también abolidos todos los derechos relativos a la protección de datos y la privacidad, que, en todo caso, sólo existen en el papel.
En realidad, esta ley está dirigida contra contra la clase trabajadora húngara. Puede verse en el ataque a las leyes protectoras del trabajo. Ahora, algunos sectores profesionales pueden incluso ser obligados a trabajar 24 horas al día.
Mientras tanto, las subvenciones de la Unión Europea (UE) se otorgan sin ningún requerimiento de estudio de riesgos o inspecciones sobre el terreno, lo cual beneficia a las grandes empresas, la mayoría de las cuales están bajo control gubernamental o pertenecen a personas cercanas al círculo de Orbán. Sin embargo, otras 140 empresas han sido puestas bajo control militar con la excusa de luchar contra la pandemia.
Para la puesta en vigor de todo este paquete normativo, incluso contra la resistencia popular, se ha dotado al ejército de competencias policiales. La nueva ley amenaza con castigos draconianos a todos los críticos con el gobierno. Por ejemplo, difundir lo que el gobierno llama “noticias falsas” se penaliza con hasta cinco años de prisión, y hasta ocho años por violar las normas de la cuarentena. Los delitos se formulan de forma tan vaga, que cualquier opinión o acción opositora puede incurrir en ellos.
Gábor Halmai, experto húngaro en derecho constitucional, ha dicho que “Viktor Orbán gobierna ahora como un dictador”. Con la Ley de Emergencia, el sistema de Orbán ha perdido su fachada de democracia formal.
Como en muchos otros países europeos, la seguridad de la población se ha subordinado a los intereses de las empresas, que en Hungría son, sobre todo, las firmas automovilísticas occidentales.
Aunque fuera de la capital, Budapest, apenas ha habido restricciones para frenar la expansión del contagio, tales como guardar la distancia física, ya hay planes para aflojarlas también en la capital, donde se han dado la mayoría de casos de coronavirus. Según fuentes oficiales, hay 3.263 infectados y 413 fallecidos en todo el país. Pero estas cifras no dicen mucho, ya que en pocos países europeos se han aplicado menos tests.
También en Hungría la crisis del coronavirus ha sacado a la luz la catástrofe social. De los aproximadamente 10 millones de habitantes, más de un millón viven por debajo del umbral de la pobreza, y el número va en rápido aumento. La situación es especialmente vulnerable para los 300.000 romanís que viven en guetos y en condiciones a menudo inhumanas. Con el aflojamiento de las restricciones, quedan expuestos a riesgos mayores.
Mientras en el país crece la oposición a Orbán, su dictadura gana apoyos en la UE. La Comisión Europea ha declarado que no emprenderá acciones contra las leyes de emergencia. Según un informe de Die Welt, confirmado por la Comisaria de Justicia, Vera Jourova, no hay “bases concretas que indiquen violación de los derechos democráticos fundamentales” y, por tanto, “no son necesarias contramedidas inmediatas por parte de Bruselas”.
El gobierno húngaro, encima, recibe una enorme inyección económica de la UE, sin que un solo céntimo vaya a mejorar las infraestructuras sanitarias o las prestaciones a los trabajadores. Con la expresa aprobación del Parlamento Europeo, Hungría recibe €2,3 billones, or el 0,1 por ciento de su PIB.
Es un hecho que la UE está apoyando la vía húngara a la dictadura. Los gobiernos de toda Europa están dando pasos similares para implantar las políticas homicidas del “vuelta al trabajo”, que no tienen nada que ver con los “derechos y libertades individuales” que reivindica la extrema derecha, sino con los “derechos” de una clase capitalista que ve mermada su tasa de ganancia. Así, mientras se está rescatando a los bancos y grandes empresas con billones de euros de un día para otro, parece que no hay dinero para dotar de equipos protectores a los trabajadores.
Todo esto es incompatible con cualquier noción de democracia. Pero es que al capital ya hasta le estorba la democracia formal y está avanzando descaradamente hacia regímenes de corte fascista que pretenden anular cualquier derecho, libertad y protección asociados a los trabajadores, si no nos organizamos para impedirlo.
Fuente:
https://www.wsws.org/en/articles/2020/05/12/orba-m12.html
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