EL CAOS SANITARIO DE EE.UU.: UNA TIERRA FÉRTIL PARA EL CONTAGIO

POR ORLANDO RUIZ RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL

     Nadie duda que Donald Trump carga con la responsabilidad de dejar abierta de par en par la puerta por donde entró a Estados Unidos en avalancha desenfrenada la nueva pandemia, pero ciertamente en esta nación dotada de inmensos recursos económicos hace mucho tiempo que la salud está contaminada y pudo haber ocurrido en cualquier momento anterior un contagio masivo como el de la Covid-19.

     Con aproximadamente 27,5 millones de personas sin seguro médico, única garantía de tener derecho a la asistencia sanitaria mínima, el gobierno estadounidense no proporciona servicios de salud a una cifra de ciudadanos semejante al total de la población de Venezuela que tiene hoy  28 millones de habitantes.

    Pero la falta de garantías para el bienestar físico a que está sumido el estadounidense pobre va mucho más allá de la falta del nada eficaz “health insurance”. Según datos de Naciones Unidas, se estima que unos 12 millones de personas viven en el país más rico del mundo con una infección parasítica desatendida, resultante entre otros factores del insuficiente acceso al agua potable y la desastrosa red de saneamiento que, según estadísticas sanitarias recientes, colocan a la nación norteamericana en el penúltimo puesto entre los 37 estados de mayor desarrollo integrantes de la OCDE. Al respecto, la ONU ha denunciado que, por ejemplo, en el condado de Lowdes, en Alabama,  sus residentes carecen de sistema básico de alcantarillado.

     Ya desde el 2013 la tasa de mortalidad infantil acusaba los índices más altos entre el conjunto de países ricos y en términos de pobreza y desigualdad tenía la tasa Gini (que mide la desigualdad) más elevada de todos los países occidentales. En la actualidad las políticas de Trump han elevado estos índices a niveles nunca antes vistos, mientras las enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo el Zika, son cada vez más comunes entre la población de la primera potencia mundial.

    En su informe sobre la pobreza en EE.UU (2018), el relator de Naciones Unidas Philip Alston cuantificaba 553 mil 742 personas sin techo hace solo dos años, cifra que según evidencias recogidas por él es en realidad mucho mayor si se profundiza en la búsqueda. Solo en la zona de Skid Roww, en el centro de Los Ángeles, se concentran hacinadas en un centro de acogida mil 800 personas que no tienen donde vivir.

  En este enclave para alojar a ciudadanos considerados por el gobierno de los EEUU “deshechos sociales” solo se han habilitado nueve baños públicos y los que van a parar allí sobreviven virtualmente “almacenados” en condiciones de alojamiento que no cumplen siquiera con los estándares de la ONU para los campos de refugiados que la organización mundial exige  ante situaciones de emergencia, como ocurre en el caso de Siria. 

  Una reciente publicación de la CNN daba cuenta también de que 46 millones de estadounidenses dependen de los bancos de alimentos.

  Cifras recogidas en el último informe del relator de la ONU -consideradas conservadoras por algunos estudiosos- agregan que 2,5 millones de niños estadounidenses viven en las calles, mientras que el periódico británico The Guardian, una de las publicaciones más representativas de la gran prensa occidental, informó que uno de cada tres pobres en Estados Unidos es un niño.

  Como si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional alertó hace unos meses que la pobreza crece entre los estadounidenses. “El 40% de la población del país es más pobre hoy que en 1983” registró el organismo financiero mundial en un informe en el que aclara también que a pesar de presentar alentadores números a corto plazo, EE.UU. marcha acompañado de un proceso social negativo durante el mandato de Trump.

El rescate económico recién solicitado por el Departamento del Tesoro no menciona a quienes sufren estas tragedias

  Según denuncia la reportera Clara López González en la revista española Canarias-Semanal.org., hace apenas unos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha solicitado un enorme rescate para las grandes empresas llamado Ley de Estímulo. Los demócratas han hecho el teatrillo opositor acostumbrado, pero han votado a favor del paquete, con ligeros retoques.

    De la enormidad de este rescate y de las consecuencias que podrá tener no se ha informado suficientemente. Se oye la cifra de 500 mil millones. De ellos, 75 mil van para las aerolíneas y lo que se ha dado en llamar “negocios críticos para la seguridad nacional”. Los otros 425 mil se dirigen a capitalizar un préstamo de 4,25 billones (con b) de la Reserva Federal. Los dólares de los contribuyentes absorberán cualquier pérdida que este programa de préstamo pueda tener. Aunque los préstamos no serán secretos, su supervisión estará a cargo -al igual que en 2008- de un panel de 8 miembros y un inspector general, sin poder para demandar judicialmente y con un presupuesto raquítico.

    Así que no es una ley de 1,8 o 2 billones -como ha aparecido en la prensa corporativa, por ejemplo, El País-, sino más bien una de cerca de 6 billones. De ellos, 4,3 van directamente a engrosar a directores ejecutivos y accionistas, sin apenas condiciones. Pueden usar el préstamo en compensar a ejecutivos, comprar empresas en declive o lo que se le ocurra a sus departamentos de contabilidad. Y una vez saneados, pueden filtrar dinero a los inversores (durante el préstamo también, en dividendos).

   Estas grandes empresas no están obligadas a mantener los puestos de trabajo; de hecho, la provisión de estímulo al seguro de desempleo, que se dará durante cuatro meses al ciento por ciento del salario medio -tanto a trabajadores despedidos, como a los de subcontratas y los (falsos)autónomos- significa que estas grandes corporaciones pueden despedir con relativa impunidad.

   Mucha gente en Estados Unidos considera que esto es un robo, no un rescate por el coronavirus, sino por la fragilidad de unas empresas a las que bastan pocas semanas de interrupción de la actividad para irse al garete. El cortoplacismo y la falta de reservas de capital convirtió las suculentas ganancias en un baño de oro para los inversores. Estos, los financieros y los grandes propietarios de activos, son los únicos que se mantienen íntegros. Cuando en los días pasados se le dijo a Wall Street que sería rescatado, las acciones y bonos se pusieron por las nubes. Black Rock, la mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, dirige el programa de rescate para la Reserva Federal, y podría beneficiarse directamente si esta comprara sus fondos, lo que probablemente hará.

   Se acaba de poner la guinda a un sistema desigual que ha traído un terrible sufrimiento a la mayoría de estadounidenses. De este mega-rescate a la clase capitalista, los trabajadores solo obtienen migajas: una paga de mil.200 -que hasta mayo, como pronto, no cobrarán- y la prestación de desempleo durante cuatro meses.

(*) Orlando Ruiz Ruiz. periodista y escritor cubano y colaborador de Canarias Semanal.org.