NEW YORK TIMES: EL SECRETO LETAL ESPAÑOL. "NO TENÍAMOS LA MEJOR SANIDAD DEL MUNDO"

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

       David Jiménez es un periodista español, que llegó a ocupar el cargo de director en el periódico derechista "El Mundo", en sustitución de Casimiro García-Abadillo, que había desempeñado esa función desde que la empresa procedió al cese de otro connotado derechista, Pedro J. Ramírez.

      Jiménez fue cesado como director el 25 de mayo de 2016.  Según el mismo denunció, su despido se produjo por su  resistencia a aceptar las presiones editoriales que  comprometían la independencia del periódico.

  Resultado de aquel despido fue su libro  titulado "El Director: Secretos e intrigas de la prensa", en el que Jiménez describe con gran lujo de detalles, y apellidos, las conexiones existentes entre los medios y el poder político y económico.

     En la actualidad, David Jiménez escribe para el periódico estadounidense The New York Times. En un artículo de su autoría, publicado hace tan sólo unos días, Jiménez describía para sus lectores norteamericanos algunas interesantes realidades sobre la Sanidad española que recogemos en este resumen.

 
    "Los españoles hemos escuchado a nuestros dirigentes repetir durante años que teníamos “la mejor sanidad del mundo”. Pocas veces una fabulación política terminó con un despertar más doloroso.

      Los sanitarios que estos días acuden al frente de la pandemia, enfundados en bolsas de basura, forzados a escoger qué pacientes conectan a respiradores, llevaban el mismo tiempo desmintiendo el mito sanitario español y denunciando graves carencias en los hospitales. Ahora sabemos que tenían razón. Lo que quizá no sepamos nunca es cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos atendido sus advertencias antes.

       España tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo, con más de 14.500 fallecidos, y el mayor porcentaje de sanitarios infectados por la COVID-19. La pandemia está golpeando con dureza a médicos y enfermeras que hace un año se manifestaban en las calles para denunciar la falta de personal, la precariedad de sus contratos o las consultas donde un solo facultativo tiene que atender hasta 60 pacientes al día.

       El sistema de salud estaba al límite antes de que llegara el primer paciente de la COVID-19.

       El retraso del gobierno en tomar medidas para frenar la propagación del virus, una población envejecida y la tradicional cercanía social mediterránea son algunos de los factores que contribuyeron a convertir el país en uno de los epicentros de la epidemia. Pero algunas de las decisiones que mermaron la respuesta sanitaria fueron tomadas mucho antes, con las políticas de austeridad impuestas tras la crisis financiera de 2008.

       El país ha estado sometido durante cerca de una década a restricciones presupuestarias fijadas por la Comisión Europea que llevaron a recortar el gasto en educación, asistencia social y sanidad. La desigualdad y la pobreza aumentaron. El número de médicos y camas hospitalarias se redujo, en una decisión que ha resultado letal.
 

         La sanidad pública española lleva más de una década siendo sostenida gracias al sacrificio de profesionales mal pagados con contratos temporales, una precariedad incompatible con la responsabilidad que se les exige. Mientras los hospitales sufren una carencia crónica de enfermeras, más de 8000 de ellas han emigrado en busca de trabajo a Reino Unido, Francia o Alemania desde el comienzo de los recortes. Las que se quedan deben aceptar sueldos que rondan los 1000 euros, con pluses por nocturnidad que a veces no superan los 3,7 euros la hora.

        La falta de personal es una de las causas del gran atasco sanitario de los hospitales. Cerca de 700.000 pacientes se encontraban a la espera de ser operados antes de la crisis, según el Sistema Nacional de Salud (SNS). Apenas tenemos datos de lo que ha pasado desde entonces. Desconocemos cuántos enfermos de patologías que nada tenían que ver con la COVID-19 han fallecido o visto empeorada su situación al no poder ser atendidos. El número real de víctimas podría ser el doble del declarado por el gobierno, según los datos que están aportando las autoridades regionales.

       El gobierno ha tenido que llamar a jubilados y estudiantes de medicina para cubrir la escasez de personal en mitad de la emergencia. Tres generaciones de sanitarios se han enfrentado durante semanas al trauma de desahuciar a enfermos por falta de medios, confortándoles en un último y solitario adiós lejos de sus familiares.  

     Nuestros dirigentes llevan años cometiendo el error, deliberado o no, de equiparar la calidad del sistema sanitario con la esperanza de vida, un indicador en el que España está a la cabeza porque depende de factores como la nutrición o el estilo de vida. Una vez desvanecido el mito de la sanidad infalible, y pagado un alto precio por la ensoñación, es el momento de construir un modelo que sea capaz de afrontar las necesidades de una población cada vez más envejecida y vulnerable.

      Si la actual emergencia nos enseña una lección, es que los más débiles terminan pagando los recortes de servicios esenciales. Las políticas de austeridad nunca deben imponerse a la vida de las personas. Mientras España se enfrenta de nuevo a graves dificultades, al igual que el resto del mundo, no podemos olvidar que las decisiones que tomemos para superarlas definirán el destino de las próximas generaciones.

      El sistema público de salud, hoy fragmentado en diecisiete modelos regionales, requerirá una revisión y reformas para coordinarse mejor, tras la creación de una comisión parlamentaria que investigue los fallos cometidos. Y nuestros sanitarios tendrán que ser dotados, si no con los medios de “la mejor sanidad del mundo”, al menos con los que corresponden a una nación europea y desarrollada. Esta vez nadie dirá que no lo merecen.